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Misiones, en el eje de una fuerza militar contra el narcotráfico y el cuidado de recursos naturales

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POSADAS. La provincia de Misiones quedará en el eje de las acciones de una denominada Fuerza de despliegue Rápido (FDR), cuya creación puso en marcha el Gobierno Nacional para la lucha contra el tráfico de drogas y el cuidado de los recursos naturales, según informes divulgados en Buenos Aires.

La iniciativa, que también comprende en forma especial a los demás estados fronterizos del norte de la Argentina, vulnerable para el narcotráfico, y todo otro punto donde se considere que están en riesgo los recursos naturales, prevé la conformación de la FDR con el Ejército, la Fuerza Área y la Armada.

Una síntesis del objetivo de la Nación, se ubica en la necesidad establecer medidas desde el Ministerio de Defensa para brindar apoyo logístico al Ministerio de Seguridad en todo lo que tiene que ver con operativos contra los carteles de droga en la frontera y el cuidado de recursos naturales.

En ese contexto se supo que también el proyecto apunta a mantener bajo control todo tipo de expresiones sociales que adquieran un cariz violento, como podrían ser los reclamos colectivos o de comunidades específicas, como los pueblos originarios, en atención a los recientes antecedentes de la Patagonia con los mapuches.

El plan de creación de la FDR contempla la compra de helicópteros, el abastecimiento de camiones de brigada, armamento moderno y aviones, lo cual contribuirá con la ampliación de la actual Fuerza de Despliegue Rápido que funciona bajo la órbita exclusiva del Ejército, a la Armada y la Fuerza Aérea.

A pesar del avance del proyecto, la fuentes consultadas advirtieron que “nada se hará por fuera de la ley”, ante una consulta realizada por el periódico porteño Infobae acerca de la expresa prohibición que rige para cualquier injerencia de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas del país.

Se sabe sí que la FDR intervendrá como apoyo logístico en operativos de Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria o las policías provinciales, en el marco de una “reestructuración y modernización en la práctica de las Fuerzas Armadas”, según definiciones conocidas en ámbitos del Gobierno.

Con respecto a la localización de la proyectada fuerza, se supo que se instalará en un sitio centralizado de la Argentina para desplegarse rápidamente a diferentes puntos del país, aunque no está claro aún el lugar. Podría ser Córdoba o Tucumán, según esta línea.

En principio, la fuerza a crearse contará con elementos de su similar en la actualidad, como la IV Brigada Aerotransportada, la X Brigada Mecanizada, la Agrupación de Fuerzas Especiales y la Companía de Buzos de Ejército, entre otros, pero deberá sumar unidades de las otras dos fuerzas.

De acuerdo con las mismas fuentes citadas por el diario porteño, en el Gobierno observan que muchos operativos de las fuerzas de seguridad contra el narcotráfico se podrían fortalecer con la ayuda de un apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, por ejemplo en la frontera norte o en la hidrovía del Uruguay y el Paraná con el incremento de los operativos contra las bandas de narcotraficantes.

En tanto, desde las Fuerzas Armadas ven que hace falta una mayor presencia militar para cuidar los recursos naturales. Una alerta que se observó el año pasado fueron los ataques de vandalismo del grupo RAM en la zona de Vaca Muerta donde se puso como blanco a pozos petroleros o refinerías de gas, según los ejemplos enunciados.

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Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio

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La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico. 

Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.

También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio. 

Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita. 

Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.

El caso

La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos. 

Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.

La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha. 

La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.

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Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus

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El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.

Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.

“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.

Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.

Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.

El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.

En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.

Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.

Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.

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Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.

El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.

En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.

“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.

En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.

Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.

Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande

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