Un grupo nutrido de activistas feministas misioneras y sus compañeras llegadas desde Buenos Aires se congregaron esta mañana en el Hospital Materno Neonatal de Posadas para exigir que se cumplan en todos los hospitales provinciales, tanto la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), recientemente aprobada en Argentina, y la ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), vigente en el país desde 1921.

En entrevista con La Voz de Misiones, Rosana Fanjul, integrante de la campaña por el aborto legal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Comisión Federal Libres las Queremos, dijo: “Tenemos información de un relevamiento que en este hospital tienen acceso las iglesias a acompañar a niñas que entran con un abuso, con un embarazo en curso y sabemos que no se le garantiza la información y que también hay criminalización”, dijo frente al servicio de emergencias del neonatal capitalino.

“Hay una violencia obstétrica, se las prejuzga, ni siquiera se les pregunta qué te pasó, qué te ocurrió, cómo estás”, cuestionó la militante y opinó: “Los médicos que están para cuidar la salud de esa persona que ingresa se convierten en policías y se detienen a hacer un informe según sus creencias religiosas o prejuzgamiento al respecto”.

De esta forma, Fanjul entiende que se viola el derecho profesional, “cometiendo dos delitos, porque al irrumpir la aplicación de la ley que hoy tenemos, más la de Interrupción Legal del Embarazo, están cometiendo un delito”, manifestó la militante.

Información nula

Entre los reclamos que llevaron hasta el Neonatal las involucradas en la causa, se destacaba la falta de información sobre las leyes vigentes para que las personas interesadas puedan realizarse una interrupción segura y gratuita.

En esa línea, la activista porteña agregó: “Queremos que el hospital cumpla sus función de dar la información a todas las personas que recurren solicitando información o directamente la interrupción, tanto voluntaria como legal del embarazo”.

Por su parte, Carolina Carbó, integrante de la campaña por el aborto en Misiones, se trasladó desde la ciudad de Eldorado, de donde es oriunda, para exponer la situaciones que también aquejan a las niñas, mujeres y personas gestantes en el interior de la tierra colorada.

“Esto que pasa en este hospital, que es el más grande de la provincia, se repite a menor escala pero igualmente grave en todos los hospitales del interior de Misiones, yo soy de Eldorado y pasa exactamente lo mismo”, sostuvo Carolina en diálogo con LVM.

“No hay ni un solo cartel en ningún hospital de la provincia que hable del derecho a un aborto y tampoco de la ILE”, sentenció la misionera.

Niñas, no madres

Las activistas hicieron hincapié en que en el territorio provincial no se garantiza la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a pesar que la Argentina cuenta con una ley vigente desde la sanción del Código Penal, en 1921.

“En el caso de las niñas, cuando son diagnosticados los embarazos, se las atiende como si fuera la gestación de una mujer, no se les explican los peligros que corren para su salud, hablando de la física pero en lo emocional tampoco, no se contempla la salud a nivel integral desde ningún punto de vista”, contó Carolina.

Además, Carbó señaló las principales falencias que tienen desde los hospitales a la hora de abordar un caso: “No se hacen las denuncias, tampoco se garantizan derechos básicos, se miente, se tergiversa las cosas, se obstaculizan los derechos permanentemente y no se protege a las niñas y personas gestantes en sus derechos más básicos”.

Frente a la puerta del hospital posadeño, la eldoradense denunció que “se las sigue obligando sistemáticamente a parir, se les da entrada a las distintas iglesias”.

En este sentido, manifestó que el Estado es responsable, ya que “las instituciones de la provincia la terminan convenciendo no informándoles de sus derechos, mintiéndoles sobre las posibilidades y los peligros que se supone que revestirían una interrupción del embarazo”

Para cerrar, Carbó llamó a denunciar los abusos “a los que estas niñas son sometidas”, puesto que “en muchos casos se las devuelve a las casas con los abusadores que muchas veces viven”, advirtió.

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