Provinciales
Desalojados en Wanda: “Vivíamos de lo que producíamos en esa tierra”
Norma Segovia (41) no cuenta con un trabajo formal, es madre de cuatro menores y hasta el 5 de julio, cuando fueron desalojados por una orden judicial que involucra a la empresa Arauco, dependían exclusivamente de la agricultura para sobrevivir. “Hoy estamos en la calle con los cuatro chicos. Ni el municipio, ni la provincia se están responsabilizando por eso”, afirmó la mujer en diálogo con La Voz de Misiones.
“Mi marido no tiene trabajo, yo tampoco. Nosotros dependíamos únicamente de la tierra, de la producción que salía de ahí, de las legumbres, las verduras, la mandioca, el maíz y los animales que teníamos. Hoy esperamos volver porque en el pueblo es todo gasto y nosotros solo contamos con una pensión por invalidez”, describió.
Mientras Norma se dedica a la crianza de dos nenas de 8 y 14 años y dos varones de 9 y 15, recordó que su esposo: “No puede entrar a ninguna empresa para trabajar porque tiene dislocado un omóplato y tendinitis en un pie, porque perdió los dedos cuando era chico y eso después también derivó en un problema de rodilla, en ningún lado le toman”.
A la limitación laboral, se suma el nivel de estudios: “El creo que tiene hasta segundo año de la secundaria, hizo hasta noveno y yo tengo apenas segundo grado”.
El caso
Todo comenzó hace cuatro meses atrás, cuando la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina.
Fue en horas de la mañana cuando la infantería ingresó con camionetas, camiones y máquinas que destrozaron cultivos, árboles e incendiaron viviendas. Mientras que, las familias fueron reprimidas con gases, forcejeos y hubo cuatro detenidos por “desobediencia judicial y resistencia”, quienes finalmente fueron liberados 48 horas más tarde, tras el repudio del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros y el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”.

Incendio de vivienda durante el desalojo
El procedimiento ordenado por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, no solo incluyó el desplazamiento físico de las familias en cuestión, sino que también se vieron perjudicados sus animales e incluso los cultivos anuales y estacionales que producían para la subsistencia.
Presente incierto
A cuatro meses del desalojo, Norma y su esposo Eduardo Garcete, cuentan solamente con el apoyo de parientes que le facilitan un lugar donde parar temporalmente: “Mi cuñada consiguió plata y pudo pagar el alquiler de ella hasta el 5 de diciembre”.
Frente a esta situación, mantuvieron alrededor de cinco reuniones con la intendenta de Wanda, Romina Faccio, en intentos por recuperar ese territorio o algún otro espacio que les permita volver a dedicarse al cultivo de alimentos y la cría de animales para el consumo.

Construcción de horno de barro por Eduardo Garcete cuando residían en el Paraje. La estructura fue destruida durante el desalojo
“Vamos a ver qué solución tenemos el 19 de noviembre cuando volvamos a reunirnos con la intendenta”, dijo con pocas esperanzas tras las constantes peticiones irresueltas.
“Si no se resuelve, lo único que queda es acampar frente a la municipalidad, pero no queremos pasar por eso otra vez”, recordó aludiendo a un anterior desalojo.
En esa línea, agregó: “Pero no queremos eso porque ya pasamos por esa situación una vez con los chicos en la calle, sin baños, sin agua y sin poder darles de comer”.
De extractivismo y territorios
Mientras Norma aseguró residir en ese territorio durante al menos diez años, la empresa Arauco arremetió contra la propiedad sin resquemor.
Al respecto, la damnificada explicó: “Eso es chacra desde 1999, era espacio fiscal y fue pasando por varias familias. En el 2014 mi marido compró la chacra en Paraje San Lorenzo entregando un vehículo, plata y una yunta de bueyes, porque es chacra desde hace 25 años y la empresa Arauco dice que es de ellos”.
Al ser consultada por el título de propiedad, se sinceró: “En Paraje San Lorenzo nadie tiene título por la tierra. Ahí es todo fiscal. Lo que no entendemos es por qué la empresa fue solo a esas 38 hectáreas, a las otras casas que están en el mismo Paraje y durante el mismo tiempo no llegaron”.

Destrucción de vivienda de la familia Segovia- Garcete durante el desalojo
La empresa en cuestión está abocada al cultivo de pinos y eucaliptos desde 1996 en la provincia, contando con varios antecedentes similares. En septiembre de 2023, activistas de Greenpeace e integrantes de las comunidades mbya Guazurarí y Puente Quemado II protestaron contra Arauco, por el avance y desmonte sobre sus territorios.
A través de un comunicado de prensa, señalaron que “la propia empresa reconoce que, cuando se llamaba Alto Paraná S.A., entre 1994 y 2003 realizó el desmonte de 20.811 hectáreas que estaban cubiertas con vegetación nativa, para el establecimiento de nuevas plantaciones. Además, cuentan con otras 100.000 hectáreas de plantaciones compradas a otros propietarios luego de desmontar la selva. Así, la superficie total de plantaciones que posee Arauco en Misiones es similar a la de seis ciudades de Buenos Aires”.
En cuanto a la legislación, se encuentra vigente -hasta el 31 de diciembre de 2025- la Ley Provincial XII Nº 41, de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remate, de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a 8 años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados.
“Es una ley muy importante porque Misiones tiene una historia de concentración de la tierra desde su nacimiento en 1881 cuando 29 personas se apropian de toda la tierra, entonces queda concentrada desde su génesis. Eso hace que hoy tengamos una irregularidad. A pesar de que se dieran procesos de titularización, hubo momentos altos como la expropiación de Pozo Azul, pero existe un gran porcentaje de la tierra rural productiva que está en la informalidad, entonces tenemos juicios muy grandes que dependen de esa ley”, afirmó el abogado Luis Fuentes consultado por La Voz de Misiones.
La próxima reunión con la intendenta está prevista para el 19 de noviembre cuando la familia Segovia- Garcete acudirá a la municipalidad y espera ser acompañada por su letrado.
Familias aguardan respuestas a cuatro meses de ser desalojadas en Wanda
Provinciales
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
Provinciales
Corpus fue sede del debate sobre energía hidoeléctrica, planificación y desarrollo
La Municipalidad de Corpus Christi reunió este martes a intendentes, especialistas, estudiantes, referentes ambientales y vecinos para dar a conocer el estado actual del proyecto Corpus Pindó-í, sus características, afecciones y posibilidades para el desarrollo energético y productivo de Misiones.
El encuentro comenzó con una presentación institucional a cargo de Enrique Guardo, director de Gestión de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip), quien expuso sobre el rol del organismo y el proceso que se viene llevando adelante para recuperar, ordenar y actualizar la información técnica existente sobre Corpus Pindó-í.
En ese marco, destacó que “el objetivo actual no es plantear el inicio de una obra, sino generar las condiciones técnicas, ambientales, económicas y sociales necesarias para evaluar su viabilidad sobre información actualizada”.
Seguidamente, el ingeniero Martín Rodríguez Paz, en representación del Consejo Profesional de Ingeniería de Misiones, abordó la situación energética provincial y la necesidad de incorporar una mirada de largo plazo sobre la disponibilidad de energía para acompañar el crecimiento económico y productivo.
Al mismo tiempo, desde la Dirección Técnica de la Comip, Luis Bergman expuso las principales características del aprovechamiento, su capacidad de generación, los estudios realizados y las afectaciones identificadas.
“Los potenciales beneficios de Corpus exceden la generación de energía eléctrica. Un emprendimiento de esta escala puede convertirse en una herramienta de desarrollo regional, siempre que exista una planificación anticipada que permita traducir la inversión en infraestructura, actividad económica, empleo, servicios y nuevas oportunidades para las localidades vinculadas al proyecto”, remarcó entre los ejes principales.
En esa línea, el delegado argentino ante la Comip, Tony López, destacó la necesidad de incorporar tempranamente a los municipios a esa planificación, de manera que los posibles beneficios no queden circunscriptos al área inmediata del aprovechamiento, sino que puedan proyectarse sobre todo el corredor regional.
El encuentro concluyó con el intercambio entre asistentes, consultas técnicas, planteos ambientales, observaciones y pedidos de mayor información.
La convocatoria contó con la presencia de los intendentes de Corpus, Aristóbulo del Valle y Leandro N. Alem, exintendentes, autoridades del Consejo Deliberante, Consejo Profesional de Ingeniería de Misiones, representantes de instituciones y organizaciones vinculadas al ambiente, estudiantes secundarios, medios de prensa, fuerzas vivas de la localidad y público en general.
Mesa No a las Represas exige al gobierno ratificar la ley que prohíbe Corpus
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Perdió una pierna en el trabajo y reclama: “Me rompieron la vida y no pagan”
En 2022, Ezequiel Camargo tenía 20 años y trabajaba para la Cooperativa El Hijo del Carpintero, de Garupá, cuando sufrió un accidente laboral en el que perdió la pierna derecha.
Hoy, a cuatro años de aquel episodio, con 25 años y un hijo de un año y tres meses, el joven lleva adelante una batalla judicial en busca de una indemnización que repare los daños morales y psicofísicos devenidos del accidente.
La demanda le fue adversa en el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral 3, pero Camargo apeló y, en junio pasado, la Cámara de Apelaciones del Trabajo resolvió a su favor y dispuso el pago, por parte de la Cooperativa, de $194.760.414,68 de indemnización, más $13.971.262,55 en concepto de intereses liquidados hasta el 31 de mayo de este año. Pero, un nuevo recurso de sus empleadores llevó el caso al Superior Tribunal de Justicia (STJ) y, ahora, el joven se encuentra aguardando la decisión de los jueces.
“Fue un accidente que me marcó la vida”, dijo Ezequiel Camargo a La Voz de Misiones, que lo entrevistó en la casa donde vive con su familia, en el barrio Santa Catalina, de Garupá.
“Yo era una persona sana, sin ninguna enfermedad; trabajaba, jugaba mucho al fútbol; salía con amigos, hacía mis cosas; y después del accidente estuve muy mal durante meses, y hasta tuve que pedir ayuda en las redes”, comentó, sentado en un banco en el patio de la vivienda, mostrando la nueva prótesis que pudo adquirir gracias a la solidaridad de amigos, vecinos y familiares.
“Estoy un poco mejor, pero sin poder tener la vida que tenía antes, y ahora con un bebé y una familia que mantener”, añadió y contó a LVM que el accidente le dejó también secuelas en la pierna izquierda. “Tengo clavos y tornillos”, afirmó.
La cuchilla
Era el 3 de junio de 2022. Camargo integraba la cuadrilla de cuatro o cinco operarios que el presidente de la Cooperativa El Hijo del Carpintero, Saúl Andresito Roa, envió para la limpieza de un predio municipal.
“Fuimos a hacer un trabajo para el municipio, había que desmalezar un pajonal, y de entrada le dijimos que el lugar no era para máquinas pesadas, que era para desmalezadora nomás”, contó el joven.
“Yo tenía experiencia ya con máquinas pesadas, con tractores, retroexcavadoras y eso, porque había trabajado mucho con mi papá”, comentó y sostuvo que le advirtieron a Roa del peligro de sumar un tractor a la tarea, pero éste “quería meter igual para terminar más rápido”.
“Fuimos, empezamos a sacar las piedras, los troncos, todo lo que había en el lugar, y cuando yo veo que iba a entrar el tractor empiezo a alejarme”, agregó Camargo y relató que, en ese momento, la máquina “chocó contra el cordón cuneta, voló el perno y la cuchilla me agarró la pierna”.
“Sentí el golpe y cuando me di cuenta estaba tirado en el medio del asfalto”, recordó el joven y señaló que se salvó “de milagro”, ya que la cuchilla le cortó dos arterias y que pudo haberse desangrado en el lugar.
Fue hospitalizado y pese a los esfuerzos, los médicos no pudieron salvarle la pierna. “El 6 de junio me amputaron”, afirmó.
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Falsas promesas
Camargo contó a LVM que, tras el accidente, “desde la Cooperativa me dijeron que se iban a hacer cargo de todo, que me iban a comprar la prótesis, que me iban a dar un sueldo de por vida”.
Sin embargo, según dijo, nada de eso sucedió y cuando volvió a su casa, tras casi 45 días de internación, el ex intendente de Garupá y padre del titular de la Cooperativa, Daniel Roa, fue a su casa para que firmara los papeles de la ART.
“Me dijo que iba a cobrar el seguro, que tenía que firmar unos papeles y que me tocaba $700.000”, afirmó Camargo y comentó que, leyendo la letra chica del contrato con la aseguradora, advirtió que la suma que le correspondía era el doble de la ofrecida por Roa.
“En el contrato decía que el valor por perdida de extremidades y muerte era de $1.400.000, pero ellos cobraban y me pasaban la mitad, porque querían recuperar costos de medicamentos que habían comprado”, señaló.
Después de aquella visita de Daniel Roa, Ezequiel Camargo buscó un abogado y demandó a la Municipalidad de Garupá y a la Cooperativa del hijo del ex intendente.
“Demandamos a la municipalidad porque no sabíamos por qué estábamos en ese lugar, pero esa demanda ya perdí”, comentó. La Justicia rechazó la causa contra la comuna en primera y segunda instancia, por lo que la causa que aguarda ahora la resolución del STJ refiere solamente al reclamo a la Cooperativa de los Roa, que -según consta en el fallo de la Cámara de Apelaciones- intentó por todos los medios “disfrazar” la relación laboral.
-¿Qué le dirías a los jueces del STJ?, le preguntó LVM a Camargo.
“Que todo lo que me hicieron tienen que pagar sí o sí. Yo era trabajador, estaba laburando para ellos. Y ellos me rompieron la vida. Yo no quedé igual, se me complica para todo, para levantarme día a día, no puedo hacer nada. Solo quiero una compensación y poder tener una vida digna”.
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