Provinciales
Desalojados en Wanda: “Vivíamos de lo que producíamos en esa tierra”
Norma Segovia (41) no cuenta con un trabajo formal, es madre de cuatro menores y hasta el 5 de julio, cuando fueron desalojados por una orden judicial que involucra a la empresa Arauco, dependían exclusivamente de la agricultura para sobrevivir. “Hoy estamos en la calle con los cuatro chicos. Ni el municipio, ni la provincia se están responsabilizando por eso”, afirmó la mujer en diálogo con La Voz de Misiones.
“Mi marido no tiene trabajo, yo tampoco. Nosotros dependíamos únicamente de la tierra, de la producción que salía de ahí, de las legumbres, las verduras, la mandioca, el maíz y los animales que teníamos. Hoy esperamos volver porque en el pueblo es todo gasto y nosotros solo contamos con una pensión por invalidez”, describió.
Mientras Norma se dedica a la crianza de dos nenas de 8 y 14 años y dos varones de 9 y 15, recordó que su esposo: “No puede entrar a ninguna empresa para trabajar porque tiene dislocado un omóplato y tendinitis en un pie, porque perdió los dedos cuando era chico y eso después también derivó en un problema de rodilla, en ningún lado le toman”.
A la limitación laboral, se suma el nivel de estudios: “El creo que tiene hasta segundo año de la secundaria, hizo hasta noveno y yo tengo apenas segundo grado”.
El caso
Todo comenzó hace cuatro meses atrás, cuando la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina.
Fue en horas de la mañana cuando la infantería ingresó con camionetas, camiones y máquinas que destrozaron cultivos, árboles e incendiaron viviendas. Mientras que, las familias fueron reprimidas con gases, forcejeos y hubo cuatro detenidos por “desobediencia judicial y resistencia”, quienes finalmente fueron liberados 48 horas más tarde, tras el repudio del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros y el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”.
Incendio de vivienda durante el desalojo
El procedimiento ordenado por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, no solo incluyó el desplazamiento físico de las familias en cuestión, sino que también se vieron perjudicados sus animales e incluso los cultivos anuales y estacionales que producían para la subsistencia.
Presente incierto
A cuatro meses del desalojo, Norma y su esposo Eduardo Garcete, cuentan solamente con el apoyo de parientes que le facilitan un lugar donde parar temporalmente: “Mi cuñada consiguió plata y pudo pagar el alquiler de ella hasta el 5 de diciembre”.
Frente a esta situación, mantuvieron alrededor de cinco reuniones con la intendenta de Wanda, Romina Faccio, en intentos por recuperar ese territorio o algún otro espacio que les permita volver a dedicarse al cultivo de alimentos y la cría de animales para el consumo.
Construcción de horno de barro por Eduardo Garcete cuando residían en el Paraje. La estructura fue destruida durante el desalojo
“Vamos a ver qué solución tenemos el 19 de noviembre cuando volvamos a reunirnos con la intendenta”, dijo con pocas esperanzas tras las constantes peticiones irresueltas.
“Si no se resuelve, lo único que queda es acampar frente a la municipalidad, pero no queremos pasar por eso otra vez”, recordó aludiendo a un anterior desalojo.
En esa línea, agregó: “Pero no queremos eso porque ya pasamos por esa situación una vez con los chicos en la calle, sin baños, sin agua y sin poder darles de comer”.
De extractivismo y territorios
Mientras Norma aseguró residir en ese territorio durante al menos diez años, la empresa Arauco arremetió contra la propiedad sin resquemor.
Al respecto, la damnificada explicó: “Eso es chacra desde 1999, era espacio fiscal y fue pasando por varias familias. En el 2014 mi marido compró la chacra en Paraje San Lorenzo entregando un vehículo, plata y una yunta de bueyes, porque es chacra desde hace 25 años y la empresa Arauco dice que es de ellos”.
Al ser consultada por el título de propiedad, se sinceró: “En Paraje San Lorenzo nadie tiene título por la tierra. Ahí es todo fiscal. Lo que no entendemos es por qué la empresa fue solo a esas 38 hectáreas, a las otras casas que están en el mismo Paraje y durante el mismo tiempo no llegaron”.
Destrucción de vivienda de la familia Segovia- Garcete durante el desalojo
La empresa en cuestión está abocada al cultivo de pinos y eucaliptos desde 1996 en la provincia, contando con varios antecedentes similares. En septiembre de 2023, activistas de Greenpeace e integrantes de las comunidades mbya Guazurarí y Puente Quemado II protestaron contra Arauco, por el avance y desmonte sobre sus territorios.
A través de un comunicado de prensa, señalaron que “la propia empresa reconoce que, cuando se llamaba Alto Paraná S.A., entre 1994 y 2003 realizó el desmonte de 20.811 hectáreas que estaban cubiertas con vegetación nativa, para el establecimiento de nuevas plantaciones. Además, cuentan con otras 100.000 hectáreas de plantaciones compradas a otros propietarios luego de desmontar la selva. Así, la superficie total de plantaciones que posee Arauco en Misiones es similar a la de seis ciudades de Buenos Aires”.
En cuanto a la legislación, se encuentra vigente -hasta el 31 de diciembre de 2025- la Ley Provincial XII Nº 41, de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remate, de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a 8 años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados.
“Es una ley muy importante porque Misiones tiene una historia de concentración de la tierra desde su nacimiento en 1881 cuando 29 personas se apropian de toda la tierra, entonces queda concentrada desde su génesis. Eso hace que hoy tengamos una irregularidad. A pesar de que se dieran procesos de titularización, hubo momentos altos como la expropiación de Pozo Azul, pero existe un gran porcentaje de la tierra rural productiva que está en la informalidad, entonces tenemos juicios muy grandes que dependen de esa ley”, afirmó el abogado Luis Fuentes consultado por La Voz de Misiones.
La próxima reunión con la intendenta está prevista para el 19 de noviembre cuando la familia Segovia- Garcete acudirá a la municipalidad y espera ser acompañada por su letrado.
Familias aguardan respuestas a cuatro meses de ser desalojadas en Wanda
Estefanía Méndez integra la comunidad mbya Perutí de El Alcázar, tiene 8 años y desde el 31 de enero se encuentra internada en el hospital Garrahan, donde fue sometida a una cirugía para extirpar un tumor en la cabeza.
Previamente, estuvo internada durante una semana en el hospital Pediátrico de Posadas, pero debido a la complejidad del cuadro debió ser derivada a Buenos Aires.
En diálogo con La Voz de Misiones, Cintia Méndez (24), madre de Estefanía, relató: “Los médicos me dijeron que es un tumor en la cabeza. La operaron el martes y en estos momentos se encuentra en vigilancia para controlar la infección y continuar con los tratamientos”.
Esto implica que Cintia permanezca en el nosocomio, con todos los gastos que ello conlleva. Junto a su esposo Junior César González también son padres de un niño de 10 años y un bebé de 2, quienes quedaron al cuidado de su padre y hoy se ve imposibilitado de obtener ingresos económicos para el sustento familiar, ya que el más pequeño todavía requiere cuidados intensivos.
“El bebé toma leche en mamadera, no debería faltar leche, por eso les pedí ayuda económica y ropa para mi niño”, recordó Cintia y añadió: “Mi preocupación está en los dos lados, acá con mi hija y con mis hijos qué dejé con el papá. Por eso la ayuda sería una gran bendición”.
Por su parte, Orlando Cabrera, segundo cacique de la comunidad Perutí se sumó al pedido de ayuda y comentó: “Estefanía cumplió 8 años el día 4 de febrero, estará cursando 3º grado en el instituto Perutí. Tuvo una intervención quirúrgica el martes 3 de febrero, con la que le extirparon un tumor en la cabeza. Ahora salió de terapia intensiva y fue trasladada a la sala de observación permanente”.
En la comunidad Perutí conviven 260 familias, que en su mayoría se dedican a la agricultura familiar. En total reúne alrededor de 1700 personas, entre adultos y niños, distribuidos en un total de 800 hectáreas.
Quienes deseen colaborar podrán hacerlo con leche, pañales, ropas, alimentos y artículos de higiene, coordinando la entrega a través del 3751 310974 (Cintia).
En la tarde de hoy, la rápida intervención de Bomberos Voluntarios permitió controlar un foco ígneo en una zona rural y evitó que las llamas se propagaran hacia sectores productivos cercanos en un contexto de sequía generalizada y riesgo extremo de incendios en toda la provincia.
El hecho se registró cerca de las 15 en inmediaciones de la ruta 8, kilómetro 4 de Campo Grande, dentro de una chacra de la zona, donde los bomberos desplegaron tareas para contener, controlar y extinguir el principio de incendio forestal.
Si bien realizan las pericias correspondientes a fin de confirmar el origen del foco ígneo, desde el Ministerio de Ecología recordaron que, al igual que la semana pasada, a lo largo y ancho de la provincia las condiciones climáticas continúan caracterizándose por calor sofocante y sequía, debido al bloqueo atmosférico.
Tanto la ola de calor que llevó a temperaturas de 38º en las ciudades misioneras más calurosas, como la ausencia de lluvias en la región, generan condiciones de peligro extremo de incendios.
Por ese motivo, se encuentra prohibida toda quema o actividad que pueda provocar el inicio de focos ígneos. La medida se extiende a las tareas de limpieza de malezas en chacras y los mantenimientos domiciliarios en áreas urbanas, donde queda estrictamente prohibida la quema de basura.
En el mismo sentido, recuerdan no arrojar vidrios, residuos o colillas en áreas verdes y pastizales, ya que estos elementos pueden actuar como iniciadores de fuego bajo el sol intenso.
Asimismo, recomiendan mantener las propiedades limpias de ramas y pastizales altos para reducir la carga de combustible natural ante un posible incidente. De no hacerlo, el incumplimiento de estas normas conlleva sanciones legales severas.
En caso de observar cualquier foco de incendio, se debe dar aviso inmediato a las líneas de emergencia 911 o a los Bomberos, evitando siempre el combate individual del fuego.
Tras impulsar y lograr una ordenanza que le otorgó un marco normativo a la actividad rural en El Soberbio, los productores que integran la flamante asociación bovina Matadero del Alto Uruguay (MAU) avanzan con los acondicionamientos del nuevo establecimiento y buscan conseguir financiamiento para la construcción de la sala de faena.
La sala de faena es una instalación sanitaria específica, diseñada para el sacrificio de animales bajo estrictas normas de higiene, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria y el consumo humano.
Debido a los altos costos que implica la construcción del espacio, la asociación elaboró un proyecto, dirigido al gobierno de la provincia, que incluye los planos generales de la edificación con los presupuestos de la mano de obra y los materiales, lo que arroja una inversión de unos 20 millones de pesos.
“Con esa plata, estimamos que el proyecto en el que venimos trabajando se concrete y podamos inaugurar el matadero”, explicó a La Voz de Misiones uno de los productores que impulsa en la iniciativa.
Solicitud
En el documento del proyecto de financiamiento que la asociación busca elevar a las autoridades provinciales, solicita “respetuosamente” al gobierno de Misiones apoyo para la construcción de la sala de faena, destacando que se trata de una iniciativa que no solo beneficiará a sus socios, sino que también impulsará “la economía local y generará empleo en la región“.
“Con terreno propio y permisos en regla, estamos listos para avanzar con este proyecto, pero necesitamos su apoyo para hacerlo realidad”, agregó la asociación en la misiva.
Al mismo tiempo, los productores bovinos de El Soberbio se comprometieron a “devolver el financiamiento en tiempo y forma, según las condiciones establecidas, y a trabajar de la mano con el gobierno provincial para asegurar el éxito de este proyecto”.
“Nuestra asociación tiene capacidad para adquirir deuda, según su estatuto y personería jurídica (PJ 5.580), y cuenta con el respaldo unánime de sus socios para llevar adelante este proyecto”, afirman en el documento.
Los productores bovinos del Alto Uruguay impulsan hace más de ocho meses la iniciativa de levantar un nuevo matadero para la zona, luego de que la Municipalidad dispuso el cierre definitivo del establecimiento que funcionaba desde 1993 en la localidad tras recibir numerosas denuncias de vecinos por las quemas a cielo abierto, en un contexto marcado por el crecimiento poblacional en la zona y la falta de mantenimiento e inversión en el lugar.
Asociación logró una ordenanza que habilita un matadero rural en El Soberbio
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