Provinciales
Empresario misionero aparece en la lista de protegidos de la ex Afip
El empresario misionero Marcelo Américo Ghione aparece en el listado de protegidos de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) difundido este martes por el gobierno, que denunció un presunto mecanismo para ralentizar las auditorías a empresas y ejecutivos ligados al kirchnerismo.
Según un informe publicado por el diario porteño Clarín, el esquema comenzó a operar en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri y continuó en la administración de Alberto Fernández.
Ghione, aparece en la lista de protegidos del organismo, que el gobierno de Javier Milei rebautizó como Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), junto a empresas y empresarios conocidos, como Cristóbal López, Lázaro Báez, preso por corrupción en la causa Vialidad que condenó también a la ex presidenta Cristina Fernández (CFK); y Alejandro Vandenbroele, sentenciado por el caso Ciccone.
Según la información periodística, la primera pista se detectó el 17 de diciembre pasado, cuando funcionarios de la actual Arca, que encabeza el abogado macrista Juan Pazo, buscaron información sobre una empresa específica y encontraron que los datos estaban bloqueados.
A partir de este episodio, comenzó la investigación revelada hoy, que encontró más de 50 empresas y empresarios bajo el mismo régimen de protección tributaria sin una justificación objetiva.
La lista completa cierra con: Alucom Austral B.R.L, Martín Antonio Báez, Lázaro Antonio Báez, Kank y Costilla SA, Don Francisco Sociedad Anónima, La Estación Sociedad Anónima Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, Badial SA, Austral Construcciones SA, Valle Mitre, IDEA SA, Los Sauces SA, Hotesur, Co Ma, Alcalis de la Patagonia, Oil Combustibles, Casino Buenos Aires, Kamus SRL, Gotti SA, Sucesión de Biancalani Adelmo, Estrellas del Sur SA, Alternativa SA, M&P SA, Diagonal Sur Comunicaciones SA, Servicio Integral Alem SRL, Top Air SA. OIL M&S SA, Inversora M&S SA, Báez Luciana Sabrina, Ghione Marcelo Américo, Cabrera Pablo Horacio, Organización Turística Sur SRL, Gutiérrez Víctor Fabián, Electroingeniería SA, Herrera Daniel Osmar, Sanfelice Osvaldo José, Negocios Inmobiliarios SA, Hotel Waldorf SA, Negocios Patagónicos SA, Carnero Santiago, Cifuentes Mario Víctor, Ciccone Nicolás Tadeo, Vandenbroele Alejandro Paul, Forcieri César Guido, Resnick Brenner Ezequiel, Kirchner Florencia, Mercado Romina de los Ángeles, Manzanares Víctor Alejandro y Lakaut SA.
Inolvidable
Miembro, actualmente, de la comisión ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (Ahtra), el misionero Marcelo Américo Ghione exhibe una trayectoria con puestos gerenciales en establecimientos de lujo, entre los que se cuenta uno de los hoteles de la familia Kirchner de la denominada causa Hotesur, reactivada hace tres semanas, que investiga a la ex presidenta CFK.
En su perfil de Linkedin, Ghione se presenta como gerente general del Iguazú Jungle Lodge, un complejo turístico ubicado en la ciudad de las Cataratas que, en su página web, ofrece a sus visitantes “un entorno ideal para experiencias inolvidables”.
En su historial profesional, Ghione fue gerente del hotel Cataratas, antes de que se agregara la extensión “Exe” a la marca; y ocupó también un puesto ejecutivo de relevancia en el Sheraton Iguazú, durante la administración del fallecido Uli Mieth, que dejó el establecimiento para asumir la gerencia de un hotel en la capital mexicana en 2007.
Hotesur
En 2017, el misionero Ghione apareció involucrado en una denuncia que se incorporó a la causa Hotesur y que lo ubica junto al empresario Pablo Horacio Cabrera, como socio en la firma Organización Turística del Sur SRL, creada en marzo de ese año, que asumió la administración del hotel Las Dunas, de El Calafate, propiedad de la ex presidenta.
Según la denuncia, que en su momento canalizó la diputada nacional Margarita Stolbizer, el cambio de administradores del establecimiento hotelero estuvo dirigido a “burlar las medidas ordenadas por la Justicia” en el marco de la investigación que en aquel entonces llevaba adelante el juez federal Julián Ercolini.
Stolbizer recordó que según el dictamen de los fiscales de la causa Hotesur, “el Hotel Las Dunas fue adquirido por la familia Kirchner con el objetivo de ser utilizado para el lavado de activos”.
A mediados de diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso extraordinario presentado por la ex presidenta y su hijo Máximo Kirchner, y confirmó el juicio oral para CFK y los más de 20 imputados en la causa Hotesur.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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