Provinciales
Desalojados en Wanda: “Vivíamos de lo que producíamos en esa tierra”
Norma Segovia (41) no cuenta con un trabajo formal, es madre de cuatro menores y hasta el 5 de julio, cuando fueron desalojados por una orden judicial que involucra a la empresa Arauco, dependían exclusivamente de la agricultura para sobrevivir. “Hoy estamos en la calle con los cuatro chicos. Ni el municipio, ni la provincia se están responsabilizando por eso”, afirmó la mujer en diálogo con La Voz de Misiones.
“Mi marido no tiene trabajo, yo tampoco. Nosotros dependíamos únicamente de la tierra, de la producción que salía de ahí, de las legumbres, las verduras, la mandioca, el maíz y los animales que teníamos. Hoy esperamos volver porque en el pueblo es todo gasto y nosotros solo contamos con una pensión por invalidez”, describió.
Mientras Norma se dedica a la crianza de dos nenas de 8 y 14 años y dos varones de 9 y 15, recordó que su esposo: “No puede entrar a ninguna empresa para trabajar porque tiene dislocado un omóplato y tendinitis en un pie, porque perdió los dedos cuando era chico y eso después también derivó en un problema de rodilla, en ningún lado le toman”.
A la limitación laboral, se suma el nivel de estudios: “El creo que tiene hasta segundo año de la secundaria, hizo hasta noveno y yo tengo apenas segundo grado”.
El caso
Todo comenzó hace cuatro meses atrás, cuando la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina.
Fue en horas de la mañana cuando la infantería ingresó con camionetas, camiones y máquinas que destrozaron cultivos, árboles e incendiaron viviendas. Mientras que, las familias fueron reprimidas con gases, forcejeos y hubo cuatro detenidos por “desobediencia judicial y resistencia”, quienes finalmente fueron liberados 48 horas más tarde, tras el repudio del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros y el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”.

Incendio de vivienda durante el desalojo
El procedimiento ordenado por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, no solo incluyó el desplazamiento físico de las familias en cuestión, sino que también se vieron perjudicados sus animales e incluso los cultivos anuales y estacionales que producían para la subsistencia.
Presente incierto
A cuatro meses del desalojo, Norma y su esposo Eduardo Garcete, cuentan solamente con el apoyo de parientes que le facilitan un lugar donde parar temporalmente: “Mi cuñada consiguió plata y pudo pagar el alquiler de ella hasta el 5 de diciembre”.
Frente a esta situación, mantuvieron alrededor de cinco reuniones con la intendenta de Wanda, Romina Faccio, en intentos por recuperar ese territorio o algún otro espacio que les permita volver a dedicarse al cultivo de alimentos y la cría de animales para el consumo.

Construcción de horno de barro por Eduardo Garcete cuando residían en el Paraje. La estructura fue destruida durante el desalojo
“Vamos a ver qué solución tenemos el 19 de noviembre cuando volvamos a reunirnos con la intendenta”, dijo con pocas esperanzas tras las constantes peticiones irresueltas.
“Si no se resuelve, lo único que queda es acampar frente a la municipalidad, pero no queremos pasar por eso otra vez”, recordó aludiendo a un anterior desalojo.
En esa línea, agregó: “Pero no queremos eso porque ya pasamos por esa situación una vez con los chicos en la calle, sin baños, sin agua y sin poder darles de comer”.
De extractivismo y territorios
Mientras Norma aseguró residir en ese territorio durante al menos diez años, la empresa Arauco arremetió contra la propiedad sin resquemor.
Al respecto, la damnificada explicó: “Eso es chacra desde 1999, era espacio fiscal y fue pasando por varias familias. En el 2014 mi marido compró la chacra en Paraje San Lorenzo entregando un vehículo, plata y una yunta de bueyes, porque es chacra desde hace 25 años y la empresa Arauco dice que es de ellos”.
Al ser consultada por el título de propiedad, se sinceró: “En Paraje San Lorenzo nadie tiene título por la tierra. Ahí es todo fiscal. Lo que no entendemos es por qué la empresa fue solo a esas 38 hectáreas, a las otras casas que están en el mismo Paraje y durante el mismo tiempo no llegaron”.

Destrucción de vivienda de la familia Segovia- Garcete durante el desalojo
La empresa en cuestión está abocada al cultivo de pinos y eucaliptos desde 1996 en la provincia, contando con varios antecedentes similares. En septiembre de 2023, activistas de Greenpeace e integrantes de las comunidades mbya Guazurarí y Puente Quemado II protestaron contra Arauco, por el avance y desmonte sobre sus territorios.
A través de un comunicado de prensa, señalaron que “la propia empresa reconoce que, cuando se llamaba Alto Paraná S.A., entre 1994 y 2003 realizó el desmonte de 20.811 hectáreas que estaban cubiertas con vegetación nativa, para el establecimiento de nuevas plantaciones. Además, cuentan con otras 100.000 hectáreas de plantaciones compradas a otros propietarios luego de desmontar la selva. Así, la superficie total de plantaciones que posee Arauco en Misiones es similar a la de seis ciudades de Buenos Aires”.
En cuanto a la legislación, se encuentra vigente -hasta el 31 de diciembre de 2025- la Ley Provincial XII Nº 41, de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remate, de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a 8 años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados.
“Es una ley muy importante porque Misiones tiene una historia de concentración de la tierra desde su nacimiento en 1881 cuando 29 personas se apropian de toda la tierra, entonces queda concentrada desde su génesis. Eso hace que hoy tengamos una irregularidad. A pesar de que se dieran procesos de titularización, hubo momentos altos como la expropiación de Pozo Azul, pero existe un gran porcentaje de la tierra rural productiva que está en la informalidad, entonces tenemos juicios muy grandes que dependen de esa ley”, afirmó el abogado Luis Fuentes consultado por La Voz de Misiones.
La próxima reunión con la intendenta está prevista para el 19 de noviembre cuando la familia Segovia- Garcete acudirá a la municipalidad y espera ser acompañada por su letrado.
Familias aguardan respuestas a cuatro meses de ser desalojadas en Wanda
Provinciales
Invitan a charla sobre el proyecto Corpus-Pindoí en Montecarlo y Jardín América
Luego del encuentro realizado en mayo, en el hotel Julio César de Posadas, la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip) convocó a una nueva charla informativa junto a la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Montecarlo (Cacim), prevista para el miércoles 1 de julio a las 18:30 en el salón de usos múltiples, ubicado en El Libertador 2713 y el jueves 2 de julio a las 20 en el salón de la cooperativa de servicios públicos de Jardín América.
Al igual que en la capital provincial, ambos encuentros proponen brindar información sobre el estado actual del proyecto hidroeléctrico Corpus-Pindoí, sus principales características, junto a otros ejes como: energía, producción, desarrollo y ambiente.
Desde la Comip sostienen que “hoy existen condiciones distintas” para discutir el proyecto. En la anterior charla informativa, el delegado argentino de ese organismo, José Antonio López, aludió al escenario para el avance de Corpus-Pindoí, haciendo un paralelismo con Yacyretá y las obras complementarias realizadas en la región.
“Hoy, Posadas es una maravilla; Encarnación es una maravilla. Toda la costa recibió obras: el bypass carretero, servicios sanitarios, el puente, el aeropuerto. Todo eso quedó con la definición de Yacyretá”, sostuvo López desde el histórico hotel céntrico de la capital provincial.
De esa manera, remarcó que las obras hidroeléctricas “traen beneficios”, aunque aclaró que “el tema es que sean oportunos y ajustados a lo que la gente necesita”.
Esta iniciativa cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental y Social elaborado específicamente para el emplazamiento Pindo-í, desarrollado por un consorcio internacional integrado por Harza Engineering (Estados Unidos), IATASA (Argentina) y TECMA (Paraguay), con participación de instituciones académicas regionales, entre ellas la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad Nacional de Itapúa.
En Jardín América
Para el jueves 2 de julio a las 20, la charla informativa lleva el nombre: “Alternativas a la problemática energética para el desarrollo de la región”, y tendrá lugar en el salón de la cooperativa servicios públicos, ubicado por calle Brasil 675.
Allí, la Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Jardín América y Zona de influencia, Parque Tecnológico Zona Centro Río Paraná y la municipalidad, invitan a participar de este espacio de análisis, intercambio y reflexión sobre los desafíos energéticos actuales y las oportunidades de desarrollo para nuestra región.
La actividad reunirá a representantes del sector público, privado, instituciones, profesionales y actores vinculados al desarrollo productivo y energético, con el objetivo de abordar distintas perspectivas relacionadas al futuro energético regional y su impacto en el crecimiento económico, social e industrial.
La participación es gratuita, con inscripción previa al siguiente link: https://forms.gle/PM3k7vBKx1nQ3U7q9

Sobre los estudios ambientales del Proyecto Multipropósito Corpus Christi
Provinciales
Parques Nacionales: alertan por retiro voluntario y posible vaciamiento
El gobierno nacional, mediante la Resolución 191/2026 publicada en el Boletín Oficial, puso en marcha un régimen de retiro voluntario exclusivo para el personal de planta permanente de la Administración de Parques Nacionales (APN).
El programa se enmarca en las políticas oficiales orientadas a la reorganización y reducción de la estructura estatal y alcanza a los trabajadores comprendidos en el artículo 8° de la Ley 25.164 del Régimen de Empleo Público Nacional.
A partir de la resolución, sectores sindicales que nuclean a los trabajadores se hicieron eco de lo dispuesto y salieron al cruce del régimen. En este sentido, Natalia Duarte, secretaria adjunta de la seccional Iguazú del gremio ATE, del área de conservación y educación ambiental, en comunicación con La Voz de Misiones, expresó su preocupación.
La iniciativa, publicada el pasado 23 de junio, no está dirigida exclusivamente al cuerpo de guardaparques, sino a todo el personal de planta permanente de Parques Nacionales.
“A lo largo y ancho del país contamos con importantes parques nacionales y lo que se plantea es una reducción cercana al 20% de la planta, supuestamente para optimizar, pero nosotros no lo vemos así. Es una forma de despido”, sostuvo Duarte.
En Misiones, las dos áreas afectadas son, el Parque Nacional Iguazú y el Parque Federal Campo San Juan. Allí trabajan 21 agentes de planta permanente, 22 contratados, además de 33 guardaparques y aproximadamente 10 brigadistas.
Según explica la dirigente sindical, el proceso de vaciamiento de la APN no comenzó ahora, sino que se viene profundizando desde el 2024.
“Con este gobierno hemos perdido a más de 120 compañeros y compañeras a nivel nacional. Algunos se fueron incorporando nuevamente, pero con estos llamados ‘retiros voluntarios’ se encubre otra forma de despido”, afirmó.
Para la secretaria adjunta, la iniciativa representa un “vaciamiento del organismo” que afecta la soberanía, la protección de los bienes comunes y la conservación del ambiente y el patrimonio natural y cultural.
“No podemos permitir estos vaciamientos en la administración pública. Cada trabajador cumple un rol muy importante. Si bien este retiro no alcanza al cuerpo de guardaparques, dentro de la planta permanente también hay científicos, técnicos y administrativos que son fundamentales para la protección de los parques nacionales”, señaló.
Duarte también cuestionó el objetivo de la medida: “Van a decir que la administración pública no es eficiente o que es deficiente, pero para abrir una ruta o realizar una obra se hacen estudios de impacto ambiental. Ahí entra nuestra labor. Con este vaciamiento, claramente vamos a perder capacidad técnica”.
El proceso administrativo prevé la intervención de áreas centrales del Estado, como la Subsecretaría de Desarrollo y Modernización del Empleo Público y la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Economía, que deberán intervenir en las actas de desvinculación.
La Administración de Parques Nacionales, organismo encargado de la conservación de las áreas protegidas del país bajo la Ley 22.351, podría verse afectada en su capacidad operativa ante una eventual reducción de su planta de trabajadores.
“Nos preocupa qué va a pasar si no se alcanza ese 20% de adhesión. ¿Quiénes van a completar ese porcentaje? ¿Los contratados o el resto del personal?”, planteó.
En el Parque Nacional Iguazú, uno de los sectores más sensibles es el área de conservación, donde —según señaló— ya se registran dificultades en la evaluación de estudios de impacto ambiental.
“La quita de funciones es otra de las preocupaciones. Es importante que cada departamento cumpla su rol. Si eso se debilita, el funcionamiento general del organismo se ve afectado”, advirtió.
Finalmente, la dirigente consideró que el plan implica una pérdida significativa de recursos humanos con experiencia: “Son trabajadores con años en la administración pública, en edad activa y con una trayectoria valiosa. Es una pérdida irreparable para el Estado”.
El programa quedó a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de la APN, que deberá gestionar las adhesiones, confeccionar la documentación correspondiente y coordinar los circuitos internos de desvinculación.
“El problema es que con este gobierno vamos a seguir perdiendo trabajadores y el vaciamiento va a continuar profundizándose”, concluyó Duarte.
Reestructuración y 40 retiros voluntarios en Inta: “Es un despido encubierto”
Provinciales
Asistieron con abrigos y alimentos a doce comunidades mbya de San Ignacio
Con temperaturas de un dígito, este martes la Dirección de Asuntos Guaraníes de Misiones encabezó el primer operativo Yro’y -o de invierno- en comunidades mbya de la localidad de San Ignacio y planifica nuevas reuniones con intendentes para trasladar el beneficio a otros puntos de la provincia.
La actividad consistió en la entrega de abrigos, calzados, frazadas y porciones de comida caliente, lo que alcanzó a doce aldeas y alrededor de 150 personas, durante una jornada que contó con el acompañamiento de funcionarios municipales y efectivos de la Policía de Misiones.
“El trabajo en conjunto, la prevención y la asistencia en épocas de frío extremo son fundamentales”, reconocieron desde el organismo que funciona como nexo entre comunidades originarias y el gobierno provincial, a través del Ministerio de Derechos Humanos.
“Con la llegada del invierno y las temperaturas extremas, reafirmamos nuestro compromiso de prevenir y proteger a quienes más lo necesitan. Nos unimos en un operativo territorial para cuidar a nuestras comunidades mbya guaraníes ante el inicio del frío”, añadieron.
Respecto al despliegue de la asistencia ante el frío, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez detalló: “Primero hicimos un punto central con los caciques para explicarles el trabajo a realizar y después, junto a ellos, fuimos comunidad por comunidad, donde desplegamos la logística y asistimos a las familias en cada aldea”.
De esa manera, visitaron las aldeas Chapa’i, Ychongy Poty, Andresito, Tacuaral, Tava Mirĩ, Yvy Poty, Tapé Põrã, Mbokajaty II, Kokuere’i I, Kokuere’i II, katupyry, Mbokajaity I y Pindoty.
Por estas horas, los organismos implicados se encuentran planificando, junto a otros intendentes, las fechas para arribar con el beneficio a otros puntos de la geografía provincial que alberga a más de 130 comunidades actualmente.

Entrega de comunida caliente en 12 comunidades mbya de San Ignacio
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