Provinciales
Hubo demorados por violar la cuarentena en Misiones y se viene “mano dura”
Ninguno pudo justificar porqué estaban en la vía pública. Todos fueron trasladados a una sede policial. Algunos estaban haciendo actividades físicas. El gobernador dijo que “el que no cumple va preso”.
POSADAS. Un total 11 personas fueron demoradas por violar el aislamiento “social, preventivo y obligatorio” en distintos puntos de la Provincia, en tanto se prevé mano dura de las autoridades para los próximos días.
“El que no cumple va preso”, dijo el gobernador Oscar Herrera Ahuad durante una entrevista al anticipar cuál será la actitud de las fuerzas provinciales ante el incumplimiento de la cuarentena, tanto en la vía pública como en centros de reuniones.
A raíz de las directivas mencionadas, este viernes se intensificaron los operativos de control a lo largo y ancho de la Provincia, donde fueron detectadas personas que no pudieron justificar los motivos por los cuales se encontraban en la vía pública.
Un detalle de la Policía provincial reveló que en Posadas un menor de 15 años y un joven de 19 fueron aprehendidos en la avenida Tambor de Tacuarí y calle 145, mientras que en calle 90 y Costanera Oeste, hallaron a dos jóvenes de 26 y 29 años.
También en el barrio Prosol tres menores de 15, 16 y 17 años fueron demorados por las autoridades, al igual que avenida Presidente Perón un hombre de 24.
En Jardín América, en la avenida San Martín y Aconcagua, un joven de 19 años fue trasladado a la sede policial, en tanto que en Puerto Leoni, fueron demorados dos jóvenes de 18.
Además, se realizaron otros procedimientos similares en varias localidades de la provincia y en la zona Capital.
De acuerdo con el informe policial, “en todos los casos mencionados no pudieron justificar presencia en la vía pública violando las legislaciones vigentes de necesidad y urgencia aislamiento preventivo y obligatorio”.
En todos los casos, los involucrados “fueron trasladados a sede policial donde se les notificó de las medidas decretadas a nivel nacional y provincial, realizándose las diligencias de rigor correspondientes. Los menores fueron entregados a sus progenitores para guarda y cuidado”.
Controles estrictos
El gobernador Herrera Ahuad dijo que habrá rigurosos controles en la Provincia, y “el que no cumple la cuarentena, va preso. Ojala las fuerzas federales nos ayuden”.
Añadió que “el misionero desde el domingo que empezamos a salir con las fuerzas, fue comprendiendo la gravedad. Además hay muchos que tienen familiares en Europa que se comunicaron y cuentan la gravedad de la pandemia. Un día de toma de consciencia es una eternidad”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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