En vísperas a un nuevo Día de la Memoria, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas volvió a declarar incapaz de afrontar su juicio a un represor de la última dictadura militar y suspendió el proceso por un plazo de diez meses, aunque no declaró extinguida la causa penal, por lo cual en el futuro se deberá ordenar nuevas pericias médicas para determinar si en algún momento el imputado, Héctor Leopoldo Flores, puede responder ante la Justicia por los hechos cometidos en la etapa más oscura del país.

Flores, actualmente domiciliado en Buenos Aires y con 90 años de edad, fue un teniente coronel que estuvo a cargo del Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles, del Ejército Argentino, desde octubre de 1975 hasta octubre de 1977, período en el cual -según la investigación trazada- cometió delitos de lesa humanidad.

Se lo acusa, específicamente, de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada, con imposición de tormentos, en concurso real (21 hechos) y homicidio calificado”. Dicho de otra manera, está imputado por el secuestro y tortura de 21 personas, y un asesinato, el de Carlos “Charly” Pérez Rueda, correntino fusilado en Cerro Moreno, San Ignacio. Sus víctimas fueron, en su mayoría, militantes e integrantes de las Ligas Agrarias de Misiones.

El expediente que se instruye en su contra fue elevado a juicio en 2011 y el represor estuvo tres años preso -bajo la modalidad de arresto domiciliario-, desde el 13 de agosto de 2009, hasta el 12 de diciembre de 2013.

Justamente, en 2013 el hombre debía sentarse en el banquillo de los acusados del TOF posadeño para enfrentar a la Justicia por los hechos atribuidos en su contra, pero una pericia médica impidió la realización del debate oral.

En aquel entonces, Flores tenía 82 años y una junta médica determinó que su estado de salud le impedía afrontar el proceso, ante lo cual se declaró la “incapacidad sobreviniente” del imputado, dispositivo contemplado en el artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN).

En consecuencia, se suspendió el proceso por un plazo de seis meses hasta la realización de nuevos estudios.

Al borde la impunidad

Sin embargo, en el camino hubo otra resolución que estuvo al borde de dejar impune la causa contra Flores.

Es que el 13 de junio de 2019, argumentando que el estado de salud de Flores era irreversible, los jueces Eduardo Belforte y María Delfina Denogens, dictaminaron el sobreseimiento definitivo del imputado, con la consecuente declaración de la extinción de la causa penal. Además, se dispuso la inmediata libertad del acusado y el cese de su prohibición de salida del país.

La medida dejaba sin efecto la causa y los hechos imputados al represor quedarían impunes, pero la Fiscalía Federal, a cargo de Vivian Barbosa, y la querella del Ministerio de Derechos Humanos de la provincia de Misiones, representada por el abogado Juan Bautista Martínez, apelaron la resolución.

Esa apelación fue analizada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación, cuyas autoridades hicieron lugar a los planteos de la fiscalía y la querella, ordenando que el expediente sea reenviado al TOF de Posadas para que el proceso continúe su curso hasta la celebración del correspondiente debate oral y público.

Nueva pericia médica

De esa forma, en 2021 se llegó a una nueva pericia médica (psicológica, psiquiátrica y clínica general), cuyos resultados ahora motivaron una nueva suspensión del proceso, aunque la misma no contempla posibilidad alguna de declarar extinguida la causa.

De acuerdo a los documentos obtenidos por La Voz de Misiones, de la pericia realizada por los profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se desprende que las facultades mentales de Flores “no encuadran dentro de los parámetros considerados como normales”; que “se encuentra desorientado globalmente respecto a su persona, espacio, tiempo y estado; que “no se expresa en forma oral ni gestual”; con “movilidad restringida” -usa silla de ruedas-; y “sin control de esfínteres” -usa pañales permanentemente-.

En base a lo expuesto, la junta médica concluye -entre otras consideraciones-, que Flores “padece de un deterioro global de sus funciones psíquicas” y un “deterioro cognitivo grave que limita su autonomía en forma severa”.

Con estos informes sobre el tapete, el TOF de Posadas, esta vez integrado por los magistrados Fermín Amado Ceroleni, Juan Manuel Iglesias y Víctor Alonso González, resolvieron volver a declarar la incapacidad del imputado para afrontar su juicio y suspender el proceso por un plazo de diez meses.

Pero, los magistrados fueron claros al exponer que la situación analizada no contempla la posibilidad de la aplicación del artículo 336 del CPPN, que trata sobre la extinción de la causa penal en favor del imputado.

“Debemos considerar que, la resolución del caso en este tipo de cuestiones, tal como ya se ha señalado en autos, se encuentra asociada a la subsistencia de una situación de hecho mutable en el tiempo, que impone un análisis dinámico y continuo (art. 77 del C.P.P.N); sumado a que FLORES se encuentra imputado por la presunta comisión de delitos de Lesa Humanidad, respecto de los cuales el Estado Argentino ha asumido una responsabilidad en su juzgamiento, por lo que su tratamiento resulta de vital importancia, en razón de la repercusión social que acarrea”, argumentaron los magistrados en el documento firmado el último viernes.

Al mismo tiempo, resolvieron mantener el cese de la prisión preventiva, habida cuenta de que, al encontrarse completamente acabada la investigación, no existen riesgos de entorpecimiento de la causa, ni tampoco consideraron un latente peligro de fuga en virtud del delicado estado de salud del implicado.

Por lo tanto, dispusieron que Flores puede continuar en libertad, aunque sí volvieron a imponerle una prohibición de salida del país.

“Pero lo cierto es que en este caso en particular, disponer nuevamente una medida de restricción de la libertad ambulatoria de FLORES, cuyo único fundamento fuera la gravedad de los hechos imputados -crímenes de Lesa Humanidad-; la complejidad de la causa y la repercusión social que trae este tipo de Juicios; sin considerar siquiera sus condiciones personales y su desmejorado estado de salud, que lejos de revertirse se agrava con el tiempo -lo que impide en el mejor de los casos, que pueda ser juzgado en un plazo razonable-; implica un adelanto de pena y un ensañamiento que atentaría incluso contra la dignidad y la integridad física del nombrado, contrarios a todos los estándares de un estado de derecho”, explicaron los jueces en la resolución.

El fusilamiento de Pérez Rueda

Carlos Pérez Rueda era correntino. Jugaba al rugby en el club Aranduroga y formaba parte de la selección Unión de Rugby del Noreste (URNE).

En Corrientes fue fundador de la Juventud Peronista y también militó, tanto en el Frente Eva Perón como en las Juventudes Rurales.

Tras el golpe militar del cual mañana se cumplen 46 años, Pérez Rueda huyó a Misiones y se refugió en una chacra de Cerro Moreno, en San Ignacio, donde se ganaba la vida como chacrero. Era conocido como “Gringo”.

En la Tierra Colorada también fue parte de la creación del Partido Peronista Auténtico y se convirtió en oficial Montonero, pero el 25 de noviembre de 1976 fue fusilado por el Ejército en cercanías a su chacra. Tenía 26 años y dos hijas, según reconstruyó Socompa, periodismo de frontera, en 2020.

Su esposa, Gladys Claver Gallino y sus dos hijas, también fueron víctimas de la persecución del aparato represivo y secuestradas. La mujer estuvo detenida desde el 22 octubre de 1976, hasta el 27 de diciembre de 1983.

Durante su detención, Claver Gallino tuvo contacto con el ex policía Felipe Giménez, juzgado y condenado junto a Carlos Herrero, Julio Amarilla y Carlos Pombo, en un juicio oral celebrado en Posadas en 2012.

En Misiones se desarrollaron cuatro juicios por delitos de lesa humanidad. Resta el celebrar el debate oral contra Flores y Carlos Humberto Caggiano Tedesco -ya condenado en otros expedientes- también tiene una causa abierta que espera fecha de audiencia.

---

---

---

---

---