A través de una carta dirigida a la directora del Hospital Nivel I de El Soberbio, Adriana Lenz, esta mañana dos médicos presentaron su renuncia a las guardias por “violencia física, verbal y la condena social” recibida de parte de vecinos que pusieron “en tela de juicio los criterios médicos”.

Según pudo saber La Voz de Misiones, esta semana se vivieron tensos momentos entre algunos vecinos de la localidad y los profesionales del centro de salud pública a raíz de un caso que involucró a una joven de 19 años embarazada que estuvo en sala de observación por dolores de trabajo de parto.

Ante esta situación, los médicos Marta Soledad Acuña y Diego García presentaron su carta de renuncia ante la directora Lenz. Además, todos los trabajadores del hospital pidieron la intervención del ministro de Salud Pública, Héctor González, por la “violencia extrema” que viven durante las guardias de emergencia.

“Era la vida de mi hija”

Si bien los profesionales no mencionaron ningún caso particular de violencia en su renuncia, este medio pudo saber que el martes una muchacha de 19 años embarazada acudió al hospital con fuertes dolores.

Según indicaron, la mujer no estaba en condición de tener al bebé por medio de un parto natural y por ello su esposo Marcio Glier solicitó que la deriven a un nosocomio de alta complejidad para que le practiquen una cesárea.

Fue entonces que se desató el conflicto entre los médicos del hospital de El Soberbio y el papá. “Estuvo dos días con dolores, no podía tomar agua porque devolvía. No le pusieron suero, le tenían en sala de observación. Mi señora se doblaba del dolor. No voy a mentir, los médicos la controlaban, pero ella estaba muy mal“, contó Marcio a LVM.

En esa línea, el papá relató que posteriormente firmó el acta dejando constancia que se hacía cargo de la salud de su esposa y consiguió que la deriven hasta el nosocomio de San Vicente, aunque allí los médicos “nos mandaron a casa de nuevo y me dijeron que si ella tenía una pérdida de sangre con líquido recién pida la derivación”.

Devuelta en su hogar el miércoles, la muchacha continuó con los dolores y la pareja volvió al hospital local, desde donde fue nuevamente derivada a San Vicente.

Sin embargo, una vez más, los médicos sanvicentinos les dijeron que aún no estaba en condiciones de tener al bebé y ordenaron que su regreso a El Soberbio para que después vuelva a su casa, según sostuvo Marcio.

“Volvíamos en la ambulancia a El Soberbio y mi mujer quedó negra. Yo pensé que se iba a morir en el camino al hospital de vuelta, me largué a llorar porque no sabía qué hacer. Cuando llegamos y en un estado alterado, sí dije: ‘Esto no parece un hospital, hace tres días que mi mujer está acá con dolores y encima me dicen que va a tener parto normal, porque no me dan traslado para que le hagan una cesárea, eso nomás quiero'”, recordó el papá sobre la angustiante situación que vivieron.

Marcio contó que en ese momento se acercó un médico y le dijo que habían llamado a la Policía porque “supuestamente yo intenté agredirlos y que me iban a llevar preso. Pero yo nunca intenté hacer eso, estaba muy angustiado y nervioso, pero jamás en mi vida voy a levantar mi mano para pegar a un médico, estaba luchando por mi familia”.

El padre continuó relatando que con ayuda de su familia juntó plata y pagó una clínica privada en San Vicente. Allí, le practicaron una cesárea a la joven y nació la primera hija del matrimonio. “Jamás agredí a nadie. Era la vida de mi hija y mi esposa”, cerró Marcio en conversación con LVM.

“Violencia extrema”

Además de la renuncia de los médicos Acuña y García, los trabajadores del Hospital Nivel I de El Soberbio se autoconvocaron y pidieron la intervención del ministro de Salud Pública de Misiones, Héctor González, por la “violencia extrema” que viven durante las guardias.

“Que el fin de la presente radica en poner en estado de situación de lo vivido en las instalaciones por los profesionales médicos y de enfermería, profesionales formados y sumamente preparados para el ejercicio de sus funciones y en constante contacto con la atención primaria de la salud en la localidad”, expresaron los trabajadores en la carta dirigida al titular de la cartera de salud.

Seguidamente, expusieron: “Que ante diversos sucesos ocasionados en la guardia de emergencias, que hacen a la presente, de la cual derivan diversas situaciones de VIOLENCIA EXTREMA, contra los profesionales (gritos, malos tratos, empujones y daños materiales a las instalaciones), dándose constante intervención a la comisaria de El Soberbio para concreta intervención. Que los profesionales, en diversas circunstancias, elevaron institucionalmente las diversas situaciones vivenciadas y fueron arbitradas las medidas al Ministerio de Salud Pública y a la Municipalidad de El Soberbio concretamente para la articulación de medidas tendientes a concientizar a la población”.

Sobre esos puntos, los trabajadores de la salud enfatizaron que las situaciones de violencia actualmente “son reiteradas e intempestivas, la población constantemente pone en tela de juicio el accionar médico exponiéndolos en redes sociales injuriando y calumniando de manera constante el accionar profesional“.

Asimismo, señalaron que el hospital garantiza la atención primaria la salud los 365 días del año, con un equipo médico “de 3 profesionales en guardias de emergencia de 24 horas alternadas  (con un profesional médico por guardia e internación 24 horas, culminadas las mismas continúan con consultorio externo) y atención en enfermería de manera rotativa”.

Tras exponer las situaciones que atraviesan al ministro González, los trabajadores del Hospital de El Soberbio exigieron medidas de “carácter urgente para continuar con los servicios de excelencia brindados en esta noble institución”.

Entre ellas, solicitaron guardia policial permanente “dado que, si bien existen sujetos encargados de la seguridad y control del nosocomio, las mismas no resultan efectivas dado que las situaciones de violencia sobrepasan al control unipersonal y privado que puedan otorgar los mismos”.

LVM consultó sobre la situación que se vive por esta hora en el nosocomio al ministro de Salud, Héctor González, quien confirmó que está al tanto de la problemática y que esta mañana un integrante de la cartera viajó a El Soberbio a escuchar a los trabajadores de la salud y trabajar en una pronta solución a sus reclamos.

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A través de su cuenta de X, el gobernador Hugo Passalacqua confirmó que se encuentra internado desde el miércoles en el Hospital Madariaga por “una antigua y molesta diverticulitis“.

Luego de que la noticia trascendiera en los medios de comunicación en la noche de ayer, el primer mandatario provincial comunicó los motivos de su internación y le restó preocupación a su estadía en el nosocomio público.

“He visto la preocupación en algunos medios por mi internación por 48 hs… producto de una antigua y molesta diverticulitis”, sostuvo Passalacqua y, en esa línea, continuó: “Siempre es bueno venir a tiempo a ver a los médicos y enfermeros de nuestra querida Salud Pública a ser observado”.

Tras comunicar su estado de salud, el gobernado agradeció la “inquietud” y aseguró que para esta tarde estará dado de alta “trabajando otra vez. Un abrazo”, cerró su posteo.

Se conoce como diverticulitis a pequeñas bolsas abultadas que se pueden formar en el revestimiento del sistema digestivo, las cuales al inflamarse y en algunos casos infectarse puede causar dolor abdominal intenso, fiebre, náuseas y un cambio marcado en los hábitos intestinales.

He visto la preocupación en algunos medios por mi internación por 48 hs., producto de una antigua y molesta diverticulitis. Siempre es bueno venir a tiempo a ver a los médicos y enfermeros de nuestra querida Salud Pública a ser observado. Agradezco a todos la inquietud. Mañana a…

— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) May 10, 2024

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Organismos de derechos humanos de la provincia pidieron al presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Puerto Iguazú, Javier Bareiro, que modifique una ordenanza de 2005 que designó una calle de la ciudad con el nombre de un espía de la dictadura cívico militar.

La nota, fechada el 7 de mayo pasado, lleva la firma de Ramón Cura, de la Mesa Provincial de Ex Detenidos Políticos y Familiares; Hugo Baldoneyro, presidente Asociación Nacional de Presos Políticos de la República Argentina; y Ramón Alfredo Vázquez,  subsecretario de Derechos Humanos de Misiones.

La calle en cuestión está ubicada en el barrio Las Leñas de la ciudad de las cataratas y el sindicado espía es el escritor Marcelo Moreyra, que durante el régimen militar se desempeñó como personal civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército, en el marco del esquema represivo de la época.

Junto con la nota, los firmantes le adjuntan al concejal Bareiro la sentencia judicial de abril pasado, donde la jueza Carmen Helena Carbone falló en contra de Moreyra en un juicio que duró casi seis años, donde el escritor accionó contra el historiador Pablo Camogli y otras cuatro personas, entre las que se encontraba la ex ministra de Derechos Humanos de Misiones, Lilia Tiki Marchesini, que habían denunciado su pasado de espía cuando la Sociedad Argentina de Escritores de Misiones (Sadem) lo distinguió con una estatuilla de “Andresito”, en junio de 2018, lo que provocó una polémica y renuncias de asociados.

“Frente al hecho consumado, renuncié en forma inmediata a la Sadem y reiteré la información pública ya conocida por todos, en especial por Moreyra y (Aníbal- presidente de la sociedad misionera de escritores) Silvero, en cuanto a que el nombrado (Moreira) integraba los listados del Batallón 601, la usina de espionaje ilegal en los tiempos del terrorismo de Estado”, relató Camogli en su cuenta de Facebook, en ocasión de conocerse el fallo de Carbone, el 30 de abril pasado.

En el posteo, el historiador destaca “la intervención decidida y comprometida” de la ministra Tiki Marchesini, que logró que la Sociedad Argentina de Escritores (Sade) se hiciera eco del tema y le retire el Andresito a Moreyra.

Luego de esto, el ex espía del Ejército, denunció sin éxito en dos ocasiones a Camogli, Marchesini, Esteban Matkoski y Alberto Leopoldo Zseretter, en tribunales de Puerto Iguazú, hasta que la tercera denuncia recayó en el juzgado de Carbone.

“La respuesta de Moreyra no fue demostrar la falsedad de la información pública difundida, sino comenzar un hostigamiento judicial cuya única finalidad era sacarnos plata a los denunciados”, acusó Camogli en su relato.

El buchón 

Sobre el fallo de Carbone, el historiador destaca “dos aspectos que son centrales” y apunta: “En primer lugar, que estamos amparados por el derecho a la libertad de expresión, que ‘goza de la más amplia protección constitucional frente al derecho al honor’, según la resolución judicial. Pero, además, que es ‘quién objeta las expresiones públicas’ el que debe hacer ‘la demostración inobjetable de la falsedad de las mismas’”.

“Y aquí vamos al segundo punto, que es lapidario para Moreyra”, precisó Camogli y apuntó con la letra textual del fallo judicial: “La función que realizaba el actor durante la dictadura militar y su carácter de Personal Civil de Inteligencia ‘Agente de reunión’, fue designado como Personal C3, que conforme el art. 1 de la Ley 21.705 de 1977 es el personal auxiliar que realiza tareas operativas subrepticias de inteligencia y contrainteligencia (agente secreto) fue corroborado mediante prueba informativa’ (el destacado es nuestro)”.

“Por ende, continúa la magistrada, ‘en principio, se encuentra demostrado que el actor Moreyra Marcelo, efectivamente se encontraba en las listas como Personal activo de Inteligencia del Batallón 601’”, agregó Camogli.

“El denunciante no quiso o no pudo demostrar que no es él la persona que tiene su mismo nombre, su mismo apellido y su mismo número de documento en los listados de personal civil de inteligencia de la dictadura”, ironizó.

El historiador aclaró, sin embargo, que el fallo judicial y la demostración de que Moreyra efectivamente se desempeñó como espía de la dictadura, “no indica que haya cometido algún delito, ni que sea el responsable del genocidio que sufrió el país; tan solo que fue parte del engranaje represivo en el rol de ‘buchón’, terminología que la propia jueza acepta como válida, ya que ‘está íntimamente ligada a como en el lunfardo se los llama a aquellas personas que por su oficio o profesión tienen que dar cuenta de las actividades que realizan las personas que espían o investigan’”.

Finalmente, Camogli, agradeció a los abogados que lo asistieron en el trámite judicial, Juan Martínez y Fernando Canteli, “ambos valientes letrados en los juicios por los Derechos Humanos en Misiones” y valoró: “Esta fue una batalla muy menor, muy mínima, pero fue una batalla más por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

La calle Moreyra

La calle que lleva el nombre de Moreyra está ubicada en el barrio Las Leñas, un complejo de viviendas del Instituto Provincial del Desarrollo Habitacional (Iprodha), y se extiende por 100 metros, entre las avenidas Malvinas Argentinas y Libertad.

El nombre de Moreyra se incluyó en el paquete de nomenclaturas de calles de cuatro barrios de Iguazú: Unión, Los Trabajadores, Primero de Mayo y Las Leñas, que se aprobó con la ordenanza 70/05, del 6 de octubre de ese año, reglamentada por el intendente Claudio Filippa, que por entonces transitaba su primera gestión.

Las calles de Las Leñas alternan entre nombres de escritores, políticos y personalidades destacadas, locales, provinciales, nacionales e internacionales.

Así, el nombre del ex espía del Batallón 601 comparte la galería de ilustres con escritores, como el nicaragüense Enrique Schmidt y los misioneros Celestino Montes y Mario Osten; los presidentes Bernardino Rivadavia, Roque Sáenz Peña, Julio Argentino Roca, Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre; la enfermera del hospital de Iguazú, Rufina Zubigaray; el médico, político y escritor misionero Luis Honorio Rolón; el guerrillero argentino cubano Ernesto Che Guevara; y Guillermo Isidoro Larregui Ugarte, que pasó a la historia como “El vasco de la carretilla”, al unir a pie la localidad patagónica de Trenque Lauquén con la ciudad de las cataratas, en una increíble travesía empujando su carretilla en 1943 y que murió en Puerto Iguazú en 1964.

En el nomenclador de calles de Las Leñas, aprobado hace 19 años en la ordenanza que piden reformar las organizaciones de derechos humanos que desenmascararon a Moreyra, también aparecen el Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta.

“Creemos sinceramente que una Persona con este currículum no merece ningún tipo de honor ni homenaje en ningún lugar del mundo”, señalan los firmantes y piden a Bareiro y el resto de los concejales “reparar este error que en verdad es fácilmente corregible y necesario, para vivir con respeto en sociedad”.

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