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Desalojados en Wanda: “Vivíamos de lo que producíamos en esa tierra”

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Norma Segovia (41) no cuenta con un trabajo formal, es madre de cuatro menores y hasta el 5 de julio, cuando fueron desalojados por una orden judicial que involucra a la empresa Arauco, dependían exclusivamente de la agricultura para sobrevivir. “Hoy estamos en la calle con los cuatro chicos. Ni el municipio, ni la provincia se están responsabilizando por eso”, afirmó la mujer en diálogo con La Voz de Misiones

“Mi marido no tiene trabajo, yo tampoco. Nosotros dependíamos únicamente de la tierra, de la producción que salía de ahí, de las legumbres, las verduras, la mandioca, el maíz y los animales que teníamos. Hoy esperamos volver porque en el pueblo es todo gasto y nosotros solo contamos con una pensión por invalidez”, describió.

Mientras Norma se dedica a la crianza de dos nenas de 8 y 14 años y dos varones de 9 y 15, recordó que su esposo: “No puede entrar a ninguna empresa para trabajar porque tiene dislocado un omóplato y tendinitis en un pie, porque perdió los dedos cuando era chico y eso después también derivó en un problema de rodilla, en ningún lado le toman”. 

A la limitación laboral, se suma el nivel de estudios: “El creo que tiene hasta segundo año de la secundaria, hizo hasta noveno y yo tengo apenas segundo grado”.

El caso

Todo comenzó hace cuatro meses atrás, cuando la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina.

Fue en horas de la mañana cuando la infantería ingresó con camionetas, camiones y máquinas que destrozaron cultivos, árboles e incendiaron viviendas. Mientras que, las familias fueron reprimidas con gases, forcejeos y hubo cuatro detenidos por “desobediencia judicial y resistencia”, quienes finalmente fueron liberados 48 horas más tarde, tras el repudio del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros y el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”.

desalojo

Incendio de vivienda durante el desalojo

El procedimiento ordenado por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, no solo incluyó el desplazamiento físico de las familias en cuestión, sino que también se vieron perjudicados sus animales e incluso los cultivos anuales y estacionales que producían para la subsistencia.

Presente incierto

A cuatro meses del desalojo, Norma y su esposo Eduardo Garcete, cuentan solamente con el apoyo de parientes que le facilitan un lugar donde parar temporalmente: “Mi cuñada consiguió plata y pudo pagar el alquiler de ella hasta el 5 de diciembre”.

Frente a esta situación, mantuvieron alrededor de cinco reuniones con la intendenta de Wanda, Romina Faccio​, en intentos por recuperar ese territorio o algún otro espacio que les permita volver a dedicarse al cultivo de alimentos y la cría de animales para el consumo.

Construcción de horno de barro por Eduardo Garcete cuando residían en el Paraje. La estructura fue destruida durante el desalojo

Vamos a ver qué solución tenemos el 19 de noviembre cuando volvamos a reunirnos con la intendenta”, dijo con pocas esperanzas tras las constantes peticiones irresueltas. 

“Si no se resuelve, lo único que queda es acampar frente a la municipalidad, pero no queremos pasar por eso otra vez”, recordó aludiendo a un anterior desalojo. 

En esa línea, agregó: “Pero no queremos eso porque ya pasamos por esa situación una vez con los chicos en la calle, sin baños, sin agua y sin poder darles de comer”.

De extractivismo y territorios

Mientras Norma aseguró residir en ese territorio durante al menos diez años, la empresa Arauco arremetió contra la propiedad sin resquemor.

Al respecto, la damnificada explicó: “Eso es chacra desde 1999, era espacio fiscal y fue pasando por varias familias. En el 2014 mi marido compró la chacra en Paraje San Lorenzo entregando un vehículo, plata y una yunta de bueyes, porque es chacra desde hace 25 años y la empresa Arauco dice que es de ellos”.

Al ser consultada por el título de propiedad, se sinceró: “En Paraje San Lorenzo nadie tiene título por la tierra. Ahí es todo fiscal. Lo que no entendemos es por qué la empresa fue solo a esas 38 hectáreas, a las otras casas que están en el mismo Paraje y durante el mismo tiempo no llegaron”.

Destrucción de vivienda de la familia Segovia- Garcete durante el desalojo

La empresa en cuestión está abocada al cultivo de pinos y eucaliptos desde 1996 en la provincia, contando con varios antecedentes similares. En septiembre de 2023, activistas de Greenpeace e integrantes de las comunidades mbya Guazurarí y Puente Quemado II protestaron contra Arauco, por el avance y desmonte sobre sus territorios.

A través de un comunicado de prensa, señalaron que “la propia empresa reconoce que, cuando se llamaba Alto Paraná S.A., entre 1994 y 2003 realizó el desmonte de 20.811 hectáreas que estaban cubiertas con vegetación nativa, para el establecimiento de nuevas plantaciones. Además, cuentan con otras 100.000 hectáreas de plantaciones compradas a otros propietarios luego de desmontar la selva. Así, la superficie total de plantaciones que posee Arauco en Misiones es similar a la de seis ciudades de Buenos Aires”.

En cuanto a la legislación, se encuentra vigente -hasta el 31 de diciembre de 2025- la Ley Provincial XII Nº 41, de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remate, de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a 8 años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados.

“Es una ley muy importante porque Misiones tiene una historia de concentración de la tierra desde su nacimiento en 1881 cuando 29 personas se apropian de toda la tierra, entonces queda concentrada desde su génesis. Eso hace que hoy tengamos una irregularidad. A pesar de que se dieran procesos de titularización, hubo momentos altos como la expropiación de Pozo Azul, pero existe un gran porcentaje de la tierra rural productiva que está en la informalidad, entonces tenemos juicios muy grandes que dependen de esa ley”, afirmó el abogado Luis Fuentes consultado por La Voz de Misiones.

La próxima reunión con la intendenta está prevista para el 19 de noviembre cuando la familia Segovia- Garcete acudirá a la municipalidad y espera ser acompañada por su letrado.

Familias aguardan respuestas a cuatro meses de ser desalojadas en Wanda

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Frenan cosecha de yerba hasta que el Inym “recupere facultades y fije precios”

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Durante la asamblea concretada ayer en Campo Viera, los productores firmaron un acta en el que fijaron un plazo de 14 días hábiles para que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) convoque a reunión, defina precios de la materia prima y recupere las facultades del organismo. Paralelamente, realizarán un paro de cosecha por tiempo indefinido hasta obtener respuestas convincentes al petitorio.

El documento fue planteado de manera conjunta por alrededor de 150 productores, referentes de asociaciones, cooperativas y representantes del sector yerbatero de Andresito, San Pedro, San Vicente, Apóstoles, Azara y Concepción de la Sierra, quienes se reunieron durante más de tres horas junto a tres autoridades de Producción del Inym en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad, con la presencia del intendente local Germán Burger.

El encuentro se dio a poco más de un mes de la designación del contador libertario, Rodrigo Correa como presidente del instituto, tras más de dos años de acefalía. Justamente, la tensión del encuentro se desató al observar la ausencia de la autoridad máxima en la instancia que prometía “considerar la problemática que enfrenta el sector y aunar criterios para abordar posibles alternativas de solución”, según la convocatoria realizada por el mismo organismo.

En ese contexto, varios productores plantearon que “todos saben cuál es el reclamo”, aludiendo al valor del precio de la hoja verde que cayó de manera estrepitosa luego de que el presidente Javier Milei firmara el Decreto 70/2023, y eliminó las facultades del Inym, así como también la posibilidad de fijar un precio mínimo por el kilo de hoja verde.

Desde ese entonces, mientras que los productores pedían alrededor de $420 por la materia prima, los secaderos comenzaron a pagar entre $120 y $220, muy por debajo de los costos reales, situación llevó a la toma de medidas que fueron replicadas a lo largo de los últimos dos años en toda la provincia, como el paro de cosecha, cortes de ruta, pedidos de emergencia yerbatera y reuniones con el instituto.

En la reunión concretada ayer, los productores revivieron el contexto que están atravesando, teniendo en cuenta que el pedido de mejores precios “no es un reclamo caprichoso”, sino un estado de alerta ante constantes endeudamientos que, en algunos casos, están obligando a muchos productores a vender sus chacras.

Las voces

Por el Inym, el director de Producción, Jorge Haddad, expuso: “Pudimos dialogar y demostrarle a los productores que los estamos escuchando. Dentro de la crisis que estamos viviendo, estamos tratando de encontrar caminos que nos conduzcan a una mejoría”.

Al mismo tiempo, admitió las limitaciones actuales del instituto: “Con la resolución vigente ya no podemos publicar oficialmente un costo desde la institución, aunque sí lo vamos a hacer de manera privada como agrupación del sector productivo”.

En respuesta, el planteo de las asociaciones de productores fue contundente. Diego Petterson, representante de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, consideró que la reunión terminó por confirmar la falta de herramientas del Inym. “No hay mucha salida. Sabíamos que no iba a haber solución porque hoy el instituto no tiene la facultad de regular precios como antes”.

A su turno, el histórico defensor de los reclamos yerbateros, Hugo Sand preguntó al representante del Inym de qué manera evalúan resolver las demandas del sector productivo: “¿Cómo piensan mejorar la situación del colono en un mercado oligopsonio, imperfecto, con dos empresas con posiciones dominantes como lo es Liebig y Las Marías?. ¿Cómo y cuáles son las herramientas que van a implementar para que el colono cobre los 50 centavos dólar o los 700 pesos que hoy debe valer la hoja verde de yerba mate?. Ya pasaron dos años del gobierno de Javier Milei y estamos en la situación que estamos”.

El acta

Por unanimidad, los productores resolvieron elevar el pedido formal al Inym para que, en un plazo de 14 días, el directorio convoque a una reunión plenaria con la presencia del presidente Rodrigo Correa, a fin de definir un precio justo para la hoja verde.

El segundo punto del petitorio, plantea el paro de cosecha por tiempo indeterminado, hasta obtener una “respuesta convincente” respecto al pedido de los productores relacionado con el valor de la materia prima.

Finalmente, solicitaron recuperar “todas” las facultades del Inym, y ante las autoridades también advirtieron que, de no haber avances concretos en la negociación del precio, estarán “dispuestos a implementar medidas más duras”.

 

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El Inym convocó a productores y asociaciones yerbateras en Campo Viera

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Tras una reunión reducida y calificada como “ilegítima”, directores de Producción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) convocaron a una asamblea de asociaciones yerbateras y productores independientes, prevista para este viernes a las 16 en el Salón de Usos Múltiples de la Municipalidad de Campo Viera.

El anuncio fue realizado por el mismo organismo a través de sus redes sociales, donde expresaron que el encuentro se realizará “a los efectos de considerar la problemática que enfrenta el sector y aunar criterios para abordar posibles alternativas de solución”.

Al mismo tiempo, aclararon que la convocatoria es abierta a todas las asociaciones de productores, tanto las que se encuentran registradas en el Inym, como también productores que no pertenecen a ninguna entidad. 

Consultado por La Voz de Misiones, el productor Jorge Skripczuk, aseguró: “Estaremos presentes las asociaciones de productores que estuvimos el otro día en la reunión con el presidente del Inym, que habíamos solicitado la presencia de todas las asociaciones de la provincia”.

Esto es así porque el pasado 13 de enero, el Inym convocó a una reunión con un grupo reducido de representantes de organizaciones yerbateras, lo que provocó gran rechazo por parte de varios sectores, como la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), desde donde cuestionaron la reunión realizada por el nuevo directorio con la participación de solamente cuatro organizaciones yerbateras.

Tras ese encuentro, tampoco se logró consenso interno debido a críticas sobre la representatividad y el contexto productivo. En ese marco, Apam calificó la convocatoria como “ilegítima” y sostuvo que la exclusión de otras asociaciones “debilitó el valor institucional del debate”.

Es por eso que mañana, viernes, habrá una nueva oportunidad para plantear demandas por parte del sector productivo yerbatero de toda la provincia ante los directivos del Inym, en medio del paro de cosecha de verano y precios que no cubren los costos de poducción.

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Noffal, Guimaraes y Senna, las nuevas autoridades al frente del Samic de Oberá

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Esta semana el hospital Samic de Oberá tendrá en funciones al nuevo equipo directivo, conformado por Gustavo Noffal, Paula Guimaraes y Gabriel Senna, quienes reemplazan a la doctora Miriam Ramonda.

La última directora al frente del mencionado nosocomio asumió en enero de 2024 y dos años más tarde fue desplazada para dar lugar al nuevo equipo directivo.

Al ser consultado por el reciente cambio, el ministro de Salud Pública de Misiones, Héctor González, detalló que: “Es una transición. Ahora se toma la decisión con el Parque de la Salud de poner equipos directivos”, como respuesta a la “alta demanda”.

El acto de puesta en funciones se realizó el pasado viernes y fue encabezado por el ministro González, quien estuvo acompañado por el director de la Zona Centro Uruguay, Horacio Mielniczuk; la jefa del Área Programática X, Dolly Breard; además de personal de salud, familiares y autoridades locales.

 

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