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Desalojados en Wanda: “Vivíamos de lo que producíamos en esa tierra”

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Norma Segovia (41) no cuenta con un trabajo formal, es madre de cuatro menores y hasta el 5 de julio, cuando fueron desalojados por una orden judicial que involucra a la empresa Arauco, dependían exclusivamente de la agricultura para sobrevivir. “Hoy estamos en la calle con los cuatro chicos. Ni el municipio, ni la provincia se están responsabilizando por eso”, afirmó la mujer en diálogo con La Voz de Misiones

“Mi marido no tiene trabajo, yo tampoco. Nosotros dependíamos únicamente de la tierra, de la producción que salía de ahí, de las legumbres, las verduras, la mandioca, el maíz y los animales que teníamos. Hoy esperamos volver porque en el pueblo es todo gasto y nosotros solo contamos con una pensión por invalidez”, describió.

Mientras Norma se dedica a la crianza de dos nenas de 8 y 14 años y dos varones de 9 y 15, recordó que su esposo: “No puede entrar a ninguna empresa para trabajar porque tiene dislocado un omóplato y tendinitis en un pie, porque perdió los dedos cuando era chico y eso después también derivó en un problema de rodilla, en ningún lado le toman”. 

A la limitación laboral, se suma el nivel de estudios: “El creo que tiene hasta segundo año de la secundaria, hizo hasta noveno y yo tengo apenas segundo grado”.

El caso

Todo comenzó hace cuatro meses atrás, cuando la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina.

Fue en horas de la mañana cuando la infantería ingresó con camionetas, camiones y máquinas que destrozaron cultivos, árboles e incendiaron viviendas. Mientras que, las familias fueron reprimidas con gases, forcejeos y hubo cuatro detenidos por “desobediencia judicial y resistencia”, quienes finalmente fueron liberados 48 horas más tarde, tras el repudio del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros y el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”.

desalojo

Incendio de vivienda durante el desalojo

El procedimiento ordenado por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, no solo incluyó el desplazamiento físico de las familias en cuestión, sino que también se vieron perjudicados sus animales e incluso los cultivos anuales y estacionales que producían para la subsistencia.

Presente incierto

A cuatro meses del desalojo, Norma y su esposo Eduardo Garcete, cuentan solamente con el apoyo de parientes que le facilitan un lugar donde parar temporalmente: “Mi cuñada consiguió plata y pudo pagar el alquiler de ella hasta el 5 de diciembre”.

Frente a esta situación, mantuvieron alrededor de cinco reuniones con la intendenta de Wanda, Romina Faccio​, en intentos por recuperar ese territorio o algún otro espacio que les permita volver a dedicarse al cultivo de alimentos y la cría de animales para el consumo.

Construcción de horno de barro por Eduardo Garcete cuando residían en el Paraje. La estructura fue destruida durante el desalojo

Vamos a ver qué solución tenemos el 19 de noviembre cuando volvamos a reunirnos con la intendenta”, dijo con pocas esperanzas tras las constantes peticiones irresueltas. 

“Si no se resuelve, lo único que queda es acampar frente a la municipalidad, pero no queremos pasar por eso otra vez”, recordó aludiendo a un anterior desalojo. 

En esa línea, agregó: “Pero no queremos eso porque ya pasamos por esa situación una vez con los chicos en la calle, sin baños, sin agua y sin poder darles de comer”.

De extractivismo y territorios

Mientras Norma aseguró residir en ese territorio durante al menos diez años, la empresa Arauco arremetió contra la propiedad sin resquemor.

Al respecto, la damnificada explicó: “Eso es chacra desde 1999, era espacio fiscal y fue pasando por varias familias. En el 2014 mi marido compró la chacra en Paraje San Lorenzo entregando un vehículo, plata y una yunta de bueyes, porque es chacra desde hace 25 años y la empresa Arauco dice que es de ellos”.

Al ser consultada por el título de propiedad, se sinceró: “En Paraje San Lorenzo nadie tiene título por la tierra. Ahí es todo fiscal. Lo que no entendemos es por qué la empresa fue solo a esas 38 hectáreas, a las otras casas que están en el mismo Paraje y durante el mismo tiempo no llegaron”.

Destrucción de vivienda de la familia Segovia- Garcete durante el desalojo

La empresa en cuestión está abocada al cultivo de pinos y eucaliptos desde 1996 en la provincia, contando con varios antecedentes similares. En septiembre de 2023, activistas de Greenpeace e integrantes de las comunidades mbya Guazurarí y Puente Quemado II protestaron contra Arauco, por el avance y desmonte sobre sus territorios.

A través de un comunicado de prensa, señalaron que “la propia empresa reconoce que, cuando se llamaba Alto Paraná S.A., entre 1994 y 2003 realizó el desmonte de 20.811 hectáreas que estaban cubiertas con vegetación nativa, para el establecimiento de nuevas plantaciones. Además, cuentan con otras 100.000 hectáreas de plantaciones compradas a otros propietarios luego de desmontar la selva. Así, la superficie total de plantaciones que posee Arauco en Misiones es similar a la de seis ciudades de Buenos Aires”.

En cuanto a la legislación, se encuentra vigente -hasta el 31 de diciembre de 2025- la Ley Provincial XII Nº 41, de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remate, de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a 8 años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados.

“Es una ley muy importante porque Misiones tiene una historia de concentración de la tierra desde su nacimiento en 1881 cuando 29 personas se apropian de toda la tierra, entonces queda concentrada desde su génesis. Eso hace que hoy tengamos una irregularidad. A pesar de que se dieran procesos de titularización, hubo momentos altos como la expropiación de Pozo Azul, pero existe un gran porcentaje de la tierra rural productiva que está en la informalidad, entonces tenemos juicios muy grandes que dependen de esa ley”, afirmó el abogado Luis Fuentes consultado por La Voz de Misiones.

La próxima reunión con la intendenta está prevista para el 19 de noviembre cuando la familia Segovia- Garcete acudirá a la municipalidad y espera ser acompañada por su letrado.

Familias aguardan respuestas a cuatro meses de ser desalojadas en Wanda

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Misiones inicia vigilancia ante caso de viruela de mono en Foz de Iguazú

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En las últimas horas la Secretaría de Salud de Foz de Iguazú confirmó el primer caso de mpox del 2026, también conocido como viruela de mono, en un estudiante brasileño de 33 años que reside en Paraguay, por lo que el sistema de salud misionero comenzó a tomar medidas preventivas y de control ante la posible llegada del virus a la provincia.

Fue en enero pasado cuando el hombre acudió a la red municipal de salud de Foz de Iguazú, tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad, lo que obligó a activar el protocolo correspondiente mediante la toma de muestras para análisis de laboratorio, la indicación de aislamiento domiciliario y el tratamiento de los síntomas.

Se trata de una enfermedad zoonótica viral causada por el virus de la viruela símica, el cual se transmite a través del contacto cutáneo estrecho con personas infectadas, secreciones respiratorias o fómites. 

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de Paraná, la notificación se produjo hace más de un mes y desde entonces, el paciente fue acompañado de forma permanente por los equipos de vigilancia en salud, monitoreo clínico y el rastreo de contactos en Foz. 

Finalmente, las autoridades sanitarias confirmaron que no se registraron contagios entre familiares ni personas cercanas y que el hombre contaba con antecedente reciente de viaje a Río de Janeiro, un dato importante para la investigación epidemiológica. 

Frontera bajo vigilancia

Ante la presencia del caso y la posibilidad de una posible propagación de la enfermedad, considerando la temporada de verano y los viajes de vacaciones al país vecino, desde el ministerio de Salud de Misiones comenzaron a tomar medidas preventivas y de control. 

Al ser consultado por La Voz de Misiones, Héctor González, titular de la cartera aseguró que iniciaron una “vigilancia contínua” a lo largo y ancho de la provincia, la cual consiste en el monitoreo de posibles casos y la evaluación de riesgos para la población, a fin de permitir la detección temprana de la enfermedad y prevenir contagios. 

Ante la presencia de síntomas compatibles con la enfermedad (fiebre, dolor de cabeza, ganglios inflamados y erupciones o lesiones en la piel), el paciente deberá acudir al centro de salud más cercano, donde tomarán muestras, a ser analizadas en laboratorio, para confirmar o descartar la enfermedad.

En caso de ser confirmada, se deberá evitar el contacto físico estrecho, piel con piel, con la persona infectada. Además, será fundamental el lavado frecuente de manos y evitar compartir objetos personales como jabones, ropa de cama y utensilios.

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Atienden denuncias por enfermeros sin matrícula y advierten: “Es un delito”

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En los últimos días el Colegio de Profesionales de Enfermería de Misiones emitió un comunicado solicitando a todos los centros de salud y geriátricos, presentes en la provincia, la nómina detallada de quienes ejercen funciones de enfermería en sus establecimientos, a fin de verificar la titulación y matriculación correspondiente. 

La medida fue implementada tras una serie de denuncias recepcionadas por la colegiatura, respecto a la detección de “casos graves” de mala praxis, protagonizados por personal que realizaba tareas de enfermería sin contar con la formación y capacitación correspondiente que avala la profesión en la provincia.  

En este sentido, también justificaron el procedimiento con la búsqueda de seguridad sanitaria al “garantizar que la salud de la comunidad esté en manos de profesionales habilitados”.

Finalmente, consideraron “inadmisible” que existan enfermeros graduados sin empleo “mientras los puestos son ocupados sin la debida matrícula”, por lo que exigen la nómina completa del personal que se desempeñe en tareas propias de enfermería en  sanatorios, clínicas y establecimientos de salud, tanto de Posadas como en otras localidades misioneras.

De esta manera, el Colegio de Profesionales de la Enfermería se pronunció en contra del presunto ejercicio ilegal de la profesión, en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley Nacional N° 24.004 y la provincial N° 1-82.

Consultado por La Voz de Misiones, Sergio Román Ulrich, presidente del mencionado espacio señaló: “Nosotros recibimos dos denuncias formales contra personas que ejercían la enfermería y es un delito hacerlo sin estar matriculado. En este momento nos encontramos en la etapa de constatación y solicitud de pruebas para evaluar cada caso en particular”.

Sobre esto, agregó: “Muchas veces la gente por miedo o temor a represalias no realiza la denuncia. Yo personalmente estoy muy preocupado por la salud de la población porque tenemos casos en localidades como Alem y Oberá, donde hay personas ejerciendo la enfermería sin tener el título habilitante”. 

“En los geriátricos, sanatorios y clínicas privadas hay muchos que ejercen de esta manera y es obligatorio contar con la Tecnicatura Superior en Enfermería”, afirmó y resaltó que actualmente, además de la Escuela de Enfermería en Posadas, existen nueve institutos de formación en Enfermería distribuídos en distintas localidades como ser: San Vicente, Iguazú, Oberá, Apóstoles, entre otras. 

Sergio Román Ullrich, presidente del Colegio de Profesionales de la Enfermería de Misiones

Desde el año 2024 a la fecha, el padrón institucional del mencionado colegio se compone por 2.984 matriculados activos, con matrícula vigente y habilitación profesional plena. Mientras que 1.484 profesionales permanecen con baja temporal solicitada, ya que han comunicado formalmente la suspensión provisoria por encontrarse sin ejercicio laboral al momento.

A su vez, existen 920 matriculados que no realizaron el proceso de rematriculación, por lo cual su carnet profesional se encuentra actualmente fuera de vigencia y ejercen de forma irregular. La grilla concluye con una baja por fallecimiento y otras dos por jubilación.

Sobre el ejercicio profesional en geriátricos y clínicas privadas, Ulrich fue contundente: “El que no cuente con la matrícula deberá dedicarse a otra cosa, porque nosotros tenemos muchísimos enfermeros que no tienen trabajo y la posibilidad de estudiar se le dio de forma gratuita a la gente. Posibilidades de estudiar, hay. Sin matrícula no podrán ejercer”.

Al mismo tiempo, hizo hincapié en otras situaciones en las que existen profesionales con título, pero no realizaron la rematriculación: “Un tiempo la colegiatura funcionó mal y la gente no volvió a actualizar sus papeles. Hoy tendrán que hacerlo, tienen que acercarse al colegio y haremos una rematriculación. De lo contrario, no podrán ejercer y la idea es que podamos trabajar bien porque apuntamos a una enfermería avanzada, trabajando fuertemente en la capacitación del personal de enfermería y la posibilidad de licenciarlos”.  

“Lo que pasa es que los pacientes van a un sanatorio donde la persona no es enfermera, le hace una práctica y esa mala praxis termina en el hospital generando un gasto millonario que debe enfrentar el Estado, habiendo enfermeros capacitados”, añadió.

Actualmente el Colegio se encuentra trabajando en una base de datos para Bolsa de Trabajo destinado a los profesionales de la enfermería: “Con esto pretendemos cuidar el trabajo que hoy en día cuesta tanto de nuestros enfermeros. Por el poco pago que le pueden dar a un auxiliar de enfermería, se pone en riesgo el trabajo de un enfermero profesional”. 

Para finalizar, aclaró que el colegio ya no matricula a auxiliares de enfermería, sino solamente a quienes cuenten con la Tecnicatura Superior en Enfermería o bien la licenciatura correspondiente. 

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Eco tasa en Wanda: intendenta faltó a mesa de diálogo abierta por el Concejo

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Tras el reciente conflicto provocado por la entrada en vigencia de la Tasa Ecoturística en Wanda, el Concejo Deliberante tomó la iniciativa de convocar a los distintos sectores sociales implicados en una Mesa de Diálogo con el objetivo de “escuchar las distintas voces para aclarar inquietudes y avanzar en un consenso”.

El encuentro buscó acercar a las partes y abrir una instancia de diálogo ante la controversia generada por la implementación del nuevo tributo. Sin embargo, la Municipalidad de Wanda fue una de las partes que no se hizo presente en esta primera convocatoria. Ni la intendenta Romina Faccio, ni representantes del Ejecutivo se acercaron en esta primera instancia, lo que al respecto esperan desde el organismo deliberante, que para el segundo llamado sea revertido.  

Del encuentro sí participaron cuatro concejales: Jorge Vier por La Libertad Avanza, Silvia Lutz del PRO y Víctor Cabrera junto a Mirta Berent por el Frente Renovador. También asistieron el abogado del Concejo y representantes de las Minas de Piedras preciosas y de Yacimientos Tierra Colorada, sectores directamente alcanzados por la medida.

En diálogo con La Voz de Misiones, el concejal Vier informó que se resolvió convocar a una nueva reunión conciliatoria para este viernes 27, con la intención de continuar el diálogo y sumar a las partes ausentes.

Vier, además, expresó su postura personal respecto a la tasa: “De mi parte rechazo totalmente la implementación de este impuesto. Creo que es totalmente arbitrario poner un puesto de cobro frente al ingreso a una actividad privada, siendo que ya pagan todos los impuestos que les corresponden, como tasa de comercio y tasa de minería”.

El Concejal sostuvo que desde el Concejo se continuará insistiendo en una instancia de conciliación entre las partes hasta alcanzar un acuerdo que resulte satisfactorio para toda la comunidad de Wanda.

La Tasa Ecoturística, impulsada por la intendenta Romina Faccio, fue reestablecida con la firma del Concejo Deliberante mediante la Ordenanza N° 22/2025 del 25 de noviembre del 2025. La medida vigente desde 2015 se hizo efectiva tras la aplicación del cobro a los turistas en el acceso a los predios mineros, en febrero de 2026.

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