Provinciales
Desalojados en Wanda: “Vivíamos de lo que producíamos en esa tierra”
Norma Segovia (41) no cuenta con un trabajo formal, es madre de cuatro menores y hasta el 5 de julio, cuando fueron desalojados por una orden judicial que involucra a la empresa Arauco, dependían exclusivamente de la agricultura para sobrevivir. “Hoy estamos en la calle con los cuatro chicos. Ni el municipio, ni la provincia se están responsabilizando por eso”, afirmó la mujer en diálogo con La Voz de Misiones.
“Mi marido no tiene trabajo, yo tampoco. Nosotros dependíamos únicamente de la tierra, de la producción que salía de ahí, de las legumbres, las verduras, la mandioca, el maíz y los animales que teníamos. Hoy esperamos volver porque en el pueblo es todo gasto y nosotros solo contamos con una pensión por invalidez”, describió.
Mientras Norma se dedica a la crianza de dos nenas de 8 y 14 años y dos varones de 9 y 15, recordó que su esposo: “No puede entrar a ninguna empresa para trabajar porque tiene dislocado un omóplato y tendinitis en un pie, porque perdió los dedos cuando era chico y eso después también derivó en un problema de rodilla, en ningún lado le toman”.
A la limitación laboral, se suma el nivel de estudios: “El creo que tiene hasta segundo año de la secundaria, hizo hasta noveno y yo tengo apenas segundo grado”.
El caso
Todo comenzó hace cuatro meses atrás, cuando la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina.
Fue en horas de la mañana cuando la infantería ingresó con camionetas, camiones y máquinas que destrozaron cultivos, árboles e incendiaron viviendas. Mientras que, las familias fueron reprimidas con gases, forcejeos y hubo cuatro detenidos por “desobediencia judicial y resistencia”, quienes finalmente fueron liberados 48 horas más tarde, tras el repudio del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros y el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”.

Incendio de vivienda durante el desalojo
El procedimiento ordenado por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, no solo incluyó el desplazamiento físico de las familias en cuestión, sino que también se vieron perjudicados sus animales e incluso los cultivos anuales y estacionales que producían para la subsistencia.
Presente incierto
A cuatro meses del desalojo, Norma y su esposo Eduardo Garcete, cuentan solamente con el apoyo de parientes que le facilitan un lugar donde parar temporalmente: “Mi cuñada consiguió plata y pudo pagar el alquiler de ella hasta el 5 de diciembre”.
Frente a esta situación, mantuvieron alrededor de cinco reuniones con la intendenta de Wanda, Romina Faccio, en intentos por recuperar ese territorio o algún otro espacio que les permita volver a dedicarse al cultivo de alimentos y la cría de animales para el consumo.

Construcción de horno de barro por Eduardo Garcete cuando residían en el Paraje. La estructura fue destruida durante el desalojo
“Vamos a ver qué solución tenemos el 19 de noviembre cuando volvamos a reunirnos con la intendenta”, dijo con pocas esperanzas tras las constantes peticiones irresueltas.
“Si no se resuelve, lo único que queda es acampar frente a la municipalidad, pero no queremos pasar por eso otra vez”, recordó aludiendo a un anterior desalojo.
En esa línea, agregó: “Pero no queremos eso porque ya pasamos por esa situación una vez con los chicos en la calle, sin baños, sin agua y sin poder darles de comer”.
De extractivismo y territorios
Mientras Norma aseguró residir en ese territorio durante al menos diez años, la empresa Arauco arremetió contra la propiedad sin resquemor.
Al respecto, la damnificada explicó: “Eso es chacra desde 1999, era espacio fiscal y fue pasando por varias familias. En el 2014 mi marido compró la chacra en Paraje San Lorenzo entregando un vehículo, plata y una yunta de bueyes, porque es chacra desde hace 25 años y la empresa Arauco dice que es de ellos”.
Al ser consultada por el título de propiedad, se sinceró: “En Paraje San Lorenzo nadie tiene título por la tierra. Ahí es todo fiscal. Lo que no entendemos es por qué la empresa fue solo a esas 38 hectáreas, a las otras casas que están en el mismo Paraje y durante el mismo tiempo no llegaron”.

Destrucción de vivienda de la familia Segovia- Garcete durante el desalojo
La empresa en cuestión está abocada al cultivo de pinos y eucaliptos desde 1996 en la provincia, contando con varios antecedentes similares. En septiembre de 2023, activistas de Greenpeace e integrantes de las comunidades mbya Guazurarí y Puente Quemado II protestaron contra Arauco, por el avance y desmonte sobre sus territorios.
A través de un comunicado de prensa, señalaron que “la propia empresa reconoce que, cuando se llamaba Alto Paraná S.A., entre 1994 y 2003 realizó el desmonte de 20.811 hectáreas que estaban cubiertas con vegetación nativa, para el establecimiento de nuevas plantaciones. Además, cuentan con otras 100.000 hectáreas de plantaciones compradas a otros propietarios luego de desmontar la selva. Así, la superficie total de plantaciones que posee Arauco en Misiones es similar a la de seis ciudades de Buenos Aires”.
En cuanto a la legislación, se encuentra vigente -hasta el 31 de diciembre de 2025- la Ley Provincial XII Nº 41, de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remate, de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a 8 años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados.
“Es una ley muy importante porque Misiones tiene una historia de concentración de la tierra desde su nacimiento en 1881 cuando 29 personas se apropian de toda la tierra, entonces queda concentrada desde su génesis. Eso hace que hoy tengamos una irregularidad. A pesar de que se dieran procesos de titularización, hubo momentos altos como la expropiación de Pozo Azul, pero existe un gran porcentaje de la tierra rural productiva que está en la informalidad, entonces tenemos juicios muy grandes que dependen de esa ley”, afirmó el abogado Luis Fuentes consultado por La Voz de Misiones.
La próxima reunión con la intendenta está prevista para el 19 de noviembre cuando la familia Segovia- Garcete acudirá a la municipalidad y espera ser acompañada por su letrado.
Familias aguardan respuestas a cuatro meses de ser desalojadas en Wanda
Provinciales
Piray: intendenta radicó denuncia tras publicaciones sobre estado del agua
La intendenta Mirta Elizabeth Lezcano se presentó este miércoles en la comisaría de Puerto Piray, junto al abogado municipal Daniel Osvaldo Moschner, para formalizar la denuncia por “intimidación pública” contra concejales del bloque Juntos Podemos, tras la difusión de flyers e informes sobre la calidad del agua que proviene de las redes locales de abastecimiento.
De esta manera, la presentación fue dirigida a los responsables de la difusión de un flyer, en el que se plantean supuestas irregularidades vinculadas con la calidad del agua potable de la localidad, atribuido al bloque de concejales “Juntos Podemos”.
“Vamos a realizar una denuncia penal contra los concejales Adrián Duarte y Elizabeth Mercado por la difusión de falsas noticias sobre la calidad del agua. En función del artículo 211 del Código Penal, intimidación pública es el delito”, afirmó Moschner en declaraciones a la Radio Génesis al ingresar a la comisaría junto a Lezcano.
“Es una denuncia penal porque tiene elementos contundentes y supuestas pruebas científicas en las publicaciones realizadas por el bloque Juntos Podemos del Honorable Concejo Deliberante. Es información falsa”, ratificó.
Ante la “falta de respuestas” por parte del municipio frente al incremento de casos de gastroenteritis, el mencionado espacio político impulsó a comienzos de septiembre un análisis junto al Laboratorio de Calidad de Aguas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), cuyos resultados constataron la presencia de residuos de cloro y bacterias en las muestras tomadas en los barrios San José y Las Marías.
En este sentido, el material difundido sostiene que el agua que proviene de las redes de abastecimiento locales “no cumplen con los parámetros establecidos por el Código Alimentario Argentino (CAA)” y menciona, incluso, la presencia de coliformes fecales.
Por el contrario, el Ejecutivo municipal sostiene que el agua que se distribuye en la localidad “cumple con los parámetros exigidos para el consumo humano y aseguró que se mantienen los controles sobre el servicio, incorporando además nuevos protocolos y equipamiento”.
Finalmente, señalaron que la Justicia deberá determinar las responsabilidades que pudieran corresponder y avanzar en la investigación para establecer quiénes elaboraron y difundieron el material.
Análisis de la Unam reveló que el agua “no es apta para consumo” en Piray
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Análisis de la Unam reveló que el agua “no es apta para consumo” en Piray
El Laboratorio de Calidad de Aguas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) tomó muestras en los barrios San José y Las Marías, conectados a las dos redes de abastecimiento municipal, cuyos resultados revelaron la presencia de bacterias y cloro residual, por lo que concejales piden prorrogar la emergencia hídrica en Puerto Piray.
El relevamiento fue realizado el 7 de septiembre. Posteriormente, los análisis y estudios realizados en laboratorio, constataron parámetros dentro del líquido vital que no se ajustan a los valores y requisitos establecidos por el Código Alimentario Argentino para el agua destinada al consumo humano.
La presentación de estos resultados se produjo luego de más de tres meses de pedidos de acceso a la información y reclamos de medidas concretas por parte de vecinos y concejales del bloque Juntos Podemos.
Las exigencias fueron planteadas en medio del incremento de casos de gastroenteritis que derivaron en un acampe frente a la municipalidad, cuatro días antes de que la Unam desarrollara este informe por pedido del mencionado espacio político.
Las muestras de agua fueron obtenidas de la salida de cisterna del barrio San José, correspondiente a la red del río Paraná; la red de distribución del santuario Virgen de Itatí y el salón comunitario, correspondiente a la red del arroyo Piray Guazú en el barrio Las Marías, donde los valores fueron 9,46 NTU, 3,23 NTU y 4,60 NTU, respectivamente para los tres puntos señalados, cuando el máximo es 3.
Esto significa que las tres muestras superan el límite de turbiedad permitido, por contener partículas o sedimentos en una cantidad superior al valor establecido, con presencia de cloro residual por debajo de 0,2 mg/L.
En el barrio San José, particularmente, se encontraron 2.390 coliformes (o bacterias) totales y 110 coliformes fecales, denotando potabilidad nula.
Desde el bloque señalaron que estos resultados deben ser abordados con responsabilidad institucional y sanitaria, dejando de lado cualquier discusión partidaria. “No estamos hablando de una opinión política. Estamos hablando de resultados de laboratorio que deben ser analizados y atendidos por las autoridades competentes”.
Reclamo de medidas concretas
Frente a los resultados obtenidos, Juntos Podemos impulsará una nueva prórroga de la emergencia hídrica, sanitaria y educativa, incorporando obligaciones específicas para el departamento ejecutivo municipal.
Entre las medidas propuestas se encuentran: limpieza y desinfección integral de las cisternas de los barrios San José y Las Marías, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas adecuados de dosificación de cloro, de acuerdo con la capacidad de cada cisterna.
A su vez, piden la implementación de controles periódicos de calidad del agua, remisión al Honorable Concejo Deliberante de todos los análisis e informes relacionados con la calidad del agua potable y publicación de los resultados de las muestras tomadas por el Eprac y el ministerio de Salud, además de los estudios realizados por la Universidad Nacional de Misiones y demás organismos intervinientes.

Resultados de los análisis realizados por el Laboratorio de Calidad de Aguas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam)
Acampe frente a la Municipalidad de Puerto Piray por casos de gastroenteritis
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El Niño: temporal afectó a 500 familias en nueve municipios misioneros
A lo largo y ancho de Misiones, el gobierno desplegó operativos de asistencia, evaluación de daños y reconstrucción luego de los sucesivos temporales con granizo registrados desde el jueves, que afectaron a casi 500 familias en nueve municipios.
Uno de los puntos más golpeados fue Cruce Caballero en la localidad de San Pedro, al norte de la provincia, donde se confirmó el paso de un tornado que dejó una franja de destrucción de 300 metros de ancho, 22 familias damnificadas y un fallecido.
También hubo 100 familias afectadas por voladuras de techos, anegamientos y cortes de energía en Eldorado, y otras 50 en Montecarlo, seguido por El Soberbio, Puerto Piray, Colonia Victoria, Colonia Delicia, San Antonio y Pozo Azul.
En este contexto, voluntarios, bomberos y policías, desarrollaron acciones en el marco del Plan Integral de Prevención, Contingencia y Respuesta frente a El Niño, y se concentran especialmente en la zona norte, donde organismos provinciales trabajan junto a las intendencias para atender las necesidades inmediatas y avanzar en la recuperación de viviendas y servicios.
Al mismo tiempo, equipos de Protección Civil y el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) desplegaron asistencia para las familias afectadas este fin de semana, mediante la entrega de materiales para la reparación de techos, chapas, colchones, maderas, frazadas y módulos alimentarios.
El operativo se desarrolla de manera coordinada con las intendencias, que participan del relevamiento de daños y de la identificación de las necesidades de cada familia para organizar la asistencia y acompañar la reconstrucción de los hogares.
Seguridad y asistencia
La Policía de Misiones también desplegó operativos de prevención y asistencia en distintos puntos alcanzados por las tormentas, particularmente en Eldorado y otras localidades de la zona norte.
En San Antonio, los efectivos realizaron tareas preventivas ante la caída de postes sobre la ruta 101, mientras que en las áreas rurales afectadas por el tornado participaron de los relevamientos y de las acciones destinadas a asistir a los damnificados.
El despliegue permitió acompañar las tareas de los demás organismos provinciales y municipales y mantener medidas preventivas en sectores donde los temporales provocaron daños en viviendas, caminos e infraestructura.
Monitoreo ante emergencias meteorológicas
Las condiciones meteorológicas también demandaron tareas preventivas en El Soberbio. Allí, la Policía de Misiones integró el Comité de Crisis que realizó el seguimiento de la crecida y el posterior descenso del río Uruguay. El monitoreo continuó hasta que el nivel del río descendió a 7,80 metros, condición que permitió rehabilitar el paso fronterizo con Porto Soberbo.
Estas acciones forman parte del Plan Integral de Prevención, Contingencia y Respuesta que sostiene el Gobierno de Misiones para afrontar posibles impactos asociados al fenómeno El Niño. El esquema articula el trabajo del Ministerio Coordinador de Gabinete, la Subsecretaría de Protección Civil, organismos provinciales, municipios y fuerzas de seguridad.
El plan contempla el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y de las cuencas de los ríos Uruguay, Paraná e Iguazú, además del seguimiento de las precipitaciones registradas en las altas cuencas de Brasil. Esta información permite anticipar posibles crecidas y organizar preventivamente la respuesta para reducir el impacto de eventuales inundaciones.
También incluye el relevamiento de puntos críticos, protocolos de evacuación y refugio y centros de contención coordinados con los municipios. Ante situaciones de emergencia, prevé la disponibilidad de transporte, alimentos, insumos de primera necesidad y asistencia sanitaria y psicológica.
A su vez, funcionan comités de crisis locales integrados por la Policía de Misiones, Bomberos, Salud Pública y Defensa Civil, preparados para intervenir ante voladuras de techos, caída de árboles, interrupciones en rutas y puentes o crecidas de arroyos.
Más de 100 familias de Eldorado fueron afectadas por el temporal
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