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Desalojados en Wanda: “Vivíamos de lo que producíamos en esa tierra”

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Norma Segovia (41) no cuenta con un trabajo formal, es madre de cuatro menores y hasta el 5 de julio, cuando fueron desalojados por una orden judicial que involucra a la empresa Arauco, dependían exclusivamente de la agricultura para sobrevivir. “Hoy estamos en la calle con los cuatro chicos. Ni el municipio, ni la provincia se están responsabilizando por eso”, afirmó la mujer en diálogo con La Voz de Misiones

“Mi marido no tiene trabajo, yo tampoco. Nosotros dependíamos únicamente de la tierra, de la producción que salía de ahí, de las legumbres, las verduras, la mandioca, el maíz y los animales que teníamos. Hoy esperamos volver porque en el pueblo es todo gasto y nosotros solo contamos con una pensión por invalidez”, describió.

Mientras Norma se dedica a la crianza de dos nenas de 8 y 14 años y dos varones de 9 y 15, recordó que su esposo: “No puede entrar a ninguna empresa para trabajar porque tiene dislocado un omóplato y tendinitis en un pie, porque perdió los dedos cuando era chico y eso después también derivó en un problema de rodilla, en ningún lado le toman”. 

A la limitación laboral, se suma el nivel de estudios: “El creo que tiene hasta segundo año de la secundaria, hizo hasta noveno y yo tengo apenas segundo grado”.

El caso

Todo comenzó hace cuatro meses atrás, cuando la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina.

Fue en horas de la mañana cuando la infantería ingresó con camionetas, camiones y máquinas que destrozaron cultivos, árboles e incendiaron viviendas. Mientras que, las familias fueron reprimidas con gases, forcejeos y hubo cuatro detenidos por “desobediencia judicial y resistencia”, quienes finalmente fueron liberados 48 horas más tarde, tras el repudio del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros y el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”.

desalojo

Incendio de vivienda durante el desalojo

El procedimiento ordenado por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, no solo incluyó el desplazamiento físico de las familias en cuestión, sino que también se vieron perjudicados sus animales e incluso los cultivos anuales y estacionales que producían para la subsistencia.

Presente incierto

A cuatro meses del desalojo, Norma y su esposo Eduardo Garcete, cuentan solamente con el apoyo de parientes que le facilitan un lugar donde parar temporalmente: “Mi cuñada consiguió plata y pudo pagar el alquiler de ella hasta el 5 de diciembre”.

Frente a esta situación, mantuvieron alrededor de cinco reuniones con la intendenta de Wanda, Romina Faccio​, en intentos por recuperar ese territorio o algún otro espacio que les permita volver a dedicarse al cultivo de alimentos y la cría de animales para el consumo.

Construcción de horno de barro por Eduardo Garcete cuando residían en el Paraje. La estructura fue destruida durante el desalojo

Vamos a ver qué solución tenemos el 19 de noviembre cuando volvamos a reunirnos con la intendenta”, dijo con pocas esperanzas tras las constantes peticiones irresueltas. 

“Si no se resuelve, lo único que queda es acampar frente a la municipalidad, pero no queremos pasar por eso otra vez”, recordó aludiendo a un anterior desalojo. 

En esa línea, agregó: “Pero no queremos eso porque ya pasamos por esa situación una vez con los chicos en la calle, sin baños, sin agua y sin poder darles de comer”.

De extractivismo y territorios

Mientras Norma aseguró residir en ese territorio durante al menos diez años, la empresa Arauco arremetió contra la propiedad sin resquemor.

Al respecto, la damnificada explicó: “Eso es chacra desde 1999, era espacio fiscal y fue pasando por varias familias. En el 2014 mi marido compró la chacra en Paraje San Lorenzo entregando un vehículo, plata y una yunta de bueyes, porque es chacra desde hace 25 años y la empresa Arauco dice que es de ellos”.

Al ser consultada por el título de propiedad, se sinceró: “En Paraje San Lorenzo nadie tiene título por la tierra. Ahí es todo fiscal. Lo que no entendemos es por qué la empresa fue solo a esas 38 hectáreas, a las otras casas que están en el mismo Paraje y durante el mismo tiempo no llegaron”.

Destrucción de vivienda de la familia Segovia- Garcete durante el desalojo

La empresa en cuestión está abocada al cultivo de pinos y eucaliptos desde 1996 en la provincia, contando con varios antecedentes similares. En septiembre de 2023, activistas de Greenpeace e integrantes de las comunidades mbya Guazurarí y Puente Quemado II protestaron contra Arauco, por el avance y desmonte sobre sus territorios.

A través de un comunicado de prensa, señalaron que “la propia empresa reconoce que, cuando se llamaba Alto Paraná S.A., entre 1994 y 2003 realizó el desmonte de 20.811 hectáreas que estaban cubiertas con vegetación nativa, para el establecimiento de nuevas plantaciones. Además, cuentan con otras 100.000 hectáreas de plantaciones compradas a otros propietarios luego de desmontar la selva. Así, la superficie total de plantaciones que posee Arauco en Misiones es similar a la de seis ciudades de Buenos Aires”.

En cuanto a la legislación, se encuentra vigente -hasta el 31 de diciembre de 2025- la Ley Provincial XII Nº 41, de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remate, de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a 8 años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados.

“Es una ley muy importante porque Misiones tiene una historia de concentración de la tierra desde su nacimiento en 1881 cuando 29 personas se apropian de toda la tierra, entonces queda concentrada desde su génesis. Eso hace que hoy tengamos una irregularidad. A pesar de que se dieran procesos de titularización, hubo momentos altos como la expropiación de Pozo Azul, pero existe un gran porcentaje de la tierra rural productiva que está en la informalidad, entonces tenemos juicios muy grandes que dependen de esa ley”, afirmó el abogado Luis Fuentes consultado por La Voz de Misiones.

La próxima reunión con la intendenta está prevista para el 19 de noviembre cuando la familia Segovia- Garcete acudirá a la municipalidad y espera ser acompañada por su letrado.

Familias aguardan respuestas a cuatro meses de ser desalojadas en Wanda

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Tareferos piden emergencia yerbatera: “Hay familias que no cubren lo básico”

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César Ortiz, referente del Sindicato de Tareferos de Jardín América (Sitaja), será uno de los representantes de los trabajadores de la yerba mate que participará de la reunión convocada con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y el obispo de la diócesis de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez.

El encuentro se realizará este jueves 30 de julio y contará con la participación de referentes de tareferos, asociaciones de productores y cooperativas yerbateras. La reunión con el obispo está prevista para las 9 horas, mientras que a las 11 se reunirán con el mandatario provincial para solicitar el tratamiento y la sanción de una Ley de Emergencia Yerbatera.

Los distintos sectores expondrán la crítica situación económica que atraviesan como consecuencia de la desregulación del mercado yerbatero impulsada por el Gobierno nacional. En ese marco, buscarán el respaldo institucional tanto de la Iglesia como del Ejecutivo provincial para avanzar con medidas que permitan visibilizar la crisis y encontrar soluciones para el sector.

“Desde la asociación vamos a presentar un documento para pedir la emergencia yerbatera, que contemple al pequeño molino, al pequeño productor y principalmente a los tareferos”, señaló Ortiz.

El dirigente explicó que el reclamo apunta a recuperar parte del equilibrio perdido tras la implementación del Decreto 70/23 del presidente Javier Milei, que eliminó facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y dejó sin efecto la posibilidad de establecer un precio base para la hoja verde.

Subsidios y asistencia alimentaria

Ortiz sostuvo que una de las propuestas es la implementación de algún tipo de subsidio o asistencia para los pequeños productores y los trabajadores rurales.

“Estamos pidiendo alguna ayuda para el pequeño productor y para el tarefero, incluso una emergencia alimentaria. Hay familias que hoy no llegan a cubrir sus necesidades básicas”, afirmó.

Según explicó, muchos tareferos perciben entre 20.000 y 25.000 pesos por día, aunque el ingreso depende de la cantidad de kilos cosechados. El valor actual de la tarea ronda los 50.000 pesos por tonelada, por lo que un trabajador que logra cosechar 600 kilos obtiene alrededor de 30.000 pesos por jornada.

“La mayoría sale de su casa a las 4.30 o 5 de la mañana y vuelve cerca de las 8 de la noche. Es un trabajo muy sacrificado”, remarcó.

Precarización laboral

El referente de Sitaja también advirtió sobre el deterioro de las condiciones laborales en la actividad. Recordó que años atrás existían mayores controles sobre el transporte y la registración de los trabajadores rurales, pero aseguró que actualmente “nadie fiscaliza ni controla”.

“Hoy se volvió a una situación muy precaria. No ocurre solo en la yerba mate, también pasa en otras producciones y en la forestación”, cuestionó.

El sindicato cuenta con algo más de 3.000 afiliados en toda la provincia, concentrados principalmente en Jardín América, seguido por Montecarlo, además de trabajadores de Comandante Andresito, San Pedro y Aristóbulo del Valle.

La expectativa del sector está puesta en que las reuniones de este jueves permitan abrir una instancia de diálogo y obtener respuestas concretas para una actividad que atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años.

Yerba mate: participación del productor en precio en góndola cayó 12%

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Ejecutan nuevo desalojo de comunidad mbya Puente Quemado II

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Tras la suspensión de una orden de desalojo emitida por el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América el pasado 17 de julio, esta mañana efectivos policiales arribaron al predio de la comunidad mbya Puente Quemado II en Garuhapé, para ejecutar la medida que desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) calificaron como “irregular”. 

Al respecto, la abogada Roxana Rivas advirtió que “quieren ejecutar la orden de desalojo que habían dictado la otra vez y fue apelada por nuestra parte el 17 de julio. Con la interposición de la apelación se suspende el acto apelado, es decir el desalojo. El juez tiene que desprenderse de la competencia y elevarlo a la Cámara de Casación”.

De esta manera, el proceso de recuperación territorial por parte de Puente Quemado II sumó un nuevo capítulo la semana pasada, cuando el juez Roberto Sena, del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, dictó una orden de desalojo a pedido del empresario forestal Alfredo Ruff, quien reclama la restitución de los lotes 71 y 78 mediante una medida cautelar por presunta usurpación.

En respuesta, la comunidad presentó una apelación contra esta resolución judicial, argumentando “múltiples irregularidades procesales y constitucionales que pasaban por encima los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas”, por lo que la orden quedó suspendida.

“No estamos frente a un error interpretativo ni ante una mera discrepancia valorativa respecto de la prueba producida. Estamos frente a la omisión total del bloque constitucional y convencional de protección de los Pueblos Indígenas”, consideró la defensa.

Según la apelación, el juez decidió ignorar que el territorio se encuentra relevado en el marco de la Ley 26.160, un reconocimiento oficial de la ocupación tradicional de la Comunidad.

Además, la resolución sostiene que Puente Quemado II no acreditó su personería jurídica, pese a que esa documentación había sido incorporada oportunamente al expediente. Para la defensa, esto demuestra que el fallo omitió pruebas fundamentales.

El recurso también cuestiona que una medida cautelar haya terminado produciendo, en los hechos, un desalojo. Aunque no existe una sentencia definitiva sobre el conflicto territorial, la Comunidad continúa impedida de ingresar al lugar donde vivía  y desarrollaba su vida cultural y espiritual, tras lo ocurrido en mayo último, cuando efectivos ingresaron al territorio con el argumento de realizar notificaciones en una causa por presunta usurpación. 

Comunidad mbya regresó al predio del que fue desalojada en Garuhapé

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Correa cedió Matear a La Rural y en octubre vuelve la feria a Buenos Aires

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Matear volverá a realizarse en el predio de La Rural luego de tres años de ausencia en Buenos Aires. La feria más importante dedicada a la yerba mate se llevará a cabo el 17 y 18 de octubre y reunirá a productores, cooperativas, empresas, marcas, emprendedores y amantes del mate de todo el país.

El regreso del evento a la capital marca una nueva etapa para la feria creada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), ya que será la primera edición que se realizará tras la desregulación del mercado y bajo la gestión del presidente Javier Milei.

A principios de junio, el presidente del Inym, Rodrigo Correa, anunció oficialmente la realización de Matear 2026 y confirmó que el evento será organizado en conjunto con Sociedad Rural Argentina. La presentación estuvo acompañada por la firma del convenio entre Correa y Carlos Solanet, director comercial de La Rural S.A., acuerdo que fue difundido por el propio Instituto.

En aquella oportunidad, Solanet destacó la importancia del evento: “Nos enorgullece realizar Matear juntamente con el Inym, una feria que ha demostrado ser el ícono de la industria y de los amantes de la cultura del mate, con amplia convocatoria y relevancia. Es una propuesta que reúne tradición, innovación, gastronomía y experiencias para toda la familia, y que permite visibilizar el enorme valor cultural y productivo de la yerba mate argentina”.

El pasado viernes, en el marco de la edición 138° de la Exposición Rural de Palermo, Correa y Solanet realizaron la presentación oficial de Matear 2026 bajo el lema “El sabor de ser argentinos”. La feria se desarrollará el tercer fin de semana de octubre, de 12 a 20 horas, en el Pabellón Ocre del Predio Ferial La Rural.

Matear

Maatear nació en 2017 con el objetivo de acercar el universo matero a los consumidores y generar un espacio de encuentro entre toda la cadena yerbatera. Luego de sus primeras ediciones en Buenos Aires 2017, 2018, 2019, 2022 y 2023, el evento se trasladó a Posadas durante 2024 y 2025. 

Desde su creación, la feria convocó a miles de visitantes de todo el país. Sin embargo, una de las principales novedades para esta edición sería que, por primera vez, el ingreso dejaría de ser gratuito y se cobraría una entrada, aunque hasta el momento no se informó el valor de las localidades.

En cuanto a la participación de las empresas yerbateras, el Inym informó que, al igual que en las ediciones anteriores, cubrirá el costo de los stands para los establecimientos que deseen participar. Para ello habilitó un registro de inscripción con el objetivo de conocer la demanda y elaborar un listado de interesados.

Desde el organismo aclararon que completar el formulario no implica la confirmación de participación. Una vez finalizado el proceso de evaluación y cerrada la convocatoria, prevista para el 7 de agosto, la organización informará cuáles fueron los establecimientos seleccionados, ya que los cupos serán limitados.

“La distribución no es equitativa”

En diálogo con La Voz de Misiones, el productor de Aristóbulo del Valle y presidente de la Asociación Impulso Yerbatero, Jorge Skripczuk, cuestionó la realización de la feria y, principalmente, el alcance del acuerdo entre el Inym y La Rural para las pequeñas marcas.

“Lo más importante es cómo se eligen las empresas que van a participar. Ese beneficio tiene que llegar a las pequeñas marcas para que, con esta oportunidad, puedan acceder a un mercado con mayor capacidad de compra”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que si el Inym destina espacios para promocionar a las pequeñas empresas y facilitar su ingreso a nuevos mercados, “está perfecto”. Sin embargo, advirtió: “Pedimos que no sean elegidas siempre las mismas grandes yerbateras, porque son las que terminan marcando el camino en las góndolas”.

El dirigente también señaló que, hasta el momento, las empresas aún no recibieron confirmación sobre cuáles participarán del evento. “Nos piden que nos inscribamos, pero todavía no hay respuestas. Para planificar la producción y contar con el stock necesario para octubre hace falta previsibilidad”, remarcó.

Consultado sobre si el acuerdo entre el Inym y La Rural demuestra que el mercado yerbatero continúa siendo un negocio rentable, Skripczuk respondió que “para algunos sí”. “Para las grandes industrias sigue siendo un negocio rentable. Hoy el sector que realmente está pasando un mal momento es el productor, las pequeñas y medianas industrias y los pequeños secaderos. Ellos no están percibiendo el precio que deberían cobrar por su producción. El negocio sigue siendo rentable, pero la distribución no es equitativa”, afirmó.

Finalmente, consideró que una mayor presencia de marcas en el mercado no resolverá por sí sola la crisis del sector. “Necesitamos que nuevas marcas puedan ingresar a las grandes ciudades. Esta feria puede ser una oportunidad para algunos, pero no para muchos, y tampoco representa un beneficio directo para el productor. Todo dependerá de la calidad del producto y de la posibilidad de consolidar mercados. Ya vimos el caso de algunas cooperativas que lograron ingresar a puntos de venta de la provincia de Buenos Aires mediante convenios con ferias y mercados locales”, concluyó.

 

Presidente del Inym: “La desregulación no es una coyuntura, es el único camino”

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