Provinciales
Denuncian maniobra para acomodar a concejal en Cooperativa de Agua de San José
Se viraliza rápidamente en las redes sociales un audio que denuncia que miembros de la Cooperativa de Agua de San José (Casaj) diagramaron una estrategia para acomodar a la concejal Adriana Gisel “Gisi” Azarkievich en un cargo administrativo de la entidad.
Las partícipes de la reunión serían la síndica Luz María “Lucy” Rodríguez Esquercia, la consejera Haide “Meme” Gallardo y la presidenta Rosa de Rossberg.
Si bien los audios se conocieron en las últimas horas, la reunión tuvo lugar en mayo y se realizó con el fin de cubrir dos vacantes en el área administrativa de la entidad.
Allí, las mujeres refieren que, para cubrir los puestos laborales, “vamos a llamar a concurso y a poner el dedo”.
La maniobra, denunciada a través de un video trascendido por un perfil de Facebook creado por miembros disidentes de la cooperativa, consistiría en la contratación de una empresa de selección de personal para que ofrezca los mejores currículums a través de un concurso, “y ahí digitamos el resultado”, según indican en el audio.
“Después digitamos que la empresa que va a llamar a concurso nos dé los tres mejores y de los tres mejores nosotros elegimos, a gusto y piacere”, dice la síndica Rodríguez Esquercia, quien fue noticias meses atrás, al conocerse su pasado como interventora de la dictadura militar.
La denuncia pública agrega que la apuntada para hacerse con una de las sillas del área administrativa es la concejal Adriana Gisel “Yisi” Azarkievich, prima del intendente local, Jorge Gabriel “Kike” Tenaschuk, a quien reemplazó el pasado mes luego de que el alcalde titular tomara licencia para retomar brevemente su cargo como director de la Epet 30.
Según pudo saber LVM en base a fuentes que prefirieron resguardar su identidad, la edil Azarkievich actualmente se encuentra de licencia, la cual habría tomado para hacerse cargo de la Tesorería de la Municipalidad.
Las mismas fuentes añadieron que, luego de que en mayo quedaran vacantes dos puestos en la Casaj, una persona asumió uno de ellos de forma interina, por lo cual firmó un contrato de tres meses, que se vence este mes de agosto.
“Yisi puede esperar tres meses en donde está; si llamamos a concurso es mejor, no nos queda otra, nos comprometimos por unanimidad en el acta”, asegura Gallardo.
“Vamos a disfrazar legalmente, aunque después se haga esto”, agrega Rosa de Rossberg y sigue: “Después vemos cómo podemos manejar el resultado del concurso”.
“Entonces quedamos así, vamos a repasar: mañana nos reunimos a la mañana y hablamos esto, porque sino va a quedar demasiado desprolijo y nuestros nombres pisoteados, y además van a hacer una historieta”, continuó la secretaria de la cooperativa de agua Gallardo.
Asimismo, este medio pudo saber que, tras la denuncia lanzada en las redes sociales, la operación habría ingresado en un stand by, al tiempo que los miembros de la cooperativa se reunieron durante esta tarde para diagramar sus próximos pasos.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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