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Desalojados en Wanda: “Vivíamos de lo que producíamos en esa tierra”

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Norma Segovia (41) no cuenta con un trabajo formal, es madre de cuatro menores y hasta el 5 de julio, cuando fueron desalojados por una orden judicial que involucra a la empresa Arauco, dependían exclusivamente de la agricultura para sobrevivir. “Hoy estamos en la calle con los cuatro chicos. Ni el municipio, ni la provincia se están responsabilizando por eso”, afirmó la mujer en diálogo con La Voz de Misiones

“Mi marido no tiene trabajo, yo tampoco. Nosotros dependíamos únicamente de la tierra, de la producción que salía de ahí, de las legumbres, las verduras, la mandioca, el maíz y los animales que teníamos. Hoy esperamos volver porque en el pueblo es todo gasto y nosotros solo contamos con una pensión por invalidez”, describió.

Mientras Norma se dedica a la crianza de dos nenas de 8 y 14 años y dos varones de 9 y 15, recordó que su esposo: “No puede entrar a ninguna empresa para trabajar porque tiene dislocado un omóplato y tendinitis en un pie, porque perdió los dedos cuando era chico y eso después también derivó en un problema de rodilla, en ningún lado le toman”. 

A la limitación laboral, se suma el nivel de estudios: “El creo que tiene hasta segundo año de la secundaria, hizo hasta noveno y yo tengo apenas segundo grado”.

El caso

Todo comenzó hace cuatro meses atrás, cuando la Policía irrumpió en un grupo de viviendas ubicadas en Colonia Gobernador Lanusse, zona aledaña al paraje San Lorenzo 2 de Wanda, para proceder al desalojo de las familias productoras Garcete, López y Woronobis, en el marco de una causa por desahucio procedente del Juzgado Civil Comercial y Laboral de Puerto Iguazú, en la que interviene como demandante la empresa Arauco Argentina.

Fue en horas de la mañana cuando la infantería ingresó con camionetas, camiones y máquinas que destrozaron cultivos, árboles e incendiaron viviendas. Mientras que, las familias fueron reprimidas con gases, forcejeos y hubo cuatro detenidos por “desobediencia judicial y resistencia”, quienes finalmente fueron liberados 48 horas más tarde, tras el repudio del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros y el grupo “Lucha por la tierra de Misiones”.

desalojo

Incendio de vivienda durante el desalojo

El procedimiento ordenado por la jueza de Paz de Wanda, Yngridt Radke, no solo incluyó el desplazamiento físico de las familias en cuestión, sino que también se vieron perjudicados sus animales e incluso los cultivos anuales y estacionales que producían para la subsistencia.

Presente incierto

A cuatro meses del desalojo, Norma y su esposo Eduardo Garcete, cuentan solamente con el apoyo de parientes que le facilitan un lugar donde parar temporalmente: “Mi cuñada consiguió plata y pudo pagar el alquiler de ella hasta el 5 de diciembre”.

Frente a esta situación, mantuvieron alrededor de cinco reuniones con la intendenta de Wanda, Romina Faccio​, en intentos por recuperar ese territorio o algún otro espacio que les permita volver a dedicarse al cultivo de alimentos y la cría de animales para el consumo.

Construcción de horno de barro por Eduardo Garcete cuando residían en el Paraje. La estructura fue destruida durante el desalojo

Vamos a ver qué solución tenemos el 19 de noviembre cuando volvamos a reunirnos con la intendenta”, dijo con pocas esperanzas tras las constantes peticiones irresueltas. 

“Si no se resuelve, lo único que queda es acampar frente a la municipalidad, pero no queremos pasar por eso otra vez”, recordó aludiendo a un anterior desalojo. 

En esa línea, agregó: “Pero no queremos eso porque ya pasamos por esa situación una vez con los chicos en la calle, sin baños, sin agua y sin poder darles de comer”.

De extractivismo y territorios

Mientras Norma aseguró residir en ese territorio durante al menos diez años, la empresa Arauco arremetió contra la propiedad sin resquemor.

Al respecto, la damnificada explicó: “Eso es chacra desde 1999, era espacio fiscal y fue pasando por varias familias. En el 2014 mi marido compró la chacra en Paraje San Lorenzo entregando un vehículo, plata y una yunta de bueyes, porque es chacra desde hace 25 años y la empresa Arauco dice que es de ellos”.

Al ser consultada por el título de propiedad, se sinceró: “En Paraje San Lorenzo nadie tiene título por la tierra. Ahí es todo fiscal. Lo que no entendemos es por qué la empresa fue solo a esas 38 hectáreas, a las otras casas que están en el mismo Paraje y durante el mismo tiempo no llegaron”.

Destrucción de vivienda de la familia Segovia- Garcete durante el desalojo

La empresa en cuestión está abocada al cultivo de pinos y eucaliptos desde 1996 en la provincia, contando con varios antecedentes similares. En septiembre de 2023, activistas de Greenpeace e integrantes de las comunidades mbya Guazurarí y Puente Quemado II protestaron contra Arauco, por el avance y desmonte sobre sus territorios.

A través de un comunicado de prensa, señalaron que “la propia empresa reconoce que, cuando se llamaba Alto Paraná S.A., entre 1994 y 2003 realizó el desmonte de 20.811 hectáreas que estaban cubiertas con vegetación nativa, para el establecimiento de nuevas plantaciones. Además, cuentan con otras 100.000 hectáreas de plantaciones compradas a otros propietarios luego de desmontar la selva. Así, la superficie total de plantaciones que posee Arauco en Misiones es similar a la de seis ciudades de Buenos Aires”.

En cuanto a la legislación, se encuentra vigente -hasta el 31 de diciembre de 2025- la Ley Provincial XII Nº 41, de Suspensión de Sentencias de Desalojo y Remate, de inmuebles destinados a vivienda única y familiar, y a vivienda y producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifica una ocupación superior a 8 años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean éstos fiscales o privados.

“Es una ley muy importante porque Misiones tiene una historia de concentración de la tierra desde su nacimiento en 1881 cuando 29 personas se apropian de toda la tierra, entonces queda concentrada desde su génesis. Eso hace que hoy tengamos una irregularidad. A pesar de que se dieran procesos de titularización, hubo momentos altos como la expropiación de Pozo Azul, pero existe un gran porcentaje de la tierra rural productiva que está en la informalidad, entonces tenemos juicios muy grandes que dependen de esa ley”, afirmó el abogado Luis Fuentes consultado por La Voz de Misiones.

La próxima reunión con la intendenta está prevista para el 19 de noviembre cuando la familia Segovia- Garcete acudirá a la municipalidad y espera ser acompañada por su letrado.

Familias aguardan respuestas a cuatro meses de ser desalojadas en Wanda

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La Justicia Federal ordenó levantar cortes de yerbateros sobre la ruta 14

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Protesta yerbateros: colonos incautan raídos de hoja verde y la queman en San Pedro

Este lunes y martes se registraron cortes sobre la ruta 14 en las localidades de San Vicente, Campo Ramón y Dos de Mayo, protagonizados por yerbateros que, según los videos viralizados en redes sociales, detuvieron a camiones cargados con hoja verde, arrojaron sus raídos a la ruta y los quemaron.

La medida encabezada por el productor Maximiliano Hoff se enmarca en el “paro de cosecha”, en rechazo al bajo precio por el kilo de la materia prima, que hoy oscila entre $180 y $220, y perjudicó a los productores que decidieron vender su producto al precio que sea, ante la falta de otro ingreso en su economía doméstica y la necesidad de contar con dinero. 

Frente a este panorama, desde el Juzgado Federal de Oberá, el juez Alejandro Gallandat, solicitó a quienes llevan adelante los bloqueos sobre la ruta 14, despejar la arteria vial en consonancia con las implicancias legales de impedir la circulación vehicular.

La notificación será presentada por personal de Gendarmería Nacional ante los manifestantes presentes en las mencionadas localidades, donde se encuentren activas las medidas de fuerza, y serán intimados a cesar total o parcialmente los cortes.

La crisis económica que atraviesa el sector en los eslabones más bajos de la cadena productiva, se agravó en diciembre de 2023, tras el decreto impulsado por el presidente Javier Milei, que quitó facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), encargado hasta ese entonces de regular el precio de la hoja verde.

Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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El Soberbio: comerciantes juntan firmas para declarar emergencia en seguridad

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Ante una seguidilla de episodios registrados en El Soberbio, comerciantes de la localidad del Alto Uruguay elaboraron un petitorio para declarar la emergencia en seguridad en el municipio y reúnen firmas para presentar la solicitud ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD), que sesiona este martes a las 18.

“Quienes suscribimos, vecinos y vecinas de El Soberbio, nos presentamos ante este Cuerpo Deliberativo para exigir una respuesta institucional inmediata frente a la grave situación de inseguridad que atraviesa nuestro pueblo”, señala el documento redactado por los vecinos, al que accedió La Voz de Misiones.

En el documento, los habitantes de la localidad afirman que “no son sensaciones”, sino hechos “concretos que todos conocemos”. Seguidamente, mencionan siete casos ocurridos en “pocos meses”.

“Se quemaron casas, comercios y vehículos particulares. No fueron accidentes. Fue violencia planificada”, denuncian y, además, remarcan que también se registraron casos de “tiroteos en el acceso al pueblo, además de otros episodios con armas de fuego”.

Debido a estos hechos, el documento sostiene que, por el “miedo en las calles”, los comerciantes “bajan las persianas antes de hora” y los vecinos “no salen de noche”. En esa línea, puntualizan: “Se rompió la paz social”.

“Esta situación ya desbordó la respuesta normal del municipio. Con los recursos ordinarios no alcanza. Por eso la ley prevé una herramienta para momentos excepcionales: la declaración de emergencia”, apuntan en el petitorio.

Con ese argumento, los comerciantes, en el “ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos”, exigen al Concejo local que “trate” y “apruebe”, con carácter “urgente”, la emergencia en seguridad en El Soberbio.

La solicitud de los vecinos surgió a raíz de que, en horas de la madrugada del último domingo, la funeraria La Paz, propiedad del ex intendente Alberto “Coleco” Krysvzuk, fue blanco de una balacera perpetrada por dos hombres en moto, entre otros episodios similares.

Ataques con fuego y ahora una balacera en la funeraria de Coleco en El Soberbio

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Yerbateros con Agustín Rossi: suman adhesiones para recuperar el Inym

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El sector yerbatero de Misiones continúa consolidando su estrategia judicial contra las modificaciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. En ese marco, avanza en la búsqueda de respaldo político y este martes por la mañana referentes de asociaciones, cooperativas y productores se reunieron en Posadas con el diputado nacional peronista Agustín Rossi, a quien le expusieron en detalle la crítica situación del sector y el alcance de la presentación ante la Justicia federal.

El encuentro se dio durante la visita del legislador para acompañar la candidatura de Gonzalo “Lalo” Costa Arguibel dentro del espacio Amplitud Justicialista para presidir el PJ Misiones y respaldar el proceso de normalización partido, actualmente intervenido. Participaron de la reunión Jorge Skripczuk por Impulso Yerbatero, Hugo Sand por Apam y el abogado patrocinante José Federico Padolsky, en representación de las entidades que impulsan la acción judicial.

Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, explicó que el objetivo central es lograr la declaración de inconstitucionalidad de los artículos del DNU 70/2023 que modificaron el funcionamiento del Inym y avanzar en la restitución plena de sus facultades.

“Nos reunimos con el gobernador (Hugo) Passalacqua y nos dio su respaldo y acompañamiento a esta medida. Además le enviamos al gobernador (Axel) Kicillof un informe detallado de la situación yerbatera. En esta oportunidad aprovechamos que el diputado nacional estaba en la provincia para exponerle la problemática y que sepa por nosotros lo que estamos pasando. Así, vamos a seguir hablando con todos los diputados”, sostuvo.

En la misma línea, Hugo Sand remarcó la necesidad de que todo el arco político escuche al sector: “Ojalá que los libertarios nos convoquen. Nos tienen que escuchar y ahí, teniendo conocimiento de la situación en primera mano, que ellos se hagan responsables de qué camino toman, si nos dan una respuesta que nos ayude o nos hunda”.

La reunión con Rossi se enmarca en una serie de gestiones que los productores vienen realizando para sumar adhesiones a la presentación judicial que ya fue formalizada ante el Juzgado Federal de Posadas. El planteo incluye tanto el pedido de inconstitucionalidad como una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos del DNU 70/23 que tratan el tema yerbatero.

Consultados sobre las manifestaciones en la Plaza 9 de Julio en reclamo de un precio justo, por parte de un grupo de referentes fueron claros en diferenciar los planos del conflicto. “Para nosotros este es un problema político, pero hasta el momento la solución no llegó por los medios del Poder Ejecutivo. No debemos confundir a la gente: nosotros vamos por la restitución plena del INYM, entonces quien debe resolver esto es el gobierno nacional, dado que nuestro instituto es nacional. Por eso tomamos la decisión de llevarlo ante la Justicia porque ante todo nosotros seguiremos luchando”, expresó Sand.

Por su parte, Skripczuk reforzó la apuesta al camino judicial y planteó una mirada de largo plazo: “Es por eso que tomamos el camino judicial. Y vamos a avanzar desde ahí y tenemos muchísima esperanza”.

Sand agregó que “como el viento cambia de dirección, esto va a cambiar. Hay que comenzar a soñar, soñar utopías. Tenemos un problema que es el hoy y no tenemos que dejar que el hoy nos consuma. Hay que pensar Misiones de acá a 25 años, con un plan estratégico”.

Críticas políticas y posicionamientos

Durante la charla también hubo cuestionamientos a dirigentes que se mostraron en redes sociales apoyando el reclamo yerbatero. En particular, se refirieron a la presencia de algunos legisladores en la plaza y su exposición en redes sociales. “Está buenísimo que hagan público el reclamo porque es una forma de exponerse. La persona tiene que hablar, así podemos saber dónde está parado políticamente. Casualidad que a esos mismos políticos se los ve cada vez más hacia la ultraderecha, a La Libertad Avanza. Y los libertarios son los principales responsables del decreto de necesidad y urgencia. Javier Milei es el culpable y todos aquellos que apoyan esa política están en contra de la familia agraria”, señaló el dirigente obereño de Apam.

También apuntaron contra el silencio de otros sectores políticos: “Hay una contradicción total. Hablamos también de los diputados y senadores oficialistas y opositores de nuestra provincia que con su silencio acompañaron estas medidas. Entonces, cuanto más hablen, la sociedad va a saber quién es quién en este momento. Y si lo que dicen en redes sociales es por oportunismo”, expresó el dirigente de Impulso Yerbatero Jorge Skripczuk.

En ese sentido, insistieron en la necesidad de abrir el debate: “Espero que nos convoquen, que nos llamen los jueces y nos pregunten por qué estamos tan enojados. Les vamos a decir que denunciamos incumplimiento de deberes de funcionario público y que estamos en la Justicia porque la política nos dejó de lado”, sentenció Sand.

Crisis productiva y organización del sector

Más allá del plano judicial y político, los productores describieron un escenario crítico para la actividad. “Hoy la gente recién está tomando conciencia de lo que significa esta ‘libertad’ que se pregonó desde 2023. Con el libre mercado no se pueden pagar las boletas de luz, ni comprar un kilo de carne. El combustible se fue por las nubes y es imposible para un productor limpiar su yerba o fertilizar. Es un modelo que vino a destruir”, advirtió Skripczuk.

La falta de regulación también impacta directamente en los precios. “Se habla de un valor de referencia de 350 pesos, en otros lugares un poco más y en otros 100 pesos. Hoy, al no tener un organismo de control, cualquiera paga lo que puede. Pero alguien se queda con ese margen grande”, indicó Skripczuk.

Por su parte, Sand añadió que la falta del Inym genera un proceso de descapitalización creciente: “Hay venta de chacras todos los días. El productor está con el agua en el cuello. No soporta más esta situación. También pasa con el té: un productor fue a cobrar una cosecha de diciembre y le dieron un cheque para julio. ¿Cómo sobrevive así?”.

Además, alertó sobre el endeudamiento generalizado: “La morosidad es altísima en todos los ámbitos. Y el productor es el que más sufre porque no tiene ingresos fijos mensuales”.

Frente a este panorama, Sand planteó la necesidad de recuperar herramientas de regulación: “Necesitamos un banco provincial como teníamos antes, un mercado consignatario y el Instituto funcionando a pleno. No puede ser que actividades como el té queden en manos de cuatro o cinco exportadores”.

Confianza en la Justicia y llamado a la participación

Pese al malestar, los referentes aseguraron que priorizan la vía institucional. “Nosotros confiamos en la Justicia. Siempre tratamos de agotar el diálogo. No queremos perjudicar a gente que no tiene nada que ver con esta situación”, explicó Sand, aunque dejaron abierta la posibilidad de avanzar con otras medidas si no hay respuestas.

En paralelo, Skripczuk remarcó la importancia de la organización social y la participación. “El pueblo movilizado y la asamblea popular son caminos. La plaza tiene que ser un espacio de debate público”, afirmó.

Finalmente, Sand explicó que el conflicto también tiene una dimensión política de fondo. “Se están jugando dos modelos de provincia: uno totalmente desregulado y otro más democrático. Pero tenemos que dejar de pensar en el corto plazo. Nos corren siempre con las elecciones. Debemos construir una política agraria para la provincia de Misiones consensuada y pensada a largo plazo”.

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