Provinciales
Desalojados en Wanda: “Vivíamos de lo que producíamos en esa tierra”
Norma Segovia (41) no cuenta con un trabajo formal, es madre de cuatro menores y hasta el 5 de julio, cuando fueron desalojados por una orden judicial que involucra a la empresa Arauco, dependían exclusivamente de la agricultura para sobrevivir. “Hoy estamos en la calle con los cuatro chicos. Ni el municipio, ni la provincia se están responsabilizando por eso”, afirmó la mujer en diálogo con La Voz de Misiones.
“Mi marido no tiene trabajo, yo tampoco. Nosotros dependíamos únicamente de la tierra, de la producción que salía de ahí, de las legumbres, las verduras, la mandioca, el maíz y los animales que teníamos. Hoy esperamos volver porque en el pueblo es todo gasto y nosotros solo contamos con una pensión por invalidez”, describió.
Mientras Norma se dedica a la crianza de dos nenas de 8 y 14 años y dos varones de 9 y 15, recordó que su esposo: “No puede entrar a ninguna empresa para trabajar porque tiene dislocado un omóplato y tendinitis en un pie, porque perdió los dedos cuando era chico y eso después también derivó en un problema de rodilla, en ningún lado le toman”.
A la limitación laboral, se suma el nivel de estudios: “El creo que tiene hasta segundo año de la secundaria, hizo hasta noveno y yo tengo apenas segundo grado”.
El caso
Todo comenzó hace cuatro meses atrás, cuando la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina.
Fue en horas de la mañana cuando la infantería ingresó con camionetas, camiones y máquinas que destrozaron cultivos, árboles e incendiaron viviendas. Mientras que, las familias fueron reprimidas con gases, forcejeos y hubo cuatro detenidos por “desobediencia judicial y resistencia”, quienes finalmente fueron liberados 48 horas más tarde, tras el repudio del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros y el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”.
Incendio de vivienda durante el desalojo
El procedimiento ordenado por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, no solo incluyó el desplazamiento físico de las familias en cuestión, sino que también se vieron perjudicados sus animales e incluso los cultivos anuales y estacionales que producían para la subsistencia.
Presente incierto
A cuatro meses del desalojo, Norma y su esposo Eduardo Garcete, cuentan solamente con el apoyo de parientes que le facilitan un lugar donde parar temporalmente: “Mi cuñada consiguió plata y pudo pagar el alquiler de ella hasta el 5 de diciembre”.
Frente a esta situación, mantuvieron alrededor de cinco reuniones con la intendenta de Wanda, Romina Faccio, en intentos por recuperar ese territorio o algún otro espacio que les permita volver a dedicarse al cultivo de alimentos y la cría de animales para el consumo.
Construcción de horno de barro por Eduardo Garcete cuando residían en el Paraje. La estructura fue destruida durante el desalojo
“Vamos a ver qué solución tenemos el 19 de noviembre cuando volvamos a reunirnos con la intendenta”, dijo con pocas esperanzas tras las constantes peticiones irresueltas.
“Si no se resuelve, lo único que queda es acampar frente a la municipalidad, pero no queremos pasar por eso otra vez”, recordó aludiendo a un anterior desalojo.
En esa línea, agregó: “Pero no queremos eso porque ya pasamos por esa situación una vez con los chicos en la calle, sin baños, sin agua y sin poder darles de comer”.
De extractivismo y territorios
Mientras Norma aseguró residir en ese territorio durante al menos diez años, la empresa Arauco arremetió contra la propiedad sin resquemor.
Al respecto, la damnificada explicó: “Eso es chacra desde 1999, era espacio fiscal y fue pasando por varias familias. En el 2014 mi marido compró la chacra en Paraje San Lorenzo entregando un vehículo, plata y una yunta de bueyes, porque es chacra desde hace 25 años y la empresa Arauco dice que es de ellos”.
Al ser consultada por el título de propiedad, se sinceró: “En Paraje San Lorenzo nadie tiene título por la tierra. Ahí es todo fiscal. Lo que no entendemos es por qué la empresa fue solo a esas 38 hectáreas, a las otras casas que están en el mismo Paraje y durante el mismo tiempo no llegaron”.
Destrucción de vivienda de la familia Segovia- Garcete durante el desalojo
La empresa en cuestión está abocada al cultivo de pinos y eucaliptos desde 1996 en la provincia, contando con varios antecedentes similares. En septiembre de 2023, activistas de Greenpeace e integrantes de las comunidades mbya Guazurarí y Puente Quemado II protestaron contra Arauco, por el avance y desmonte sobre sus territorios.
A través de un comunicado de prensa, señalaron que “la propia empresa reconoce que, cuando se llamaba Alto Paraná S.A., entre 1994 y 2003 realizó el desmonte de 20.811 hectáreas que estaban cubiertas con vegetación nativa, para el establecimiento de nuevas plantaciones. Además, cuentan con otras 100.000 hectáreas de plantaciones compradas a otros propietarios luego de desmontar la selva. Así, la superficie total de plantaciones que posee Arauco en Misiones es similar a la de seis ciudades de Buenos Aires”.
En cuanto a la legislación, se encuentra vigente -hasta el 31 de diciembre de 2025- la Ley Provincial XII Nº 41, de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remate, de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a 8 años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados.
“Es una ley muy importante porque Misiones tiene una historia de concentración de la tierra desde su nacimiento en 1881 cuando 29 personas se apropian de toda la tierra, entonces queda concentrada desde su génesis. Eso hace que hoy tengamos una irregularidad. A pesar de que se dieran procesos de titularización, hubo momentos altos como la expropiación de Pozo Azul, pero existe un gran porcentaje de la tierra rural productiva que está en la informalidad, entonces tenemos juicios muy grandes que dependen de esa ley”, afirmó el abogado Luis Fuentes consultado por La Voz de Misiones.
La próxima reunión con la intendenta está prevista para el 19 de noviembre cuando la familia Segovia- Garcete acudirá a la municipalidad y espera ser acompañada por su letrado.
Familias aguardan respuestas a cuatro meses de ser desalojadas en Wanda
Frente a un contexto de alta morosidad que supera el 12% según los últimos datos del Banco Central (BCRA), el gobierno provincial puso en marcha un paquete de medidas financieras diseñadas para proteger el salario de las familias de los empleados públicos, jubilados, pensionados y retirados del IPS que enfrentan situaciones de sobreendeudamiento.
El anuncio fue detallado por el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, quien remarcó que las herramientas se vienen trabajando desde hace más de dos meses para evitar que los agentes queden expuestos como deudores en mora dentro del sistema financiero formal.
La primera medida, implementada en julio, fijó un tope del 39% de los haberes netos para la aplicación de retenciones a través del Código Único de Descuento en los haberes (Cuad). Este límite aplica a los créditos nuevos y se acompaña con un proceso de refinanciación y asistencia económica.
“Esta medida, que a la fecha alcanzó a 538 personas, se verá reflejada en la acreditación de haberes del día sábado 29 de agosto; o en la primera semana de septiembre con una acreditación especial en las cuentas bancarias que no estará sujeta a retención de créditos bancarios”, aseguró el titular de la cartera.
Por su parte, el Banco Macro, implementó mecanismos de refinanciación de deudas que son analizados caso por caso para personas con sobreendeudamiento y/o mora. Los interesados que se encuentren en esa situación deberán acercarse a las sucursales de la entidad para acceder a la refinanciación.
Techo a las tasas de interés
A partir de septiembre entrará en vigencia una resolución que fijará topes en las tasas de interés de las entidades que otorgan préstamos personales con código de descuento.
Según indicó el ministro de Hacienda, el objetivo de la medida es establecer un marco regulatorio que permita limitar el costo financiero que asumen los agentes públicos activos y pasivos con estas entidades. Esta modalidad de código de descuento también busca evitar que estas personas deban acudir a otras entidades de crédito (formales o informales) que aplican intereses mucho mayores y más perjudiciales para ellos.
Finalmente, recordó los proyectos de ley afines que están siendo impulsados en la Legislatura provincial. “Son propuestas que deben ser analizadas a la luz de la normativa nacional, siguiendo un criterio de equidad con los deudores pero sin perjudicarlos dejándolos expuestos como morosos conforme a la legislación vigente”, concluyó.
Informe: el 29,35% de los deudores de Misiones tiene más de 90 días de mora
Informe: el 29,35% de los deudores de Misiones tiene más de 90 días de mora
El drama de la morosidad que impacta a nivel nacional tiene su correlato en Misiones, donde el 29,35% de las personas con deudas declaradas se encuentra en mora que supera los 90 días, según un estudio publicado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC), una asociación civil que aborda diferentes temáticas sociales.
Según el último informe, denominado Radiografía del Endeudamiento en Argentina y elaborado en base a datos recopilados hasta junio de 2026, en la tierra colorada hay un total de 484.180 personas físicas con deudas declaradas, de las cuales 142.084 se encuentran en mora de nivel 3, 4 y 5. Dicha cantidad representa un 29,35% del total de deudores, cifra que supera en 4,4 puntos porcentuales la media nacional.
El mismo estudio señala el universo de personas en deuda debe cubrir un monto total de 1,57 billones de pesos, mientras que los deudores en mora deben cubrir 292.928,61 de pesos.
Ese universo de deuda corresponde a todas las entidades crediticias, desde bancos privados y públicos, hasta tarjetas de crédito, billeteras virtuales y compañías financieras.
Edades
El informe además consigna que los adultos de entre 26 y 35 años conforman el universo de mayor cantidad de personas con deudas declaradas (116.812), aunque la franja etaria integrada por menores de 25 años es la que más porcentaje de deudores en mora tiene en relación al total de deudores declarados.
En relación a este último ítem, los datos marcan que hay 41.698 jóvenes menores a 25 años con deudas declaradas, de los cuales 18.026 se encuentran con retrasos en sus pagos, lo que representa 43,23% de ese total, una cifra que se ubica 5 puntos por encima de la media nacional en el mismo segmento de análisis.
Departamentos
Los datos recogidos por la CEC fueron presentados a través de un mapa interactivo, en el cual cada usuario puede revisar la información recopilada tanto a nivel nacional, como provincial y hasta por departamentos.
En la revisión municipio por municipio sobresale que el departamento Capital registra el mayor porcentaje de deudores en mora de la provincia. Los datos duros: 26.425 personas físicas con deudas declaradas y 9.765 de ellas se encuentra en mora, lo que equivale a un 37,07%. Lo siguen Apóstoles, Concepción, Candelaria, Eldorado y San Ignacio con números que superan el 30%.
El análisis desagregado por departamentos además expone otro dato relevante y, es que, Guaraní, por ejemplo, registra casi cinco veces más de personas con deudas declaradas que Capital, pero el promedio de deudores en mora es marcadamente más bajo.
Para verlo en números hay que exponer que Guaraní presenta un total de 125.186 personas con deudas declaradas, de las cuales 36.178 se encuentran en estado de morosidad, lo que arroja un promedio de 28,9% a nivel departamental.
Esta semana comenzó el relevamiento preventivo de las familias que viven en zonas vulnerables en diferentes puntos de la provincia, mediante un mapeo sectorizado que permitirá saber de antemano a quién asistir, cómo evacuar y hacia dónde trasladar a las personas ante lluvias intensas, tormentas, crecidas o inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño.
Los lineamientos fueron impartidos por el Ministerio de Gobierno y la Jefatura de Policía hacia las 15 Unidades Regionales. De esta manera, la fuerza tendrá un rol central como primer respondedor debido a que posee la mayor estructura operativa y despliegue territorial, lo que permite articular directamente con los comités de crisis municipales y los demás organismos del Estado.
“La planificación apunta a que una eventual evacuación no comience cuando el agua ya ingresó a las viviendas”, indicaron las autoridades, por lo que efectivos recorren y sectorizan zonas bajas, barrios próximos a arroyos, áreas ribereñas, alcantarillas, caminos que podrían quedar comprometidos y otros puntos susceptibles a anegamientos.
En cada sector se releva cuántas familias viven, cómo están conformadas y si existen niños, adultos mayores o personas que puedan requerir asistencia prioritaria. A su vez, se establecen previamente los lugares destinados a recibir evacuados y también las viviendas de familiares a las que algunas personas podrían trasladarse, permitiendo conocer con anticipación el destino de cada grupo familiar.
En paralelo, se desarrolla un trabajo de concientización con los vecinos para que mantengan preparado lo indispensable ante una eventual salida del hogar. Documentación, medicamentos, ropa y elementos esenciales deberán estar accesibles para que, si las condiciones obligan a evacuar, el traslado pueda concretarse en el menor tiempo posible.
En las zonas rurales y ribereñas, el relevamiento contempla además animales, vehículos, herramientas y otros bienes vinculados con la vida y el trabajo familiar, incorporándolos a la planificación de cada jurisdicción.
Toda esa información conformará un mapa preventivo actualizado. Así, ante una emergencia, la Policía podrá conocer rápidamente qué sectores requieren intervención prioritaria, cuántas personas deben ser movilizadas, qué recursos y vehículos serán necesarios, cuáles son las vías seguras de ingreso y egreso y hacia dónde será trasladada cada familia.
Articulación entre áreas y municipios
“La premisa del Gobierno es anticiparnos y tener organizada la respuesta antes de que ocurra una emergencia. Sabemos que la Policía es el primer respondedor y la estructura con mayor presencia territorial de la provincia. Por eso estamos bajando los lineamientos junto con la Jefatura para articular previamente con los municipios y los demás organismos del Estado”, señaló el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.
Los comités de crisis de cada municipio serán parte central de esa coordinación junto con Protección Civil, Salud, Bomberos y las demás áreas provinciales y municipales involucradas. Cada jurisdicción podrá establecer anticipadamente sus recursos, movilidad, lugares de alojamiento y prioridades de intervención.
El jefe de Policía, comisario general Sandro Martínez, remarcó que el esquema alcanza tanto al interior como a las ciudades, donde también existen arroyos, zonas bajas y sectores susceptibles a anegamientos. Por ello, cada dependencia deberá conocer y mantener actualizada la situación de su territorio.
De esta manera, si las condiciones obligan a evacuar, la respuesta comenzará sobre un escenario previamente organizado: sectores mapeados, familias censadas, destinos definidos, recursos coordinados y vecinos preparados para salir en poco tiempo.
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