Provinciales

Represor volvió a ser declarado “incapaz” de afrontar su juicio en Misiones

Publicado

hace 4 años

23/03/2022

Por

Jorge Posdeley

En vísperas a un nuevo Día de la Memoria, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas volvió a declarar incapaz de afrontar su juicio a un represor de la última dictadura militar y suspendió el proceso por un plazo de diez meses, aunque no declaró extinguida la causa penal, por lo cual en el futuro se deberá ordenar nuevas pericias médicas para determinar si en algún momento el imputado, Héctor Leopoldo Flores, puede responder ante la Justicia por los hechos cometidos en la etapa más oscura del país.

Flores, actualmente domiciliado en Buenos Aires y con 90 años de edad, fue un teniente coronel que estuvo a cargo del Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles, del Ejército Argentino, desde octubre de 1975 hasta octubre de 1977, período en el cual -según la investigación trazada- cometió delitos de lesa humanidad.

Se lo acusa, específicamente, de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada, con imposición de tormentos, en concurso real (21 hechos) y homicidio calificado”. Dicho de otra manera, está imputado por el secuestro y tortura de 21 personas, y un asesinato, el de Carlos “Charly” Pérez Rueda, correntino fusilado en Cerro Moreno, San Ignacio. Sus víctimas fueron, en su mayoría, militantes e integrantes de las Ligas Agrarias de Misiones.

El expediente que se instruye en su contra fue elevado a juicio en 2011 y el represor estuvo tres años preso -bajo la modalidad de arresto domiciliario-, desde el 13 de agosto de 2009, hasta el 12 de diciembre de 2013.

Justamente, en 2013 el hombre debía sentarse en el banquillo de los acusados del TOF posadeño para enfrentar a la Justicia por los hechos atribuidos en su contra, pero una pericia médica impidió la realización del debate oral.

En aquel entonces, Flores tenía 82 años y una junta médica determinó que su estado de salud le impedía afrontar el proceso, ante lo cual se declaró la “incapacidad sobreviniente” del imputado, dispositivo contemplado en el artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).

En consecuencia, se suspendió el proceso por un plazo de seis meses hasta la realización de nuevos estudios.

Al borde la impunidad

Sin embargo, en el camino hubo otra resolución que estuvo al borde de dejar impune la causa contra Flores.

Es que el 13 de junio de 2019, argumentando que el estado de salud de Flores era irreversible, los jueces Eduardo Belforte y María Delfina Denogens, dictaminaron el sobreseimiento definitivo del imputado, con la consecuente declaración de la extinción de la causa penal. Además, se dispuso la inmediata libertad del acusado y el cese de su prohibición de salida del país.

La medida dejaba sin efecto la causa y los hechos imputados al represor quedarían impunes, pero la Fiscalía Federal, a cargo de Vivian Barbosa, y la querella del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Misiones, representada por el abogado Juan Bautista Martínez, apelaron la resolución.

Esa apelación fue analizada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación, cuyas autoridades hicieron lugar a los planteos de la fiscalía y la querella, ordenando que el expediente sea reenviado al TOF de Posadas para que el proceso continúe su curso hasta la celebración del correspondiente debate oral y público.

Nueva pericia médica

De esa forma, en 2021 se llegó a una nueva pericia médica (psicológica, psiquiátrica y clínica general), cuyos resultados ahora motivaron una nueva suspensión del proceso, aunque la misma no contempla posibilidad alguna de declarar extinguida la causa.

De acuerdo a los documentos obtenidos por La Voz de Misiones, de la pericia realizada por los profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se desprende que las facultades mentales de Flores “no encuadran dentro de los parámetros considerados como normales”; que “se encuentra desorientado globalmente respecto a su persona, espacio, tiempo y estado; que “no se expresa en forma oral ni gestual”; con “movilidad restringida” -usa silla de ruedas-; y “sin control de esfínteres” -usa pañales permanentemente-.

En base a lo expuesto, la junta médica concluye -entre otras consideraciones-, que Flores “padece de un deterioro global de sus funciones psíquicas” y un “deterioro cognitivo grave que limita su autonomía en forma severa”.

Con estos informes sobre el tapete, el TOF de Posadas, esta vez integrado por los magistrados Fermín Amado Ceroleni, Juan Manuel Iglesias y Víctor Alonso González, resolvieron volver a declarar la incapacidad del imputado para afrontar su juicio y suspender el proceso por un plazo de diez meses.

Pero, los magistrados fueron claros al exponer que la situación analizada no contempla la posibilidad de la aplicación del artículo 336 del CPPN, que trata sobre la extinción de la causa penal en favor del imputado.

“Debemos considerar que, la resolución del caso en este tipo de cuestiones, tal como ya se ha señalado en autos, se encuentra asociada a la subsistencia de una situación de hecho mutable en el tiempo, que impone un análisis dinámico y continuo (art. 77 del C.P.P.N); sumado a que FLORES se encuentra imputado por la presunta comisión de delitos de Lesa Humanidad, respecto de los cuales el Estado Argentino ha asumido una responsabilidad en su juzgamiento, por lo que su tratamiento resulta de vital importancia, en razón de la repercusión social que acarrea”, argumentaron los magistrados en el documento firmado el último viernes.

Al mismo tiempo, resolvieron mantener el cese de la prisión preventiva, habida cuenta de que, al encontrarse completamente acabada la investigación, no existen riesgos de entorpecimiento de la causa, ni tampoco consideraron un latente peligro de fuga en virtud del delicado estado de salud del implicado.

Por lo tanto, dispusieron que Flores puede continuar en libertad, aunque sí volvieron a imponerle una prohibición de salida del país.

“Pero lo cierto es que en este caso en particular, disponer nuevamente una medida de restricción de la libertad ambulatoria de FLORES, cuyo único fundamento fuera la gravedad de los hechos imputados -crímenes de Lesa Humanidad-; la complejidad de la causa y la repercusión social que trae este tipo de Juicios; sin considerar siquiera sus condiciones personales y su desmejorado estado de salud, que lejos de revertirse se agrava con el tiempo -lo que impide en el mejor de los casos, que pueda ser juzgado en un plazo razonable-; implica un adelanto de pena y un ensañamiento que atentaría incluso contra la dignidad y la integridad física del nombrado, contrarios a todos los estándares de un estado de derecho”, explicaron los jueces en la resolución.

El fusilamiento de Pérez Rueda

Carlos Pérez Rueda era correntino. Jugaba al rugby en el club Aranduroga y formaba parte de la selección Unión de Rugby del Noreste (URNE).

En Corrientes fue fundador de la Juventud Peronista y también militó, tanto en el Frente Eva Perón como en las Juventudes Rurales.

Tras el golpe militar del cual mañana se cumplen 46 años, Pérez Rueda huyó a Misiones y se refugió en una chacra de Cerro Moreno, en San Ignacio, donde se ganaba la vida como chacrero. Era conocido como “Gringo”.

En la Tierra Colorada también fue parte de la creación del Partido Peronista Auténtico y se convirtió en oficial Montonero, pero el 25 de noviembre de 1976 fue fusilado por el Ejército en cercanías a su chacra. Tenía 26 años y dos hijas, según reconstruyó Socompa, periodismo de frontera, en 2020.

Su esposa, Gladys Claver Gallino y sus dos hijas, también fueron víctimas de la persecución del aparato represivo y secuestradas. La mujer estuvo detenida desde el 22 octubre de 1976, hasta el 27 de diciembre de 1983.

Durante su detención, Claver Gallino tuvo contacto con el ex policía Felipe Giménez, juzgado y condenado junto a Carlos Herrero, Julio Amarilla y Carlos Pombo, en un juicio oral celebrado en Posadas en 2012.

En Misiones se desarrollaron cuatro juicios por delitos de lesa humanidad. Resta el celebrar el debate oral contra Flores y Carlos Humberto Caggiano Tedesco -ya condenado en otros expedientes- también tiene una causa abierta que espera fecha de audiencia.

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Sesiones en Campo Grande: balance de gestión y proyección de obras para 2026

Publicado

hace 6 horas

05/03/2026

Por

Valeria Druckmann

Durante la apertura del período de sesiones ordinarias, el Ejecutivo municipal de Campo Grande presentó ante el Honorable Concejo Deliberante el informe de gestión correspondiente al 2025, donde se realizó un balance de la administración y se delinearon las principales políticas y obras previstas para el presente año.

El inicio del mensaje institucional estuvo marcado por el contexto político que atravesó el municipio a fines del año pasado. El entonces intendente Carlos Sebastián Sartori solicitó licencia especial sin goce de haberes desde el 12 de diciembre de 2025 para asumir como Ministro Coordinador de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Misiones, situación que derivó en la asunción interina del Ejecutivo por parte del primer concejal de la lista más votada.

Durante su exposición, el jefe comunal interino destacó la continuidad de la gestión y el acompañamiento del Concejo Deliberante, remarcando la importancia del trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo para sostener el desarrollo del municipio.

En materia productiva, el informe indicó que durante 2025 se realizó un relevamiento que alcanzó a 672 productores rurales, lo que permitió contar con un diagnóstico actualizado del sector. Entre las acciones impulsadas se mencionaron trabajos en 71 chacras con más de 137 hectáreas intervenidas, la entrega de más de 65 mil plantines hortícolas, semillas, bioinsumos y alevines para fortalecer la producción local.

En el plano urbano, el Ejecutivo remarcó avances en regularización dominial de aproximadamente 2.000 lotes, además de obras y proyectos vinculados al ordenamiento de la ciudad, iluminación pública y nuevas urbanizaciones. En ese sentido, se anunció la incorporación de 800 luminarias LED, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la modernización del sistema de alumbrado.

Apertura de sesiones en el HCD de Campo Grande

Obras públicas

Entre las obras en ejecución se mencionaron la Estación Joven, la Plazoleta de los Pioneros, la Feria Franca en el edificio de la ex terminal, además de la construcción de viviendas en distintos barrios y el inicio de la primera etapa de una ciclovía urbana.

El informe también destacó el desarrollo del Parque Industrial, Logístico y Tecnológico, donde se consolidaron inversiones privadas y se firmaron convenios con nuevas empresas interesadas en instalarse en la localidad.

En el plano financiero, el municipio informó un incremento del 39,4% en la recaudación durante 2025, además de un crecimiento significativo en la contribución por mejoras. También se señaló que el gasto en recursos humanos se mantuvo por debajo del 30% del presupuesto.

En materia social, el municipio destacó programas de asistencia alimentaria, acompañamiento a personas con discapacidad y acciones dirigidas a comunidades originarias, además del trabajo territorial realizado por las áreas de niñez y desarrollo social.

Por otra parte, desde la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial se llevaron adelante cursos de capacitación y operativos preventivos, mientras que en el área de Bromatología y Zoonosis se realizaron casi 400 castraciones y más de 500 vacunaciones antirrábicas.

En el área cultural y deportiva, el municipio informó la participación de más de 900 vecinos en distintas disciplinas, además de actividades educativas y la realización de eventos provinciales que fortalecen la identidad local.

Finalmente, en el cierre del mensaje, el Ejecutivo puso en valor el trabajo del personal municipal y convocó al Concejo Deliberante a continuar trabajando en conjunto durante 2026.

El discurso concluyó con un llamado a la unidad institucional y al compromiso colectivo para seguir impulsando el crecimiento de Campo Grande y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

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Provinciales

Concejal sobre tasa para cruce Alba Posse-Porto Mauá: “Se cobra hace mucho”

Publicado

hace 20 horas

04/03/2026

Por

Mónica Gómez

Tras el debate que se instaló este martes en torno a la “Tasa por uso del Puerto” abonado en el cruce fronterizo de Alba Posse-Porto Mauá (Brasil), el presidente del Concejo Deliberante de esa ciudad misionera, Ariel Masis, salió al cruce de las versiones que aseguraban que el tributo había sido incorporado recientemente a raíz del éxodo de misioneros hacia Brasil.

“Es una tasa que se cobra desde hace mucho, en todas las administraciones y está autorizada por el Poder Legislativo”, afirmó el edil, al desmentir que se trate de un nuevo gravamen.

Según detalló, los valores vigentes para quienes cruzan el río Uruguay hacia el vecino país son los siguientes: $2.500 para automóviles, $2.000 para peatones y $1.000 para motocicletas, tal como figura en la cartelería exhibida en la garita junto al punto de venta de tickets del servicio de balsa.

Masis aclaró que lo recaudado por esta tasa se destina a la prestación de servicios municipales en el puerto. “Con ese valor, la Municipalidad realiza tareas de limpieza y mantenimiento en el predio”, explicó.

Además, sostuvo que en todos los municipios donde funciona un servicio de balsa se aplica una tasa mínima con el mismo fin.

El concejal aseguró que la difusión mediática del tema tuvo “fines políticos” y señaló que el intendente Lucas Gerhardt prevé viajar este jueves a Posadas para presentar una denuncia penal contra los medios que replicaron la información.

En cuanto a las medidas que adoptará el Concejo frente a la controversia -que algunos compararon con la Ecotasa implementada en Wanda-, Masis indicó que los concejales se reunieran esta noche para hacer pública la ordenanza vigente.

Según remarcó, la normativa incluye un artículo que establece que los fondos recaudados deben invertirse en el municipio.

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Provinciales

Ofrecen mesa de diálogo para conflicto territorial entre Arauco y Okä Porã

Publicado

hace 23 horas

04/03/2026

Por

Valeria Druckmann

La comunidad mbya guaraní Okä Porã denunció públicamente hostigamientos y amenazas en el marco de un conflicto territorial con la empresa forestal Arauco en el municipio de Puerto Libertad, situado 45 kilómetros al sur de Puerto Iguazú en Misiones.

“Nosotros estamos luchando por un territorio que era antiguo, de nuestros abuelos que ahora no están más, y que estuvieron antes -estamos hablando de mucho tiempo atrás-. Esa zona desapareció tras la construcción de la represa Urugua-í en el año 1990”, comenzó relatando el mburuvicha Javier Martínez en comunicación telefónica con La Voz de Misiones.

Tras ese infortunio, se asentaron en un nuevo espacio sobre el que reclaman reconocimiento oficial, acceso a servicios básicos y el cese de hostigamientos: “Cuando volvimos a encontrar lugar, recuperamos el territorio y seguimos luchando”.

Sin embargo, en diciembre pasado estas cinco familias, integradas por quince personas entre niños y adultos, reportaron presiones para abandonar el territorio donde residen actualmente, cuyo mecanismo se caracterizó por dos principios de incendio en zonas aledañas a plantaciones de eucaliptos.

Sobre esto, recordó: “El tema con Arauco fue cuando hubo incendios. Hicieron incendios acá cerca de nosotros y ahí fue que empezaron a llegar los representantes de la empresa con policías. Nos dijeron que estábamos en la propiedad de ellos, que no podemos estar acá y quería que salgamos sí o sí. Nosotros seguimos luchando y vamos a estar hasta que podamos”.

Además de eucaliptos, en la zona predominan monocultivos forestales de pino y otras especies utilizadas para producir madera y celulosa, materia prima para la elaboración de papel, cartón, papel higiénico, pañuelos, servilletas e incluso aditivos alimentarios.

Sin bien las amenazas e intrusiones cesaron por el momento, Martínez aseguró: “Ellos siempre están. Andan por el camino, van controlando, no nos dejan tranquilos. Pero mientras no vengan a nuestro territorio, estaremos bien”.

Según el cacique, cuando se apersonó en el lugar el personal de la empresa junto al efectivo policial “no existía orden judicial que avalara el procedimiento”.

Al mismo tiempo, realizó el pedido de tramitación para el acceso a la personería jurídica y posterior obtención del título de propiedad, a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes de la provincia, aunque aseguró que hasta el momento no obtuvo respuestas.

En este lugar, la pesca es una de las principales actividades domésticas que permiten abastecer con alimentos a todos los integrantes de la comunidad, además de la producción de zapallos, maíz, legumbres, frutas y la elaboración de canastos y animales tallados sobre madera de yerba mate para la venta.

Legislación

La principal norma que amparaba la posesión territorial de las comunidades mbya guaraní en Misiones fue la Ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, vigente a partir del año 2006, la cual suspendía desalojos y ordenaba el relevamiento de tierras ocupadas tradicionalmente, fundamentada en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional.

En ese sentido, concebía a un territorio “ocupado tradicionalmente por los mbya guaraní” cuando era habitado ancestralmente, manteniendo una relación cultural, espiritual y de uso comunitario (caza, recolección, agricultura de roza y quema), como posesión preexiste a la formación del Estado nacional y se basaba en el uso dinámico y la movilidad en áreas selváticas presentes en la región.

Sin embargo, la mencionada ley que suspendía desalojos y ordenaba el relevamiento de tierras, ha dejado de tener efecto práctico tras la derogación del decreto 805/2021 en diciembre de 2024, por parte del gobierno nacional presidido por Javier Milei.

De esta manera, a través del Decreto 1083/2024 publicado en el Boletín Oficial en diciembre de 2024, se eliminó la prórroga de la norma, facilitando nuevamente los desalojos a lo largo y ancho de todo el país.

Búsqueda de consenso

Este miércoles 4 de marzo, la Dirección de Asuntos Guaraníes, área gubernamental encargada de la promoción integral, protección de derechos, regularización territorial y mejora de la calidad de vida de las comunidades mbya guaraní, se apersonó en el predio de Okä Porã, mediante la visita de su titular, Francisco Rodríguez.

Al ser consultado por La Voz de Misiones, sobre la situación del territorio en disputa y la posibilidad de un amparo legal para la comunidad, el funcionario adelantó: “Eso lo analizaremos. Hoy estuve dialogando con ellos, le propusimos generar una mesa de diálogo con Arauco y avanzar en una pronta solución“.

Respecto al plan de contingencia que evaluaron para Misiones tras la derogación de la ley 26.160, expresó: “Estamos trabajando en un programa de tierras para comunidades y en un convenio con Nación para regularizar las comunidades que fueron relevadas bajo la ley 26160“.