Provinciales
Exigen que hospitales de Misiones informen y cumplan las leyes de aborto
Un grupo nutrido de activistas feministas misioneras y sus compañeras llegadas desde Buenos Aires se congregaron esta mañana en el Hospital Materno Neonatal de Posadas para exigir que se cumplan en todos los hospitales provinciales, tanto la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), recientemente aprobada en Argentina, y la ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), vigente en el país desde 1921.
En entrevista con La Voz de Misiones, Rosana Fanjul, integrante de la campaña por el aborto legal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Comisión Federal Libres las Queremos, dijo: “Tenemos información de un relevamiento que en este hospital tienen acceso las iglesias a acompañar a niñas que entran con un abuso, con un embarazo en curso y sabemos que no se le garantiza la información y que también hay criminalización”, dijo frente al servicio de emergencias del neonatal capitalino.
“Hay una violencia obstétrica, se las prejuzga, ni siquiera se les pregunta qué te pasó, qué te ocurrió, cómo estás”, cuestionó la militante y opinó: “Los médicos que están para cuidar la salud de esa persona que ingresa se convierten en policías y se detienen a hacer un informe según sus creencias religiosas o prejuzgamiento al respecto”.
De esta forma, Fanjul entiende que se viola el derecho profesional, “cometiendo dos delitos, porque al irrumpir la aplicación de la ley que hoy tenemos, más la de Interrupción Legal del Embarazo, están cometiendo un delito”, manifestó la militante.
Información nula
Entre los reclamos que llevaron hasta el Neonatal las involucradas en la causa, se destacaba la falta de información sobre las leyes vigentes para que las personas interesadas puedan realizarse una interrupción segura y gratuita.
En esa línea, la activista porteña agregó: “Queremos que el hospital cumpla sus función de dar la información a todas las personas que recurren solicitando información o directamente la interrupción, tanto voluntaria como legal del embarazo”.
Por su parte, Carolina Carbó, integrante de la campaña por el aborto en Misiones, se trasladó desde la ciudad de Eldorado, de donde es oriunda, para exponer la situaciones que también aquejan a las niñas, mujeres y personas gestantes en el interior de la tierra colorada.
“Esto que pasa en este hospital, que es el más grande de la provincia, se repite a menor escala pero igualmente grave en todos los hospitales del interior de Misiones, yo soy de Eldorado y pasa exactamente lo mismo”, sostuvo Carolina en diálogo con LVM.
“No hay ni un solo cartel en ningún hospital de la provincia que hable del derecho a un aborto y tampoco de la ILE”, sentenció la misionera.
Niñas, no madres
Las activistas hicieron hincapié en que en el territorio provincial no se garantiza la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a pesar que la Argentina cuenta con una ley vigente desde la sanción del Código Penal, en 1921.
“En el caso de las niñas, cuando son diagnosticados los embarazos, se las atiende como si fuera la gestación de una mujer, no se les explican los peligros que corren para su salud, hablando de la física pero en lo emocional tampoco, no se contempla la salud a nivel integral desde ningún punto de vista”, contó Carolina.
Además, Carbó señaló las principales falencias que tienen desde los hospitales a la hora de abordar un caso: “No se hacen las denuncias, tampoco se garantizan derechos básicos, se miente, se tergiversa las cosas, se obstaculizan los derechos permanentemente y no se protege a las niñas y personas gestantes en sus derechos más básicos”.
Frente a la puerta del hospital posadeño, la eldoradense denunció que “se las sigue obligando sistemáticamente a parir, se les da entrada a las distintas iglesias”.
En este sentido, manifestó que el Estado es responsable, ya que “las instituciones de la provincia la terminan convenciendo no informándoles de sus derechos, mintiéndoles sobre las posibilidades y los peligros que se supone que revestirían una interrupción del embarazo”
Para cerrar, Carbó llamó a denunciar los abusos “a los que estas niñas son sometidas”, puesto que “en muchos casos se las devuelve a las casas con los abusadores que muchas veces viven”, advirtió.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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