Provinciales
En el CAPS la trataron de loca, pero era meningitis y está al borde de la muerte
Yamila Gilardoni, está muy grave, según los médicos del Madariaga que hace semanas fue diagnosticada con brote psicótico y esquizofrenia, pero después descubrieron que padecía meningoencefalitis, lucha por su vida en la sala de terapia intensiva. Se encuentra en coma inducido.
“Los médicos ya empiezan hablar de otra forma; ayer fueron muy claros, y me dijeron que está en manos de Dios” dijo su papá.
La pareja denunció penalmente a los médicos que la diagnosticaron por un cuadro psiquiátrico. La presentación, que se realizó, es por mala praxis y abandono de persona. La familia acusa al médico del centro de atención primaria de la salud de Bonpland, de apellido Closs, y a Nilda Micaela Romay, del hospital Ramón Carrillo, de Posadas. La causa fue girada al Juzgado Número 1.
La muchacha padece una meningoencefalitis, es decir, inflamación cerebral provocada por una meninge. Padeció cinco convulsiones, se le redujo el oxígeno en sangre y actualmente tiene el cerebro inflamado.
La directora del hospital Ramón Carrillo, Mirna Susana Corach, se lavó las manos al confirmar que la paciente fue asistida en el nosocomio, en tanto rechazó la acusación de “abandono de persona”. Sostuvo que en Psiquiatría no hay estudios complementarios para realizar un diagnóstico y que se basan en la clínica, es decir, en los síntomas e indicadores que expone el paciente.
“En salud mental nos basamos en la clínica para diagnosticar, no tenemos estudios y para avanzar en una interconsulta se tiene en cuenta la evolución del paciente; si el paciente no evoluciona con el tratamiento, se procede a la interconsulta médica, que fue lo que se hizo”, había explicado.
Yamila Gilardoni comenzó a sufrir dolores de cabeza y recurrió el 17 de noviembre último al Caps de Bonpland, donde vive actualmente, para una consulta. Allí le diagnosticaron un cuadro psicótico y la derivaron al hospital psiquiátrico Ramón Carrillo de Posadas.
De acuerdo al relato de la familia, la joven es medicada hasta el lunes 19, cuando la vuelven a ver y debido a una evidente desmejoría, le aumentan la dosis del cóctel de pastillas más inyección con depósito, y la vuelven a citar para el jueves 22. Entre las indicaciones, ella debía dormir mínimo tres días. El jueves fue derivada desde Bonpland al hospital Carrillo y después de varias convulsiones la trasladan al Madariaga, donde finalmente le diagnostican meningoencefalitis autoinmune.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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