Provinciales
Comerciantes de Puerto Piray denuncian persecución municipal
La marcha del #17A en todo el país se replicó en la localidad del Alto Paraná, donde además se sumó el reclamo de un nutrido grupo de comerciantes que denunció públicamente la presión de las autoridades comunales.
El lunes en todo el país se realizó la marcha del #17A contra el gobierno nacional. La localidad misionera de Puerto Piray no fue la excepción, aunque, al pedido por más seguridad en el municipio, se le sumó otro reclamo: un grupo de al menos 50 comerciantes se autoconvocó para pedir una mesa de diálogo al intendente, Jorge Lezcano, ante la grave situación que atraviesan.
Además, denunciaron públicamente una persecución por parte de las autoridades municipales, ante lo cual instaron al “cese de la intimación a comercios y pymes”, como dice el último punto del comunicado difundido tras la marcha que se replicó en la comuna del Alto Paraná.
En ese sentido, pidieron por la regularización de los comercios de la localidad y que se tenga en cuenta la situación sanitaria por la pandemia de Covid-19 a la hora de ofrecer a los dueños una moratoria para ponerse al día con las cuentas.
Por otro lado, reclamaron la suspensión de las acciones judiciales contra los comerciantes y una extensión del horario de atención.
Una de las emprendedoras afectadas es Belén Brunaga, quien en diálogo con La Voz de Misiones indicó que hace más de un año espera por una habilitación municipal por cambio de domicilio de su negocio gastronómico y de una cancha de fútbol 5.
Así, la vecina contó que, cada vez que se acercó a preguntar por el estado de su carpeta, la respuesta fue la misma: “Falta una firma del intendente”.
Sin embargo, el trámite nunca avanzó y, como si esto fuera poco, Brunaga denunció que la persiguen “por pensar diferente”.
“Funcionamos seis meses sin ningún problema y luego nos dijeron que la habilitación no se podía hacer porque el inmueble al que nos mudamos tenía una deuda”, sostuvo. No obstante, el dueño de la propiedad se hizo cargo de tapar el hueco financiero y, aunque se hicieron las inspecciones correspondientes, “la habilitación nunca salió”.
La emprendedora refirió que, luego de más de cuatro meses sin poder abrir y con la actividad deportiva habilitada en la provincia, no la dejaron retomar el alquiler de canchas: “La respuesta fue que, como no teníamos habilitación, no nos darían el protocolo”.
“Desde ese mismo momento empezamos a recibir notificaciones pidiéndonos diferentes requisitos para acceder a una habilitación nueva”, indicó la dueña del predio deportivo y gastronómico. Asimismo, dijo que, a pesar de cumplir con todo lo requerido, “nos encontramos en la misma situación que hace 12 meses”.
“Es una persecución política, no sabemos por qué, si presentamos todo y estamos al día, no tenemos ninguna respuesta”, dijo, y cerró: “Necesitamos trabajar, no podemos más”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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