Provinciales
“Controles paraestatales” en protesta docente “son pagados por Filippa”
Tras dos días de cortes y marchas en Puerto Iguazú, los gremios del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) definieron un plan de acción para las próximas dos semanas y denunciaron persecución “paraestatal” por parte de “civiles pagados por el intendente Claudio Filippa”.
La Voz de Misiones pudo saber que los días miércoles 31 de mayo y jueves 1 de junio, así como el 6 y 7 del mes próximo, los docentes seguirán de paro sin asistencia a las aulas.
Además, al reclamo salarial se le sumará la exigencia de restitución de los descuentos efectuados a los trabajadores durante los días de protesta, ya que “a algunos les llegaron a descontar hasta 70.000 pesos”, indicó la secretaria general de la CTA Autónoma Misiones, Mónica Gurina.
Asimismo, el 6 de junio realizarán una asamblea provincial en la ciudad de Oberá, donde definirán los pasos a seguir.
“Pagados por Filippa”
La jornada de protestas se inició el último miércoles, cuando los manifestantes llegaron a la Ciudad de las Cataratas con intenciones de cortar el tránsito en la zona conocida como la T, en la intersección de las rutas nacionales 12 y 101.
No obstante, en ese lugar se apostó un grupo de remiseros y taxistas para evitar que los docentes llegaran y asegurar la circulación entre el Parque Nacional Iguazú, el aeropuerto internacional y el centro de la ciudad, lo cual provocó que los educadores instalaran el corte unos metros más adelante.
A partir de allí, tras la llegada de una orden de la Justicia Federal de liberar la ruta, se inició un fuerte control por parte de la Policía de Misiones y de la Gendarmería Nacional, al cual se sumó un grupo de civiles que, según denunciaron, estarían vinculados a la Municipalidad.
“Cuando te dicen que estaban los remiseros y taxistas, ellos estaban trabajando, los que estaban ahí era gente pagada por Filippa”, lanzó Gurina y añadió: “Además, se fueron y tuvieron una reunión en la Municipalidad, la misma población de Iguazú te cuenta que esa gente no trabaja ahí”.
Los docentes registraron la situación en fotos y videos publicados en redes sociales: “Se constituyeron en una especie de oficina de control para ver si los que querían entrar a Iguazú no eran docentes, te abrían el baúl y te revisaban”, denunció la gremialista.
“Revisaban para ver si no tenían banderas, tambores, las cosas que llevamos cada vez que nos movemos”, añadió y fustigó: “Todo apañado por la Policía y la Gendarmería”.
Es que, según comentó Gurina, “fue tan grande el agravio a las mujeres, porque te decían: ‘Vos estás acá porque tu marido no te banca y te caga a guampa’; nos decían eso para que nos saquemos, pretendían instalar la humillación, hubo momentos en los que realmente pensamos que se armaba una piña”.
Por ello, los docentes señalan que el accionar de los grupos civiles estuvo “legitimado por la Policía, porque la normativa dice que en las rutas nacionales tiene injerencia la Gendarmería y a nosotros de la ruta nacional 12 nos empujó la Policía de la provincia”.
“No eran nadie, eran ciudadanos ilustres pagados por la muni”, insistió la secretaria gremial.
“No esperábamos este movimiento paraestatal de estos ciudadanos que se convierten en la policía del pueblo, no esperábamos que Filippa estuviera ampliando su capacidad organizativa para generar más desmadre y más impunidad”, siguió.
“Eso la verdad nos desconcierta y uno ve la ratificación constante en los actos de la política de aquello que pretende combatir: no te garantizan derechos, los jueces comprados y la policía es funcional al poder y no al ciudadano común, todo esto se ratificó estas dos jornadas que estuvimos allí”, sentenció.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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