Provinciales
Desalojados en Wanda: “Vivíamos de lo que producíamos en esa tierra”
Norma Segovia (41) no cuenta con un trabajo formal, es madre de cuatro menores y hasta el 5 de julio, cuando fueron desalojados por una orden judicial que involucra a la empresa Arauco, dependían exclusivamente de la agricultura para sobrevivir. “Hoy estamos en la calle con los cuatro chicos. Ni el municipio, ni la provincia se están responsabilizando por eso”, afirmó la mujer en diálogo con La Voz de Misiones.
“Mi marido no tiene trabajo, yo tampoco. Nosotros dependíamos únicamente de la tierra, de la producción que salía de ahí, de las legumbres, las verduras, la mandioca, el maíz y los animales que teníamos. Hoy esperamos volver porque en el pueblo es todo gasto y nosotros solo contamos con una pensión por invalidez”, describió.
Mientras Norma se dedica a la crianza de dos nenas de 8 y 14 años y dos varones de 9 y 15, recordó que su esposo: “No puede entrar a ninguna empresa para trabajar porque tiene dislocado un omóplato y tendinitis en un pie, porque perdió los dedos cuando era chico y eso después también derivó en un problema de rodilla, en ningún lado le toman”.
A la limitación laboral, se suma el nivel de estudios: “El creo que tiene hasta segundo año de la secundaria, hizo hasta noveno y yo tengo apenas segundo grado”.
El caso
Todo comenzó hace cuatro meses atrás, cuando la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina.
Fue en horas de la mañana cuando la infantería ingresó con camionetas, camiones y máquinas que destrozaron cultivos, árboles e incendiaron viviendas. Mientras que, las familias fueron reprimidas con gases, forcejeos y hubo cuatro detenidos por “desobediencia judicial y resistencia”, quienes finalmente fueron liberados 48 horas más tarde, tras el repudio del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros y el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”.
Incendio de vivienda durante el desalojo
El procedimiento ordenado por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, no solo incluyó el desplazamiento físico de las familias en cuestión, sino que también se vieron perjudicados sus animales e incluso los cultivos anuales y estacionales que producían para la subsistencia.
Presente incierto
A cuatro meses del desalojo, Norma y su esposo Eduardo Garcete, cuentan solamente con el apoyo de parientes que le facilitan un lugar donde parar temporalmente: “Mi cuñada consiguió plata y pudo pagar el alquiler de ella hasta el 5 de diciembre”.
Frente a esta situación, mantuvieron alrededor de cinco reuniones con la intendenta de Wanda, Romina Faccio, en intentos por recuperar ese territorio o algún otro espacio que les permita volver a dedicarse al cultivo de alimentos y la cría de animales para el consumo.
Construcción de horno de barro por Eduardo Garcete cuando residían en el Paraje. La estructura fue destruida durante el desalojo
“Vamos a ver qué solución tenemos el 19 de noviembre cuando volvamos a reunirnos con la intendenta”, dijo con pocas esperanzas tras las constantes peticiones irresueltas.
“Si no se resuelve, lo único que queda es acampar frente a la municipalidad, pero no queremos pasar por eso otra vez”, recordó aludiendo a un anterior desalojo.
En esa línea, agregó: “Pero no queremos eso porque ya pasamos por esa situación una vez con los chicos en la calle, sin baños, sin agua y sin poder darles de comer”.
De extractivismo y territorios
Mientras Norma aseguró residir en ese territorio durante al menos diez años, la empresa Arauco arremetió contra la propiedad sin resquemor.
Al respecto, la damnificada explicó: “Eso es chacra desde 1999, era espacio fiscal y fue pasando por varias familias. En el 2014 mi marido compró la chacra en Paraje San Lorenzo entregando un vehículo, plata y una yunta de bueyes, porque es chacra desde hace 25 años y la empresa Arauco dice que es de ellos”.
Al ser consultada por el título de propiedad, se sinceró: “En Paraje San Lorenzo nadie tiene título por la tierra. Ahí es todo fiscal. Lo que no entendemos es por qué la empresa fue solo a esas 38 hectáreas, a las otras casas que están en el mismo Paraje y durante el mismo tiempo no llegaron”.
Destrucción de vivienda de la familia Segovia- Garcete durante el desalojo
La empresa en cuestión está abocada al cultivo de pinos y eucaliptos desde 1996 en la provincia, contando con varios antecedentes similares. En septiembre de 2023, activistas de Greenpeace e integrantes de las comunidades mbya Guazurarí y Puente Quemado II protestaron contra Arauco, por el avance y desmonte sobre sus territorios.
A través de un comunicado de prensa, señalaron que “la propia empresa reconoce que, cuando se llamaba Alto Paraná S.A., entre 1994 y 2003 realizó el desmonte de 20.811 hectáreas que estaban cubiertas con vegetación nativa, para el establecimiento de nuevas plantaciones. Además, cuentan con otras 100.000 hectáreas de plantaciones compradas a otros propietarios luego de desmontar la selva. Así, la superficie total de plantaciones que posee Arauco en Misiones es similar a la de seis ciudades de Buenos Aires”.
En cuanto a la legislación, se encuentra vigente -hasta el 31 de diciembre de 2025- la Ley Provincial XII Nº 41, de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remate, de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a 8 años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados.
“Es una ley muy importante porque Misiones tiene una historia de concentración de la tierra desde su nacimiento en 1881 cuando 29 personas se apropian de toda la tierra, entonces queda concentrada desde su génesis. Eso hace que hoy tengamos una irregularidad. A pesar de que se dieran procesos de titularización, hubo momentos altos como la expropiación de Pozo Azul, pero existe un gran porcentaje de la tierra rural productiva que está en la informalidad, entonces tenemos juicios muy grandes que dependen de esa ley”, afirmó el abogado Luis Fuentes consultado por La Voz de Misiones.
La próxima reunión con la intendenta está prevista para el 19 de noviembre cuando la familia Segovia- Garcete acudirá a la municipalidad y espera ser acompañada por su letrado.
Familias aguardan respuestas a cuatro meses de ser desalojadas en Wanda
El reciente evento de camionetas y tractores en el “trompódromo” de Capín Largo, en El Soberbio, casi termina en tragedia cuando uno de los vehículos se salió de la pista en medio de una exhibición y embistió a un grupo de personas que observaba el espectáculo desde la zona de tribunas.
El hecho ocurrió el sábado a la tarde, en una de las dos jornadas del encuentro organizado por el grupo Tropa dos Brutos, que reunió una importante cantidad de participantes y espectadores que además compartieron juegos, música en vivo y baile.
El encuentro tuvo lugar en el trompódromo de barro acondicionado a un costado de la ruta costera 2, en la zona conocida como Capín Largo, donde los participantes ingresan con sus camionetas para dar una exhibición de derrape y otras maniobras de destreza al volante.
En medio del espectáculo, una camioneta Ford Ranger se salió de la pista durante una serie de trompos y se subió al sector del público, embistiendo a un grupo de personas presentes.
El hecho quedó registrado en filmaciones del evento y también se conocieron imágenes posteriores al hecho, donde los propios asistentes buscaban si debajo del rodado quedaron víctimas atrapadas, aunque hasta el momento no se reportaron heridos, ni se conocieron partes policiales al respecto.
Los eventos de este tipo comenzaron a ganar terreno en Misiones en el último tiempo. Ya hubo encuentros similares en Jardín América y San Vicente, mientras que este fin de semana fue el turno de El Soberbio.
En esta ocasión, además de trompódromo para camionetas también hubo una pista exclusiva para tractores y también una “pista de cabo de guerra”, competencia que cosiste en una camioneta estirando a otra.
Las entradas tenían un costo de entre $15.000 y $20.000 por persona, más $10.000 por conservadora, mientras que como premio había $1.000.000 para sortear entre los participantes inscriptos y otro millón para sortear entre el público.
El evento contó con el apoyo y la promoción del intendente de El Soberbio, Ricardo Leiva, y del ex jefe comunal, actual diputado provincial, Roque Soboczinski.
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Tras el decreto firmado por el gobernador Hugo Passalacqua, que trasladó del domingo 8 al lunes 9 de marzo el asueto administrativo por el Día Internacional de la Mujer, el Consejo General de Educación (CGE) adhirió a la medida y por lo tanto ese día no habrá clases en las escuelas misioneras.
La adhesión se confirmó esta mañana, a partir de una circular firmada por autoridades del ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia.
De esta manera, las clases del lunes quedaron suspendidas para todos los niveles educativos.
El traslado del asueto por el Día de la Mujer fue establecido por el gobernador mediante el decreto 328/2026, firmado ayer.
En los considerandos del decreto se señala que se busca posibilitar la participación en actividades vinculadas a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y promover instancias de reflexión y concientización sobre sus derechos.
El beneficio alcanza a las mujeres que se desempeñan en la administración pública central, entes autárquicos y organismos descentralizados de la provincia.
Passalacqua trasladó al 9 de marzo el asueto por el Día de la Mujer
La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), como parte del conjunto de las asociaciones de base que conforman la Conadu Histórica, decidieron profundizar su plan de lucha por mejoras salariales, presupuestarias y la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, por lo que iniciarán una semana de paro desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo.
A través de un comunicado, detallaron que el Congreso Extraordinario de Conadu Histórica resolvió “profundizar el plan de lucha en forma planificada con paros de duración semanal frente al brutal ajuste instrumentado por el gobierno nacional de Javier Milei y en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario”.
Además del paro que iniciará en la semana del 16 de marzo, sumarán otras acciones la semana del 24 de marzo a 50 años del Golpe de Estado de 1976, un paro a partir de la semana del 30 y una evaluación el miércoles 1 de abril “para continuar intensificando el plan de lucha, si no hay respuesta a los reclamos”.
Simultáneamente, resolvieron concretar una nueva marcha nacional de las universidades públicas, “en unidad con todos los sectores universitarios y la sociedad en su conjunto”.
El Congreso Extraordinario de la Conadu también resolvió convocar al paro internacional feminista y transfeminista previsto para el 9 de marzo, “reafirmando el compromiso histórico de la docencia de las universidades con las luchas del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries, y con la defensa de los derechos laborales y sociales en perspectiva de género”, apuntaron en el mismo documento.
De esta manera, el nuevo tramo del plan de acción directa se desplegará a partir del 16 de marzo, fecha en la que las actividades académicas estarán en marcha en la mayoría de las universidades públicas de todo el país, incluyendo Misiones.
Reunión del Congreso Extraordinario de la Conadu Histórica
Finalmente, recordaron que en instancias anteriores, fue votada la realización de un paro por 48 horas en caso de que se trate en el Congreso el proyecto de Milei que pretende derogar la Ley de Financiamiento vigente y reemplazarla por un 12,3% de aumento en tres cuotas, por debajo del 52% establecido por la ley vigente.
“El gobierno nacional se niega a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que el Congreso Nacional aprobó, sostuvo cinco veces y también fue ratificada por la justicia”, repudiaron en el comunicado.
Y agregaron: “Esto implica una flagrante violación a las normas básicas de la democracia representativa, la constitución y la institucionalidad de la Nación. El presidente de la Nación está poniendo en riesgo las actividades académicas, perjudicando a 2 millones de estudiantes, casi 200 mil docentes y 50 mil nodocentes”.
“Los salarios han caído por debajo de la línea de pobreza, generando la renuncia de más de 10 mil docentes, cortando las vocaciones académicas y dañando los equipos de cátedra. Este deterioro, a su vez, empuja a las obras sociales a la quiebra, porque dependen del aporte salarial. La universidad pública de calidad es un derecho. Universidad pública siempre, con salarios dignos”, concluyeron.
Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento
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