Provinciales
Colonia Polana: denuncian usurpación de tierras con complicidad política y policial
Los hermanos Germán y Julio Llanos denuncian persecución y amedrentamiento sufrido en los últimos meses tras una presentación judicial, en un intento por recuperar las tierras que pertenecieron a su familia por tres generaciones en la localidad de Colonia Polana. En este informe, los denunciantes le ponen nombre y apellido a quienes acusan por abuso del poder, de vulnerar sus derechos y quedarse, momentáneamente, con su propiedad.
Todo comenzó con una denuncia por usurpación de tierras presentada por los hermanos Llanos sobre un territorio de aproximadamente 107 hectáreas, de las cuales 55 fueron cultivadas con yerba mate; en el municipio que hoy tiene alrededor de mil habitantes y está situado dentro del departamento de San Ignacio, a casi un kilómetro del río Paraná y unos 116 kilómetros de Posadas.
Para conocer de cerca esta historia, La Voz de Misiones visitó la chacra donde los hermanos Llanos detallaron la cronología del conflicto.
En primera instancia, no pueden acceder a la vivienda familiar situada allí, actualmente ocupada por dos serenos presuntamente enviados por Raúl Núñez, que es concejal en la misma localidad. En segundo lugar, se ven impedidos a pagar los impuestos municipales de esa chacra y tampoco pueden disponer de la producción de yerba.
“Esta es la chacra que era de nuestro viejo, hoy día en sucesión, con ciertos problemas con intrusos como ustedes pueden ver, tenemos esta persona que está acá con machete y otra más, enviados por el concejal del municipio de Colonia Polana, que es Raúl Núñez”, comenzó Germán Llanos durante una entrevista con LVM.
De esta manera, señaló a uno de los miembros de la familia Núñez, la cual gobierna el municipio desde hace más de dos décadas. En el año 2003, Alfredo Raúl Núñez ocupó el cargo de intendente durante cuatro mandatos consecutivos, hasta que en 2015 le cedió el mando a su esposa, Antonia Medina, quien actualmente transita su segundo período de gobierno.
En tanto, los hijos del matrimonio Núñez-Medina también lograron cargos públicos dentro del mismo pueblo. Desde el año 2014, Tamara Josefina Núñez se desempeña como jueza de paz, mientras que su hermano Raúl Francisco Núñez ocupa una banca en el Concejo Deliberante desde 2019, y hoy es el presidente del cuerpo deliberativo, segundo en la línea de mando municipal después de su madre.
Alfredo Raúl Núñez, Antonia Medina, Raúl Francisco Núñez y Tamara Josefina Núñez
Finalmente, el círculo del poder familiar se cierra con el policía Nicolás Andino, pareja de la jueza Tamara Núñez, quien supo estar a cargo de la comisaría local años atrás.
En la trama de sucesos relatados por los hermanos Germán y Julio Llanos, señalaron al actual jefe de la comisaría de Colonia Polana, el oficial principal Juan Javier Alejandro Skromeda, como el responsable de blindar el accionar de Raúl Núñez.
Además, los Llanos acusaron a Skromeda ante el jefe de la Unidad Regional IX Jardín América, comisario general Marcelo Chimiski, describiendo que en una oportunidad los intentó vincular con una carga de drogas.
Las tierras a nombre de Núñez
Según la resconstrucción de los denunciantes, la toma del territorio comenzó con la presentación de un boleto de compra venta en manos de Raúl Núñez, en la Municipalidad de Colonia Polana, fechado en 2013 con la firma de Julio Cesar Llanos, el padre de los denunciantes.
Al ver la firma del papá en el documento presentado por Núñez, los hermanos notaron anomalías la estampa y la sometieron a pericias caligráficas que determinaron que era falsa.
La supuesta transacción para la compra de la chacra había sido avalada, además, por el escribano Roberto Carlos Yegros, que se quedó sin su matrcícula profesional en 2020, luego de inspecciones del Colegio Notarial donde se observaron irregularidades que tuvieron como consecuencia sumarios; los que -por su gravedad- dieron lugar al pedido de destitución al Superior Tribunal de Justicia , lo cual se concretó noviembre de ese año.
Para dos ex concejales opositores de Colonia Polana, el poder que ejerce la familia Núñez – Medina es sinónimo de “hostigamiento y persecución”. Tal es el caso de Ramón Fernández quien ejerció durante el período 2011-2015, e impulsó una comisión investigadora a la gestión de Alfredo Núñez, que deribó en una denuncia penal por incumplimiento de deberes y malversación de fondos.
Para impedir esa investigación y la presentación de pruebas, Fernández recibió tres denuncias por supuesto abuso sexual, las cuales fueron desestimadas de inmediato por la inconsistencia en el relato de las presuntas víctimas.
Fernandez cree que las represalias por cuestionar al poder de turno no terminaron allí y vincula a los Núñez como los responsables de lo sucedido dos meses más tarde, cuando su casa fue incendiada.
“Si no pueden por una forma, te buscan por otra, como para cansarte y que vos te retires de la política, porque vos sos una persona honesta y a ellos no le sirve eso, porque vos le estás controlando, preguntando, pidiendo y a ellos no le gusta, ellos no quieren mostrar nada, ocultan todo”, enfatizó el ex concejal que, luego de los episodios que debió resistir, dejó la política y se mudó del pueblo.
Una experiencia similar transitó Sebastián Kachorroski, concejal opositor durante la primera gestión de Antonia Medina, entre 2015 y 2019, quien entrevistado por este medio también refirió a falsas denuncias, amenazas y la pérdida de bienes materiales que lo llevaron a abandonar la escena política.
“Son formas de intentar silenciarte, pero uno no se calla. Una de las cosas más graves fue cuando me prendieron fuego el auto. Ahí sí, pudo haber fallecido mi viejo; mi papá y mi mamá, porque eran los que estaban durmiendo a diez metros del incendio”, advirtió Kachorroski durante la entrevista.
Actualmente, con todas las pruebas aportadas, los Llanos esperan respuestas de la Justicia .
La Voz de Misiones se comunicó telefónicamente con la intendenta Antonia Media, con el concejal Raúl Núñez y con su abogado defensor, Ángel Gauto, pero ninguno accedió a darnos una entrevista.
Tanto ayer lunes, como hoy martes, productores nucleados en la asociación civil Impulso Yerbatero, junto a otras organizaciones y cooperativas, elevaron un documento al directorio de la sede del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) en Posadas, solicitando una audiencia institucional a fin de dialogar y exponer las inquietudes del sector.
El pedido se dio en consonancia con el abrupto despido de 20 trabajadores del organismo, quienes recibieron sus respectivos telegramas entre ayer y hoy, por orden de Rodrigo Martín Correa, quien fue designado presidente del instituto el pasado 12 de diciembre.
En el documento al que tuvo acceso La Voz de Misiones, expresaron: “Las instituciones y asociaciones abajo firmantes se dirigen a ese Honorable Directorio con el objeto de solicitar formalmente el otorgamiento de una audiencia institucional, a fin de poder dialogar y exponer distintas inquietudes, propuestas y consideraciones vinculadas a la realidad actual del sector yerbatero y su impacto en las comunidades que representamos”.
En ese sentido, reconocieron el “rol fundamental” que cumple el Inym en la regulación, promoción y defensa de esta economía regional, por lo que consideraron de suma importancia “generar un espacio de intercambio directo, que permita contribuir desde nuestras miradas y experiencias al fortalecimiento del sector y a la búsqueda de soluciones consensuadas”.
En el mismo sentido, añadieron: “La audiencia solicitada tiene como finalidad principal propiciar un diálogo abierto y constructivo, que permita acercar posiciones, plantear preocupaciones y aportar propuestas que contemplen el desarrollo sostenible de la actividad yerbatera”, así como también el trabajo de los productores, tareferos, industriales y demás actores involucrados.
Por estas horas continúan aguardando respuestas con el objetivo de coordinar fecha y modalidad de la audiencia, conforme a la disponibilidad del directorio.
Impulso Yerbatero cuenta con el apoyo de otras cinco asociaciones de productores, cuatro cooperativas y la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones Limitada (Fedecop), quienes adhirieron al pedido de audiencia.
Pedido de audiencia institucional de productores yerbateros al presidente del Inym
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Con gran flujo de visitantes extranjeros, provenientes de los países del Mercosur y de distintas provincias argentinas, el Parque Nacional Iguazú celebró la Navidad recibiendo al visitante 1.500.500, cifra que volvió a posicionarse cerca del récord de 1.508.776 registrado en 2023.
“Recibimos con orgullo la noticia de esta nueva cifra, que marca un récord de visitantes en el Parque Nacional Iguazú como resultado del trabajo articulado entre la Administración de Parques Nacionales (APN), la Secretaría de Turismo y Ambiente, los concesionarios y prestadores del área protegida, la ciudad de Puerto Iguazú y la Provincia de Misiones. En el marco de este cierre de año, celebramos los frutos de la sinergia entre actores clave y nos comprometemos a profundizar este camino conjunto”, expresó el presidente de la APN, Sergio Álvarez.
Por su parte, el intendente del área protegida, José María Hervás, afirmó que “la combinación de récord turístico y compromiso con la calidad convierte al Parque Nacional Iguazú en un referente mundial de conservación y hospitalidad”.
Las autoridades coincidieron en que esta cifra fue posible gracias a la combinación del flujo de visitantes extranjeros, con un fuerte aporte nacional que incluye la participación destacada de visitantes locales y jubilados.
En 2024, el Parque Nacional Iguazú recibió aproximadamente 1.331.641 visitantes, mostrando una ligera disminución respecto al año anterior, cuando se registraron 1.508.776, mientras que en 2022 se contabilizaron 1.455.641 turistas.
Además de conservar una porción de Selva Paranaense, la ecorregión más biodiversa del país, el Parque Nacional Iguazú fue declarado Sitio de Patrimonio Mundial por la Unesco; mientras que las Cataratas del Iguazú resguardadas en el área protegida son consideradas una de las Nuevas Siete Maravillas Naturales del Mundo.
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El Concejo Deliberante de Eldorado aprobó la ordenanza que establece la gratuidad del transporte urbano para personas con discapacidad, quienes podrán disponer de 60 pasajes por mes y un acompañante con la misma disponibilidad de viajes -no acumulables- y cuyos montos serán solventados por el municipio.
Hasta el momento, no existía una partida presupuestaria que cubriera el costo del servicio prestado por la concesionaria del transporte urbano, lo que generaba permanentes reclamos de la empresa prestataria que brindaba el servicio pero no obtenía compensación alguna, en contraposición a lo que establecen las leyes nacionales y provinciales sobre la gratuidad del transporte para personas con discapacidad.
Por iniciativa del Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante de la Capital del Trabajo aprobó una ordenanza que establece que los fondos provengan de una partida presupuestaria específica a cargo del municipio.
El único requisito para poder acceder a la gratuidad será el Certificado Único de Discapacidad (Cud) emitido por el órgano competente y la empresa prestataria del servicio no podrá exigir ninguna otra documentación y sólo podrá ser utilizado para personas con domicilio en la ciudad.
El municipio abrirá un período de 120 días hábiles para realizar un registro de los beneficiarios y una vez otorgado el beneficio, la empresa prestataria se abstendrá de pedir una renovación por el plazo de un año.
El beneficio será retroactivo al 1º de octubre de 2025, por lo cual se autoriza al municipio a realizar las readecuaciones presupuestarias para abonar el servicio.
Financiamiento
Hasta el momento se desconoce el número de beneficiarios y los pasajes establecidos, por lo que tampoco se sabe con precisión cuál será el costo que deberá afrontar el municipio, aunque estiman que el volumen de pasajes gratuitos para ese rubro oscila entre los 40.000 y 50.000.
Teniendo en cuenta que el valor del boleto es de $1500, el subsidio alcanzaría un monto aproximado de 60 millones de pesos ($60.000.000) mensualmente. Aunque desde el municipio señalaron que “tras los controles dispuestos en la ordenanza se espera que el número de pasajes gratuitos por este concepto disminuya”.
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