Provinciales
Productor de Eldorado pide a la Legislatura habilitar uso de pistolas taser
El productor de Eldorado Sergio Delapierre, de la organización de Productores autoconvocados contra los delitos rurales, presentó este martes en la Legislatura provincial un proyecto de ley encaminado a autorizar el uso de pistolas taser contra la inseguridad en las chacras misioneras.
En su artículo 1°, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo provincial “para que proceda a gestionar ante las autoridades del Ministerio de Defensa de la Nación convenios para el uso y disponibilidad de armas de defensa civil tipo Taser con fines de utilización en zonas rurales para la defensa de las familias de los productores que viven en lugares apartados”.
El artículo 2°, encarga al gobierno de la provincia “la organización de un cuerpo de capacitadores especializados” de la Policía de Misiones, que también tendrá a su cargo expedir autorizaciones para su uso.
Consultado por La Voz de Misiones, Delapierre, argumentó que “los casos de inseguridad que vienen repitiéndose en las chacras no merman, la justicia no ejerce el poder para defender a los productores o a cualquier otro damnificado; la delincuencia siempre porta armas sin necesidad de registrarlas ni de rendir cuentas, y el ciudadano común, honrado, está desarmado”.
“Hay una desventaja, y para quebrar esa asimetría, está más que justificado el uso de las taser”, agregó.
Delapierre sostuvo que “muchos productores tienen armas, pero no se animan a usarla disparando al cuerpo, porque toda la problemática recae después sobre el mismo productor, y si no tiene los papeles en orden va preso”.
“Yo fui asaltado, a mí me sacaron el arma y no pude disparar; yo lo hubiera matado al delincuente y después me hago cargo, pero hay gente que no se anima”, contó.
“Con una taser vos disparas, inmovilizás al delincuente, y tenés tiempo de llamar a la policía, atarlo con sogas, o encerrarlo en una habitación hasta que llega la ayuda”, graficó.
Electrochoque
La pistola taser es un arma de electrochoque, que dispara una descarga eléctrica destinada a interrumpir temporalmente las funciones musculares, incapacitando a quien la recibe, sin que, por lo general, pueda causar una lesión letal.
Existen varios tipos de estos dispositivos, entre pistolas paralizantes, picanas y cinturones que administran una descarga eléctrica por contacto directo.
Las pistolas disparan dardos que administran la descarga a través de cables delgados y flexibles, y funcionan, principalmente, a través del dolor al afectar el sistema nervioso sensorial.
Si bien hay cientos de estudios sobre este tipo de dispositivos utilizados en más de 100 países, y la mayoría sostiene que no son peligrosos para quien recibe la descarga, diversas organizaciones humanitarias alrededor del mundo argumentan contra su uso.
“Se trata de un equipamiento que está siendo introducido de manera mayoritaria en diversos cuerpos policiales en todo el mundo, en ocasiones sin una consideración suficiente en cuanto a su peligrosidad, con insuficiente regulación y, sobre todo, sin suficientes mecanismos de control y rendición de cuentas”, afirma Amnistía Internacional.
La organización advierte sobre el riesgo que representa la descarga que producen estos dispositivos, especialmente en personas adultas mayores, personas con problemas cardiacos, y embarazadas.
Según la cadena de noticias CNN, el voltaje de “carga máxima” de un taser en el rango de impacto es de hasta 40.000 voltios, pero es un promedio de 600 voltios durante el disparo.
Amnistía pide “la prohibición del uso de las armas de electrochoque, pues entraña considerable riesgo de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como el uso de descargas reiteradas o prolongadas”.
Provinciales
La Mesa No a las Represas cuestionó la “promoción” de Corpus en la Unam
El movimiento social y ambiental de Misiones, que se opone a la construcción de grandes represas hidroeléctricas en la región, se expresó luego de que se presentara el proyecto hidroeléctrico Corpus Pindo-í durante las XVI Jornadas de Investigación, Desarrollo Tecnológico, Extensión y Vinculación (JIDeTEV 2026), en la Facultad de Ingeniería de Oberá.
El evento fue concretado en el marco de las actividades por los 52 años de la Unam, el pasado 25 de agosto, junto a la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip).
En un comunicado al que tuvo acceso este medio, la Mesa Provincial No a las Represas manifestó “preocupación” por el accionar de las autoridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, al “promocionar la construcción de la mega represa de Corpus Christi” junto a las autoridades de la Comip.
En ese sentido, recordaron que dicha represa se encuentra prohibida por la ley provincial XI – Nº 5, que refrenda el resultado del plebiscito de 1996, en el que el electorado misionero rechazó la construcción de cualquier emplazamiento sobre el río Paraná con el 88,63 % de los votos, el 14 de abril de 1996.
Seguidamente, cuestionaron el contenido del nuevo proyecto hidroeléctrico, al considerar que se presenta “erróneamente como generador de energía renovable, siendo que en octubre de 2015 se promulgó en nuestro País la Ley 27191 que en su capítulo 1, artículo 2, inciso b, establece como límite a las hidroeléctricas para ser consideradas renovables los 50 Mw”.
Para finalizar, recordaron que el interés por reflotar la iniciativa no solo proviene de sectores políticos y empresariales de Argentina, sino también del vecino país: “La obra se presenta como un proyecto para el desarrollo de Misiones, cuando en realidad hemos podido corroborar que desde Paraguay existe una fuerte campaña de presión para la construcción de nuevas hidroeléctricas sobre el río Paraná ante la necesidad de energía que les ocasionarían las instalaciones de gigantescos centros de datos para IA acordados con Taiwán”.
De esta manera, enfatizaron “el No a Corpus sigue vigente”.
Presentaron el proyecto Corpus Pindo-í en jornadas de investigación de la Unam
Provinciales
Instalaron un pozo perforado y paneles solares en Puente Quemado II
Luego de la mesa de diálogo realizada el 31 de julio pasado, en la que Arauco Argentina S.A. se comprometió a invertir en un pozo perforado y la instalación de paneles solares, esta semana las obras fueron concretadas en el predio que habita la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II en Garuhapé.
En ese contexto, la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes y Arauco visitaron la comunidad con la presencia del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa), como representantes legales, e hicieron efectivas las instalaciones mediante un pozo de 166 metros de profundidad y la distribución y conexión de ocho paneles solares, los cuales garantizarían el funcionamiento de la bomba de extracción de agua.
Seguidamente, procedieron a capacitar al cacique, Santiago Ramos, y a integrantes de la comunidad para el correcto uso del sistema que beneficiará a un total de 46 personas distribuídas en 7 familias.
“En el marco del proceso de diálogo y articulación institucional para acompañar a la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, el Ministerio de Derechos Humanos de Misiones continúa acompañando las acciones y acuerdos alcanzados entre las instituciones involucradas”, expresó la cartera de Derechos Humanos a través de un comunicado institucional.
Y añadió: “En las últimas horas se realizó una nueva prueba del equipamiento, constatándose su correcto funcionamiento y un buen caudal de agua, lo que representa un avance significativo para mejorar el acceso a este recurso esencial para las familias de la comunidad”.
“Estos avances forman parte del trabajo iniciado tras la convocatoria a una mesa de diálogo interinstitucional, con la participación de organismos provinciales y nacionales, autoridades locales e integrantes de la comunidad”, aseguraron.
Al ser consultado sobre la obra, Ramos se mostró agradecido, pero aseguró que aún quedan detalles por ultimar: “Hicieron la obra y ya está funcionando. Pero todavía faltan los tanques y las torres para que el agua llegue a las viviendas”, cuyas tareas se realizarían próximamente bajo la órbita del municipio.
Según consta el mismo comunicado emitido por DDHH, “la Municipalidad de Garuhapé avanzará en las próximas etapas con el relevamiento y posterior instalación de la red de distribución interna, que incluirá tanques y mangueras para garantizar la llegada del agua a los distintos sectores de la comunidad”.
“El acceso al agua constituye uno de los compromisos concretos surgidos de este espacio de trabajo conjunto. El Ministerio de Derechos Humanos de Misiones reafirma su compromiso de continuar acompañando a Puente Quemado II, promoviendo el diálogo, el respeto y la construcción de soluciones que garanticen y protejan los derechos de las comunidades”, concluyeron.
Provinciales
Intendentes rechazan proyecto de nuevo peaje sobre ruta 12: “Es inconstitucional”
Ayer miércoles, intendentes y autoridades de distintos municipios misioneros se reunieron en la localidad de Puerto Rico, donde firmaron un documento en rechazo a la iniciativa del gobierno nacional que busca instalar una casilla de peaje sobre la ruta 12, a la altura de Capioví y recientemente cambió la ubicación a Garuhapé, sobre la misma arteria.
En el escrito, apuntaron contra el gobierno nacional por la falta de inversiones en rutas nacionales: “El gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía ‘Impuesto a los Combustibles’, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12, inicialmente en Capioví, kilómetro 1462, pero luego optó por colocarla en Garuhapé, kilómetro 1483, a solo 68 kilómetros de la casilla que ya opera en Colonia Victoria, kilómetro 1551”.
Seguidamente, remarcaron la “inconstitucionalidad” del sistema proyectado, al considerar la inexistencia de otras arterias en la zona: “no existen caminos alternativos libres de pago y se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”.
Al mismo tiempo, consideraron desventajas para el traslado de la producción: “El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima. De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo”.
En ese contexto, respaldaron su rechazo en el Artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, que atribuye al Congreso la potestad exclusiva de establecer contribuciones, y recordaron la vulneración del derecho a transitar libremente, tal como lo expresa el Artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, y con esto el derecho de propiedad detallado en el Artículo 17.
“Es inconcebible que el Estado nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los miles de millones de pesos que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para cual fue creado”, concluyeron.
Del encuentro participaron los intendentes de Puerto Rico, Carlos Gustavo Koth; de El Alcázar, Eduardo Vázquez; de Garuhapé, Gerardo Schmied; de Capioví, Ramón Arrua; de Ruiz de Montoya, Victor Vogel y de Puerto Leoni, Elvio Vázquez, con sus respectivos equipos y junto a integrantes de los Honorables Concejos Deliberantes de los municipios de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar, Ruiz de Montoya, el diputado provincial Arnhold Alejandro, como así integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, representada por su presidente Luis Stefens.
A fin de llegar a un consenso, solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales “que reflexionen y acuerden la revisión de esta iniciativa, que profundiza el clima de malestar e incertidumbre que aqueja a los vecinos de la zona y a los misioneros en general”.
Se trata de un nuevo pronunciamiento tras el cuestionamiento realizado días atrás por el gobernador Hugo Passalacqua, quien también reclamó la necesidad de obras, mantenimiento e inversión vial, y rechazó nuevas cargas que castiguen aún más “el bolsillo de las familias”.
Rechazo al nuevo peaje: Unos 15 intendentes firmaron un documento hace instantes. La localidad misionera de Puerto Rico fue el punto de encuentro este miércoles. Fue a las 17 en contra del proyecto del Gobierno nacional de instalar una nueva estación de cobro en Ruta Nac. N° 12. pic.twitter.com/LUne1leEgR
— Daniel Leopardi (@danileopardi) August 26, 2026
Passalacqua cuestionó el nuevo peaje que Nación proyecta en Puerto Rico
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