Provinciales
Thomas fue procesado por asociación ilícita, ya que entregó dinero 17 veces
BUENOS AIRES y POSADAS (Agencias). El exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) Oscar Thomas fue procesado por asociación ilícita y embargado por 4 mil millones de pesos por el juez Claudio Bonadío, que además le dictó la prisión preventiva, en la causa de los “cuadernos de las coimas”.
El arquitecto posadeño se transformó en el procesado número 43, tras ser detenido la semana pasada en un departamento de Recoleta, al que la Policía Federal llegó por el llamado de una vecina a la línea habilitada por el Ministerio de Seguridad para que se aportara información sobre el paradero de personas buscadas por la Justicia.
El abogado del exfuncionario, José Manuel Ubeira, dijo que su asistido no se encontraba en calidad de prófugo porque había pedido su excarcelación y a través de él se había presentado en la causa.
La detención del extitular del EBY, mencionado en los cuadernos del también procesado chofer Oscar Centeno, había sido ordenada por Bonadío 47 días antes de su arresto, al mismo momento en que fueron aprehendidos los primeros empresarios y exfuncionarios procesados en la causa.
Sobre Thomas pesaba una orden de captura internacional con ficha en Interpol y se lo había llegado a buscar en la zona de la Triple Frontera y hasta en Uruguay.
Al ser indagado la semana pasada, Thomas negó en el juzgado de Bonadío “haber entregado dinero, bolsos, bolsitos, paquetes, cajas a los funcionarios” que se le mencionaron, aunque sí conocer a algunos de ellos como la expresidenta Cristina Fernández, su predecesor y difunto esposo, Néstor Kirchner, y al detenido exministro Planificación Julio de Vido, entre otros.
Además, en la indagatoria, Thomas hizo una defensa de su gestión al frente de la entidad encargada de administrar la represa de Yacyretá, cargo que ocupó durante los casi trece años de gobiernos kirchneristas.
A pesar de su defensa, Bonadío lo procesó como integrante de la “organización criminal” que ya había descripto al dictar los primeros 42 procesamientos de la causa y que ahora reiteró en el texto en el que resolvió la situación de Thomas.
De acuerdo con el juez, y en base a las anotaciones de Centeno, el extitular de la EBY “entregó dinero” en “al menos 17 oportunidades” al también detenido exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta.
Tres de esas entregas, de acuerdo con el magistrado, fueron en oficinas de la EBY en la avenida Madero, en la zona de Retiro, y las otras catorce en el departamento en el que vivía el exfuncionario cuando estaba en Buenos Aires en la calle Juncal, en el barrio de Recoleta.
Y solo en una de ellas, el bolso contenía 1,1 millones de dólares, según los dichos de Centeno, quien sostuvo que Baratta llamaba por teléfono a De Vido desde el auto para decirle cuánto dinero había recaudado.
De acuerdo con las fuentes consultadas, Bonadío destacó en su resolución los bienes detectados a nombre de Thomas, entre ellos un plazo fijo de 2,5 millones de dólares, otro de 3,7 millones de pesos y dos cajas de ahorro, una con 87.000 dólares y la otra con 1,6 millones de pesos.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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