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Comunidad mbya solicita ayuda ante dificultad para comercializar productos

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Bernardino Brítez, paisano de la comunidad mbya Kaaty Miri de Santo Pipó, brindó detalles sobre la crisis económica que atraviesa y apuntó contra la “prohibición de vender artesanías en zonas urbanas”, medida que fue negada por el director de Asuntos Guaraníes, aunque puntualizó los protocolos vigentes en el marco de la ley 26.390 que prohíbe el trabajo infantil. 

“Necesitamos ayuda económica para la gente de nuestra comunidad. Lo más urgente es algo de alimento, ropa y herramientas para trabajar porque nos prohibieron vender canastos en Posadas”, comentó Brítez en diálogo con LVM.

“Siempre le invitaba al director de Asuntos Guaraníes a que venga a hablar con nosotros y vea cómo está la situación, cómo vivimos. Algunas veces respondió mensajes y se comprometió a venir con mercadería, pero nunca se acercó y la gente necesita alguna cosita para no tener que salir al pueblo a pedir”, agregó. 

Sobre esto, profundizó: “A Francisco no le gustó que los chicos vayan al pueblo a vender limones y esas cosas. Ahora no tenemos forma de comercializar y necesitamos mercadería. Acá tengo seis chicos y solo dos tarjetas, pero el resto no tiene y son varias familias”.

Respecto a la economía doméstica, recordó que hace tres años cuentan con el título de propiedad sobre un predio en el cual cultivan yerba mate para la venta, producen maíz, mandioca, sandía, entre otros productos para consumo personal.

A su vez, obtienen energía a través de paneles solares y agua de vertientes. 

Extracción de agua de pozo común construido sobre vertiente

Traslado a las comunidades

Hace un año atrás, Posadas era una de las ciudades que reunía el mayor flujo de integrantes de comunidades mbya sobre las avenidas principales y el centro, donde pernoctaban por la noche y vendían artesanías durante el día. 

Sin embargo, esta situación no fue vista con buenos ojos por las autoridades provinciales, por lo que desde la Dirección de Asuntos Guaraníes y la Municipalidad de Posadas decidieron implementar un lugar fijo para las ventas, a fin de evitar la “circulación por toda la ciudad” ante los “peligros” que conlleva.

Buscamos evitar que los niños de las comunidades se apeguen al peligro de la ciudad, sobre todo en el centro y en las avenidas, por el excesivo tráfico de autos y colectivos que pone en riesgo sus vidas”, apuntó Francisco Rodríguez, director de Asuntos Guaraníes, consultado por LVM.

No tenemos ninguna prohibición de venta de artesanías en la ciudad. Lo que sí detectamos es que vienen con los niños a vender. Nosotros a veces le ponemos una mesa en la Plaza 9 de Julio para que expongan sus productos, ya que muchas veces vemos niños vendiendo en los semáforos y esto sí está prohibido”, concluyó aludiendo a la Ley 26.390 que prohíbe el trabajo infantil dentro del territorio provincial.

Según un relevamiento realizado por ese organismo, a inicios del 2025 la cantidad de miembros de comunidades mbya en situación de calle registró una marcada disminución entre diciembre y enero. 

De esta manera, de 150 personas que solían deambular en las calles posadeñas, se observaron solamente 28 a la fecha, como resultado de operativos de relocalización -de zonas urbanas hacia las comunidades- en Posadas, Oberá, Puerto Iguazú, entre otras localidades. 

Módulos alimentarios y tarjetas sociales

Consultado por LVM, Francisco Rodríguez confirmó que se encuentran vigentes distintos programas de fortalecimiento nutricional dirigidos a las comunidades mediante módulos alimentarios y tarjetas sociales. 

“Nosotros tenemos un programa alimentario en la Dirección de Asuntos Guaraníes. Para acceder se le solicita los datos a las familias de las comunidades para poder ayudarles. Siempre solemos enviar módulos alimentarios a las comunidades, acorde a la solicitud y a un orden de prioridades, según la necesidad”.

Y agregó: “El trabajo es articulado con el municipio y el Ministerio de Desarrollo Social, nos avisan a nosotros y tenemos monitoreado donde asistimos y donde no, para no chocarnos y hacer una tarea mancomunada”.

En ese contexto, mencionó la tarjeta social provincial que hoy registra 5800 beneficiarios en distintas comunidades, con la que realizan alrededor de 300 asistencias alimentarias mensualmente a distintas familias. 

También agregó que de cara al nuevo ciclo lectivo, se encuentran colaborando con los comedores escolares que funcionan en algunas comunidades: “El año pasado hicimos un convenio con el Ministerio de Educación. Los módulos alimentarios también enviamos a los comedores escolares para monitorear qué cantidad de chicos está comiendo y ver los alimentos que no enviamos y están pendientes”.

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Arenera rechazó intimación de la EBY y advirtió sobre acciones penales

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La Arenera JM rechazó la intimación que le formulara la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a regularizar -en un plazo de 72 horas- los requerimientos que la Municipalidad de Candelaria hizo a la empresa y que llevaron a su clausura preventiva hace más de 20 días, un procedimiento que la compañía minera tachó de “arbitrario e irregular”.

En una nota de descargo, fechada el 2 de diciembre, la empresa no solo rechazó la intimación que le llegó de la EBY por intermedio del jefe del Departamento de Obras Complementarias (DOC), René Martinangeli, sino que previno al funcionario sobre las consecuencias legales de persistir en requerimientos que avalen lo actuado por la Municipalidad, cuyo accionar está a las puertas del foro judicial penal.

Inexistentes

“Me dirijo a Ud., en mi calidad de representante legal de la firma J.M. S.A. a fin de responder la nota fechada el 26/11/2025, por la cual se me requiere ‘regularizar’ la situación conforme a las responsabilidades asumidas en la cláusula IV del Contrato de Comodato oportunamente celebrado por este parte, bajo apercibimiento de iniciar los trámites de rescisión del referido instrumento; aduciendo como fundamento el apercibimiento y clausura preventiva dispuesta por la Municipalidad de Candelaria, mediante la Resolución N° 02/25”, reza el escrito firmado por el abogado Fernando Canteli y el propietario de la empresa minera, Jorge Muniagurria.

“Sobre el particular, rechazo tempranamente vuestra intimación de regularizar la situación”, continúa y detalla las “irregularidades”, detectadas y recusadas por la empresa, del procedimiento de clausura del predio donde opera en la costa del río Paraná, cedido en comodato por la EBY en 2017, como resarcimiento del emplazamiento original afectado por la suba del embalse de la represa.

“La primera de tales circunstancias es que la clausura de mención, es ‘preventiva’ e inclusive no se halla firme, ya que se ha interpuesto ante el Sr. Intendente el Recurso Jerárquico respectivo; sin perjuicio de acotar que luego de ello se abre la vía contenciosa administrativa ante los órganos judiciales correspondientes”, explica la nota.

El escrito le informa al ingeniero Martinangeli que la Resolución 02/25 de la Municipalidad de Candelaria, invocada por el funcionario de la EBY en la intimación a la empresa, “ha sido dictada por un funcionario inexistente” y “una reglamentación inexistente”, y por lo tanto “ilegal”.

“El municipio de Candelaria carece de Carta Orgánica, por lo cual se rige por la Ley Orgánica de Municipalidades; en dicha norma legal, no se regula la creación de una ‘Secretaria de Planificación Catastro y Medio Ambiente’, limitándose a señalar la necesidad de dictar las pertinentes ordenanzas que prevean las distintas secretarías con sus respectivas atribuciones y funciones”, explica y remarca: “No existe… en la Municipalidad de Candelaria un organismo (en este caso secretaría) que tenga las facultades de apercibir, intimar y/o clausurar actividades fundadas en el supuesto incumplimiento de normas municipales”.

“Así de grave se presenta la cuestión ya que nos vemos expuestos a actuaciones de funcionarios municipales cuyas funciones no están regladas en absoluto en ningún texto legal”, advierte la nota.

Agrega que “en una consulta dirigida al Boletín Oficial de la Provincia de Misiones, surge que no solamente no está publicada la Carta Orgánica del Municipio de Candelaria, sino que tampoco se halla publicado el supuesto Decreto Reglamentario 4/12”.

El empresario y su abogado le recuerdan al alto funcionario de Yacyretá, que si una norma jurídica, cualquiera sea su naturaleza, “no está correctamente publicada, no existe en el derecho positivo argentino”, por lo que la clausura preventiva del predio de la empresa “es absolutamente infundada e ilegal”.

“No cabe duda alguna que la simple exposición de los hechos resulta más que suficiente para dejar sin efecto la intimación sobre la regularización que me fuera cursada”, dice la respuesta de la empresa a la nota de Martinangeli, donde la EBY intima a la arenera a resolver lo relativo a la clausura, so pena de rescindirle el contrato de comodato.

Prevenidos

En otro tramo del escrito, el empresario y su abogado relatan al jefe del Departamento de Obras Complementarias que la Municipalidad de Candelaria rechazó, de manera “arbitraria y sin ningún tipo de fundamento”, la información tributaria y contable de la empresa, que le habían exigido en virtud de la recusada Resolución 02/25.

“El acto administrativo, en este caso la resolución N° 02/25, que contiene este tipo de calificación, automáticamente, es nulo en el plano judicial por carecer de motivación adecuada y abrir las puertas a la absoluta arbitrariedad”, señalan.

“Antes de terminar, debo señalar que tales actuaciones municipales merecen, largamente, las pertinentes denuncias penales por abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público (art. 248 y ccts. del Código Penal Argentino), que serán presentadas en corto plazo”, anuncia el escrito de Muniagurria y Canteli.

En tal sentido, previenen a Martinangeli de avanzar con la intimación expresada en su nota a la empresa “para no hacer extensivas a terceros las denuncias pertinentes”, y le advierten “que cualquier decisión que avale el accionar delictivo descripto, hace pasible a los autores de tal confirmación de las mismas imputaciones”.

“Todo ello, sin perjuicio atento a los ingentes daños y perjuicios que me provoca el accionar referido, de iniciar oportunamente las acciones contra los funcionarios intervinientes, en procura de las indemnizaciones que me corresponden”, finaliza la nota al jefe del DOC.

Nota descargo EBY (2-12-25)

 

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Passalacqua anunció el pago del Intercosecha a más de 6400 tareferos

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El gobernador Hugo Passalacqua informó que el pasado lunes se realizaron los depósitos correspondientes al primer pago del programa Intercosecha, beneficio que alcanza a más de 6400 tareferos durante el período de inactividad del sector yerbatero. 

Informo que desde el lunes 1 de diciembre ya están depositados en las cuentas del Banco Nación el Primer Pago del Programa Intercosecha”, anunció el mandatario provincial a través de su cuenta personal de “X” sobre la suma que rondaría los $123.000.

El anuncio llegó en un contexto clave para miles de trabajadores rurales que dependen de esta asistencia, como es el caso de los tareferos que dependen de la yerba mate y que -ante la crisis económica que atraviesa el sector- se verán imposibilitados de trabajar ya que varios productores decidieron adherirse al paro de cosecha de verano (zafriña) en reclamo de un mejor precio de la hoja verde.

Actualmente el valor de referencia de la materia prima fijado por el Inym es de $423,99, aunque los secaderos y molinos pagan alrededor de $180 por kilo al productor.

El gobernador también detalló en el mismo posteo que el beneficio alcanza a más de 6.400 trabajadores de la cosecha en los meses de receso de la actividad.

De esta manera, el programa tiene como objetivo asistir a los trabajadores rurales temporarios en los períodos entre cosechas, mediante una asistencia económica que busca reducir la vulnerabilidad laboral. 

El mismo es desarrollado de manera conjunta entre el Gobierno de Misiones y el Ministerio de Trabajo y Empleo a través del Sistema de Tareferos Misioneros (Sitami).

Productores piden declarar emergencia yerbatera en Misiones

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Extienden hasta el 19 de diciembre la vigencia del Boleto Estudiantil

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El Boleto Estatal Estudiantil Misiones (BEEM), que en principio iba a funcionar hasta el 5 de diciembre, fue prorrogado hasta el viernes 19, cuando culminarían las mesas de exámenes en distintas instituciones educativas.

El anuncio lo hizo el propio gobernador, Hugo Passalacqua a través de sus redes sociales, donde apuntó: “Con el compromiso de acompañar a los  estudiantes en los exámenes del último tramo del año anuncio la prórroga del Boleto Estatal Estudiantil Misionero, que inicialmente llegaba hasta el 5 de diciembre, hasta el viernes 19, para todos los niveles y en todas las modalidades de servicio de transporte público”.

El pasado 8 de octubre el beneficio cumplió 10 años y celebró la adhesión de 400.000 usuarios en Posadas, Oberá e Iguazú.

De esta manera, fue mediante un proyecto de ley aprobado hace una década que miles de alumnos de los distintos niveles y modalidades educativas accedieron al transporte público urbano e interurbano, en condiciones más equitativas y derribando las barreras económicas que históricamente dificultaron la permanencia e incluso el egreso escolar. 

Se trata de un servicio mancomunado entre el Consejo General de Educación de Misiones y la Municipalidad de Posadas, y favorece a los alumnos de los niveles inicial, primario, secundario y universitario. 

A su vez, es solventado en su totalidad por el Gobierno provincial, con el objetivo de garantizar el acceso al transporte público a los estudiantes misioneros.

El boleto estudiantil cumplió diez años y superó los 400.000 beneficiarios

 

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