Provinciales
Desalojados en Wanda: “Vivíamos de lo que producíamos en esa tierra”
Norma Segovia (41) no cuenta con un trabajo formal, es madre de cuatro menores y hasta el 5 de julio, cuando fueron desalojados por una orden judicial que involucra a la empresa Arauco, dependían exclusivamente de la agricultura para sobrevivir. “Hoy estamos en la calle con los cuatro chicos. Ni el municipio, ni la provincia se están responsabilizando por eso”, afirmó la mujer en diálogo con La Voz de Misiones.
“Mi marido no tiene trabajo, yo tampoco. Nosotros dependíamos únicamente de la tierra, de la producción que salía de ahí, de las legumbres, las verduras, la mandioca, el maíz y los animales que teníamos. Hoy esperamos volver porque en el pueblo es todo gasto y nosotros solo contamos con una pensión por invalidez”, describió.
Mientras Norma se dedica a la crianza de dos nenas de 8 y 14 años y dos varones de 9 y 15, recordó que su esposo: “No puede entrar a ninguna empresa para trabajar porque tiene dislocado un omóplato y tendinitis en un pie, porque perdió los dedos cuando era chico y eso después también derivó en un problema de rodilla, en ningún lado le toman”.
A la limitación laboral, se suma el nivel de estudios: “El creo que tiene hasta segundo año de la secundaria, hizo hasta noveno y yo tengo apenas segundo grado”.
El caso
Todo comenzó hace cuatro meses atrás, cuando la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina.
Fue en horas de la mañana cuando la infantería ingresó con camionetas, camiones y máquinas que destrozaron cultivos, árboles e incendiaron viviendas. Mientras que, las familias fueron reprimidas con gases, forcejeos y hubo cuatro detenidos por “desobediencia judicial y resistencia”, quienes finalmente fueron liberados 48 horas más tarde, tras el repudio del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros y el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”.

Incendio de vivienda durante el desalojo
El procedimiento ordenado por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, no solo incluyó el desplazamiento físico de las familias en cuestión, sino que también se vieron perjudicados sus animales e incluso los cultivos anuales y estacionales que producían para la subsistencia.
Presente incierto
A cuatro meses del desalojo, Norma y su esposo Eduardo Garcete, cuentan solamente con el apoyo de parientes que le facilitan un lugar donde parar temporalmente: “Mi cuñada consiguió plata y pudo pagar el alquiler de ella hasta el 5 de diciembre”.
Frente a esta situación, mantuvieron alrededor de cinco reuniones con la intendenta de Wanda, Romina Faccio, en intentos por recuperar ese territorio o algún otro espacio que les permita volver a dedicarse al cultivo de alimentos y la cría de animales para el consumo.

Construcción de horno de barro por Eduardo Garcete cuando residían en el Paraje. La estructura fue destruida durante el desalojo
“Vamos a ver qué solución tenemos el 19 de noviembre cuando volvamos a reunirnos con la intendenta”, dijo con pocas esperanzas tras las constantes peticiones irresueltas.
“Si no se resuelve, lo único que queda es acampar frente a la municipalidad, pero no queremos pasar por eso otra vez”, recordó aludiendo a un anterior desalojo.
En esa línea, agregó: “Pero no queremos eso porque ya pasamos por esa situación una vez con los chicos en la calle, sin baños, sin agua y sin poder darles de comer”.
De extractivismo y territorios
Mientras Norma aseguró residir en ese territorio durante al menos diez años, la empresa Arauco arremetió contra la propiedad sin resquemor.
Al respecto, la damnificada explicó: “Eso es chacra desde 1999, era espacio fiscal y fue pasando por varias familias. En el 2014 mi marido compró la chacra en Paraje San Lorenzo entregando un vehículo, plata y una yunta de bueyes, porque es chacra desde hace 25 años y la empresa Arauco dice que es de ellos”.
Al ser consultada por el título de propiedad, se sinceró: “En Paraje San Lorenzo nadie tiene título por la tierra. Ahí es todo fiscal. Lo que no entendemos es por qué la empresa fue solo a esas 38 hectáreas, a las otras casas que están en el mismo Paraje y durante el mismo tiempo no llegaron”.

Destrucción de vivienda de la familia Segovia- Garcete durante el desalojo
La empresa en cuestión está abocada al cultivo de pinos y eucaliptos desde 1996 en la provincia, contando con varios antecedentes similares. En septiembre de 2023, activistas de Greenpeace e integrantes de las comunidades mbya Guazurarí y Puente Quemado II protestaron contra Arauco, por el avance y desmonte sobre sus territorios.
A través de un comunicado de prensa, señalaron que “la propia empresa reconoce que, cuando se llamaba Alto Paraná S.A., entre 1994 y 2003 realizó el desmonte de 20.811 hectáreas que estaban cubiertas con vegetación nativa, para el establecimiento de nuevas plantaciones. Además, cuentan con otras 100.000 hectáreas de plantaciones compradas a otros propietarios luego de desmontar la selva. Así, la superficie total de plantaciones que posee Arauco en Misiones es similar a la de seis ciudades de Buenos Aires”.
En cuanto a la legislación, se encuentra vigente -hasta el 31 de diciembre de 2025- la Ley Provincial XII Nº 41, de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remate, de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a 8 años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados.
“Es una ley muy importante porque Misiones tiene una historia de concentración de la tierra desde su nacimiento en 1881 cuando 29 personas se apropian de toda la tierra, entonces queda concentrada desde su génesis. Eso hace que hoy tengamos una irregularidad. A pesar de que se dieran procesos de titularización, hubo momentos altos como la expropiación de Pozo Azul, pero existe un gran porcentaje de la tierra rural productiva que está en la informalidad, entonces tenemos juicios muy grandes que dependen de esa ley”, afirmó el abogado Luis Fuentes consultado por La Voz de Misiones.
La próxima reunión con la intendenta está prevista para el 19 de noviembre cuando la familia Segovia- Garcete acudirá a la municipalidad y espera ser acompañada por su letrado.
Familias aguardan respuestas a cuatro meses de ser desalojadas en Wanda
Provinciales
Perdió una pierna en el trabajo y reclama: “Me rompieron la vida y no pagan”
En 2022, Ezequiel Camargo tenía 20 años y trabajaba para la Cooperativa El Hijo del Carpintero, de Garupá, cuando sufrió un accidente laboral en el que perdió la pierna derecha.
Hoy, a cuatro años de aquel episodio, con 25 años y un hijo de un año y tres meses, el joven lleva adelante una batalla judicial en busca de una indemnización que repare los daños morales y psicofísicos devenidos del accidente.
La demanda le fue adversa en el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral 3, pero Camargo apeló y, en junio pasado, la Cámara de Apelaciones del Trabajo resolvió a su favor y dispuso el pago, por parte de la Cooperativa, de $194.760.414,68 de indemnización, más $13.971.262,55 en concepto de intereses liquidados hasta el 31 de mayo de este año. Pero, un nuevo recurso de sus empleadores llevó el caso al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y, ahora, el joven se encuentra aguardando la decisión de los jueces.
“Fue un accidente que me marcó la vida”, dijo Ezequiel Camargo a La Voz de Misiones, que lo entrevistó en la casa donde vive con su familia, en el barrio Santa Catalina, de Garupá.
“Yo era una persona sana, sin ninguna enfermedad; trabajaba, jugaba mucho al fútbol; salía con amigos, hacía mis cosas; y después del accidente estuve muy mal durante meses, y hasta tuve que pedir ayuda en las redes”, comentó, sentado en un banco en el patio de la vivienda, mostrando la nueva prótesis que pudo adquirir gracias a la solidaridad de amigos, vecinos y familiares.
“Estoy un poco mejor, pero sin poder tener la vida que tenía antes, y ahora con un bebé y una familia que mantener”, añadió y contó a LVM que el accidente le dejó también secuelas en la pierna izquierda. “Tengo clavos y tornillos”, afirmó.
La cuchilla
Era el 3 de junio de 2022. Camargo integraba la cuadrilla de cuatro o cinco operarios que el presidente de la Cooperativa El Hijo del Carpintero, Saúl Andresito Roa, envió para la limpieza de un predio municipal.
“Fuimos a hacer un trabajo para el municipio, había que desmalezar un pajonal, y de entrada le dijimos que el lugar no era para máquinas pesadas, que era para desmalezadora nomás”, contó el joven.
“Yo tenía experiencia ya con máquinas pesadas, con tractores, retroexcavadoras y eso, porque había trabajado mucho con mi papá”, comentó y sostuvo que le advirtieron a Roa del peligro de sumar un tractor a la tarea, pero éste “quería meter igual para terminar más rápido”.
“Fuimos, empezamos a sacar las piedras, los troncos, todo lo que había en el lugar, y cuando yo veo que iba a entrar el tractor empiezo a alejarme”, agregó Camargo y relató que, en ese momento, la máquina “chocó contra el cordón cuneta, voló el perno y la cuchilla me agarró la pierna”.
“Sentí el golpe y cuando me di cuenta estaba tirado en el medio del asfalto”, recordó el joven y señaló que se salvó “de milagro”, ya que la cuchilla le cortó dos arterias y que pudo haberse desangrado en el lugar.
Fue hospitalizado y pese a los esfuerzos, los médicos no pudieron salvarle la pierna. “El 6 de junio me amputaron”, afirmó.
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Falsas promesas
Camargo contó a LVM que, tras el accidente, “desde la Cooperativa me dijeron que se iban a hacer cargo de todo, que me iban a comprar la prótesis, que me iban a dar un sueldo de por vida”.
Sin embargo, según dijo, nada de eso sucedió y cuando volvió a su casa, tras casi 45 días de internación, el ex intendente de Garupá y padre del titular de la Cooperativa, Daniel Roa, fue a su casa para que firmara los papeles de la ART.
“Me dijo que iba a cobrar el seguro, que tenía que firmar unos papeles y que me tocaba $700.000”, afirmó Camargo y comentó que, leyendo la letra chica del contrato con la aseguradora, advirtió que la suma que le correspondía era el doble de la ofrecida por Roa.
“En el contrato decía que el valor por perdida de extremidades y muerte era de $1.400.000, pero ellos cobraban y me pasaban la mitad, porque querían recuperar costos de medicamentos que habían comprado”, señaló.
Después de aquella visita de Daniel Roa, Ezequiel Camargo buscó un abogado y demandó a la Municipalidad de Garupá y a la Cooperativa del hijo del ex intendente.
“Demandamos a la municipalidad porque no sabíamos por qué estábamos en ese lugar, pero esa demanda ya perdí”, comentó. La Justicia rechazó la causa contra la comuna en primera y segunda instancia, por lo que la causa que aguarda ahora la resolución del STJ refiere solamente al reclamo a la Cooperativa de los Roa, que -según consta en el fallo de la Cámara de Apelaciones- intentó por todos los medios “disfrazar” la relación laboral.
-¿Qué le dirías a los jueces del STJ?, le preguntó LVM a Camargo.
“Que todo lo que me hicieron tienen que pagar sí o sí. Yo era trabajador, estaba laburando para ellos. Y ellos me rompieron la vida. Yo no quedé igual, se me complica para todo, para levantarme día a día, no puedo hacer nada. Solo quiero una compensación y poder tener una vida digna”.
Provinciales
Familias de El Soberbio regresaron a sus hogares a tres semanas de ser evacuadas
El jueves 23 de julio, 41 familias debieron ser evacuadas luego de que el río Uruguay alcanzara 15 metros de altura como resultado de las copiosas lluvias registradas en la región. Desde entonces, debieron permanecer en el centro de evacuados de El Soberbio y en las casas de familias. Finalmente este viernes lograron regresar a sus viviendas.
Ayer jueves la Policía de Misiones y el Comité de Crisis realizaron evaluaciones en las zonas afectadas, para poder concretar las tareas de mudanza y el traslado de la totalidad de las familias que habían sido evacuadas hace tres semanas.
El regreso fue confirmado en la mañana de hoy por las autoridades, quienes afirmaron: “Los vecinos retornaron con sus pertenencias básicas, mientras se mantiene el monitoreo ante la posibilidad de nuevas crecidas”.
De esta manera, las familias, provenientes de los barrios Unión, Santa María, Galeano y Chivilcoy, retornaron con sus muebles y elementos básicos, aunque decidieron no trasladar la totalidad de sus pertenencias.
La medida de evacuación había sido adoptada de manera preventiva ante la crecida del río Uruguay y el riesgo que representaba para las familias ubicadas en las zonas más vulnerables. Durante ese período, la Policía trabajó junto al Comité de Crisis y los organismos locales en el relevamiento, acompañamiento y asistencia de los vecinos.
Si bien las familias ya se encuentran nuevamente en sus domicilios, se mantiene el monitoreo preventivo de las zonas cercanas al río ante la posibilidad de nuevas crecidas. En tanto, los efectivos continúan con recorridas y relevamientos para detectar cualquier situación que pueda requerir una nueva intervención.
Crecida del Uruguay: 41 familias evacuadas en El Soberbio y alerta en Panambí
Provinciales
Consumos problemáticos: habilitan atención para trabajadores de la cultura
La Secretaría de Prevención de Adicciones y la Secretaría de Cultura crearon un Programa de Atención y Prevención de Consumos Problemáticos que propone abordar situaciones de crisis y pedidos de asistencia dirigidos a los trabajadores de la cultura en toda la provincia.
Roberto Padilla y Joselo Schuap, a cargo de ambas carteras, explicaron la ventaja del trabajo en conjunto. “Siempre estamos asistiendo en casos puntuales de los que tomamos conocimiento, con ayuda de diversas áreas del Estado. Pero queremos abrir un paraguas más amplio, que pueda contener a todos los trabajadores de la cultura que lo necesiten. Y también a su entorno y sus familias”.
En ese sentido, señalaron que el objetivo de la iniciativa es visibilizar una problemática que viene en aumento, relacionada con los consumos problemáticos y otras enfermedades que afectan a la salud mental, en un contexto adverso de crisis económica y social.
En segundo lugar, la iniciativa apunta a ofrecer canales de comunicación directa para que aquellas personas que se sientan vulnerables, familiares y al entorno cercano. “Sabemos que es desesperante encontrarse con este problema en el círculo familiar, o en el ámbito de trabajo artístico y no tener a quien recurrir”.
En términos operativos, el programa brindará espacios de escucha, contención y conversatorios. Por un lado, con la habilitación de una línea telefónica (3765-061344), y por otro, una dirección de correo electrónico ([email protected]) para solicitar acompañamiento, además de un ciclo de charlas destinadas tanto a trabajadores de la cultura, como también a familiares, amigos y personas interesadas en la temática.
De esta manera, el centro de tratamiento de adicciones Cambios Muy Buenos (CMB) acompañará el primer conversatorio abierto destinado a brindar contención a quienes lo necesiten. Será el próximo miércoles 26 de agosto a las 19 en el Auditorio Tierra Sin Mal, ubicado en el Centro Cultural la Estación, en el cuarto tramo de la costanera de Posadas.
La charla estará a cargo de profesionales del centro CMB, quienes además responderán consultas de 8 a 19 al 3764 893727 / 3765 014328.
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