El Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado resolvió admitir a la organización Red Yaguareté como querellante en la causa que investiga la desaparición de los cachorros de la yaguareté Pará -y posible muerte de los mismos- luego de su traslado a mediados de octubre del año 2025 desde la zona de las 2.000 Hectáreas de Iguazú hacia un área protegida que se mantiene en reserva.

Así lo confirmó la fundación que lleva más de 25 años trabajando por la conservación del yaguareté en Argentina. A través de sus redes sociales expresaron que serán querellantes en la causa que busca “establecer las responsabilidades en lo que ya está casi confirmado: la muerte de los dos cachorros de Pará luego de una translocación desaconsejada por todos los especialistas del mundo”.

Con estas palabras también refirieron a los informes presentados hasta el momento por el Ministerio de Ecología de Misiones y el Proyecto Yaguareté/Conicet ante la Justicia, los cuales “llevan a creer lo peor de lo peor”, reiteraron.

Luego de aquel traslado, la madre de los cachorros continuó siendo monitoreada a través de un collar satelital. Sin embargo, no fue posible determinar con certeza el paradero de los pequeños, quienes al estar en crecimiento no podían ser monitoreados digitalmente mediante la misma tecnología.

Por lo pronto, Red Yaguareté presentó al juzgado un escrito solicitando distintas pruebas técnicas para confirmar fehacientemente lo ocurrido durante la translocación de los cachorros.

Al mismo tiempo, pidió que se tome declaración a distintos investigadores y especialistas nacionales e internacionales respecto de las traslocaciones de yaguaretés, y en particular las de hembras con cachorros lactantes y las alternativas con mejor pronóstico que existían y fueron desechadas.

Finalmente, sugirió que Parques Nacionales se presente como querellante cumpliendo con la Disposición 264/24 y que también inicie un sumario interno para establecer responsabilidades, ya que dicho organismo no sólo permitió la captura dentro de la Reserva Natural de la Defensa Puerto Península, sino que además aportó jaulas para el traslado.

En su denuncia penal, el fiscal federal Ramiro González indicó: “Tratándose de una especie declarada Monumento Natural las autoridades intervinientes se encuentran investidas de una posición de especial garante respecto de su conservación, circunstancia que torna necesario esclarecer si las decisiones y medidas adoptadas se ajustan plenamente a las obligaciones legales, técnicas y administrativas que rigen el manejo y conservación de fauna silvestre en peligro de extinción o si, por el contrario, pudieron haberse verificado omisiones, deficiencias o eventuales apartamentos respecto de los estándares exigibles en la materia”.

Sin rastros de los cachorros de la yaguareté Pará tras su relocalización

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En medio de las copiosas lluvias registradas en los estados brasileños de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, la crecida del cauce del río Uruguay alcanzó a cubrir por completo los Saltos del Moconá en la mañana de este jueves.

Las imágenes fueron tomadas desde el Parque Estadual do Turvo, del lado brasileño, y se hicieron virales en redes sociales durante la transmisión en vivo del fenómeno a través de la cuenta Macuco Yucumã en YouTube.

De esta manera, se pudo observar la diferencia entre los saltos en el mes de abril, cuando registraban entre 5 y 15 metros de caída, según la zona, y el estado en el que se encuentran hoy, cuyo cauce fluvial sobrepasó tanto las cascadas como la superficie de piedra lindante.

Según datos aportadas por la Prefectura Naval Argentina, en el puerto de El Soberbio la altura del río Uruguay fue de 5,08 metros a las 00 de este miércoles, lo que representa una baja de 42 centímetros respecto de la medición anterior, cuando alcanzaba los 5,50 metros.

Según el informe oficial, el comportamiento actual del río se encuentra en baja, muy por debajo de los niveles de alerta situado en 11 metros y 13 para evacuación.

Los expertos coinciden en que la creciente, que obligó a cerrar los cruces de balsa en pasos internacionales los días anteriores, responde a los primeros indicios del fenómeno de El Niño, anticipado por meteorólogos para este segundo semestre del año.

El Niño en Misiones: cuatro municipios con protocolos por inundaciones

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El Ministerio de Ecología de Misiones creó el Registro Provincial de Infractores Ambientales (Repia), una base de datos que concentrará la información de personas físicas y jurídicas sancionadas por infringir la normativa ambiental vigente, tanto de alcance nacional como provincial, en todo el territorio misionero.

La medida quedó establecida mediante la Resolución Nº 182, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Según los fundamentos de la norma, la creación del registro responde a la necesidad de contar con una herramienta que permita “sistematizar la información” sobre las infracciones ambientales cometidas en todo el territorio provincial, “identificar patrones de incumplimiento” y mejorar la “planificación de las tareas de fiscalización y prevención”.

El Repia estará bajo la órbita de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Ecología y funcionará de manera articulada con el Registro Nacional de Infractores previsto en la Ley Nacional de Bosques Nativos.

Infracciones

De acuerdo a lo que establece la resolución, en el registro deberán inscribirse todos los expedientes administrativos iniciados por infracciones ambientales, las sanciones impuestas y los antecedentes de reincidencia.

La medida abarca incumplimientos vinculados a diversas normativas provinciales y nacionales relacionadas con la protección ambiental, entre ellas las referidas a bosques nativos, áreas naturales protegidas, fauna silvestre, recursos hídricos, conservación de suelos, residuos, manejo del fuego, evaluación de impacto ambiental, pesca, actividad acuícola y uso de productos fitosanitarios.

A partir de esta norma, cada inscripción deberá incluir datos del expediente, la identificación del infractor, la normativa vulnerada, el tipo de infracción, la sanción aplicada, el estado de cumplimiento, las medidas de remediación impuestas y los antecedentes de reincidencia, entre otros aspectos.

Restricciones para los infractores

Uno de los puntos centrales de la reglamentación determinó que quienes permanezcan inscriptos en el Repia no podrán acceder a distintos beneficios o autorizaciones administrados por la cartera ecológica a mientras dure su permanencia en el registro.

Entre las restricciones se encuentran la imposibilidad de obtener nuevas habilitaciones, permisos, concesiones o guías emitidas por el organismo; acceder a programas de asistencia, subsidios o incentivos; gestionar líneas de crédito provinciales vinculadas al ambiente; recibir beneficios fiscales; integrar comisiones o mesas de consulta ambiental; desarrollar actividades o investigaciones en áreas naturales protegidas y permanecer inscriptos en el Registro Provincial de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental.

La autoridad de aplicación podrá autorizar excepciones únicamente cuando existan razones de interés público debidamente fundadas, según sostiene la nueva norma.

Certificado obligatorio

La reglamentación también crea el Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA), un documento oficial que acreditará la situación de cada persona o empresa frente al registro.

El certificado será un requisito obligatorio para iniciar cualquier trámite, expediente, permiso o autorización ante el Ministerio de Ecología y tendrá una validez de seis meses desde su emisión.

Asimismo, el Repia tendrá carácter público, en línea con las normas nacionales sobre acceso a la información ambiental, aunque deberá resguardar los datos personales protegidos por la legislación vigente.

Las inscripciones permanecerán registradas durante tres años cuando las sanciones hayan sido cumplidas, mientras que en los casos de incumplimiento continuarán vigentes hasta que la sanción sea efectivamente ejecutada. En situaciones de reincidencia, el plazo de permanencia en el registro se extenderá a cuatro años.

La Resolución N.º 182, fechada el 5 de junio, entró en vigencia este martes con su publicación en el Boletín Oficial y lleva la firma del ministro de Ecología, Martín Recamán.

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