La protesta con acampe frente a Casa de Gobierno, protagonizada por ex policías que participaron de la protesta de mayo de 2024 y hoy reclaman su reincorporación a la fuerza provincial, cumplió una semana con cinco encadenados y una notificación entregada por Gendarmería Nacional Argentina (GNA) por el uso de uniformes reglamentarios estando fuera de servicio.

Este domingo, en horas de la tarde, los ex policías Adolfo Guirula y Diego Correa, quienes estuvieron detenidos en la causa por intento de sedición e iniciaron este nuevo reclamo, fueron notificados sobre una causa judicial por el uso de atributos policiales estando fuera de la fuerza. 

La medida fue dispuesta por el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, dependencia que interviene en la denuncia por estar de turno en abril.

La documentación fue entregada ayer, alrededor de las 18, por personal de la Unidad de Investigaciones y Delitos Complejos de Gendarmería Nacional, en el marco de una investigación por la usurpación de títulos, honores e insignias.

La denuncia cuestiona que ambos utilizaron el uniforme reglamentario de la institución, pese a encontrarse dados de baja, conforme a lo dispuesto mediante el Decreto Provincial N.º 2084/24, lo que se encuentra estrictamente reservado al personal en actividad y en el ejercicio de sus funciones.

Tras esta notificación, desde el acampe emplazado frente a Casa de Gobierno, los manifestantes se quitaron el uniforme en cuestión y decidieron sostener la medida de fuerza, mientras que uno de ellos, expresó: “El gobierno nos pasó a cesantía. Cuando estuvimos en el penal quisieron tramitar la baja voluntaria, pero nosotros no accedimos. Nos ofrecieron plata como indemnización, $500.000.000, y nosotros no aceptamos porque no cometimos ningún delito”.

Respecto a la cesantía, si bien se encuentran fuera de servicio, aseguró que continúan percibiendo haberes: “El sueldo está depositado. Ellos van depositando el 20%, 30%, van largando de a poco, pero nos siguen pagando”. 

Luego, añadió: “Por un lado dicen que no somos policías, pero ayer vino Gendarmería y nos dijo que ellos intervienen porque nosotros somos policías, no sé cómo van a arreglar con la provincia”.

Todo comenzó el pasado lunes 6 de abril cuando Guirula y Correa iniciaron la protesta con acampe y se encadenaron, uniformados, frente a Casa de Gobierno en reclamo de su reincorporación a la fuerza provincial, medida a la que, con el correr de los días, se sumaron otros tres camaradas: los dos ex sargento primero Gerardo Marín y Juan Méndez, y luego Sergio Muchevicz.

Previo a la notificación judicial, los manifestantes aseguraron no haber recibido respuesta alguna por parte de las autoridades provinciales, por lo que decidieron resistir encadenados y bajo un toldo rojo, pese a las incesantes lluvias registradas a lo largo de la semana y los recurrentes cortes de luz en la zona de la plaza en horas de la noche, situación que fue reflejada en sus redes sociales por el diputado provincial y referente de la protesta policial del 2024, Ramón Amarilla y su par del Partido Agrario y Social, Cristian Castro. 

“Aunque venga un tornado no nos vamos a mover, estamos acá, firmes, frente a Casa de Gobierno con nuestras familias, con nuestros hijos, luchando por ellos, por su futuro. No nos vamos a ir hasta que este gobierno nos mire a la cara y nos dé una respuesta”, relata uno de los ex policías durante un video filmado desde el acampe bajo lluvia torrencial.

Además de los miembros de la propia “familia policial”, a lo largo de estos siete días, la protesta fue sumando el acompañamiento de diferentes sectores, como trabajadores nucleados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), docentes, enfermeros,  productores, ex combatientes y policías retirados, entre otros.

Son cuatro los ex policías de acampe en la plaza para pedir su reincorporación

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A través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial de Misiones, el gobierno dispuso avanzar con la disolución de Misio-Pharma Sociedad del Estado, una empresa creada en 2019 con el objetivo de desarrollar la producción de cannabis con fines medicinales y terapéuticos.

La decisión se formalizó con el Decreto N° 352/2026, por el cual el gobernador Hugo Passalacqua instruye al fiscal de Estado, Fidel Eduardo Duarte, a autoconvocar una Asamblea General Extraordinaria para el próximo 16 de abril, con el fin de tratar la disolución de la sociedad y dar inicio al proceso de liquidación.

Entre los fundamentos de la medida, el Ejecutivo argumentó que “la crítica situación de emergencia económica y financiera por la que atraviesa el país”, caracterizado por una prolongada recesión y la ruptura de las cadenas de pago, dificulta el cumplimiento de los objetivos para los que fue creada la empresa Misio-Pharma S.E.

En ese sentido, se advirtió sobre el riesgo de pérdida del capital social y la imposibilidad de sostener su funcionamiento en las condiciones actuales.

El decreto también establece que, durante la asamblea, se deberá modificar el estatuto social para adecuarlo a la normativa vigente, declarar formalmente la disolución por decisión del único socio, (el Estado misionero), revocar los mandatos del directorio y designar a un interventor liquidador. Para esta última función fue propuesto Francisco Antonio Malica.

Desde el 2019, el objetivo principal de Misio-Pharma S.E. era el cultivo de cannabis en todas sus variedades, así como la producción, industrialización y comercialización de sus derivados con fines medicinales y terapéuticos.

Además, la empresa estaba habilitada para desarrollar toda la cadena productiva vinculada al cannabis: desde la importación de semillas y equipamiento, hasta la elaboración de aceites y otros productos, incluyendo su distribución tanto en el mercado interno como externo.

La iniciativa se enmarcaba en una política pública orientada a promover el acceso a tratamientos basados en cannabis medicinal, así como también a generar desarrollo tecnológico y productivo en la provincia. Sin embargo, el actual escenario económico llevó al Ejecutivo a reconsiderar su viabilidad y avanzar en su cierre.

Trabajadores de Misiopharma

Con respecto a los trabajadores de la empresa estatal de cannabis, el gobernador Passalacqua comunicó la decisión del cierre a través de sus redes oficiales e informó que el “personal científico calificado y sus recursos técnicos se integran plenamente” a la Biofábrica Misiones S.A. “para potenciar su crecimiento”.

“Al sumar el capital humano de excelencia y la tecnología de MisioPharma, robustecemos nuestra mayor institución biotecnológica, potenciando su desarrollo estratégico y su capacidad de innovación bajo un mismo techo”, sostuvo el primer mandatario.

Informo que he decidido avanzar en la disolución de MisioPharma, disponiendo el cese de sus funciones operativas para que su personal científico calificado y sus recursos técnicos se integren plenamente a la @BiofabricaMnes para potenciar su crecimiento.
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Esta decisión se…

— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) April 13, 2026

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En horas de la siesta de este viernes, las unidades de transporte urbano comenzaron a salir paulatinamente de sus plantas y desde el sindicato confirmaron el levantamiento de la medida de fuerza, tras una negociación con el gobierno, lograda tras superar las 36 horas de paro.

De acuerdo con los trabajadores del sector, en algunas empresas se concretó el pago total de los salarios adeudados, mientras que en otras se abonó parcialmente, junto con el compromiso de cancelar el resto antes de finalizar la jornada, lo que permitió restablecer el servicio gradualmente en Posadas, Garupá, Candelaria y Oberá.   

Consultado por La Voz de Misiones, Guillermo Leumann, presidente de Empresarios Unidos del Transporte Automotor (Euta) y gerente de la empresa Tipoka, confirmó que “el conflicto de choferes se resolvió en lo inmediato” tras el pago de los haberes correspondientes al mes de marzo. Aunque, advirtió que “el servicio será gradual hasta restablecer la frecuencia máxima programada”.

Respecto a la negociación, detalló que fue “el reconocimiento de mayores costos, producto de recientes paritarias que aún se están negociando con el gobierno provincial, además de un incremento exponencial de gasoil, más el atraso en ajustes de anteriores compensaciones”.

De todas maneras, se mostró conforme al considerar que la medida sirvió para destrabar el conflicto salarial que afectaba a los choferes en distintos puntos de la provincia. 

El paro que comenzó en la medianoche del jueves, por incumplimiento del pago de haberes correspondientes al mes de marzo, había comprometido al transporte en localidades como Eldorado, Montecarlo y San Pedro, las cuales lograron restablecer el servicio en horas de la tarde de ese mismo día.

En tanto, en Posadas, Candelaria, Garupá, Oberá, San Vicente y Puerto Rico, recién lograron acordar en horas de la siesta de este viernes, tras un principio de negociación con el grupo empresario responsable, lo que destrabó el conflicto y habilitó el inicio de la normalización del sistema. 

Choferes siguen sin cobrar y el paro de colectivos supera las 36 horas

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