Provinciales
Desalojados en Wanda: “Vivíamos de lo que producíamos en esa tierra”
Norma Segovia (41) no cuenta con un trabajo formal, es madre de cuatro menores y hasta el 5 de julio, cuando fueron desalojados por una orden judicial que involucra a la empresa Arauco, dependían exclusivamente de la agricultura para sobrevivir. “Hoy estamos en la calle con los cuatro chicos. Ni el municipio, ni la provincia se están responsabilizando por eso”, afirmó la mujer en diálogo con La Voz de Misiones.
“Mi marido no tiene trabajo, yo tampoco. Nosotros dependíamos únicamente de la tierra, de la producción que salía de ahí, de las legumbres, las verduras, la mandioca, el maíz y los animales que teníamos. Hoy esperamos volver porque en el pueblo es todo gasto y nosotros solo contamos con una pensión por invalidez”, describió.
Mientras Norma se dedica a la crianza de dos nenas de 8 y 14 años y dos varones de 9 y 15, recordó que su esposo: “No puede entrar a ninguna empresa para trabajar porque tiene dislocado un omóplato y tendinitis en un pie, porque perdió los dedos cuando era chico y eso después también derivó en un problema de rodilla, en ningún lado le toman”.
A la limitación laboral, se suma el nivel de estudios: “El creo que tiene hasta segundo año de la secundaria, hizo hasta noveno y yo tengo apenas segundo grado”.
El caso
Todo comenzó hace cuatro meses atrás, cuando la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina.
Fue en horas de la mañana cuando la infantería ingresó con camionetas, camiones y máquinas que destrozaron cultivos, árboles e incendiaron viviendas. Mientras que, las familias fueron reprimidas con gases, forcejeos y hubo cuatro detenidos por “desobediencia judicial y resistencia”, quienes finalmente fueron liberados 48 horas más tarde, tras el repudio del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros y el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”.

Incendio de vivienda durante el desalojo
El procedimiento ordenado por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, no solo incluyó el desplazamiento físico de las familias en cuestión, sino que también se vieron perjudicados sus animales e incluso los cultivos anuales y estacionales que producían para la subsistencia.
Presente incierto
A cuatro meses del desalojo, Norma y su esposo Eduardo Garcete, cuentan solamente con el apoyo de parientes que le facilitan un lugar donde parar temporalmente: “Mi cuñada consiguió plata y pudo pagar el alquiler de ella hasta el 5 de diciembre”.
Frente a esta situación, mantuvieron alrededor de cinco reuniones con la intendenta de Wanda, Romina Faccio, en intentos por recuperar ese territorio o algún otro espacio que les permita volver a dedicarse al cultivo de alimentos y la cría de animales para el consumo.

Construcción de horno de barro por Eduardo Garcete cuando residían en el Paraje. La estructura fue destruida durante el desalojo
“Vamos a ver qué solución tenemos el 19 de noviembre cuando volvamos a reunirnos con la intendenta”, dijo con pocas esperanzas tras las constantes peticiones irresueltas.
“Si no se resuelve, lo único que queda es acampar frente a la municipalidad, pero no queremos pasar por eso otra vez”, recordó aludiendo a un anterior desalojo.
En esa línea, agregó: “Pero no queremos eso porque ya pasamos por esa situación una vez con los chicos en la calle, sin baños, sin agua y sin poder darles de comer”.
De extractivismo y territorios
Mientras Norma aseguró residir en ese territorio durante al menos diez años, la empresa Arauco arremetió contra la propiedad sin resquemor.
Al respecto, la damnificada explicó: “Eso es chacra desde 1999, era espacio fiscal y fue pasando por varias familias. En el 2014 mi marido compró la chacra en Paraje San Lorenzo entregando un vehículo, plata y una yunta de bueyes, porque es chacra desde hace 25 años y la empresa Arauco dice que es de ellos”.
Al ser consultada por el título de propiedad, se sinceró: “En Paraje San Lorenzo nadie tiene título por la tierra. Ahí es todo fiscal. Lo que no entendemos es por qué la empresa fue solo a esas 38 hectáreas, a las otras casas que están en el mismo Paraje y durante el mismo tiempo no llegaron”.

Destrucción de vivienda de la familia Segovia- Garcete durante el desalojo
La empresa en cuestión está abocada al cultivo de pinos y eucaliptos desde 1996 en la provincia, contando con varios antecedentes similares. En septiembre de 2023, activistas de Greenpeace e integrantes de las comunidades mbya Guazurarí y Puente Quemado II protestaron contra Arauco, por el avance y desmonte sobre sus territorios.
A través de un comunicado de prensa, señalaron que “la propia empresa reconoce que, cuando se llamaba Alto Paraná S.A., entre 1994 y 2003 realizó el desmonte de 20.811 hectáreas que estaban cubiertas con vegetación nativa, para el establecimiento de nuevas plantaciones. Además, cuentan con otras 100.000 hectáreas de plantaciones compradas a otros propietarios luego de desmontar la selva. Así, la superficie total de plantaciones que posee Arauco en Misiones es similar a la de seis ciudades de Buenos Aires”.
En cuanto a la legislación, se encuentra vigente -hasta el 31 de diciembre de 2025- la Ley Provincial XII Nº 41, de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remate, de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a 8 años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados.
“Es una ley muy importante porque Misiones tiene una historia de concentración de la tierra desde su nacimiento en 1881 cuando 29 personas se apropian de toda la tierra, entonces queda concentrada desde su génesis. Eso hace que hoy tengamos una irregularidad. A pesar de que se dieran procesos de titularización, hubo momentos altos como la expropiación de Pozo Azul, pero existe un gran porcentaje de la tierra rural productiva que está en la informalidad, entonces tenemos juicios muy grandes que dependen de esa ley”, afirmó el abogado Luis Fuentes consultado por La Voz de Misiones.
La próxima reunión con la intendenta está prevista para el 19 de noviembre cuando la familia Segovia- Garcete acudirá a la municipalidad y espera ser acompañada por su letrado.
Familias aguardan respuestas a cuatro meses de ser desalojadas en Wanda
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La Unam votó por la continuidad política en los decanatos de sus seis facultades
Este miércoles 10 de junio se concretaron las elecciones institucionales en las diferentes casas de estudio de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), donde los decanos fueron reelectos en las seis facultades ubicadas a lo largo y ancho de la provincia.
En cuanto al rectorado, fue electa la lista única integrada por Sergio Katogui como rector y Gisela Elizabeth Spaciuk, como vice rectora, dando continuidad al proyecto de gestión y garantizando una transición ordenada respecto de la administración encabezada por la, hasta entonces, rectora Alicia Violeta Bohren.
En la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales compitieron dos propuestas. La Lista 1, Compromiso Humanidades, representada por Jorge Servián y María del Rosario “Copo” Millán y la Lista 2, Frente Docente por la Educación Pública, que llevó como candidatos al actual decano Cristian Garrido y Zulma Cabrera.
El triunfo correspondió a Garrido y Cabrera, quienes fueron reelectos y ejercerán los cargos de decano y vice durante los próximos cuatro años.
Desde el espacio, agradecieron los resultados a través de sus redes sociales: “Gracias por cada voto de confianza, por cada palabra de apoyo y por creer que una universidad pública de calidad se construye entre todos”.
Y destacaron: “Este triunfo no es un punto de llegada, sino el impulso para seguir trabajando con más compromiso, más diálogo y más convicción por nuestra Facultad”.
De igual manera, en la Facultad de Arte y Diseño (FAyD) ubicada en Oberá, la lista Unarte ratificó a Ivonne Aquino como decana, acompañada por Héctor Borges como vicedecano.
Mientras que en la Facultad de Ingeniería, María Claudia Dekun continuará como decana y Hugo Orlando Reinert como vicedecano, en representación del espacio Convergencia.
La Facultad de Ciencias Forestales de Eldorado también mantendrá la línea oficialista. Mariano Martín Di Stasi fue elegido decano acompañado por Anahí Tamara Rauh como vicedecana, en representación de Convergencia Forestales, el espacio político alineado con la gestión saliente y respaldado por el actual decano Fabián Romero y la rectora Alicia Violeta Bohren.
Volviendo a las sedes de la capital provincial, en la Facultad de Ciencias Económicas, Horacio Simes obtuvo la reelección junto a Griselda Gabalachis, consolidando un nuevo mandato para la lista “Encuentro y Compromiso por Económicas”.
En tanto, en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales también prevaleció la continuidad. Martí Dardo Andrea fue reelegido como decano, en una elección que confirma el respaldo a la actual gestión de una de las unidades académicas estratégicas de la Unam.
Decano de Humanidades: “Hay que restituir el lugar de la universidad en la sociedad”
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Reestructuración y 40 retiros voluntarios en Inta: “Es un despido encubierto”
La profunda reestructuración que atraviesa el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), con un nuevo esquema de retiros voluntarios, tendrá un fuerte impacto en Misiones, según explican desde la Asociación del Personal del Inta (Apinta).
Es que, este miércoles 10 de junio finalizó oficialmente el esquema de retiro voluntario que estableció el gobierno nacional, a través de la resolución 144/2026, publicada en el Boletín Oficial, y a partir del martes 16, comenzarán las desvinculaciones de trabajadores que adhirieron al programa impulsado desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, cartera a cargo de Federico Sturzenegger.
La medida impacta de lleno en el acompañamiento a los productores misioneros tanto de las economías regionales o a las grandes producciones como la Foresto Industria.
Silvina Fariza, investigadora en genética del Inta y secretaria general de Apinta, Seccional Cerro Azul, en comunicación con LVM, describió un escenario de incertidumbre y preocupación entre quienes permanecen en el organismo.
“En la Estación Experimental Agropecuaria de Cerro Azul son 24 los agentes que dejarán la institución, mientras que en la Experimental de Montecarlo la cifra ronda entre 18 y 19 trabajadores”, precisó.
La reducción alcanza a personal de apoyo, técnicos, investigadores y profesionales, condición que impacta directo en el acompañamiento de los pequeños productores. Específicamente para el personal de planta permanente con más de 3 años de antigüedad y hasta 60 años de edad. Dado ese escenario, explicó que a los trabajadores de planta permanente les resulta conveniente económicamente acogerse a la propuesta del gobierno nacional y buscar trabajo en el sector privado, pero “los mayores perjudicados en este sentido son los pequeños productores”.
Explicó que el miedo a que unidades del Inta desaparezcan es latente porque hay agencias que se quedan con un solo personal, como Eldorado o Posadas. “Es imposible que se puedan sostener así”, advirtió Fariza.
“Estamos viviendo una situación muy compleja. Se rompen grupos de trabajo, estructuras y equipos que durante muchos años construyeron capacidades, experiencia y vínculos con los productores. Son pérdidas muy difíciles de reemplazar”, sostuvo.
Aunque formalmente se trata de retiros voluntarios, Fariza consideró que las decisiones se toman en un contexto que empuja a muchos trabajadores a abandonar la institución.
“Cuando una persona toma esta decisión en medio de la incertidumbre, del temor por el futuro y de un organismo que está siendo desfinanciado, es muy difícil hablar de una decisión completamente voluntaria. Para nosotros es una forma de despido encubierto”, afirmó.
La dirigente sindical explicó que el Inta enfrenta serias dificultades presupuestarias y que actualmente apenas logra sostener gastos básicos de funcionamiento.
“Hoy el organismo está sin financiamiento para investigación y para el trabajo territorial. Con mucho esfuerzo se llegan a cubrir servicios esenciales como luz, internet y seguridad, pero las actividades que tienen que ver con investigación y extensión están prácticamente desfinanciadas”, sostuvo.
Uno de los aspectos más preocupantes para los trabajadores es el impacto que esta situación tendrá sobre la asistencia técnica a los productores.
“El trabajo de los extensionistas consiste en llegar a las chacras, acompañar a las familias productoras, ayudarlas a mejorar rendimientos, calidad y resolver problemas sanitarios o productivos. Todo eso ya se viene viendo afectado desde hace tiempo”, explicó.
Fariza advirtió además sobre la posibilidad de un desmantelamiento del sistema de extensión rural.
“Existe una amenaza cada vez más fuerte de cerrar agencias de extensión. Si eso ocurre, el impacto sobre los productores será enorme porque son justamente esas agencias las que mantienen el contacto cotidiano con las chacras”, remarcó.
Este no es el primer plan de retiros voluntarios que implementa el gobierno de Javier Milei, en 2024 se realizó con pocas adhesiones. La falta de recursos también afecta la movilidad de los equipos técnicos.
“Muchos trabajadores están utilizando sus propios recursos para poder visitar a los productores. En otros casos, los vehículos institucionales no tienen mantenimiento y directamente no pueden salir al territorio”, indicó.
La situación forma parte de un proceso nacional de reducción de personal que, según estimaciones sindicales, supera los 1000 agentes en todo el país durante esta segunda etapa del programa de retiros voluntarios.
“Este retiro alcanzó todos los niveles de la institución. Se fueron trabajadores de apoyo, técnicos, investigadores, profesionales, directores de experimentales, directores regionales y autoridades nacionales. La pérdida es transversal y afecta toda la estructura del Inta”, afirmó.
La investigadora también expresó preocupación por el rumbo que estaría tomando la política agropecuaria nacional y su impacto en las economías regionales.
“Se está pensando en una agricultura extensiva orientada a las grandes regiones productivas del país. Pero esa lógica no contempla la realidad de Misiones, donde predominan los pequeños productores y las economías regionales”, indicó.
Finalmente, cuestionó el desplazamiento de temas históricamente vinculados al trabajo del organismo.
“La agricultura familiar, la producción a pequeña escala y la agroecología han quedado relegadas. Son temas que dejaron de tener prioridad y eso también afecta directamente a miles de familias productoras que dependen del acompañamiento técnico del Inta”, concluyó.
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Docente pide su reincorporación con huelga de hambre y acampe frente al CGE
La docente y ex directora de la Escuela 958 del paraje Barbacuá de San Antonio, Valeria Paraná, inició una huelga de hambre con acampe este miércoles, frente al Consejo General de Educación (CGE), en reclamo de su reincorporación laboral luego de quedar cesante tras la aplicación de una resolución que cuestiona su designación en el cargo directivo.
La docente aseguró que se quedó “sin trabajo y sin sueldo” como consecuencia de decisiones adoptadas por el CGE, por lo que responsabilizó públicamente a su titular, Daniela López, por el proceso que derivó en su apartamiento.
Se trata de la Resolución 3177, mediante la cual el organismo declaró nula la disposición que en 2019 la había designado como directora suplente y revocó además la Resolución 7845/24, por la cual se le había otorgado estabilidad laboral en el cargo de maestra de grado.
La medida también ordenó eliminar de su legajo el puntaje acumulado por la función jerárquica desempeñada desde 2019 y declaró vacantes tanto el cargo de dirección como el de maestra de grado de la institución.
Al respecto, Paraná detalló en diálogo con FM Santa María de las Misiones que, “la designación por la cual accedí al cargo de maestra y luego al cargo directivo está mal realizada”, ya que asegura tener estabilidad laboral otorgada por el mismo CGE y se encuentra cursando una diplomatura en docencia en la Universidad Nacional de Misiones (Unam).
En ese sentido, consideró que la decisión administrativa forma parte de una persecución: “La intención del CGE, desde sus inicios, era sacarme de la institución. Primero intentaron hacerlo con una denuncia falsa y ahora encontraron otro mecanismo”.
Respaldo
Durante años, Paraná desempeñó sus funciones al frente de la institución, por lo que padres y vecinos, respaldaron su gestión durante las actuaciones realizadas por representantes legales del organismo educativo en la escuela.
En consonancia con la huelga de hambre con acampe, emplazado desde tempranas horas de este miércoles frente al organismo educativo provincial en Posadas, en la Escuela Nº 958, los padres y miembros de la comunidad educativa tomaron el establecimiento en señal de protesta.
Con estas medidas de fuerza, solicitan a las autoridades que revisen la situación y encuentren una solución al conflicto que afecta a la institución y a la docente. En tanto, los alumnos llevan más de un mes sin clases en medio de la disputa administrativa y judicial.
“Queremos una solución urgente para que los niños vuelvan a las aulas y para que se respeten los derechos de quienes forman parte de nuestra comunidad educativa”, expresaron integrantes del grupo que acompaña el reclamo en la sede educativa.
Por su parte, Paraná permanecerá acampando frente a la sede del CGE “hasta las últimas consecuencias”, a la espera de respuestas y soluciones.
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