Luego de que Víctor Saguier, presidente de la Cámara de Molineros de Yerba Mate y titular de La Cachuera S. A., productora de Amanda, se mostrara a favor de la desregulación del sector y deslizara que ante la crisis los productores podrían optar entre “abandonar” la actividad o “reconvertirse”, el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) y la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam) emitieron un comunicado repudiando su postura. 

El desenlace se dio en el marco de la desregulación de precios en secaderos y molinos, iniciada tras la aprobación del DNU 170/2023, que eliminó las facultades vitales del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), arrojando el valor por kilo entre $200 y $170, muy por debajo de los $360 que pedían los productores en ese momento.

Al respecto, Saguier, titular productora de yerba mate Amanda, sostuvo que “la desregulación es necesaria para premiar la eficiencia” y que aquellos productores que no logren adaptarse “deberán reconvertirse”, según publicó el portal IProfesional.

“Es doloroso, es cierto, porque vos antes tenías la seguridad de que te iban a pagar un precio más o menos bueno, aunque vos produzcas poco”, afirmó y continuó: “Obviamente que va a haber una reconversión y aquellos a los que no le cierra el número van a abandonar la actividad, o se van a tener que reconvertir, que es lo que nosotros siempre decimos”.

A su vez, señaló que la industria no es la que fija el precio de la materia prima, sino el consumidor: “El que manda es el consumidor, y si el consumidor paga un precio determinado, y eso después se va hacia abajo”.

Víctor Saguier, presidente de la Cámara de Molineros de Yerba Mate y titular de La Cachuera S. A

Las respuestas 

A través de un comunicado, tanto MAM como APAM manifestaron: “La yerba mate argentina sufre el saqueo más grande de su historia. Las políticas neoliberales dañan de manera integral, brutal y acelerada, a miles de familias de tareferos, productores, comunidades indígenas, secaderos y cooperativas, emprendedores y pequeñas y medianas industrias, erosionando no sólo una economía regional sino la identidad de esta región y de la Argentina”.

Al referirse puntualmente a las manifestaciones del dueño de Amanda, lanzaron: “Señaló que los problemas que enfrenta la industria actualmente son producto de la regulación de años que precedieron a Milei, pero olvidó citar los beneficios que le generó el Inym a la industria y que aquí enumeramos algunos: datos estadísticos, formalidad y transparencia en la actividad; crecimiento sostenido dado que entre el 2011 y el 2021 los molinos y molinos fraccionadores que envasaron yerba mate pasaron de 96 a 114”.

En ese sentido, también mencionaron las investigaciones científicas que validan las propiedades de la yerba mate, posicionándola como “un excelente alimento, lo que representa un beneficio directo al sector industrial para conquistar más y nuevos mercados”, como también la participación en ferias nacionales e internacionales, y Matear, la feria propia de la infusión nacional en el principal centro de consumo del país, Buenos Aires.

Seguidamente, remarcaron a modo de respuesta: “Queremos decirle que los productores sabemos qué tenemos que hacer en este contexto y lo sabemos porque tenemos memoria: defender y recuperar las herramientas que nos dieron certidumbre y crecimiento, entre ellas el Inym, y profundizar todas las políticas que nos garanticen la producción de alimentos y bienes, como el agua y el suelo productivo, y otros para la comercialización”.

Desde diciembre pasado, productores yerbateros realizaron paro de cosecha, asambleas y acampes en distintos puntos de la provincia exigiendo un valor de $500 por el kilo de la hoja verde. 

Ante la falta de herramientas y respuestas por parte del gobierno provincial y las empresas yerbateras, los productores convocaron a una movilización provincial rumbo a Posadas, prevista para el viernes 24 de mayo, con el objetivo de visibilizar su reclamo en la plaza 9 de Julio al día siguiente, en el marco del Día de la Revolución de Mayo.

Yerbateros marcharán a Posadas el 24 de mayo por un presidente para el Inym

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María Soledad Jara tiene 47 años y hace más de una década mantiene una contienda judicial por la filiación de su segundo hijo contra el médico y dirigente político Timoteo Llera (68), con quien mantuvo una relación sentimental que tuvo dos etapas: la primera en Puerto Iguazú y la segunda en Buenos Aires, mientras el hombre cumplía labores legislativas como diputado nacional.

En diálogo con La Voz de Misiones, la mujer admitió que mantuvo el secreto durante muchos años, pero a partir de un pedido de su propio hijo por conocer su verdadera identidad decidió romper el silencio e impulsar la causa judicial contra uno de los hombres de mayor poder político en los inicios de la Renovación y su lucha hoy es avalada por un examen de ADN que confirma la paternidad de Llera, aunque aún resta el dictamen definitivo de parte de la Justicia.

“Mi hijo hoy tiene 16 años y me dice ‘mamá, vos sabés quién es tu papá. Vos a mí me decís que él (por Llera) es mi papá, pero yo quiero ver los papeles, quiero ver si es cierto’. Fue ahí que busqué un abogado para empezar con esto y hoy tengo un ADN positivo que confirma lo que digo. Yo nunca mentí”, fue el prólogo de Jara sobre una larga y compleja historia que incluye conflictos familiares, intimidaciones y una pila de documentos judiciales.

María Soledad Jara tiene 47 años y reside en Montecarlo.

Inicios

Jara reside en Montecarlo, aunque es oriunda de Puerto Iguazú, donde comenzó su historia sentimental con Llera, que en ese momento era intendente de esa ciudad y a quien conoció debido a la relación de amistad que unía al hombre con su padre, situación que provocó un primer distanciamiento entre ambos.

“Mis padres se enojaron mucho y después de eso yo decido irme a Buenos Aires. Me fui en 2006-2007 y cortamos toda comunicación, pero después él me vuelve a ubicar. Yo para ese entonces era madre soltera de mi primer hijo, estaba buscando trabajo y él me encuentra en una peluquería de Belgrano. Claro, él ya era diputado nacional y estaba viviendo allá, recién hoy entiendo eso”, recordó Jara a LVM.

La mujer contó que después de ese encuentro retomaron la relación, a la que calificó como “muy linda”, por la “contención” que recibió en “una ciudad tan grande, fría y diferente” a su Iguazú natal.

Con la mirada

Sin embargo, todo cambió tras un inesperado embarazo. “Me acuerdo que mi mamá me llama y decido hacer un viaje a Puerto Iguazú, pero cuando llego me siento mal y, al ir a la clínica, me dicen que estoy embarazada de cuatro meses. Él siempre me dijo que se había hecho la vasectomía y yo creí en él”, repasó la entrevistada.

La novedad no tardó en llegar a oídos de Llera, que en Iguazú además de ser dos veces intendente también fue concejal. La mujer recuerda lo sucedido como si fuera ayer: “Cuando salgo de la clínica, automáticamente Timoteo Llera me llama. Le dije ‘me mentiste, estoy embarazada’ y las palabras de él fueron: ‘yo con la mirada te embarazo’. Él se río, pero a mí me dio mucha tristeza”.

Jara tampoco olvida lo que sucedió después: “Él me dice ‘no podés hacerme esto, tenés que abortar’, pero yo me negué completamente y seguí con el embarazo. Después de eso nunca más le vi. Siempre envió gente a buscarme pero yo nunca accedí. También envió mensajes y dinero a cambio de un silencio que lo mantuve por ciertos años”.

Esos años de silencio acabaron cuando su propio hijo, hoy de 16 años, le pidió conocer su verdadera identidad y ello derivó el inicio de una causa judicial que tuvo impulso gracias al accionar del abogado eldoradense Nahuel Batista.

Timoteo Llera fue concejal e intendente de Puerto Iguazú. También fue electo diputado provincial y nacional.

Positivo

“El trámite comenzó en 2016. Pasado un tiempo la señora vino a verme por una causa de alimentos y mirando el expediente llego a la conclusión de que todavía no estaba resuelto el tema de la filiación”, explicó el letrado, que también fue entrevistado por LVM.

Batista agregó que a partir de ese punto se centraron en la demanda por filiación y después de varios intentos articulados con el Juzgado de Familia de Eldorado lograron ubicar a Llera en un domicilio de Posadas, donde fue notificado de la causa y más tarde citado a someterse a un examen genético.

La apertura del sobre lacrado con los resultados del cotejo científico se realizó el 6 de marzo de 2024 y el resultado fue inobjetable, arrojando un 99,9999% de probabilidad de que Timoteo Llera sea padre de Juan Bautista, quien de esta esta manera se transformó en el quinto hijo del dirigente político, lo que además le permite continuar con la demanda de alimentos y adquirir derechos sucesorios.

De los hijos de Llera, dos tienen relevancia política actual en el gobierno misionero. Héctor “Kico” Llera es ministro de Coordinación de Gabinete y Nicolás “Nikillo” Llera se desempeña en el área de Multimedios del Estado, en tanto que también es representante legal de su padre en la demanda por filiación en trámite.

Nicolás, puntualmente, tampoco pasó inadvertido en la historia narrada por María Jara, ya que la mujer vinculó al joven abogado con amenazas proferidas contra su familia.

La apertura del sobre lacrado con los resultados de ADN se dio en 2024.

Poder

“Cuando lo llaman para el ADN, el abogado de él, que es su hijo, Nicolás Llera, le llama a mi papá y le dice que tenga mucho cuidado porque yo estoy haciendo daño a la familia y que van a pagar las consecuencias por la denuncia que yo hice, que fue por el derecho de Juan”, contó Jara.

Y agregó: “La amenaza era que si ese ADN era negativo, se iban a prender de los bienes de mi padre. Si bien yo no tengo nada, iban a ir por ellos, pero yo le dije a mi papá que se quedara tranquilo porque sabía lo que estaba haciendo, sabía que yo no estaba mintiendo”.

Según Jara, eso no fue lo único, ya que una vez obtenido el resultado de ADN “mi papá le envía a Nicolás -Llera- un mensaje y le dice ‘viste hijo, es positivo’ y ahí fue donde Nicolás le manda un mensaje muy feo sobre mi persona y le dice que él se caga en la Justicia. Siendo abogado, dice eso, porque ellos tienen el poder”.

De igual manera, la mujer admitió que no inició acciones por esas amenazas, dado que su prioridad y su único objetivo, es luchar por el derecho a la identidad de su hijo.

Incluso, sostiene que tampoco guarda rencor para con nadie. “Entiendo el dolor de sus hijos, lo entiendo. Pero él (por Timoteo) tiene que acercarse, porque así como estuvo conmigo y me buscó por cielo y tierra en su momento, hoy se tiene que poner los pantalones y asumir la responsabilidad que le toca”.

“Acá es padre e hijo, seas senador, diputado, jugador de fútbol o empleado, es lo mismo. La responsabilidad es igual”, reafirmó el abogado Batista, quien además explicó que el próximo paso será avanzar en la cuestión de la demanda por alimentos que, llegado al caso, hasta podría recaer en los hijos de Llera: “En caso de que las partes tengan bajos recursos, la cuota alimentaria puede ir contra otro familiar, eso dice la ley”.

Nicolás Llera y Héctor Llera, dos de los hijos de Timoteo Llera.

Identidad

De igual manera, tanto Jara como Batista coinciden en que lo económico pasa a un segundo plano frente a otros derechos que están en juego.

“No solamente está el derecho a los alimentos, que es una cuestión básicamente económica, sino también está la identidad del chico y derechos sucesorios. El chico será heredero, lo cual también se verá después, pero acá hay un chico de 16 años que siempre tuvo un papá y no lo pudo disfrutar. ¿Cómo le explicás eso?”, reflexionó el profesional.

Respecto al estado actual de la causa, Batista indicó que se encuentran a la espera de un dictamen definitivo de parte del Juzgado de Familia de Eldorado, lo cual, de no mediar inconvenientes, podría tener resolución en los próximos 30 días.

Mientras tanto, Jara insiste: “Tengo los papeles, estoy hablando con la verdad y es un niño que quiere seguir estudiando y que está pidiendo sus derechos. Entiendo el dolor de la familia, pero yo hoy lucho por mi hijo”.

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Esta semana se cumplió un mes del mediodía en que una familia productora de San Pedro vivió un “violento desalojo”, que incluyó el secuestro de bienes y la detención de dos menores de 8 y 13 años, quienes, “sin orden judicial”, fueron demorados bajo la acusación de efectuar “actividades de caza” y “apeo ilegal” en un lote aledaño a un predio de la empresa Arauco.

El caso trascendió a raíz de una denuncia policial efectuada por la multinacional, que luego fue cuestionada por la familia afectada y a la cual se sumaron otras que aseguraron transitar por “allanamientos” e intentos de desalojo similares, por lo que conformaron una comisión vecinal, presidida por Diego Antúnez. 

El mayor temor de las familias es que Arauco continúe avanzando contra sus propiedades para finalmente quedarse con la totalidad de las tierras que se encuentran en la zona, muchas de las cuales fueron cultivadas con yerba, tabaco, cítricos, verduras, legumbres y la cría de animales, actividades que comprenden el sostén económico de quienes residen allí. 

El hecho

Todo comenzó el sábado 12 de abril cuando efectivos de la Policía de Misiones desplegaron un operativo de rutina en horas del mediodía y detectaron lo que describieron como un “asentamiento ilegal” con “fauna faenada y desmonte”, en el Lote 112, a la vera de la ruta provincial 16, en colonia San Juan Bosco.

En ese contexto, los uniformados procedieron a la destrucción de los campamentos y viviendas precarias instaladas en la zona, y el secuestro de cinco motocicletas, además de herramientas de trabajo, dos pecaríes de collar faenados y una camioneta Ford Ranger, perteneciente a la empresa Arauco, que presentaba daños compatibles con impactos de proyectil.

Según constataron fuentes policiales, hallaron a dos menores en los alrededores del “asentamiento clandestino”, quienes fueron trasladados y puestos “bajo resguardo” en la Comisaría Seccional Primera de San Pedro y luego restituidos a sus progenitores.

En esa misma dependencia policial, que depende de la Unidad Regional XIV, el personal de Arauco radicó las denuncias, mientras que en la localidad fueron varias las personas que han difundido en redes sociales videos del momento de la actuación, en los que se observa la destrucción de una vivienda y el malestar de las familias. 

Las voces de las familias

Días atrás los damnificados del hecho denunciaron públicamente ante los medios de comunicación que “no se trató de un desalojo y un allanamiento” porque “nunca existió orden judicial”. Al mismo tiempo, aseguraron que “no son cazadores furtivos. Los pecaríes fueron plantados” y que tampoco realizan apeo en la zona, mientras que los menores manifestaron haber sido “golpeados” durante la detención y la demora en la comisaría. 

Según testimonios de los afectados, los niños resultaron con hematomas visibles en sus rostros. “Los chicos estaban solos en la casa. Ellos llegaron, les pegaron y los subieron a una camioneta. Los niños tienen marcas y hematomas”, aseguró un miembro de la comisión vecinal.

El caso también fue visibilizado por referentes de la agrupación 8 de Octubre en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Fhycs) de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) donde, mediante una comunicación vía Zoom, la familia dio a conocer la situación por la que están atravesando.

“Venimos siendo operados mediáticamente como cazadores furtivos, como tomatierras, cuando somos personas que producimos y aportamos económicamente a la población a través del comercio”, afirmó un vecino aludiendo a las producciones de tabaco, legumbres, verduras y la cría de animales vacunos y avícolas. 

En ese sentido, también resaltó: “Nosotros necesitamos las tierras en un contexto de falta de empleo porque vivimos de eso, producimos para alimentarnos y sostenernos económicamente con la venta”.

Además, recordó que en el lugar “residen familias que habitan la zona desde hace más de 20 años, mientras que otros llegaron en los últimos cinco”. El área comprende 2300 hectáreas y en el último relevamiento realizado se contabilizaron alrededor de 110 familias, aunque los lugareños afirman que el número rondaría las 300. 

Sin embargo, el conflicto no es nuevo. Frente a un grupo de estudiantes y graduados universitarios, aseguraron que hace 3 años judicializaron el incendio de 40 viviendas. Mientras que ahora, hicieron lo propio con el robo de herramientas y “la violencia física” contra dos menores que fueron demorados por la policía hace un mes. 

Pasos a seguir

Desde la Subsecretaría de Tierra y Colonización, Daniel Behler solicitó un relevamiento de las tierras en disputa y se comprometió a abrir una mesa de diálogo entre Arauco y las comunidades afectadas, aunque estas últimas aseguran no contar con soluciones concretas hasta el momento, a un mes del hecho. 

En cuanto a las pruebas del caso, la familia presentó un video ante Cibercrimen, en el que fueron registrados los abusos de autoridad, por lo que sería una pieza clave en la investigación.

Por otra parte, buscan crear una “asociación de productores independientes” para exigir la regularización de tierras con el avance legal necesario.

Desalojo en Wanda: “No es la primera vez que tenemos que pasar por esto”

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