El Honorable Concejo Deliberante de Montecarlo aprobó la actualización del cuadro tarifario del transporte urbano de pasajeros. Desde el 1º de abril el valor del boleto será de $1500, para quienes utilicen tarjeta electrónica, y $2000 para quienes abonen en efectivo.

Respecto a las tarifas diferenciadas, el pasaje universitario pasará a costar $1151,35 con tarjeta y $1400 sin el plástico. A su vez, para los docentes el valor será de $1312,73 con tarjeta y $1800 en efectivo.

La actualización también alcanza a los recorridos hacia zonas rurales y colonias. Los viajes a Santa Rosa y Guatambú tendrán un costo de $1609 con tarjeta y $2000 en efectivo. 

En tanto, para los trayectos hacia Itacuruzú, 4 Bocas y Guaraypo, el pasaje será de $1900 con tarjeta y $2100 general. En el caso del tramo hacia Mborá, el boleto tendrá un valor de $2000 con tarjeta y $2500 sin el descuento.

Según detalló el cuerpo deliberativo, se mantendrán vigentes los beneficios actuales para los distintos usuarios del sistema de transporte, pese a la actualización del cuadro tarifario.

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Con un proyecto integral que combina tareas productivas y comunitarias, y un esquema organizativo basado en acuerdos, la Asociación Civil para el Desarrollo Misionero contiene y acompaña a jóvenes en proceso de recuperación por consumo problemático en un agrocamping de la localidad de Wanda.

“Hoy tenemos más de 25 personas en rehabilitación en el agrocamping, pero no contamos con habilitación”, comentó Samuel Doichele, coordinador de la asociación, en diálogo con La Voz de Misiones.

Doichele contó que, actualmente, en el predio ubicado sobre la ruta provincial 19 solo reciben “hombres mayores de 18 años”, y señaló que tras la difusión del proyecto integral en redes sociales, la demanda por la problemática creció: “Tenemos más de 700 solicitudes, entre ellas mujeres y menores de edad, que no podemos recibir porque no somos un centro de rehabilitación”.

Según explicó a LVM, el proyecto se enmarca en una iniciativa más amplia que busca abordar múltiples problemáticas que afectan a la zona norte de Misiones. “Para el funcionamiento del agrocamping participan fundaciones, empresas y cooperativas, que apuntan a dar respuesta a cuestiones como el éxodo rural, la producción de alimentos, el acceso al trabajo, la salud, la disciplina y, la que tomó mayor relevancia, sacar a los jóvenes de las adicciones”, precisó.

Sin embargo, el coordinador destacó que, dado que el 90% de las consultas están vinculadas a consumos problemáticos, “decidimos priorizar esa línea dentro del espacio”.

“Nada es gratis”

Consultado por LVM sobre la organización y el método de trabajo en el agrocamping frente a la problemática del consumo, Doichele sostuvo que se trata de una asociación sin fines de lucro: “Los chicos vienen, se integran y empiezan a trabajar, a construir un espacio recreativo, educativo y productivo con materiales reciclados”. Además, comentó que los jóvenes desarrollan actividades como carpintería; producción de alimentos; huertas; viveros y piscicultura.

Asimismo, el coordinador de la asociación precisó que es un sistema de internación que contempla reglas acordadas con las personas que ingresan en estado de vulnerabilidad. “Cada lunes nos reunimos, como lo hace una asociación, y hablamos de los temas importantes para la convivencia y el avance en sus recuperaciones”.

Entre los acuerdos, se incluyen prohibición de salida y consumo: “No pueden salir. Si salen, es por un beneficio. No le damos ordenes, no los castigamos. Cada lunes nos reunimos, como una asociación, y hablamos de los temas importantes, como que nadie puede salir sin permiso, nadie puede tomar alcohol, nadie tal cosa, y cuando cumplen los acuerdos, tienen beneficios”, relató Doichele a este medio.

También explicó que la organización lleva un registro del trabajo realizado por las personas que llegan al agrocamping en busca de contención por el consumo. “No cobramos la internación, pero hablamos de que nada es gratis: acá tienen que trabajar para pagar su estadía”, indicó el coordinador.

En ese sentido, detalló que ese registro permite que “el día que un profesional certifique que están rehabilitados, se hace un balance: trabajó tanto, tuvo tal rendimiento, generó tanto capital (…) y el remanente sería su capital. Ese es nuestro objetivo, que cuando se recuperen tengan un respaldo para poder emprender un negocio fuera del camping”.

Además, enfatizó que “la mayoría” de las personas que ingresan por el consumo “tienen hijos o padres mayores, entonces lo que se hace es transferir dinero del trabajo que realizan. En el reglamento está prohibido que reciban efectivo, porque es una razón para que se vayan, pero si deciden comprar ropa, se compra; si enviamos la cuota a los hijos, se registra. Es todo administrado por la asociación. Ellos hacen sus números, toman decisiones y planifican para producir y vender”.

Abordaje de la salud

En relación con el abordaje de la salud, el coordinador señaló que cuentan con acompañamiento profesional externo. “Tenemos psicólogo, psiquiatra, doctor, pero nos ayudan bajo sombra, de forma voluntaria”, afirmó, y agregó que las consultas se realizan de manera puntual o virtual.

Además, destacó que el hospital público de Wanda “es la única institución pública que colabora un montón, porque uno de los requisitos que tenemos es que los chicos antes de ingresar al agrocamping, se hagan chequeos médicos, para saber si tienen alergias, enfermedades de transmisión sexual, u otras patologías”.

Sobre el contexto local, Doichele describió un escenario que calificó como crítico. “Es un caso de emergencia”, afirmó en relación al consumo problemático en Wanda. En ese sentido, sostuvo que “hoy hay mucha gente en la calle” y que, según sus registros, “le están ofreciendo -drogas- a niños de 7 u 8 años”.

Ante ese panorama, el coordinador expuso que acudió a los Concejos Deliberantes de Wanda y Puerto Iguazú “para que empiecen a involucrarse” y “se declare la emergencia por consumo problemático” en ambos municipios.

El proyecto avanza en Wanda

Durante la sesión ordinaria del último martes, los ediles de la localidad de Wanda trataron el proyecto de Doichele, presentado por la concejal Silvia Lutz, ex radical que recientemente se pasó al partido La Libertad Avanza (LLA).

En términos generales, la iniciativa busca que el gobierno municipal y provincial apoyen a la asociación con “permisos” y “habilitaciones”, con el objetivo de continuar con el abordaje de la problemática con acompañamiento institucional.

El proyecto contó con el acompañamiento de la mayoría de los concejales, aunque aún no fue aprobado, ya que se solicitó que se “presente” una propuesta formal con los “requisitos técnicos y profesionales” para avanzar en la habilitación del agrocamping como un centro de rehabilitación.

“La declaración de emergencia en materia de consumos problemáticos permitirá: Reconocer formalmente la gravedad de la situación local; habilitar mecanismos administrativos ágiles para la asignación de recursos; disponer el acompañamiento de equipos interdisciplinarios dependientes del municipio o de la provincia; establecer convenios con instituciones especializadas; brindar asesoramiento y cobertura legal al dispositivo comunitario existente; y diseñar políticas públicas sostenidas de prevención, tratamiento e inclusión social”, sostiene el proyecto presentado por Lutz, que continuará su debate en la próxima sesión ordinaria.

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Luego de que Asuntos Guaraníes se presentara en el predio donde reside la comunidad mbya Okä Porã a fin de “mediar” el conflicto territorial con Arauco -por lo que reclaman la defensa de sus derechos y el otorgamiento de personería jurídica- la tekoa reiteró su repudio a la multinacional tras un “nuevo acecho” y declaró “estado de resistencia permanente” en defensa de sus “tierras ancestrales” en Puerto Libertad.

A través de un comunicado, señalaron que la comunidad, ubicada en la zona del Lago Urugua-í, denuncia un “nuevo capítulo de hostigamiento y vulneración de derechos territoriales por parte de la empresa Arauco S. A. y fuerzas policiales”, por lo que, ante la falta de respuestas estatales, “la comunidad se declara en estado de resistencia permanente en defensa de sus tierras ancestrales”.

El conflicto inició a fines del año pasado, cuando trabajadores de la empresa forestal “incendiaron y amenazaron” en reiteradas oportunidades a las familias de la tekoa. 

En el mismo sentido, señalaron que el pasado 6 de febrero, “agentes policiales junto a personal de la firma se presentaron en el territorio, alegando su propiedad e intentando forzar a las familias a reubicarse en una zona inundable, sin consulta previa ni garantías”.

Frente a este tipo de hostigamiento que, aseguran, continuó durante el mes, la comunidad siguió pidiendo apoyo de las organizaciones y la sociedad en general, solicitó que la provincia ponga en defensa los derechos por su preexistencia étnica, como también la “recomposición de todo el daño que el Estado y las empresas han hecho sobre la cultura mbya”.

El pasado 4 de marzo, la Dirección de Asuntos Guaraníes se presentó en el territorio ofreciendo una mesa de diálogo entre la comunidad y la empresa, instancia que hasta el momento no fue concretada. “En el acta dejamos constancia de que ofrecimos una mesa de diálogo, pero la comunidad hasta ahora no dio respuestas”, aclaró Francisco Rodríguez, titular del área estatal que se encarga de mediar los conflictos guaraníes. 

Un territorio ancestral

Tal como explicó el cacique Javier Martínez en diálogo con La Voz de Misiones, el territorio en disputa antiguamente era ocupado por la tekoa Chéiro, dirigida por los caciques Julio Duarte y Elvio Benítez, y fue desplazada de manera forzada tras la construcción de la represa Urugua-í en la década del 90´, tras una inundación que afectó gran parte de la zona. 

Actualmente son cinco familias con un total de 19 personas, entre ellas infancias y personas mayores que aguardan la tramitación de la personería jurídica que les permitirá permanecer en el predio sin el constante “asedio” de la empresa lindante. 

“La tekoa pide respeto, exige recuperar el territorio indígena y que Arauco frene la violencia contra la comunidad en donde hay personas que necesitan la seguridad de vivir dignamente en un territorio del cual fueron expulsados y quieren volver porque no tienen a donde más”, solicitaron en el comunicado. 

Para finalizar dejaron en manos de la provincia la voluntad de garantizar y cuidar su derecho al territorio, a la vivienda digna, la educación, energía eléctrica y demás servicios básicos.  

En ese sentido, recordaron que, pese a la derogación de la ley 26.160 por el gobierno nacional, las comunidades indígenas y la posesión comunitaria aún se encuentran protegidas por la Constitución Nacional (Art. 75, inc. 17).

A su vez, el Convenio 169 de la OIT obliga al Estado a consultar a los pueblos originarios sobre cualquier medida que los afecte.

Mientras las comunidades luchan por parcelas vitales, la empresa Arauco S.A. concentra entre el 8% y el 10% del territorio de Misiones, llegando a controlar más del 70% de la zona forestal de Puerto Libertad. “Estas 230.000 hectáreas de monocultivos forestales no solo desplazan comunidades, sino que generan un daño ambiental irreversible en la selva paranaense”, señalaron las organizaciones acompañantes.

Ofrecen mesa de diálogo para conflicto territorial entre Arauco y Okä Porã

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