Provinciales
Precio de la yerba: entre pedidos de aumento, congelamiento y acusaciones abren el debate
POSADAS. Una nueva ronda de discusiones sobre el precio de la materia prima se abrirá el 15/2 en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INyM), donde las posturas estarán centradas en pedidos de aumento y el congelamiento de los valores actuales, en inusitado contexto de acusaciones.
En la mesa estarán los representantes de los gobiernos nacional y de Misiones y Corrientes, además de las cooperativas, la industria, los trabajadores rurales, los secaderos y la producción que intentarán ponerse de acuerdo para evitar que la decisión final quede otra vez en manos de la Nación.
Aunque los primeros encuentros se caracterizan por las formalidades, ya se anticiparon señales de los planteos que constituirán los ejes de las deliberaciones: unos pedirán un valor superior a los 7 pesos para el kilo de hoja verde que actualmente se encuentra en 6,30 pesos.
Otros, en cambio, sostendrán la necesidad de que se mantengan los mismos valores del año pasado, aunque los estudios de costos serán los que en definitiva podrían orientar la discusión, no descartándose la incidencia de los intereses particulares en cada uno de estos números.
La elección de los representes de la producción reavivó el malestar que reina entre los distintos sectores, pero que golpea con mayor claridad a los productores, por el incumplimiento de los valores establecidos, una práctica que ni siquiera las amenazas de sanciones lograron revertir.
En ese panorama, la ineficiencia del Instituto aparece en la primera línea a la hora de las críticas, pero también se habla de intentos de acaparar el manejo del organismo por parte de los representantes de Corrientes en desmedro de los misioneros, dicen, que concentran el 90 por ciento de la producción yerbatera.
Las objeciones se conocieron en la designación de Fabio Ernesto Pauluk, Héctor Ramón Biale y Jorge Haddad como representantes de los productores en el directorio del INyM, relegándose a Jorge Butiuk a una suplencia, mientras que Cristian Klingbeil directamente quedó afuera de los cargos en disputa.
Los dos últimos fueron los principales cuestionadores de los referentes que cumplieron su mandato y con respecto a Haddad que fue reelecto, señalaron que su designación reveló que “hay arreglos entre las asociaciones con todo el potencial para permanecer”, ya que al parecer hubo promesas de apoyo que no se cumplieron.
Butiuk dijo que “el directorio está manejado por una empresa muy grande. Son los correntinos los que tienen el poderío para resolver estas cuestiones entre entidades y seguir manejando el INyM, ellos. Esto es muy perjudicial para los productores”, abriendo el debate que se avecina.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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