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Pidieron 21 años de prisión para el represor Carlos Carvallo

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La querella solicitó la pena más alta para el locutor de radio acusado de haber sido torturador durante la dictadura. La fiscalía pidió 11 años.

 

 

Este miércoles se realizó, en Paraná, de manera remota la audiencia de alegatos en la causa por delitos de lesa humanidad que tiene como imputado al expolicía Carlos Carvallo, quien fuera locutor de la radio FM >Show de Posadas.

Carvallo está acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos contra un militante político durante la última dictadura cívico militar

Las partes querellantes pidieron que los delitos cometidos por Carvallo sean tenidos como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio, en el juicio que presidió el juez federal Pablo Seró.

Además dieron por probado que el imputado, que se desempeñaba en la división Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, formó parte del grupo de tareas que privó ilegalmente de la libertad dos veces al denunciante Manuel  Ramat.

La víctima fue sometido a torturas y amenazas, además de ser mantenido en condiciones inhumanas de detención en el centro clandestino de detención conocido como El Brete.

Por esas razones, pidieron que se condene a Carlos Carvallo a la pena de 21 años de prisión efectiva y la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública, por ser coautor penalmente responsable de los delitos de lesa humanidad cometidos.

A su turno, el fiscal García Escalada pidió una pena de 11 años de prisión, luego también de dar por probados los hechos. La defensora particular pidió la absolución del represor. Ahora el expediente pasó a la instancia del dictado de sentencia.

La decisión el magistrado se conocerá en fecha a confirmar, según quedó establecido al finalizar la audiencia que se realizó de modo remoto, a través de una plataforma gratuita de videoconferencia, y se extendió durante dos horas.

El juez Seró explicó que esta instancia, que en principio se iba a realizar en marzo, se debió postergar por la gran cantidad de causas que tiene su juzgado, además de las restricciones de la pandemia.

Participación remota

El diario UNO de Entre Ríos consignó que estuvieron conectados el fiscal Carlos García Escalada; Marcelo Boeykens y Sofía Uranga por la querella de H.I.J.O.S.; Lucía Tejera por querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la defensora Corina Beisel.

También estuvo presente Manuel Ramat, la única víctima de este proceso, quien pudo identificar al expolicía Carvallo como el autor de su secuestro y de las torturas que sufrió en la vieja Comisaría de El Brete, en las afueras de Paraná.

La causa es un desprendimiento de la megacausa Área Paraná y por lo tanto su proceso se desarrolló por escrito –por aplicación del antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal–.

Sin embargo a pedido de la querella los alegatos fueron orales y en forma pública, aunque de modo remoto por la vigencia de las restricciones sanitarias. La audiencia fue retransmitida por la página de Facebook de la asociación H.I.J.O.S.

El acusado

Carvallo estuvo prófugo de la Justicia durante cuatro años, luego de que la Justicia Federal de Paraná pidiera su captura. Fue buscado por las fuerzas de seguridad nacionales y por Interpol, hasta que finalmente lo encontraron en 2018, recluido en la vivienda de su hermana en Posadas.

En los años de la dictadura, el represor era un policía joven, perteneciente a la Dirección de Investigaciones. Posteriormente comenzó a trabajar como locutor de radio en Misiones y llegó a ser muy conocido en esa provincia. En 1998, la Liga de Madres de Familia le entregó el premio Santa Clara de Asís.

En noviembre de 2014 el juez Leandro Ríos ordenó su captura, luego de que Manuel Ramat, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y exdetenido político que estuvo secuestrado en la Comisaría de El Brete, lo identificara como la persona que lo secuestró.

 

 

 

 

 

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Arenera rechazó intimación de la EBY y advirtió sobre acciones penales

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Arenera

La Arenera JM rechazó la intimación que le formulara la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a regularizar -en un plazo de 72 horas- los requerimientos que la Municipalidad de Candelaria hizo a la empresa y que llevaron a su clausura preventiva hace más de 20 días, un procedimiento que la compañía minera tachó de “arbitrario e irregular”.

En una nota de descargo, fechada el 2 de diciembre, la empresa no solo rechazó la intimación que le llegó de la EBY por intermedio del jefe del Departamento de Obras Complementarias (DOC), René Martinangeli, sino que previno al funcionario sobre las consecuencias legales de persistir en requerimientos que avalen lo actuado por la Municipalidad, cuyo accionar está a las puertas del foro judicial penal.

Inexistentes

“Me dirijo a Ud., en mi calidad de representante legal de la firma J.M. S.A. a fin de responder la nota fechada el 26/11/2025, por la cual se me requiere ‘regularizar’ la situación conforme a las responsabilidades asumidas en la cláusula IV del Contrato de Comodato oportunamente celebrado por este parte, bajo apercibimiento de iniciar los trámites de rescisión del referido instrumento; aduciendo como fundamento el apercibimiento y clausura preventiva dispuesta por la Municipalidad de Candelaria, mediante la Resolución N° 02/25”, reza el escrito firmado por el abogado Fernando Canteli y el propietario de la empresa minera, Jorge Muniagurria.

“Sobre el particular, rechazo tempranamente vuestra intimación de regularizar la situación”, continúa y detalla las “irregularidades”, detectadas y recusadas por la empresa, del procedimiento de clausura del predio donde opera en la costa del río Paraná, cedido en comodato por la EBY en 2017, como resarcimiento del emplazamiento original afectado por la suba del embalse de la represa.

“La primera de tales circunstancias es que la clausura de mención, es ‘preventiva’ e inclusive no se halla firme, ya que se ha interpuesto ante el Sr. Intendente el Recurso Jerárquico respectivo; sin perjuicio de acotar que luego de ello se abre la vía contenciosa administrativa ante los órganos judiciales correspondientes”, explica la nota.

El escrito le informa al ingeniero Martinangeli que la Resolución 02/25 de la Municipalidad de Candelaria, invocada por el funcionario de la EBY en la intimación a la empresa, “ha sido dictada por un funcionario inexistente” y “una reglamentación inexistente”, y por lo tanto “ilegal”.

“El municipio de Candelaria carece de Carta Orgánica, por lo cual se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades; en dicha norma legal, no se regula la creación de una ‘Secretaria de Planificación Catastro y Medio Ambiente’, limitándose a señalar la necesidad de dictar las pertinentes ordenanzas que prevean las distintas secretarías con sus respectivas atribuciones y funciones”, explica y remarca: “No existe… en la Municipalidad de Candelaria un organismo (en este caso secretaría) que tenga las facultades de apercibir, intimar y/o clausurar actividades fundadas en el supuesto incumplimiento de normas municipales”.

“Así de grave se presenta la cuestión ya que nos vemos expuestos a actuaciones de funcionarios municipales cuyas funciones no están regladas en absoluto en ningún texto legal”, advierte la nota.

Agrega que “en una consulta dirigida al Boletín Oficial de la Provincia de Misiones, surge que no solamente no está publicada la Carta Orgánica del Municipio de Candelaria, sino que tampoco se halla publicado el supuesto Decreto Reglamentario 4/12”.

El empresario y su abogado le recuerdan al alto funcionario de Yacyretá, que si una norma jurídica, cualquiera sea su naturaleza, “no está correctamente publicada, no existe en el derecho positivo argentino”, por lo que la clausura preventiva del predio de la empresa “es absolutamente infundada e ilegal”.

“No cabe duda alguna que la simple exposición de los hechos resulta más que suficiente para dejar sin efecto la intimación sobre la regularización que me fuera cursada”, dice la respuesta de la empresa a la nota de Martinangeli, donde la EBY intima a la arenera a resolver lo relativo a la clausura, so pena de rescindirle el contrato de comodato.

Prevenidos

En otro tramo del escrito, el empresario y su abogado relatan al jefe del Departamento de Obras Complementarias que la Municipalidad de Candelaria rechazó, de manera “arbitraria y sin ningún tipo de fundamento”, la información tributaria y contable de la empresa, que le habían exigido en virtud de la recusada Resolución 02/25.

“El acto administrativo, en este caso la resolución N° 02/25, que contiene este tipo de calificación, automáticamente, es nulo en el plano judicial por carecer de motivación adecuada y abrir las puertas a la absoluta arbitrariedad”, señalan.

“Antes de terminar, debo señalar que tales actuaciones municipales merecen, largamente, las pertinentes denuncias penales por abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público (art. 248 y ccts. del Código Penal Argentino), que serán presentadas en corto plazo”, anuncia el escrito de Muniagurria y Canteli.

En tal sentido, previenen a Martinangeli de avanzar con la intimación expresada en su nota a la empresa “para no hacer extensivas a terceros las denuncias pertinentes”, y le advierten “que cualquier decisión que avale el accionar delictivo descripto, hace pasible a los autores de tal confirmación de las mismas imputaciones”.

“Todo ello, sin perjuicio atento a los ingentes daños y perjuicios que me provoca el accionar referido, de iniciar oportunamente las acciones contra los funcionarios intervinientes, en procura de las indemnizaciones que me corresponden”, finaliza la nota al jefe del DOC.

Nota descargo EBY (2-12-25)

 

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Passalacqua anunció el pago del Intercosecha a más de 6400 tareferos

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El gobernador Hugo Passalacqua informó que el pasado lunes se realizaron los depósitos correspondientes al primer pago del programa Intercosecha, beneficio que alcanza a más de 6400 tareferos durante el período de inactividad del sector yerbatero. 

Informo que desde el lunes 1 de diciembre ya están depositados en las cuentas del Banco Nación el Primer Pago del Programa Intercosecha”, anunció el mandatario provincial a través de su cuenta personal de “X” sobre la suma que rondaría los $123.000.

El anuncio llegó en un contexto clave para miles de trabajadores rurales que dependen de esta asistencia, como es el caso de los tareferos que dependen de la yerba mate y que -ante la crisis económica que atraviesa el sector- se verán imposibilitados de trabajar ya que varios productores decidieron adherirse al paro de cosecha de verano (zafriña) en reclamo de un mejor precio de la hoja verde.

Actualmente el valor de referencia de la materia prima fijado por el Inym es de $423,99, aunque los secaderos y molinos pagan alrededor de $180 por kilo al productor.

El gobernador también detalló en el mismo posteo que el beneficio alcanza a más de 6.400 trabajadores de la cosecha en los meses de receso de la actividad.

De esta manera, el programa tiene como objetivo asistir a los trabajadores rurales temporarios en los períodos entre cosechas, mediante una asistencia económica que busca reducir la vulnerabilidad laboral. 

El mismo es desarrollado de manera conjunta entre el Gobierno de Misiones y el Ministerio de Trabajo y Empleo a través del Sistema de Tareferos Misioneros (Sitami).

Productores piden declarar emergencia yerbatera en Misiones

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Extienden hasta el 19 de diciembre la vigencia del Boleto Estudiantil

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El Boleto Estatal Estudiantil Misiones (BEEM), que en principio iba a funcionar hasta el 5 de diciembre, fue prorrogado hasta el viernes 19, cuando culminarían las mesas de exámenes en distintas instituciones educativas.

El anuncio lo hizo el propio gobernador, Hugo Passalacqua a través de sus redes sociales, donde apuntó: “Con el compromiso de acompañar a los  estudiantes en los exámenes del último tramo del año anuncio la prórroga del Boleto Estatal Estudiantil Misionero, que inicialmente llegaba hasta el 5 de diciembre, hasta el viernes 19, para todos los niveles y en todas las modalidades de servicio de transporte público”.

El pasado 8 de octubre el beneficio cumplió 10 años y celebró la adhesión de 400.000 usuarios en Posadas, Oberá e Iguazú.

De esta manera, fue mediante un proyecto de ley aprobado hace una década que miles de alumnos de los distintos niveles y modalidades educativas accedieron al transporte público urbano e interurbano, en condiciones más equitativas y derribando las barreras económicas que históricamente dificultaron la permanencia e incluso el egreso escolar. 

Se trata de un servicio mancomunado entre el Consejo General de Educación de Misiones y la Municipalidad de Posadas, y favorece a los alumnos de los niveles inicial, primario, secundario y universitario. 

A su vez, es solventado en su totalidad por el Gobierno provincial, con el objetivo de garantizar el acceso al transporte público a los estudiantes misioneros.

El boleto estudiantil cumplió diez años y superó los 400.000 beneficiarios

 

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