Provinciales
Pareja sureña no pudo adoptar a cuatro hermanitas misioneras porque una se opuso
POSADAS. Una pareja de la localidad santacruceña de El Calafate no logró la entrega en adopción de cuatro hermanitas misioneras de entre 7 y 13 años, ya que la mayor se opuso, y debió retornar a su lugar de residencia con la frustración del trámite inconcluso.
El caso, que trascendió por sus alcances humanitarios, tuvo un desenlace infeliz cuando los futuros padres llegaron a Posadas y se encontraron con la indecisión de una de las hermanas que pretendían mantenerse unidas, en caso de acceder a una adopción.
De acuerdo con declaraciones que Katy, la potencial madre de las pequeñas hizo a medios de la provincia de Santa Cruz, habían llegado a la capital de Misiones con su esposo para reunirse con las menores y emprender el viaje a una nueva vida, tras cumplimentar los trámites de rigor.
En El Calafate, había quedado todo listo: dormitorios de las pequeñas; ropa y juguetes, en tanto que el vecindario de los padres adoptantes se movilizaron para darles la mejor bienvenidas tras unir unos cuantos miles de kilómetros para llegar a su nueva casa.
Pero el proceso no se concretó y la pareja retornó a su residencia sin la compañía de las hermanitas misioneras. Qué sucedió? En una entrevista con la radio FM Dimensión de El Calafate, Katy explicó que el fracaso se dio porque la hermana mayor estuvo indecisa y no terminó de hacerse a la idea de viajar tan lejos.
Sin embargo, comentó que las otras tres menores estaban animadas con la idea de iniciar una nueva vida fuera del hogar de niños donde viven y, si bien reciben una buena atención, no cuentan con una familia propia que pueda dedicarse a ellas ahora y en el futuro.
En medio de las idas y venidas, la niña de 13 años reveló que mantenía contacto con una quinta hermana, de 16 años, quien habría incidido en el cambio de opinión ya que también se opuso a separarse de su hermana a raíz de la relación afectiva entre ambas.
De acuerdo con informes conocidos durante la parte final del proceso de adopción, tanto el matrimonio adoptante como las autoridades judiciales que llevaron adelante el trámite, desconocían la relación entre las dos hermanas mayores y hasta la existencia de la adolescente, según dejaron entrever los responsables del hogar que alberga a las cuatro.
Al final, la pareja santacruceña optó por no intervenir en la separación de las cuatro hermanas, ya que cabía la posibilidad de adopción de las tres restantes, y regresó a su provincia donde expresaron su malestar porque no contaron con la información suficiente para cristalizar su anhelo.
Al parecer la pareja recibió datos escuetos y algunos erróneos, razón por la que dijeron en medios de la provincia sureña la necesidad de exigir y que se proporcione la información en casos similares a fin de lograr resultados acordes al tratamiento del tema de la adopción.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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