Provinciales
Comunidad mbya Mbokajaty denunció dos intrusiones en menos de un mes
El pasado lunes, el cacique Bernardino Villalba de la comunidad mbya Mbokajaty, ubicada en la localidad de San Ignacio, presentó una denuncia ante la comisaría local por “intrusión violenta en su territorio”, el cual, afirma, se encuentra relevado dentro de la Ley de Emergencia Territorial Indígena 26.160.
Se trata de la misma comunidad que hace dos semanas sufrió el robo y la destrucción de varias de sus viviendas, por lo que también realizaron la denuncia correspondiente y el caso fue elevado al Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América.
En diálogo con La Voz de Misiones, Yolanda, quien reside allí desde hace 7 años junto a 32 familias -varias de las cuales conviven desde hace 40 años en el lugar- aseguró que: “Una señora vino a instalarse sin aviso, sin consulta, con tres niños, donde estábamos limpiando para armar la casita para mi abuela”.
Al encontrarse con esa escena, comentó que las mujeres mbya fueron a dialogar de manera pacífica con ellos, explicándoles que ese territorio les pertenece de manera legítima y que están amparados por leyes nacionales, tratados internacionales y la Constitución Nacional, pero no fueron escuchadas.
La persona en cuestión, quien afirmaba haber llegado a través de la Comisaría de la Mujer, estaba acompañada por tres niños y con el correr de las horas fueron llegando -en un vehículo- varias de sus pertenencias, incluyendo un perro que según los denunciantes “ponía en peligro a los niños de la comunidad”.
Por este motivo, el cacique Villalba realizó una ampliación de la denuncia inicial para dejar en claro que quiere que se retiren de su territorio: “Hoy a la mañana vino la Policía, se pusieron medio agresivos, dicen que el lugar es público y que el municipio le puede dar eso a la señora, mientras que también hay un señor que dice que es el propietario”, indicó Javier, miembro de la comunidad, desconcertado ante las contradicciones.
Intento de desalojo y amenazas
Los miembros de la comunidad también hicieron referencia a un video en el que se escucha a los uniformados acusarlos de ser ellos los usurpadores. “Esto es del señor, ¿por qué ustedes vienen a irrumpir? Está bien que ustedes tienen sus ‘ideales antiguos’, pero están irrumpiendo esta propiedad”, se escucha en la grabación.
También ponderan la “generosidad” del supuesto propietario, por dejarlos estar ahí. Y sobre el final se oye una clara amenaza: “Si él los denuncia, a ustedes hay que desalojarlos y meterle preso al cacique”.
En el lugar intervino, además de la Policía, personal de la Municipalidad de San Ignacio y Acción Social.
Para finalizar, este jueves Yolanda lamentó: “Esperaron tres días para salir de nuestro territorio. Para nosotros el territorio es muy importante porque tenemos acá a nuestras familias, nuestros niños y cultivos, y no queremos perder nuestra cultura”.
Repudio de Emipa
Desde la Pastoral Aborigen Misiones Emipa, expresaron: “Se pretende imponer una imagen criminalizadora y estigmatizadora de los Pueblos Indígenas, pero no se pueden pasar por alto las leyes nacionales, los tratados internacionales y a la misma Constitución Nacional, herramientas legales que fueron hechas para protegerlos”.
También aseguraron que no es la primera vez que realizan intentos de intrusiones en ese territorio: “Hace poco han destruido una casa completa, donde residían varios niños y nadie se ocupó de ellos. Este lugar se ha puesto muy codiciado desde el punto de vista inmobiliario. Se han creado reservas privadas a través de Ecología e ignoran totalmente a la comunidad, saben del relevamiento y tienen el derecho a hacer la consulta sobre cualquier decisión que tomen, pero lo hacen a espaldas y después vienen los problemas”.
Comunidad Mbokajaty espera respuestas tras robo y destrucción de sus casas
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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