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El juez Brítes dijo que Filippa no cometió delito al pedir que “le den…” a periodista

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Desestimó la denuncia de Norma Devechi y dispuso que sea archivada. Dijo que los dichos del intendente no eran trascendentes para la ley. Ni tuvo en cuenta si hubo incitación a la violencia, amenazas, discriminación y abuso de poder.

PUERTO IGUAZÚ y POSADAS. El juez de instrucción de Puerto Iguazú, Martín Brites, desestimó la denuncia presentada por la periodista Norma Devechi contra el intendente Claudio Filippa, quien había instado a que “le den pija” a ésta a través de un audio telefónico.

El incidente, que se registró a mediados de noviembre del año pasado, al viralizarse un mensaje que el alcalde dirigió a sus partidarios, disconforme con el trabajo periodístico de la corresponsal del diario El Territorio, uno de los más antiguos del interior del país.

En la grabación se escucha la voz que el mismo acusado reconoció como propia, diciendo: “Por favor alguno de los hombres que esté soltero denle pija a la Norma Devechi, no existe pero me quiere dejar para el orto”, supuestamente por la divulgación de una investigación dela AFIP que lo involucraba.

En declaraciones al canal Misiones Cuatro, la periodista dijo hoy que para el juez Brítes “no hay (delito) porque el alcalde no fue puntual en pedir una violación en el audio”, motivo por el cual desestimó la denuncia de la mujer y ordenó el archivo de la causa.

Devechi dijo que la decisión del magistrado “nos golpeó bastante fuerte, esperábamos que acusara de algo al intendente Filippa”, tras lo cual remarcó sus intenciones de apelar el fallo, al cuestionar la decisión judicial de que “no hay ningún delito en lo que hizo Filippa”.

Añadió que en el proceso “nunca hubo una acusación” contra el intendente, aunque “se me investigó a mí, me tomaron indagatoria y peritaron, a medias, el audio. El juez no solicitó la identificación del intendente”, remarcó Devechi.

Además, la periodista recordó que “en declaración ante el juez, el intendente asumía la responsabilidad diciendo que lo hizo en tono chistoso y me culpaba a mí, por la viralización del audio”, pero Brítes no tuvo en cuenta la denuncia por incitación a la violencia, amenazas, discriminación y abuso de poder.

A pesar de la decisión adversa, cuyas connotaciones todavía no fueron dimensionadas, la víctima comentó que “ya en noviembre Brites me había anticipado que no me sorprenda si llegaba una notificación sobre el archivo de la causa”.

Lamentó la escasa predisposición del magistrado para administrar justicia en el caso, dado que “podría haber sido un fallo ejemplar. Cómo podes castigar a un ciudadano de a pie, si no castigaste a la persona más importante (de la comuna)”, dijo.

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El Concejo de Iguazú aprobó la emergencia por consumos problemáticos

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La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.

La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes. 

La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.

En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.

El programa

La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.

Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.

De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.

En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.

También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.

 

Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda

 

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Piden mesa de diálogo con la provincia por conflicto territorial en San Pedro

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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco. 

El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.

Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”. 

Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.

Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.

Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo. 

Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro

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Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro

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Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras. 

El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.

Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones

Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.

 

Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la  ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.

Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.

Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.

El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación. 

Manifestación tras detención de Ángel Rivero

 

 

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