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Misiones, en el eje de una fuerza militar contra el narcotráfico y el cuidado de recursos naturales

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POSADAS. La provincia de Misiones quedará en el eje de las acciones de una denominada Fuerza de despliegue Rápido (FDR), cuya creación puso en marcha el Gobierno Nacional para la lucha contra el tráfico de drogas y el cuidado de los recursos naturales, según informes divulgados en Buenos Aires.

La iniciativa, que también comprende en forma especial a los demás estados fronterizos del norte de la Argentina, vulnerable para el narcotráfico, y todo otro punto donde se considere que están en riesgo los recursos naturales, prevé la conformación de la FDR con el Ejército, la Fuerza Área y la Armada.

Una síntesis del objetivo de la Nación, se ubica en la necesidad establecer medidas desde el Ministerio de Defensa para brindar apoyo logístico al Ministerio de Seguridad en todo lo que tiene que ver con operativos contra los carteles de droga en la frontera y el cuidado de recursos naturales.

En ese contexto se supo que también el proyecto apunta a mantener bajo control todo tipo de expresiones sociales que adquieran un cariz violento, como podrían ser los reclamos colectivos o de comunidades específicas, como los pueblos originarios, en atención a los recientes antecedentes de la Patagonia con los mapuches.

El plan de creación de la FDR contempla la compra de helicópteros, el abastecimiento de camiones de brigada, armamento moderno y aviones, lo cual contribuirá con la ampliación de la actual Fuerza de Despliegue Rápido que funciona bajo la órbita exclusiva del Ejército, a la Armada y la Fuerza Aérea.

A pesar del avance del proyecto, la fuentes consultadas advirtieron que “nada se hará por fuera de la ley”, ante una consulta realizada por el periódico porteño Infobae acerca de la expresa prohibición que rige para cualquier injerencia de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas del país.

Se sabe sí que la FDR intervendrá como apoyo logístico en operativos de Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria o las policías provinciales, en el marco de una “reestructuración y modernización en la práctica de las Fuerzas Armadas”, según definiciones conocidas en ámbitos del Gobierno.

Con respecto a la localización de la proyectada fuerza, se supo que se instalará en un sitio centralizado de la Argentina para desplegarse rápidamente a diferentes puntos del país, aunque no está claro aún el lugar. Podría ser Córdoba o Tucumán, según esta línea.

En principio, la fuerza a crearse contará con elementos de su similar en la actualidad, como la IV Brigada Aerotransportada, la X Brigada Mecanizada, la Agrupación de Fuerzas Especiales y la Companía de Buzos de Ejército, entre otros, pero deberá sumar unidades de las otras dos fuerzas.

De acuerdo con las mismas fuentes citadas por el diario porteño, en el Gobierno observan que muchos operativos de las fuerzas de seguridad contra el narcotráfico se podrían fortalecer con la ayuda de un apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, por ejemplo en la frontera norte o en la hidrovía del Uruguay y el Paraná con el incremento de los operativos contra las bandas de narcotraficantes.

En tanto, desde las Fuerzas Armadas ven que hace falta una mayor presencia militar para cuidar los recursos naturales. Una alerta que se observó el año pasado fueron los ataques de vandalismo del grupo RAM en la zona de Vaca Muerta donde se puso como blanco a pozos petroleros o refinerías de gas, según los ejemplos enunciados.

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El vicegobernador inició una colecta para egresados estafados en Eldorado

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Luego de que se nacionalizara el caso de la madre que se quedó con 17 millones de pesos que eran para la fiesta de egresados de la Comercio 19 de Eldorado, el vicegobernador de Misiones, Lucas Romero Spinelli, compartió en sus redes un video para “acompañar” a los estudiantes e inició una colecta. También pidió respuestas a Casinos de Misiones, mientras que la acusada es objeto de una incipiente investigación.

El hecho se conoció el 12 de diciembre, cuando un grupo de padres radicó una denuncia en la comisaría local y los alumnos de esa casa de estudios hicieron público el caso.

Todo comenzó cuando los padres encargados de la organización del evento arribaron al salón Pirámide, donde estaba prevista la fiesta el pasado viernes, y se encontraron con la negativa del dueño ante la falta de pago del alquiler.

Luego trascendió que la madre que debía rendir el dinero habría gastado gran parte del mismo en una casa de juegos y que padecería “ludopatía”, mientras que otros descartan esa hipótesis y apuntan a una “estrategia de un abogado” para evadir la responsabilidad de un delito que puede tener una pena de 1 a 6 años de prisión.

Frente a esta situación, el vicegobernador de la provincia se expresó a través de sus redes sociales y explicó: “La ludopatía destruye y se expande en todo el país. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Combatirla es una responsabilidad de todos”.

Al mismo tiempo, señaló que tomó la decisión de acompañar a los egresados de la Escuela Provincial de Comercio N° 19 de Eldorado, impulsando una colecta “para que los chicos, finalmente, puedan afrontar los gastos de su fiesta de recepción”.

Para finalizar, instó al casino “a hacerse cargo y colaborar tras este hecho tan triste y doloroso para los alumnos y sus familias”.

Los montos, la fiesta y la polémica

A lo largo de este año, los padres de los egresados fueron aportando el dinero correspondiente a las tarjetas mediante transferencias a través de una billetera virtual y en ocho meses se habrían reunido 17.500.000 pesos, pero menos del 15% del presupuesto fue abonado.

Frente al riesgo de que la celebración se cancelara, los padres de los 35 estudiantes afectados se reunieron de urgencia y lograron reorganizar los pagos con el apoyo del intendente local.

De esta manera, lograron reunir el faltante estimado en 8.300.000 pesos, lo que permitió desarrollar la fiesta como estaba planeada.

Actualmente la mujer identificada como Romina E. afronta una denuncia y se aguarda que la Justicia defina su situación.

 

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Oberá: Concejo Deliberante aprueba excepción urbana a loteadora inmobiliaria

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Oberá

El Concejo Deliberante de Oberá aprobó este martes la primera de las excepciones a los códigos urbanísticos de la ciudad, pedidos por el intendente Pablo Hassan, para la empresa Urbanizadora 360, una desarrolladora inmobiliaria que tramita el loteo de inmuebles ubicados dentro del distrito conocido como “expansión zona industrial”.

La excepción a la normativa vigente para esa parte del casco urbano obereño se aprobó por siete votos a favor, de la Renovación Neo y el PRO, y uno en contra, de la concejal de La Libertad Avanza (LLA) Mara Frontini, que venía denunciando en sus redes sociales lo que considera un “privilegio” del municipio a “empresas de afuera”, que “no gozan los vecinos e inversores locales”.

En concreto, la excepción aprobada hoy autoriza a la empresa inmobiliaria a fraccionar los inmuebles muy por fuera de lo establecido en el Código de Zonificación vigente, que en la zona en cuestión establece lotes de 5.000 metros cuadrados y 50 metros de frente.

“La excepción que hicieron es pasar de lotes de 5.000 metros cuadrados a 400 metros cuadrados”, detalló Frontini a LVM y se burló: “¿Un poquito mucho la excepción, ¿no?”.

Ratti

La segunda de las excepciones a la normativa urbana pedidas por Hassan y cuestionadas por la concejal de LLA Misiones, tiene relación con la constructora de la empresaria posadeña Silvana Ratti.

En la misma, cuyo tratamiento está previsto para el 22 de diciembre, el intendente de Oberá pide exceptuar a Ratti de lo establecido en el Código de Edificación para un edificio de departamentos que la empresa constructora desarrolla en la ciudad.

Según explicó Frontini, y según se lee en la nota que Hassan envió al Concejo el 1 de diciembre, la empresa constructora “pide poder construir 25 cocheras menos cocheras de las 70 que debería hacer si tuviera que cumplir la ley”.

 

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Concejal denuncia ordenanzas a medida de dos constructoras en Oberá

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La concejal de La Libertad Avanza (LLA) de Oberá, Mara Frontini, denunció que el intendente Pablo Hassan y sus pares renovadores del Concejo Deliberante se aprestan a modificar el Código de Edificación de la ciudad para favorecer a una desarrolladora inmobiliaria y una empresa constructora.

Frontini hizo pública su denuncia en su cuenta de Instagram, donde subió un video exponiendo la situación generada a partir de pedidos del intendente Hassan al Concejo Deliberante, para exceptuar de lo establecido en ordenanzas locales a la Urbanizadora 360 y la Constructora Ratti.

Según explicó la concejal, en dos notas fechadas el 28 de noviembre y enviadas al Legislativo el 1 de diciembre, Hassan pide que se exceptúe a la Urbanizadora 360 de lo establecido para la realización de loteos urbanos, y a la constructora de la posadeña Silvana Ratti de lo reglamentado en sobre el número de cocheras en provectos de viviendas multifamiliares.

“Como concejal de la Libertad Avanza no me opongo al crecimiento, ni al desarrollo urbano de Oberá”, afirma la edil libertaria en su video de Instagram. “Por el contrario, considero que el progreso es necesario y positivo, pero ese crecimiento debe darse dentro del marco legal y con reglas claras e iguales para todos”, agrega.

Frontini se queja de que, en este caso, “la balanza está claramente inclinada”, con “controles y exigencias” para los obereños y los inversores locales, y “permisos especiales, pedidos por el propio intendente”, para las “empresas de afuera”.

2025-379 OPUMA con informe (1)

“El primer expediente es claro”, afirma la edil violeta y precisa: “El intendente pide que se autorice a la empresa Urbanizadora 360 a utilizar este terreno de un modo que la norma actual no lo permite”. “En el segundo, la empresa Ratti pide una excepción al Código de Edificación, pidiendo menos cocheras de la que la ley exige: 25 cocheras menos”.

2025-378 con informe

Según comentó Frontini a La Voz de Misiones, la constructora de Ratti proyecta un edificio de departamentos y, de acuerdo a lo establecido en el Código de Edificación, “debe construir 70 cocheras, pero solamente quiere hacer 50”.

“Cuando expresé estos privilegios, los seis concejales renovadores presentaron, el 10 de diciembre, una ordenanza para cambiar la ley vigente y adaptarla al pedido de la empresa”, denunció.

“No puede haber un doble estándar”, afirmó la concejal y razonó: “Las empresas deben adaptarse a la ley, y no cambiar la ley para adaptarla a las empresas”.

El proyecto para adaptar el Código de Edificación a lo pedido por la constructora de Silvana Ratti.

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