Provinciales
Desalojados en Wanda: “Vivíamos de lo que producíamos en esa tierra”
Norma Segovia (41) no cuenta con un trabajo formal, es madre de cuatro menores y hasta el 5 de julio, cuando fueron desalojados por una orden judicial que involucra a la empresa Arauco, dependían exclusivamente de la agricultura para sobrevivir. “Hoy estamos en la calle con los cuatro chicos. Ni el municipio, ni la provincia se están responsabilizando por eso”, afirmó la mujer en diálogo con La Voz de Misiones.
“Mi marido no tiene trabajo, yo tampoco. Nosotros dependíamos únicamente de la tierra, de la producción que salía de ahí, de las legumbres, las verduras, la mandioca, el maíz y los animales que teníamos. Hoy esperamos volver porque en el pueblo es todo gasto y nosotros solo contamos con una pensión por invalidez”, describió.
Mientras Norma se dedica a la crianza de dos nenas de 8 y 14 años y dos varones de 9 y 15, recordó que su esposo: “No puede entrar a ninguna empresa para trabajar porque tiene dislocado un omóplato y tendinitis en un pie, porque perdió los dedos cuando era chico y eso después también derivó en un problema de rodilla, en ningún lado le toman”.
A la limitación laboral, se suma el nivel de estudios: “El creo que tiene hasta segundo año de la secundaria, hizo hasta noveno y yo tengo apenas segundo grado”.
El caso
Todo comenzó hace cuatro meses atrás, cuando la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina.
Fue en horas de la mañana cuando la infantería ingresó con camionetas, camiones y máquinas que destrozaron cultivos, árboles e incendiaron viviendas. Mientras que, las familias fueron reprimidas con gases, forcejeos y hubo cuatro detenidos por “desobediencia judicial y resistencia”, quienes finalmente fueron liberados 48 horas más tarde, tras el repudio del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros y el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”.
Incendio de vivienda durante el desalojo
El procedimiento ordenado por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, no solo incluyó el desplazamiento físico de las familias en cuestión, sino que también se vieron perjudicados sus animales e incluso los cultivos anuales y estacionales que producían para la subsistencia.
Presente incierto
A cuatro meses del desalojo, Norma y su esposo Eduardo Garcete, cuentan solamente con el apoyo de parientes que le facilitan un lugar donde parar temporalmente: “Mi cuñada consiguió plata y pudo pagar el alquiler de ella hasta el 5 de diciembre”.
Frente a esta situación, mantuvieron alrededor de cinco reuniones con la intendenta de Wanda, Romina Faccio, en intentos por recuperar ese territorio o algún otro espacio que les permita volver a dedicarse al cultivo de alimentos y la cría de animales para el consumo.
Construcción de horno de barro por Eduardo Garcete cuando residían en el Paraje. La estructura fue destruida durante el desalojo
“Vamos a ver qué solución tenemos el 19 de noviembre cuando volvamos a reunirnos con la intendenta”, dijo con pocas esperanzas tras las constantes peticiones irresueltas.
“Si no se resuelve, lo único que queda es acampar frente a la municipalidad, pero no queremos pasar por eso otra vez”, recordó aludiendo a un anterior desalojo.
En esa línea, agregó: “Pero no queremos eso porque ya pasamos por esa situación una vez con los chicos en la calle, sin baños, sin agua y sin poder darles de comer”.
De extractivismo y territorios
Mientras Norma aseguró residir en ese territorio durante al menos diez años, la empresa Arauco arremetió contra la propiedad sin resquemor.
Al respecto, la damnificada explicó: “Eso es chacra desde 1999, era espacio fiscal y fue pasando por varias familias. En el 2014 mi marido compró la chacra en Paraje San Lorenzo entregando un vehículo, plata y una yunta de bueyes, porque es chacra desde hace 25 años y la empresa Arauco dice que es de ellos”.
Al ser consultada por el título de propiedad, se sinceró: “En Paraje San Lorenzo nadie tiene título por la tierra. Ahí es todo fiscal. Lo que no entendemos es por qué la empresa fue solo a esas 38 hectáreas, a las otras casas que están en el mismo Paraje y durante el mismo tiempo no llegaron”.
Destrucción de vivienda de la familia Segovia- Garcete durante el desalojo
La empresa en cuestión está abocada al cultivo de pinos y eucaliptos desde 1996 en la provincia, contando con varios antecedentes similares. En septiembre de 2023, activistas de Greenpeace e integrantes de las comunidades mbya Guazurarí y Puente Quemado II protestaron contra Arauco, por el avance y desmonte sobre sus territorios.
A través de un comunicado de prensa, señalaron que “la propia empresa reconoce que, cuando se llamaba Alto Paraná S.A., entre 1994 y 2003 realizó el desmonte de 20.811 hectáreas que estaban cubiertas con vegetación nativa, para el establecimiento de nuevas plantaciones. Además, cuentan con otras 100.000 hectáreas de plantaciones compradas a otros propietarios luego de desmontar la selva. Así, la superficie total de plantaciones que posee Arauco en Misiones es similar a la de seis ciudades de Buenos Aires”.
En cuanto a la legislación, se encuentra vigente -hasta el 31 de diciembre de 2025- la Ley Provincial XII Nº 41, de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remate, de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a 8 años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados.
“Es una ley muy importante porque Misiones tiene una historia de concentración de la tierra desde su nacimiento en 1881 cuando 29 personas se apropian de toda la tierra, entonces queda concentrada desde su génesis. Eso hace que hoy tengamos una irregularidad. A pesar de que se dieran procesos de titularización, hubo momentos altos como la expropiación de Pozo Azul, pero existe un gran porcentaje de la tierra rural productiva que está en la informalidad, entonces tenemos juicios muy grandes que dependen de esa ley”, afirmó el abogado Luis Fuentes consultado por La Voz de Misiones.
La próxima reunión con la intendenta está prevista para el 19 de noviembre cuando la familia Segovia- Garcete acudirá a la municipalidad y espera ser acompañada por su letrado.
Familias aguardan respuestas a cuatro meses de ser desalojadas en Wanda
El ministerio de Derechos Humanos, a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, propuso la conformación de una mesa de diálogo entre el empresario Alfredo Ruff, los referentes de la comunidad Puente Quemado II y los organismos competentes, para dar respuestas al conflicto territorial que derivó en el traslado y la demora de ocho mbyas en la comisaría local, durante la jornada de ayer martes.
Todo comenzó con la denuncia del mencionado empresario por “usurpación de territorio” contra la comunidad mbya Puente Quemado II. Seguidamente, por orden del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, la comunidad fue allanada y durante el operativo fue detenido el cacique Santiago Ramos, junto a otros siete integrantes de la aldea.
Esta situación generó repudio por parte de diferentes sectores sociales y organizaciones defensoras de los derechos indígenas, por lo que el Ministerio de Derechos Humanos, a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, convocó a una mesa de diálogo a fin de llegar a un acuerdo entre las partes.
A través de un comunicado, el organismo que funciona como nexo entre el gobierno y las comunidades mbya aseguró que, en primera instancia, “se hizo presente en el lugar” con el objetivo de conocer detalles del conflicto.
“Este ministerio, a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, informa que se hizo presente en el lugar a fin de interiorizarse sobre la situación, respecto de la cual tomó conocimiento a través de publicaciones de circulación pública, no habiéndo recibido hasta el momento comunicación formal alguna”, puntualizó.
Al mismo tiempo, convocó a las partes: “Con el objetivo de contribuir a la paz social y evitar la escalada del conflicto, este organismo propuso de manera inmediata la conformación de una mesa de diálogo entre las partes involucradas y los organismos competentes, priorizando las vías institucionales y el respeto mutuo”.
“El Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Guaraníes reafirman su compromiso con el acompañamiento institucional en el territorio, el diálogo intercultural y la búsqueda de soluciones pacíficas, en el marco del respeto a los derechos humanos y la convivencia social”, concluyó.
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La detención de los ocho miembros de la comunidad se realizó ayer en horas de la mañana y la demora en la comisaría local finalizó por la tarde, en respuesta a una orden emitida por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.
Organizaciones como Emipa y la Red Eclesial del Gran Chaco Guaraní (REGCHAG) repudiaron la medida y el operativo, que además de las detenciones incluyó el traslado de mujeres, niños y niñas, “en condiciones que evidencian la ausencia de garantías básicas, falta de información clara sobre las actuaciones y el incumplimiento de protocolos específicos para pueblos indígenas”, expresaron.
El gobernador Hugo Passalacqua encabeza este 1º de mayo la apertura de sesiones en la Legislatura misionera, donde presentará un informe sobre la situación actual de su administración y expondrá los objetivos planteados para el futuro.
Al comenzar su discurso, expresó: “Hoy, como cada primero de mayo, nos reunimos para dar cuenta del camino que venimos transitando. Por primera vez en mucho tiempo, atravesamos un contexto inédito, sumamente complejo y desafiante, que nos obliga día a día a buscar soluciones reales”.
“Seguramente no les estaré diciendo nada nuevo pero vale recordar que esa multicrisis es social, productiva, financiera, tecnológica y básicamente de valores, todo ocurriendo al mismo tiempo”, añadió.
Se espera que el mandatario realice un repaso de la gestión que encabeza junto al vicegobernador Lucas Romero Spinelli, con un balance del funcionamiento del Estado provincial, la ejecución del Presupuesto, las necesidades públicas y sus soluciones inmediatas, además de los principales lineamientos políticos, económicos y de gestión para el nuevo período legislativo.
De esta manera, dan inicio al 54° período legislativo en la Cámara de Representantes y la presentación podrá seguirse mediante una transmisión en vivo.
La Legislatura misionera convocó a sesión especial para el 1° de mayo
Los representantes del sector yerbatero de la provincia de Misiones: Jorge Skripczuk, Jorge Lizznienz, y el abogado Federico Padolski viajaron a Buenos Aires este jueves para exponer en el Congreso de la Nación.
A partir de la invitación de la Confederación General de la Producción (CGP) de la República Argentina, los productores participaron en la Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara Baja donde estuvieron acompañados por el presidente de la entidad, Gastón Borsini y otros directivos.
Los yerbateros reunidos con Basterra
Durante la reunión, los productores presentaron ante el titular de la comisión, Luis Basterra, un informe sobre las condiciones de la actividad productiva de la yerba mate tras la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en el marco del gobierno nacional.
“Expusimos sobre las condiciones de los productores de yerba mate y la desfavorable situación frente a la industria, con un Inym sin facultades. Además, el abogado explicó el estado de las acciones judiciales que impulsamos junto a asociaciones y cooperativas”, señaló Skripczuk.
El dirigente remarcó la importancia del respaldo de entidades nacionales con representación federal, como la CGP y Coninagro, para visibilizar la problemática del sector.
“Vamos a seguir buscando el acompañamiento de todos los actores que entienden que la cadena yerbatera está en detrimento. Los productores no logramos margen económico, los tareferos también atraviesan dificultades y las pequeñas industrias y cooperativas se encuentran en una situación compleja”.
En relación al Inym, Skripczuk indicó que no hay respuestas por parte de su conducción actual y sostuvo que la crisis podría revertirse con la restitución de sus facultades.
“No tenemos respuestas de (Rodrigo) Correa, representante de Nación en el Instituto, y la desregulación responde al Gobierno nacional. Para nosotros, la única salida es recuperar nuestra herramienta. No solo para fijar precios, sino también para restablecer funciones que permitan equilibrar el sistema yerbatero”, expresó.
Estrategia y medidas
La demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional y la medida cautelar buscan la nulidad de artículos del DNU y del Decreto 812/2025 vinculados a la actividad yerbatera.
En cuanto a las medidas inmediatas, planteó la necesidad de “sujetar la hoja verde en la chacra” para intentar mejorar el precio de la materia prima. “Pedimos a los productores que no cosechen o que mantengan la producción en planta el mayor tiempo posible, o que comercialicen de manera gradual”, detalló.
Finalmente, se refirió a los cortes de ruta impulsados por algunos sectores y marcó diferencias. “No estamos de acuerdo con los cortes de ruta. No buscamos afectar a quienes transitan. Nuestra postura es continuar el reclamo a través de las organizaciones, las cooperativas y la vía judicial”, concluyó.
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