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Secuestrado en el Caribe: las peores horas de Ramón Puerta, hace 34 años en un avión

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El ex gobernador Federico Ramón Puerta es uno de los protagonistas de la vida política, social y económica de Misiones desde hace décadas, pero habrá vivido sus horas más difíciles en 1984, cuando fue secuestrado en Curazao por guerrilleros, y en 2001 al hacerse cargo de la presidencia de la Argentina que estaba en llamas.

Las dos circunstancias, independientes entre sí,  debieron haber marcado al apostoleño, actual embajador argentino en España, pero sin duda el grave incidente en el Caribe fue el que lo puso más cerca de la muerte al discutir cara a cara con delincuentes armados y dispuestos a todo, dentro de un avión DC-9 con otras 81 personas a bordo.

El incidente se registró el 29 de julio, hace 34 años, pero tuvo escasa repercusión tanto en la provincia como en el país, debido a su figura recién asomaba en la política doméstica, aunque era preponderante su papel como empresario en el sector yerbatero, soltero y ambicioso. Tampoco existían las herramientas de comunicación de la actualidad.

Recién en 2001, poco antes de asumir en el Senado adonde llegaría a ocupar el cargo de presidente, el diario porteño La Nación comentó al trazar su perfil comentó que “antes de ocupar los cargos electivos, en julio de 1984, vivió una odisea muy particular”, refiriéndose a la odisea en la isla caribeña, celosamente silenciado por los medios misioneros.

La publicación decía solamente: “El avión en el que viajaba de Caracas a Curaçao fue secuestrado por miembros de la guerrilla haitiana y dominicana. Después de una ardua negociación, él logró salir de la aeronave y un comando irrumpió en la máquina y mató a los asaltantes”, obviando otros detalles tal vez por el tiempo transcurrido.

Del placer al drama

Puerta realizaba un viaje de placer acompañado por una mujer que las crónicas de los diarios de la región la habían identificado como su esposa, cuando dos sujetos en pleno vuelo saltaron de sus asientos y uno de ellos tomó a una azafata del cuello y le apuntaba con un arma a la cabeza. El otro se plantó en el paso con otra arma y una granada.

Fue el comienzo de 38 horas de horror del vuelo 252, con el yerbatero Puerta y su acompañante entre el pasaje de la máquina de la empresa Aeropostal.

Los terroristas fueron identificados como el disidente haitiano Dominique Hillertant, un exmilitar haitiano, que se desempeñaba como portero nocturno de un hotel en Caracas, estaba empeñado en derrocar al dictador Jean Claude Duvalier, y el dominicano Félix Segundo, alias El Bello Milagros, un aventurero.

El primero ordenó bajo amenazas al piloto Arturo Reina y su copiloto Manuel Hernández que cambiaran el rumbo hacia la isla de Margarita, pero después optaron por Trinidad, donde la aeronave aterrizó con poco combustible. Una vez reabastecidos, siguieron a Curazao donde los secuestradores pidieron la devolución de un arsenal de 30 subametralladoras UZI, 24 fusiles M-16, 6 docenas de pistolas calibre 38 y 24 granadas fragmentarias.

Después los delincuentes exigieron dinero, un helicóptero y salvoconductos para viajar a Europa, en medio de un clima de tensión dentro y fuera de la aeronave, al punto que “una mujer de nacionalidad argentina, María Simkin de Puerta, abortó, lo que hizo a los sujetos considerar la posibilidad de dejar bajar del avión a un reducido grupo de personas”, dijeron en las crónicas.

Y añadieron las publicaciones que “entre las seis personas que bajaron del avión estaba el esposo de la mujer que había abortado, Federico Puerta, quien se comprometió con los secuestradores a buscar con su familia 1,2 millones de dólares para que la liberaran a ella y su pequeño hijo que quedaban como rehenes”.

“Los secuestradores quisieron presionar más a las autoridades y amenazaron con hacer explotar el avión”, señalaron los medios en comentarios que fueron reflotados en año pasado, especialmente por el sitio Primicia, de Venezuela. “‘Es imposible que ustedes quemen esto, hay niños, gente inocente a bordo’, le gritó una desesperada aeromoza a Segundo y por respuesta obtuvo un chorro de gasolina en su cuerpo y que el dominicano le acercara un fósforo prendido a la cara durante eternos segundos”, señalaron también.

Ataque y rescate

En la pista de la isla de Curazao había dos grupos de comandos especiales, un SWAT estadounidense y un grupo de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) de Venezuela, aunque solamente el segundo asaltó la aeronave ya cerca de la medianoche del 30 julio.

Los militares le dispararon a las ruedas del avión para inmovilizarlo y con granadas aturdidoras irrumpieron en la aeronave, matando a uno de los secuestradores e hirieron al otro que, finalmente, también fue ejecutado cuando intentó escudarse en una mujer. En pocos minutos estaban libres los pasajeros.

“Los pasajeros del vuelo 252 de Aeropostal volvieron a Venezuela al día siguiente, en el mismo avión, pero debieron volar a poca altura para evitar algún problema con la presión por los múltiples impactos de bala que presentaba la aeronave”, dijeron los medios caribeños. Y en el pasaje, también regresaron Puerta y sus acompañantes.

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Intendentes rechazan proyecto de nuevo peaje sobre ruta 12: “Es inconstitucional”

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Ayer miércoles, intendentes y autoridades de distintos municipios misioneros se reunieron en la localidad de Puerto Rico, donde firmaron un documento en rechazo a la iniciativa del gobierno nacional que busca instalar una casilla de peaje sobre la ruta 12, a la altura de Capioví y recientemente cambió la ubicación a Garuhapé, sobre la misma arteria.

En el escrito, apuntaron contra el gobierno nacional por la falta de inversiones en rutas nacionales: “El gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía ‘Impuesto a los Combustibles’, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12, inicialmente en Capioví, kilómetro 1462, pero luego optó por colocarla en Garuhapé, kilómetro 1483, a solo 68 kilómetros de la casilla que ya opera en Colonia Victoria, kilómetro 1551”.

Seguidamente, remarcaron la “inconstitucionalidad” del sistema proyectado, al considerar la inexistencia de otras arterias en la zona: “no existen caminos alternativos libres de pago y se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”.

Al mismo tiempo, consideraron desventajas para el traslado de la producción: “El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima. De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo”. 

En ese contexto, respaldaron su rechazo en el Artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, que atribuye al Congreso la potestad exclusiva de establecer contribuciones, y recordaron la vulneración del derecho a transitar libremente, tal como lo expresa el Artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, y con esto el derecho de propiedad detallado en el Artículo 17.

Es inconcebible que el Estado nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los miles de millones de pesos que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para cual fue creado”, concluyeron. 

Del encuentro participaron los intendentes de Puerto Rico, Carlos Gustavo Koth; de El Alcázar, Eduardo Vázquez; de Garuhapé, Gerardo Schmied; de Capioví, Ramón Arrua; de Ruiz de Montoya, Victor Vogel y de Puerto Leoni, Elvio Vázquez, con sus respectivos equipos y junto a integrantes de los Honorables Concejos Deliberantes de los municipios de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar, Ruiz de Montoya, el diputado provincial Arnhold Alejandro, como así integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, representada por su presidente Luis Stefens.

A fin de llegar a un consenso, solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales “que reflexionen y acuerden la revisión de esta iniciativa, que profundiza el clima de malestar e incertidumbre que aqueja a los vecinos de la zona y a los misioneros en general”.

Se trata de un nuevo pronunciamiento tras el cuestionamiento realizado días atrás por el gobernador Hugo Passalacquaquien también reclamó la necesidad de obras, mantenimiento e inversión vial, y rechazó nuevas cargas que castiguen aún más “el bolsillo de las familias”.

Passalacqua cuestionó el nuevo peaje que Nación proyecta en Puerto Rico

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Morosidad: Misiones fijará un tope de tasas de interés a partir de septiembre

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Frente a un contexto de alta morosidad que supera el 12% según los últimos datos del Banco Central (BCRA), el gobierno provincial puso en marcha un paquete de medidas financieras diseñadas para proteger el salario de las familias de los empleados públicos, jubilados, pensionados y retirados del IPS que enfrentan situaciones de sobreendeudamiento. 

El anuncio fue detallado por el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, quien remarcó que las herramientas se vienen trabajando desde hace más de dos meses para evitar que los agentes queden expuestos como deudores en mora dentro del sistema financiero formal.

La primera medida, implementada en julio, fijó un tope del 39% de los haberes netos para la aplicación de retenciones a través del Código Único de Descuento en los haberes (Cuad). Este límite aplica a los créditos nuevos y se acompaña con un proceso de refinanciación y asistencia económica.

“Esta medida, que a la fecha alcanzó a 538 personas, se verá reflejada en la acreditación de haberes del día sábado 29 de agosto; o en la primera semana de septiembre con una acreditación especial en las cuentas bancarias que no estará sujeta a retención de créditos bancarios”, aseguró el titular de la cartera.

Por su parte, el Banco Macro, implementó mecanismos de refinanciación de deudas que son analizados caso por caso para personas con sobreendeudamiento y/o mora. Los interesados que se encuentren en esa situación deberán acercarse a las sucursales de la entidad para acceder a la refinanciación.

Techo a las tasas de interés

A partir de septiembre entrará en vigencia una resolución que fijará topes en las tasas de interés de las entidades que otorgan préstamos personales con código de descuento. 

Según indicó el ministro de Hacienda, el objetivo de la medida es establecer un marco regulatorio que permita limitar el costo financiero que asumen los agentes públicos activos y pasivos con estas entidades. Esta modalidad de código de descuento también busca evitar que estas personas deban acudir a otras entidades de crédito (formales o informales) que aplican intereses mucho mayores y más perjudiciales para ellos.

Finalmente, recordó los proyectos de ley afines que están siendo impulsados en la Legislatura provincial. “Son propuestas que deben ser analizadas a la luz de la normativa nacional, siguiendo un criterio de equidad con los deudores pero sin perjudicarlos dejándolos expuestos como morosos conforme a la legislación vigente”, concluyó.

Informe: el 29,35% de los deudores de Misiones tiene más de 90 días de mora

Informe: el 29,35% de los deudores de Misiones tiene más de 90 días de mora

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Informe: el 29,35% de los deudores de Misiones tiene más de 90 días de mora

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El drama de la morosidad que impacta a nivel nacional tiene su correlato en Misiones, donde el 29,35% de las personas con deudas declaradas se encuentra en mora que supera los 90 días, según un estudio publicado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC), una asociación civil que aborda diferentes temáticas sociales.

Según el último informe, denominado Radiografía del Endeudamiento en Argentina y elaborado en base a datos recopilados hasta junio de 2026, en la tierra colorada hay un total de 484.180 personas físicas con deudas declaradas, de las cuales 142.084 se encuentran en mora de nivel 3, 4 y 5. Dicha cantidad representa un 29,35% del total de deudores, cifra que supera en 4,4 puntos porcentuales la media nacional.

El mismo estudio señala el universo de personas en deuda debe cubrir un monto total de 1,57 billones de pesos, mientras que los deudores en mora deben cubrir 292.928,61 de pesos.

Ese universo de deuda corresponde a todas las entidades crediticias, desde bancos privados y públicos, hasta tarjetas de crédito, billeteras virtuales y compañías financieras.

Edades

El informe además consigna que los adultos de entre 26 y 35 años conforman el universo de mayor cantidad de personas con deudas declaradas (116.812), aunque la franja etaria integrada por menores de 25 años es la que más porcentaje de deudores en mora tiene en relación al total de deudores declarados.

En relación a este último ítem, los datos marcan que hay 41.698 jóvenes menores a 25 años con deudas declaradas, de los cuales 18.026 se encuentran con retrasos en sus pagos, lo que representa 43,23% de ese total, una cifra que se ubica 5 puntos por encima de la media nacional en el mismo segmento de análisis.

Departamentos

Los datos recogidos por la CEC fueron presentados a través de un mapa interactivo, en el cual cada usuario puede revisar la información recopilada tanto a nivel nacional, como provincial y hasta por departamentos.

En la revisión municipio por municipio sobresale que el departamento Capital registra el mayor porcentaje de deudores en mora de la provincia. Los datos duros: 26.425 personas físicas con deudas declaradas y 9.765 de ellas se encuentra en mora, lo que equivale a un 37,07%. Lo siguen Apóstoles, Concepción, Candelaria, Eldorado y San Ignacio con números que superan el 30%.

El análisis desagregado por departamentos además expone otro dato relevante y, es que, Guaraní, por ejemplo, registra casi cinco veces más de personas con deudas declaradas que Capital, pero el promedio de deudores en mora es marcadamente más bajo.

Para verlo en números hay que exponer que Guaraní presenta un total de 125.186 personas con deudas declaradas, de las cuales 36.178 se encuentran en estado de morosidad, lo que arroja un promedio de 28,9% a nivel departamental.

 

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