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Proponen modificar ley de bullying y aplicar sanciones a responsables

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La diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Misiones, Florencia Klipauka, impulsa en el Congreso un proyecto de modificación de la Ley N° 26.892, de 2013, referente al abordaje de la violencia escolar o bullying, que cambia el enfoque, introduce las figuras del “acoso” y “ciberacoso”, y pide la aplicación de sanciones.

El proyecto, que se revisará en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados de la Nación, introduce modificaciones desde el título mismo de la ley, que hace referencia a la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en escuelas y colegios.

“La nueva denominación, ‘Ley para la detección, prevención y tratamiento de situaciones de acoso y ciberacoso, resume el espíritu del proyecto, y reorienta el enfoque de la ley vigente, dejando de considerar las agresiones como ‘dificultades de convivencia’, para caracterizarlas como lo que son, agresiones que uno o varios estudiantes ejercen sobre otros estudiantes con el fin de menoscabar su dignidad”, explicó Klipauka, consultada por La Voz de Misiones.

La legisladora puertista argumentó que Argentina “muestra indicadores de bullying más altos que la media mundial”, y se ubica en el puesto 12, detrás de países como México, Estados Unidos, China, Brasil, Japón, India, España, Alemania, Inglaterra, Colombia y Chile.

“Pero, más allá de las cifras estamos frente a una problemática que está siendo trabajada en el mundo, y que en el país no ha conseguido mejorar los resultados”, afirmó.

Indicó que la ley vigente “ha dado pocas respuestas” en los casi 10 años desde que fue sancionada, y “no solo no ha bajado los casos, sino que tampoco ha servido para tener un banco de datos fehacientes sobre el problema de las agresiones en el ámbito escolar”.

“Este enfoque errado dificulta proteger el itinerario y la salud emocional de quien es agredido y poder desarrollar acciones reales para que el agresor tenga una sanción acorde al daño que haya hecho y para que se sostenga el principio de inocencia y el de garantía de continuidad escolar en esa u otra institución educativa”, argumentó.

“La ley actual no menciona en ningún momento esta distinción y pone al problema del acoso y del ciberacoso como hechos de mala convivencia, y está claro que no es así en la vida real”, agregó Klipauka.

La iniciativa de la diputada de Activar, que forma parte del interbloque PRO en la cámara baja, reescribe capítulos enteros de la ley vigente, e incorpora la aplicación expresa de sanciones a quienes ejerzan violencia contra terceros en el ámbito escolar, y crea una línea telefónica nacional gratuita para denuncias.

Además, el proyecto encarga al Ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación el despliegue de equipos de “respuesta rápida” para atender las situaciones en las distintas provincias del país.

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El Concejo de Iguazú aprobó la emergencia por consumos problemáticos

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La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.

La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes. 

La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.

En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.

El programa

La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.

Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.

De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.

En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.

También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.

 

Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda

 

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Piden mesa de diálogo con la provincia por conflicto territorial en San Pedro

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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco. 

El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.

Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”. 

Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.

Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.

Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo. 

Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro

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Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro

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Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras. 

El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.

Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones

Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.

 

Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la  ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.

Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.

Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.

El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación. 

Manifestación tras detención de Ángel Rivero

 

 

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