Provinciales
La Corte le dijo a Misiones que la prescripción tributaria es de 5 años; no de 10
Fue en un fallo de la causa “Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones – Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa”. Reafirmó la facultad de la Nación.
POSADAS. La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que “la prescripción de las obligaciones tributarias locales” se rige “por lo estatuido por el Congreso de la Nación para toda la República”, al rechazar el plazo de diez años que está en vigencia en Misiones.
El fallo correspondió a la causa “Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones – Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa”.
El máximo órgano de administración de Justicia atribuyó a las normas superiores lo relativo a plazos, momento de inicio y causales de interrupción o suspensión que se aplican en las obligaciones tributarias locales.
De esa manera, desestimó la postura del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Misiones que había rechazado el planteo de prescripción opuesto por la Provincia y declaró aplicable el plazo de diez años previsto en el artículo 118 del Código Fiscal provincial, entonces vigente.
En su fallo, la Corte determinó que la prescripción “no es un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho, lo que ha justificado que, en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el art. 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, aquel estableciera un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esa vía”.
Límite a las Legislaturas
En consecuencia, “las legislaturas locales no se hallaran habilitadas para dictar leyes incompatibles con las previsiones que al respecto contenían los códigos de fondo”, remarcó la Corte con las firmas de Elena Highton de Nolazco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti.
Y añadió que los hechos del caso “no deben ser juzgados a la luz del nuevo Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley, sino de conformidad con la legislación anterior”.
Ello debido a que “no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997. Esto es, que fue constituida y se tornó exigible bajo la vigencia de la ley anterior”.
Además “su determinación de oficio ha sido realizada varios años antes del dictado del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y, que lo mismo ha ocurrido con la decisión final adoptada por la administración, de manera tal que el plazo de prescripción para reclamar el ingreso de aquel tributo, se ha iniciado y ha corrido durante la vigencia del antiguo régimen”.
En dicho tramo, la Corte citó la resolución 2506/02 de la Dirección General de Rentas de Misiones del 18 de diciembre de 2002 y la resolución 183, del 4 de mayo de 2005 del Ministerio de Hacienda, Finanzas Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Misiones.
Disidencia
En disidencia, Rosatti, opinó que las provincias, y obviamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “cuentan con competencia para regular la prescripción de la acción tributaria en toda su extensión; esto es, en cuanto refiere a los poderes del Fisco para reclamar sus tributos (el plazo, la forma de cómputo y las causales de suspensión y/o interrupción) y en lo atinente a la acción de repetición”.
Añadió que “tampoco importa habilitar a las jurisdicciones locales a fijar plazos excesivamente extensos, disponer causales de suspensión o interrupción improcedentes, o habilitar modos de computar los plazos que tiendan a perjudicar a los contribuyentes”.
“Los poderes fiscales provinciales y municipales -tal como ocurre con el nacional- se encuentran sujetos a los principios constitucionales de la tributación y, con particular referencia al caso, al principio de razonabilidad”, puntualizó.
En la tarde de hoy, productores yerbateros de distintos puntos de la provincia se reunieron frente a la cooperativa tabacalera de San Vicente, sobre ruta 14, para evaluar medidas de fuerza ante la crisis económica que atraviesa el sector, entre las cuales acordaron declarar la emergencia yerbatera y reducir la cosecha de verano.
Luego de poco más de dos horas de discusión, los productores presentes oriundos de San Pedro, Eldorado, El Soberbio, Fracrán, 25 de Mayo, Pozo Azul, San Vicente, entre otras localidades, aprobaron la propuesta de los legisladores presentes de declarar la emergencia yerbatera en la provincia de Misiones, mediante una sesión extraordinaria.
Al mismo tiempo, decidieron, por mayoría, “cosechar la menor cantidad de kilos posible” de cara a la zafriña (cosecha de verano), en reclamo de un precio justo para la hoja verde, considerando que, si bien el precio de referencia ronda los $423,99, actualmente los secaderos y molinos pagan alrededor de $180 por kilo al productor.
A su vez, ante los numerosos atrasos e intercambios por cheque, solicitaron la inmediata “regularización de pagos y garantía de trabajo digno”, como reclamos directos al sector industrial, aunque también buscan respuestas por parte del Estado.
La asamblea fue convocada para las 15 por la Asociación Misionera de Productores de Yerba Mate (Ampym), y también fueron invitados funcionarios provinciales, de los cuales participaron; el diputado del Partido Agrario y Social, Cristian Castro, el electo Ramón Amarilla, el concejal de Posadas por la Unión Cívica Radical (UCR) Francisco Fonseca, el intendente de Colonia Aurora Carlos Goring, entre otros.
En ese contexto, reclamaron que no estuvieron presentes el intendente de San Vicente, Fabián Rodríguez, como tampoco el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, por lo que, ante la “inacción de la cartera agraria” no descartan realizar una marcha hacia la Legislatura el próximo 10 de diciembre.
La crisis del sector se desató tras la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia 170/23 impulsado por el presidente, Javier Milei, y terminó por eliminar las facultades y el regular funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
En 2024 fueron varios los proyectos que arribaron a la Legislatura misionera a fin de poner en marcha un instituto provincial de la yerba mate, aunque hasta el momento no hubo ningún tipo de avances.
La situación se agudizó en los últimos meses, ante la falta de cumplimiento del precio de referencia de la hoja verde y la yerba canchada, los cuales no cubren los costos reales de producción ni garantiza la continuidad del trabajo de miles de familias rurales.
Acta firmada por productores yerbateros en San Vicente
Adhesión de autoconvocados
Por su parte, un grupo de productores yerbateros autoconvocados de Jardín América fue más radical al anunciar el paro total de la zafriña.
A través de un breve comunicado, manifestaron: “Las asociaciones y productores firmantes se oponen al levantamiento de la cosecha de verano (zafriña), ya que los precios actuales no aseguran la sustentabilidad mínima para los productores”.
Al mismo tiempo, consideraron que la caída del valor de la hoja verde podría conllevar a la degradación de la calidad del producto, afectando aún más los precios.
“Esta medida podría introducir yerba mate barata, lo que bajaría aún más los precios de la materia prima, generando incertidumbre en el mercado yerbatero. Hacemos un llamado a la unidad de todos los productores para alcanzar los objetivos”, concluyeron.
Ampym convoca a funcionarios a asamblea yerbatera el jueves en San Vicente
Luego de que el gobierno de la provincia de Misiones decretara asueto administrativo para el lunes 1 de diciembre, en el marco del aniversario por el natalicio del prócer misionero Andrés Guacurarí, el Poder Judicial comunicó que no adherirá.
Lo hizo a través de un breve comunicado titulado: “Honrar la labor del Prócer Misionero trabajando”, y resaltó: “El Poder Judicial de Misiones no adherirá al asueto del 1 de diciembre”.
Inicialmente el asueto administrativo alcanzaba al mencionado organismo, junto al Poder Legislativo, el Tribunal de Cuentas, entes autárquicos y descentralizados, instituciones bancarias y organismos nacionales con asiento en la provincia.
Si bien el aniversario Nº 247 es el domingo 30 de noviembre, el cese de actividades se hará efectivo el día lunes 1 de diciembre.
La Asociación Misionera de Productores de Yerba Mate (Ampym) convocó a autoridades competentes en materia agropecuaria y yerbatera a la asamblea que se llevará a cabo el próximo jueves a las 15 en ruta 14, frente a la cooperativa tabacalera de San Vicente, con el objetivo de “abordar la grave situación que atraviesa el sector”.
A través de un comunicado, los miembros de Ampym, manifestaron: “Durante los últimos meses, la realidad económica que enfrentan los productores se ha tornado insostenible, producto de la falta de cumplimiento del precio justo de la hoja verde y la yerba canchada, valor que hoy no cubre los costos reales de producción ni garantiza la continuidad del trabajo de miles de familias rurales”.
A lo que añadieron: “La creciente cantidad de cheques rechazados por falta de fondos, situación que está generando endeudamiento, pérdida de liquidez y riesgo de quebranto entre los productores primarios”.
Frente a este escenario, consideraron que “no están dadas las condiciones para iniciar la cosecha de la zafriña durante el mes de diciembre, ni la cosecha gruesa, mientras no exista una respuesta concreta y garantizada respecto al precio oficial y a la normalización inmediata de los pagos adeudados”.
El precio de referencia para la producción -fijado meses atrás por el Inym- es de alrededor de $423,99 por kilo de hoja verde, sin embargo, los productores denuncian que en la práctica están recibiendo solo $180 por kilo en algunas localidades.
Por este motivo, solicitaron formalmente a los representantes legislativos y autoridades del área competente a que participen de la reunión el próximo jueves a las 15 en San Vicente, donde prevén analizar la situación económica y productiva actual del sector yerbatero, plantear medidas inmediatas que garanticen el cumplimiento del precio justo y la cobertura plena de los costos de producción, exigir la cancelación de los cheques pendientes y la restitución de la cadena de pagos y establecer criterios conjuntos sobre el inicio o la postergación de la cosecha.
“La crítica situación amerita la presencia y el compromiso activo de quienes tienen responsabilidad institucional en el diseño y control de las políticas públicas del sector”, enfatiazron desde Ampym.
De esta manera, la reunión será de carácter institucional y tendrá como eje central plantear la crisis yerbatera que comenzó a desatarse desde la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia 170/23, tras la asunción del presidente Javier Milei, lo que afectó el regular funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), acelerando la caída del precio de la hoja verde dentro de uno de los eslabones más bajos de la cadena productiva.
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