Provinciales
Desalojados en Wanda: “Vivíamos de lo que producíamos en esa tierra”
Norma Segovia (41) no cuenta con un trabajo formal, es madre de cuatro menores y hasta el 5 de julio, cuando fueron desalojados por una orden judicial que involucra a la empresa Arauco, dependían exclusivamente de la agricultura para sobrevivir. “Hoy estamos en la calle con los cuatro chicos. Ni el municipio, ni la provincia se están responsabilizando por eso”, afirmó la mujer en diálogo con La Voz de Misiones.
“Mi marido no tiene trabajo, yo tampoco. Nosotros dependíamos únicamente de la tierra, de la producción que salía de ahí, de las legumbres, las verduras, la mandioca, el maíz y los animales que teníamos. Hoy esperamos volver porque en el pueblo es todo gasto y nosotros solo contamos con una pensión por invalidez”, describió.
Mientras Norma se dedica a la crianza de dos nenas de 8 y 14 años y dos varones de 9 y 15, recordó que su esposo: “No puede entrar a ninguna empresa para trabajar porque tiene dislocado un omóplato y tendinitis en un pie, porque perdió los dedos cuando era chico y eso después también derivó en un problema de rodilla, en ningún lado le toman”.
A la limitación laboral, se suma el nivel de estudios: “El creo que tiene hasta segundo año de la secundaria, hizo hasta noveno y yo tengo apenas segundo grado”.
El caso
Todo comenzó hace cuatro meses atrás, cuando la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina.
Fue en horas de la mañana cuando la infantería ingresó con camionetas, camiones y máquinas que destrozaron cultivos, árboles e incendiaron viviendas. Mientras que, las familias fueron reprimidas con gases, forcejeos y hubo cuatro detenidos por “desobediencia judicial y resistencia”, quienes finalmente fueron liberados 48 horas más tarde, tras el repudio del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros y el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”.
Incendio de vivienda durante el desalojo
El procedimiento ordenado por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, no solo incluyó el desplazamiento físico de las familias en cuestión, sino que también se vieron perjudicados sus animales e incluso los cultivos anuales y estacionales que producían para la subsistencia.
Presente incierto
A cuatro meses del desalojo, Norma y su esposo Eduardo Garcete, cuentan solamente con el apoyo de parientes que le facilitan un lugar donde parar temporalmente: “Mi cuñada consiguió plata y pudo pagar el alquiler de ella hasta el 5 de diciembre”.
Frente a esta situación, mantuvieron alrededor de cinco reuniones con la intendenta de Wanda, Romina Faccio, en intentos por recuperar ese territorio o algún otro espacio que les permita volver a dedicarse al cultivo de alimentos y la cría de animales para el consumo.
Construcción de horno de barro por Eduardo Garcete cuando residían en el Paraje. La estructura fue destruida durante el desalojo
“Vamos a ver qué solución tenemos el 19 de noviembre cuando volvamos a reunirnos con la intendenta”, dijo con pocas esperanzas tras las constantes peticiones irresueltas.
“Si no se resuelve, lo único que queda es acampar frente a la municipalidad, pero no queremos pasar por eso otra vez”, recordó aludiendo a un anterior desalojo.
En esa línea, agregó: “Pero no queremos eso porque ya pasamos por esa situación una vez con los chicos en la calle, sin baños, sin agua y sin poder darles de comer”.
De extractivismo y territorios
Mientras Norma aseguró residir en ese territorio durante al menos diez años, la empresa Arauco arremetió contra la propiedad sin resquemor.
Al respecto, la damnificada explicó: “Eso es chacra desde 1999, era espacio fiscal y fue pasando por varias familias. En el 2014 mi marido compró la chacra en Paraje San Lorenzo entregando un vehículo, plata y una yunta de bueyes, porque es chacra desde hace 25 años y la empresa Arauco dice que es de ellos”.
Al ser consultada por el título de propiedad, se sinceró: “En Paraje San Lorenzo nadie tiene título por la tierra. Ahí es todo fiscal. Lo que no entendemos es por qué la empresa fue solo a esas 38 hectáreas, a las otras casas que están en el mismo Paraje y durante el mismo tiempo no llegaron”.
Destrucción de vivienda de la familia Segovia- Garcete durante el desalojo
La empresa en cuestión está abocada al cultivo de pinos y eucaliptos desde 1996 en la provincia, contando con varios antecedentes similares. En septiembre de 2023, activistas de Greenpeace e integrantes de las comunidades mbya Guazurarí y Puente Quemado II protestaron contra Arauco, por el avance y desmonte sobre sus territorios.
A través de un comunicado de prensa, señalaron que “la propia empresa reconoce que, cuando se llamaba Alto Paraná S.A., entre 1994 y 2003 realizó el desmonte de 20.811 hectáreas que estaban cubiertas con vegetación nativa, para el establecimiento de nuevas plantaciones. Además, cuentan con otras 100.000 hectáreas de plantaciones compradas a otros propietarios luego de desmontar la selva. Así, la superficie total de plantaciones que posee Arauco en Misiones es similar a la de seis ciudades de Buenos Aires”.
En cuanto a la legislación, se encuentra vigente -hasta el 31 de diciembre de 2025- la Ley Provincial XII Nº 41, de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remate, de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a 8 años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados.
“Es una ley muy importante porque Misiones tiene una historia de concentración de la tierra desde su nacimiento en 1881 cuando 29 personas se apropian de toda la tierra, entonces queda concentrada desde su génesis. Eso hace que hoy tengamos una irregularidad. A pesar de que se dieran procesos de titularización, hubo momentos altos como la expropiación de Pozo Azul, pero existe un gran porcentaje de la tierra rural productiva que está en la informalidad, entonces tenemos juicios muy grandes que dependen de esa ley”, afirmó el abogado Luis Fuentes consultado por La Voz de Misiones.
La próxima reunión con la intendenta está prevista para el 19 de noviembre cuando la familia Segovia- Garcete acudirá a la municipalidad y espera ser acompañada por su letrado.
Familias aguardan respuestas a cuatro meses de ser desalojadas en Wanda
En la tarde de hoy, productores yerbateros de distintos puntos de la provincia se reunieron frente a la cooperativa tabacalera de San Vicente, sobre ruta 14, para evaluar medidas de fuerza ante la crisis económica que atraviesa el sector, entre las cuales acordaron declarar la emergencia yerbatera y reducir la cosecha de verano.
Luego de poco más de dos horas de discusión, los productores presentes oriundos de San Pedro, Eldorado, El Soberbio, Fracrán, 25 de Mayo, Pozo Azul, San Vicente, entre otras localidades, aprobaron la propuesta de los legisladores presentes de declarar la emergencia yerbatera en la provincia de Misiones, mediante una sesión extraordinaria.
Al mismo tiempo, decidieron, por mayoría, “cosechar la menor cantidad de kilos posible” de cara a la zafriña (cosecha de verano), en reclamo de un precio justo para la hoja verde, considerando que, si bien el precio de referencia ronda los $423,99, actualmente los secaderos y molinos pagan alrededor de $180 por kilo al productor.
A su vez, ante los numerosos atrasos e intercambios por cheque, solicitaron la inmediata “regularización de pagos y garantía de trabajo digno”, como reclamos directos al sector industrial, aunque también buscan respuestas por parte del Estado.
La asamblea fue convocada para las 15 por la Asociación Misionera de Productores de Yerba Mate (Ampym), y también fueron invitados funcionarios provinciales, de los cuales participaron; el diputado del Partido Agrario y Social, Cristian Castro, el electo Ramón Amarilla, el concejal de Posadas por la Unión Cívica Radical (UCR) Francisco Fonseca, el intendente de Colonia Aurora Carlos Goring, entre otros.
En ese contexto, reclamaron que no estuvieron presentes el intendente de San Vicente, Fabián Rodríguez, como tampoco el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, por lo que, ante la “inacción de la cartera agraria” no descartan realizar una marcha hacia la Legislatura el próximo 10 de diciembre.
La crisis del sector se desató tras la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia 170/23 impulsado por el presidente, Javier Milei, y terminó por eliminar las facultades y el regular funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
En 2024 fueron varios los proyectos que arribaron a la Legislatura misionera a fin de poner en marcha un instituto provincial de la yerba mate, aunque hasta el momento no hubo ningún tipo de avances.
La situación se agudizó en los últimos meses, ante la falta de cumplimiento del precio de referencia de la hoja verde y la yerba canchada, los cuales no cubren los costos reales de producción ni garantiza la continuidad del trabajo de miles de familias rurales.
Acta firmada por productores yerbateros en San Vicente
Adhesión de autoconvocados
Por su parte, un grupo de productores yerbateros autoconvocados de Jardín América fue más radical al anunciar el paro total de la zafriña.
A través de un breve comunicado, manifestaron: “Las asociaciones y productores firmantes se oponen al levantamiento de la cosecha de verano (zafriña), ya que los precios actuales no aseguran la sustentabilidad mínima para los productores”.
Al mismo tiempo, consideraron que la caída del valor de la hoja verde podría conllevar a la degradación de la calidad del producto, afectando aún más los precios.
“Esta medida podría introducir yerba mate barata, lo que bajaría aún más los precios de la materia prima, generando incertidumbre en el mercado yerbatero. Hacemos un llamado a la unidad de todos los productores para alcanzar los objetivos”, concluyeron.
Ampym convoca a funcionarios a asamblea yerbatera el jueves en San Vicente
Luego de que el gobierno de la provincia de Misiones decretara asueto administrativo para el lunes 1 de diciembre, en el marco del aniversario por el natalicio del prócer misionero Andrés Guacurarí, el Poder Judicial comunicó que no adherirá.
Lo hizo a través de un breve comunicado titulado: “Honrar la labor del Prócer Misionero trabajando”, y resaltó: “El Poder Judicial de Misiones no adherirá al asueto del 1 de diciembre”.
Inicialmente el asueto administrativo alcanzaba al mencionado organismo, junto al Poder Legislativo, el Tribunal de Cuentas, entes autárquicos y descentralizados, instituciones bancarias y organismos nacionales con asiento en la provincia.
Si bien el aniversario Nº 247 es el domingo 30 de noviembre, el cese de actividades se hará efectivo el día lunes 1 de diciembre.
La Asociación Misionera de Productores de Yerba Mate (Ampym) convocó a autoridades competentes en materia agropecuaria y yerbatera a la asamblea que se llevará a cabo el próximo jueves a las 15 en ruta 14, frente a la cooperativa tabacalera de San Vicente, con el objetivo de “abordar la grave situación que atraviesa el sector”.
A través de un comunicado, los miembros de Ampym, manifestaron: “Durante los últimos meses, la realidad económica que enfrentan los productores se ha tornado insostenible, producto de la falta de cumplimiento del precio justo de la hoja verde y la yerba canchada, valor que hoy no cubre los costos reales de producción ni garantiza la continuidad del trabajo de miles de familias rurales”.
A lo que añadieron: “La creciente cantidad de cheques rechazados por falta de fondos, situación que está generando endeudamiento, pérdida de liquidez y riesgo de quebranto entre los productores primarios”.
Frente a este escenario, consideraron que “no están dadas las condiciones para iniciar la cosecha de la zafriña durante el mes de diciembre, ni la cosecha gruesa, mientras no exista una respuesta concreta y garantizada respecto al precio oficial y a la normalización inmediata de los pagos adeudados”.
El precio de referencia para la producción -fijado meses atrás por el Inym- es de alrededor de $423,99 por kilo de hoja verde, sin embargo, los productores denuncian que en la práctica están recibiendo solo $180 por kilo en algunas localidades.
Por este motivo, solicitaron formalmente a los representantes legislativos y autoridades del área competente a que participen de la reunión el próximo jueves a las 15 en San Vicente, donde prevén analizar la situación económica y productiva actual del sector yerbatero, plantear medidas inmediatas que garanticen el cumplimiento del precio justo y la cobertura plena de los costos de producción, exigir la cancelación de los cheques pendientes y la restitución de la cadena de pagos y establecer criterios conjuntos sobre el inicio o la postergación de la cosecha.
“La crítica situación amerita la presencia y el compromiso activo de quienes tienen responsabilidad institucional en el diseño y control de las políticas públicas del sector”, enfatiazron desde Ampym.
De esta manera, la reunión será de carácter institucional y tendrá como eje central plantear la crisis yerbatera que comenzó a desatarse desde la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia 170/23, tras la asunción del presidente Javier Milei, lo que afectó el regular funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), acelerando la caída del precio de la hoja verde dentro de uno de los eslabones más bajos de la cadena productiva.
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