Provinciales
Desautorizan acuerdo de Agricultura Familiar con proveedora de transgénicos
La decisión fue adoptada por el gobernador Oscar Herrera Ahuad. La ministra Ferreira había pedido una donación a la empresa Syngenta, elaboradora de semillas. Fue un trámite personal ante la firma acusada de manipulaciones genéticas.
POSADAS. El gobernador Oscar Herrera Ahuad desautorizó a la ministra de Agricultura Familiar, Marta Ferreira, que se aprestaba a cerrar una acuerdo con la procesadora de semillas transgénicas Syngenta, para la provisión a agricultores misioneros.
La decisión del mandatario se conoció este lunes, en medios de fuertes críticas de entidades agrarias y organizaciones ambientalistas contra la iniciativa de Ferreira, quien habría gestionado ante la firma suiza a título personal y en forma inconsulta.
A pesar del tono que alcanzó la divergencia, desde el Poder Ejecutivo no hubo un pronunciamiento formal sobre la cuestión, aunque la ministra se hizo cargo de una aclaración en la que sostuvo que “por expresas instrucciones del gobernador” no avalará el acuerdo en ciernes.
Al tomar distancia de la polémica generada, Ferreira señaló a través de un comunicado que “todo material genético deberá estar avalado por Biofábrica Misiones SA, por lo mismo vale aclarar que la propuesta de Syngenta queda sin efecto”.
En ese sentido rescató que “las líneas trazadas por este Gobierno seguirán siendo las del cuidado de lo nuestro: nuestra historia, nuestros saberes, nuestros sabores, nuestras semillas, nuestra soberanía alimentaria”, al reafirmar la revisión de su postura.
Acuerdo frustrado
En la apertura de las tratativas entre Agricultura Familiar y la empresa suiza, Ferreira pidió la “donación de semillas, para pequeños productores de la Agricultura Familiar de nuestra Provincia de Misiones, para la temporada primavera-verano 2020, y otoño – invierno 2021”.
Y fundamentó el trámite en “la necesidad de continuar fortaleciendo al pequeño productor y productora misionera, que en sus chacras, en este contexto de pandemia y en su lazo estrecho con el medioambiente, siguen produciendo”.
Frente a la posibilidad de avanzar con su estrategia de posicionarse con sus productos transgénicos, la firma respondió que la donación sería “apenas un primer paso en la construcción del vínculo entre Syngenta y Misiones que, no tengo dudas, traerá nuevas oportunidades para los agricultores familiares de la provincia”
Finalmente el acuerdo no prosperó por la intervención del gobernador Herrera Ahuad, quien en reiteradas ocasiones manifestó su oposición a la introducción de semillas transgénicas, al instruir a Ferreira acerca de su disconformidad con la gestión realizada.
Fuerte rechazo
El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), MTE-Rural, Cooperativa Parajes Unidos Limitada, UTEP, Pueblo a Pueblo y Agricultores Unidos de Eldorado (MTE-UTEP), rechazaron el proyecto de acuerdo entre Agricultura Familiar y Syngenta.
Al respecto señalaron que “los productores y las productoras del campo misionero, no necesitamos que una empresa asesina y fabricadora de agro tóxicos nos done semillas para armar nuestras huertas”, en un documento titulado “Fuera Syngernta de Misiones”.
Añadieron que “los políticos no vienen a las chacras, no conocen lo que son las herramientas que nosotros y nosotras necesitamos. Actualmente somos muchísimos los productores y productoras que estamos haciendo un esfuerzo enorme por conservar nuestras semillas y producir sin venenos. Pero no se entrega ni una media sombra, ni un silo, ni un proyecto de compra ni de conservación”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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