Provinciales
Funcionarios del IPS cobran sueldos de más de $100 mil y un docente jubilado $5 mil
POSADAS. El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) y los directores tienen sueldos superiores a los 100 mil pesos, en tanto que un docente jubilado, beneficiario del mismo organismo, apenas llega a 5 mil pesos, reveló un informe periodístico.
El dato contrastante fue divulgado por el canal Misiones Cuatro, de Posadas, que exhibió un listado de los ingresos del titular del IPS, el médico Carlos Arce, con 119 mil pesos; mientras que las directoras Delia Pompeya Sandoval y Graciela del Valle Aguirre cobran 100.447 pesos.
Los montos en cuestión superan ampliamente las jubilaciones que el mismo organismo abona a los docentes, por ejemplo, que habiendo cumplido con los requisitos de antigüedad, relación de dependencia y otros ítems, oscilan entre 5 mil y 15 mil pesos, según los cargos y otras exigencias.
Los ingresos de los maestros jubilados fueron ratificados por Vitalino Acota y Faustino Fleitas, integrantes de la agrupación Marea Blanca que desde hace tiempo y en forma semanal manifiestan sus reclamos salariales en la plaza 9 de Julio, sin que hasta el presente hayan recibido alguna respuesta.
Los sueldos de los funcionarios se conocieron a pocos días de que los trabajadores del Estado provincial reclamaran al gobernador Hugo Passalacqua un aumento, ante las dificultades de económicas que debían afrontar por los descontrolados aumentos en los precios.
Según el listado, cuya divulgación provocó irritación entre jubilados y pensionados del IPS, pero también en el plantel de empleados y agentes de carrera, al cargo de jefe de Gabinete, creado especialmente para dar cobijo a Hugo Irala, le corresponden 111 mil pesos.
El vicepresidente del organismo previsional, Luís Alberto Gómez, percibe mensualmente 111.608 pesos; en la categoría 21 aparece Orlando Koslowski con un sueldo de 109 mil pesos; Helena María Barrios (23) 108 mil pesos; Fabiana Marchuk (24) 100 mil pesos, mientras que el doctor Guido Barreyro (24) cobra 100.447 pesos.
Más abajo en el listado, también figura la encargada de prensa y militante del Centro de Apoyo que conduce el ex ministro, Ricardo “Pelito” Escobar, Mariela Edith Sosa (22) con un sueldo de 99.059 pesos.
De acuerdo con versiones que circularon en Casa de Gobierno, la divulgación de los sueldos y de los nombres de los beneficiarios de todos los niveles del IPS, habría provocado malestar, a tal punto que en los próximos días el directorio del organismo emitiría una recomposición de los valores a instancias del Gobernador.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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