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Confirman contaminación del río y Papel Misionero se expone a multa millonaria

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Tras una investigación llevada a cabo por el Ministerio de Ecología, se confirmó la contaminación del agua del río Paraná a la altura de Puerto Leoni a raíz de una fuga en el caño de descarga de efluentes de la empresa Papel Misionero registrado hace un mes, por lo que la empresa ahora tendrá un período de defensa y luego deberá afrontar las multas correspondientes para el caso concreto.

Durante la inspección se tomaron muestras del agua para su análisis en el Laboratorio Central de Misiones y entrevistado por La Voz de Misiones, el ministro de Ecología Martín Recaman confirmó que los estudios realizados determinaron que los efluentes superaron, durante el mes de marzo, los límites permitidos de la “demanda biológica de oxígeno” cuyo valor máximo es de 30 miligramos por litro, mientras que los análisis arrojaron un valor de 170.

Si bien el titular de la cartera aseguró que “estos valores no representan un peligro inminente para la salud humana, sí constituyen una violación de las regulaciones ambientales”, por lo que iniciaron acciones legales.

La investigación se inició a raíz de una denuncia pública por una mancha de espuma detectada sobre el río, lo que llevó a las autoridades a realizar la inspección en el lugar, con la presencia del Subsecretario de Ecología, Facundo Ringa; el director de Recursos Vitales, Juan Antonio Statkiewicz; y el director de Impacto Ambiental, Geólogo Franco García Sosa

El avance legal

Desde la Dirección de Asuntos Jurídicos, la abogada Antonella Bortolotti explicó a este medio que la infracción principal fue “verter contenidos de la industria en el río Paraná. Si bien ellos hacen el debido tratamiento, por una cuestión accidental y una situación especial de una rotura de un caño, se vertió el líquido con valores más altos de los permitidos por la norma”.

También agregó que esta infracción ambiental encuadra en distintas normativas y se podrían incorporar distintas sanciones. “En este caso tenemos en primer lugar la Ley 8 N° 11 de Habilitación Industrial, que tiene un monto de multa máximo del 5% del activo fijo de la empresa. Tenemos que saber cuánto es el activo fijo y el 5% va a ser el monto máximo de la infracción”. 

A esto, se sumaría la Ley de Pesca 16 N°8 que prohíbe arrojar al río residuos fabriles sin el correspondiente proceso de purificación. “En la Ley de Pesca establece también una sanción cuya multa va en una franja de 100 sueldos mínimos de la administración pública provincial”, detalló, recordando que actualmente el salario mínimo del sector es de $271.345.

Por último, la Ley Nacional de Residuos Industriales N° 25.612, la cual “tiene como obligación tratar adecuadamente los residuos industriales para eliminar toda peligrosidad, nocividad, toxicidad y que esto no dañe a un tercero ni a la naturaleza. Esta infracción tiene una multa que se contempla dentro del parámetro de 50 sueldos mínimos a 200”.

De todas maneras, aclaró que el proceso administrativo recién comienza y luego la empresa tienen un período de derecho a defensa, tras lo cual se graduará la sanción de acuerdo a la gravedad del daño causado. “Esos son los montos que establecen las normas pero eso lo tenemos que trasladar al caso concreto, graduar la sanción y ahí recién se sabría el monto exacto”.

Para cerrar, aseguró que el proceso no es rápido, pero se está llevando a cabo correctamente. “Si bien se cometió una infracción ambiental porque está corroborada con los informes del agua, ahora simplemente resta seguir el debido proceso. Esto no significa por el momento que no pueda agravarse, ya que el Ministerio de Ecología va a seguir haciendo un monitoreo de cerca para ver que no haya ninguna otra infracción. De suceder esto se puede evaluar la posibilidad de la clausura o de la suspensión de la actividad, pero por el momento no es el caso”.

La fauna en riesgo

Desde la Dirección de Impacto Ambiental, Franco García confirmó a La Voz de Misiones que “el principal impacto directo sería la fauna íctica del lugar, la mortandad de peces, organismos, y todo el ecosistema vinculante que habita en el Río Paraná y alrededores”. 

A esto se le suma “el impacto visual generado por la espuma blanquecina producto de la rotura del caño de descarga del efluente unos metros antes de su ingreso al río. El potencial impacto indirecto de la zona afectada sería la pluma de contaminantes generada en contacto con el volumen del cuerpo receptor aguas abajo, hasta la disipación natural propia del sistema, provocando inconvenientes a localidades cercanas desde donde captan el agua del río para su consumo”.

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Concejal denuncia ordenanzas a medida de dos constructoras en Oberá

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La concejal de La Libertad Avanza (LLA) de Oberá, Mara Frontini, denunció que el intendente Pablo Hassan y sus pares renovadores del Concejo Deliberante se aprestan a modificar el Código de Edificación de la ciudad para favorecer a una desarrolladora inmobiliaria y una empresa constructora.

Frontini hizo pública su denuncia en su cuenta de Instagram, donde subió un video exponiendo la situación generada a partir de pedidos del intendente Hassan al Concejo Deliberante, para exceptuar de lo establecido en ordenanzas locales a la Urbanizadora 360 y la Constructora Ratti.

Según explicó la concejal, en dos notas fechadas el 28 de noviembre y enviadas al Legislativo el 1 de diciembre, Hassan pide que se exceptúe a la Urbanizadora 360 de lo establecido para la realización de loteos urbanos, y a la constructora de la posadeña Silvana Ratti de lo reglamentado en sobre el número de cocheras en provectos de viviendas multifamiliares.

“Como concejal de la Libertad Avanza no me opongo al crecimiento, ni al desarrollo urbano de Oberá”, afirma la edil libertaria en su video de Instagram. “Por el contrario, considero que el progreso es necesario y positivo, pero ese crecimiento debe darse dentro del marco legal y con reglas claras e iguales para todos”, agrega.

Frontini se queja de que, en este caso, “la balanza está claramente inclinada”, con “controles y exigencias” para los obereños y los inversores locales, y “permisos especiales, pedidos por el propio intendente”, para las “empresas de afuera”.

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“El primer expediente es claro”, afirma la edil violeta y precisa: “El intendente pide que se autorice a la empresa Urbanizadora 360 a utilizar este terreno de un modo que la norma actual no lo permite”. “En el segundo, la empresa Ratti pide una excepción al Código de Edificación, pidiendo menos cocheras de la que la ley exige: 25 cocheras menos”.

2025-378 con informe

Según comentó Frontini a La Voz de Misiones, la constructora de Ratti proyecta un edificio de departamentos y, de acuerdo a lo establecido en el Código de Edificación, “debe construir 70 cocheras, pero solamente quiere hacer 50”.

“Cuando expresé estos privilegios, los seis concejales renovadores presentaron, el 10 de diciembre, una ordenanza para cambiar la ley vigente y adaptarla al pedido de la empresa”, denunció.

“No puede haber un doble estándar”, afirmó la concejal y razonó: “Las empresas deben adaptarse a la ley, y no cambiar la ley para adaptarla a las empresas”.

El proyecto para adaptar el Código de Edificación a lo pedido por la constructora de Silvana Ratti.

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Aumenta la VTV en enero: autos $71.000 y motos a partir de $21.900

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A partir del 1º de enero de 2026 entrarán en vigencia los nuevos valores de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en los talleres habilitados a lo largo y ancho de la provincia. Desde entonces, un auto particular pasará de pagar $54.600 a $71.000 y los vehículos de mayor porte abonarán $108.100.

El incremento fue autorizado por la subsecretaría de Seguridad y Justicia del ministerio de Gobierno de Misiones, organismo que regula las tarifas de la VTV en todo el territorio provincial. 

De esta manera, desde el primer día del 2026, los autos particulares deberán pagar $71.000, mientras que los taxis y escolares abonarán $56.000.

A su vez, los vehículos de hasta 3.500 kilos como camiones y camionetas de bajo porte y buses de turismo pagarán $82.800; transporte de pasajeros y de carga $108.100; y los acoplados y remolques de más de 3.500 kilos $79.300. 

En cuanto a motocicletas, los rodados de hasta 110 centímetros cúbicos pasarán de pagar $16.200 a $21.900. Los biciclos superiores a 110 y menores a 250 abonarán un total de $40.600 y las de 250 en adelante $52.700.

Según la normativa vigente en Misiones, en su Decreto 1504/11, los autos deben realizar la VTV a partir de los tres años de antigüedad o los 50.000 kilómetros y renovarse anualmente.

No contar con la VTV al día puede generar negativas de aseguradoras e incluso multas y sanciones durante controles vehiculares. 

El gobierno eliminó aplicación de recargos por VTV vencida

 

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Comenzó la restitución de pensiones por discapacidad en Misiones

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Las pensiones no contributivas por discapacidad suspendidas durante la auditoría nacional en septiembre pasado, comenzaron a reintegrarse con retroactivos en la acreditación de pagos de este mes, el cual inició ayer y continuará hasta el 12 de diciembre para todos los beneficiarios alcanzados por la medida judicial. El cronograma se realiza según terminación de DNI.

Así lo confirmó la coordinadora del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, consultada por La Voz de Misiones, tras el anuncio realizado días atrás por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Si bien por el momento se desconocen las cifras exactas de pensiones que habían sido suspendidas en Misiones, la funcionaria del área provincial aseguró que “se empezaron a reintegrar en base al cronograma de pago de este mes, que es del 9 al 12 de diciembre”. 

“Varios casos de la provincia nos confirmaron que empezaron a cobrar nuevamente las pensiones no contributivas. Esperamos que Andis cumpla con la medida cautelar determinada por la Justicia Federal, entendiendo que no sólo es un pedido a la Justicia, sino que el Ejecutivo tiene la obligación de cumplir con el dictamen federal sobre esta situación”, añadió Antunez aludiendo a la restitución de pensiones por discapacidad que fueron suspendidas irregularmente en septiembre pasado. 

“Entendemos que la restitución es una medida justa y debe ser tomada, dado que todas las bajas que sucedieron fueron por la aplicación de la Ley de Trámite Administrativo, es decir que, por no haberle llegado la carta documento al domicilio y no haber podido llegar a la citación al día y en el lugar de la auditoría, procedieron a un montón de bajas injustas sin garantizar el derecho a defensa de todas estas personas”, repudió la funcionaria. 

Después de la conferencia de prensa del vicegobernador de Misiones Lucas Romero Spinelli, en la que denunció públicamente los atropellos y anunció que la provincia iniciaría acciones judiciales, se dieron de alta de manera automática los casos con CUD que habían sido suspendidos sin ningún trámite administrativo previo, quedando por fuera, en su mayoría, los casos con diagnóstico pero sin certificado único de discapacidad.

Esta situación hace que, al día de hoy, Misiones no cuente con un registro preciso del total de PNC alcanzadas.

El calendario oficial para el cobro se encuentra publicado en la página web oficial de Andis.

Desvanecidos, violencia y más reclamos por auditorías de Andis en 25 de Mayo

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