Provinciales
Colonia Aurora: faltan casi 6 millones en la muni y acusan al exintendente
En el ejercicio del 2018, bajo la intendencia de Jorge Kramer, el Tribunal de Cuentas encontró un defasaje de casi 6 millones de pesos en diversas cuentas.
El fiscal Rivero adviertió, luego de analizar toda la documentación, que los reparos sustanciales, es decir los montos que no se pueden explicar su destino, ascienden al monto de $5.868.898 en la municipalidad de Colonia Aurora en el año 2018, bajo la intendencia del renovador Jorge Kramer.
Además tanto Kramer como sus colaboradores, Diego Ernesto Bohling y Eusebio Chilavert, deberán afrontar una multa de $60 mil cada uno. MIentras que no respondieron los cargos en su contra.
La sentencia 237, del 21 de mayo pasado, tiene la firma y participación de la presidenta del organismo de control: Fabiola Bianco, los vocales Silvia Machado de Comparín y Bruno Paprocki, además del fiscal interviniente, Juan Carlos Rivero según informó el medio Primera Edición.
Se formularon “reparos formales y sustanciales” y se ordena correr traslado a los tres mencionados “a fin de la interposición de sus descargo” pero se aclara que “visto que los responsables no han presentado descargo y vencido el término para efectuarlo se da por caído el derecho a presentar descargos”.
Multa y cargo pecuniario
La sentencia indica que “se han efectuado los procedimientos legales previstos para el dictado de la presente sentencia y se ha respetado el derecho de defensa de las partes con la intervención de la Dirección Superior de Procuración Fiscal”.
Después de analizar la documentación se expone el voto primero de la vocal Comparín proponiendo desaprobar la rendición de cuentas del ejercicio, así como formular cargo pecuniario solidariamente a los tres mencionados por el monto de $10.450.747.
En la misma línea se impone una multa a cada uno de los tres mencionados por 60 mil pesos a pagarse en el plazo de 15 días de la presente sentencia.
También se deja constancia en el documento y se hace saber a las autoridades del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS) que “han quedado pendiente de depósito los aportes y retenciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre y sueldo anual complementario segundo semestre del ejercicio 2018”.
Asimismo, se pone en conocimiento de la Dirección General de Rentas (ahora Agencia Tributaria de Misiones que “no se ha efectuado el control de sellado fiscal correspondiente”.
Las irregularidades
El informe remarca que los saldos pasivos de “cuentas especiales” y “cuentas de terceros”, por importe de $3.469.179 “no están respaldados por existencias activas en tesorería y ni en bancos “lo cual transgrede el artículo 99 de la ley XV Nº 5 “Orgánica de Municipalidades” que dispone que “el Departamento Ejecutivo no podrá desafectar mi cambiar el destino de los créditos de cuentas especiales sin autorización del Concejo Deliberante”. Se advierte que “los responsables no cumplen con lo solicitado por la Fiscalía dado que no identifican el movimiento de cada cuenta”.
También se detecta irregularidades en la “cuenta responsables” por importe de $171.584 y se encuentran “débitos y créditos de difícil seguimiento”.
“Cotejando los movimientos registrados en el libro diario con los del libro de banco se observan diferencias, y atento de la imposibilidad de afirmar que dicha cuenta refleja adecuadamente sus movimientos, y al no contar con documentación que avale los mismos, se formula reparo sustancial por el total del movimiento registrado”, expresa el informe del fiscal.
Asimismo, un convenio con la Dirección General de Rentas por la suma de $1.856.135 “registra débitos y créditos de difícil seguimiento” y no se cuenta con la documentación respaldatoria, por lo tanto se aplica un reparo sustancial a la suma total.
Hay otra irregularidad en un convenio con el Iprodha, por $372.000 donde se observa “falta de presentación de convenios adjuntado en carpetas separadas sólo una parte de los mismos y falta de certificación final de obra convenio Iprodha – 15 viviendas por $372.000”.
Y por último se detectó “falta de incorporación el presupuesto del ejercicio, de la ordenanza Nº 40 por $700.000 correspondiente a un Aporte del Tesoro Nacional (ATN)”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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