Julia Halbertad logró un principio de acuerdo con autoridades educativas el pasado viernes, por lo que decidió levantar la huelga de hambre y retomó actividades como personal de servicio en la Epet 11 de Montecarlo, en la jornada de ayer, mientras aguarda definiciones para acceder formalmente al cargo.

Halbertad se desempeñó como portera de la institución desde el año 2021 y en mayo pasado fue cesanteada luego de que el portero titular se jubilara. La situación generó gran revuelo entre docentes, directivos y padres de la institución, quienes buscaron respuestas -ante la caída del cargo- sin obtenerlas.

Por ese motivo, el jueves pasado Julia inició una huelga de hambre que se extendió poco más de 24 horas, hasta que se produjo el principio de acuerdo. Mientras tanto, desde el Consejo General de Educación alegaban a la “baja matrícula” de la casa de estudios que alberga alrededor de 300 estudiantes y, en segundo lugar, a una “pensión no contributiva nacional”, la cual finalmente fue dada de baja, según confirmó ella misma a La Voz de Misiones.

Fue por eso que, a primera hora de este lunes fue citada por Anses, donde analizó junto al organismo nacional la situación señalada recientemente como impedimento por el CGE, tras cuatro años de prestar servicios en escuelas de la zona.

Apoyo

El Movimiento Pedagógico de Liberación emitió un comunicado en el que exigió a las autoridades del CGE que “reconozca al personal de servicio como trabajadores de la Educación con derechos plenos y que discuta seriamente una Ley que termine con la precariedad del sector”.

A lo que añadieron: “Denunciamos públicamente que en ningún momento la titular del CGE se preocupó ni por la salud ni por establecer diálogos de resolución del conflicto, que sí lo hicieron otros funcionarios, acuerdos que esperamos se respeten”.

“La señora López jamás explicó, ni dialogó sobre este tema con la trabajadora, sí ejecutó prácticas que dilataron y que desembocaron en el lamentable hecho que le tocó vivir a ésta trabajadora”.

Y concluyeron: “Pese a lo anterior saludamos este esfuerzo y triunfo, esperemos sea ejemplo para otros personales de servicios que a lo largo y ancho de esta provincia pierden sus puestos de trabajo, de manera amañada, aplicando argumentos como baja matrícula que violan claramente -no solo el derecho de los trabajadores- sino también el derecho de niños y docentes a estar en un ambiente limpio y sano”.

El CGE explicó incompatibilidad en caso de portera cesanteada en Montecarlo

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Los caciques Francisco Ramos, de la comunidad Marangatú de Puerto Leoni, e Hilario Moreira de Tapé Mirí, ubicada en Garuhapé, fueron designados presidente y vicepresidente del Consejo de Caciques, organismo encargado de defender y representar las voces de la nación mbya guaraní frente a los gobiernos provincial y nacional.

La designación se dio durante la Asamblea General de las Comunidades Mbya Guaraní llevada a cabo en la aldea El Pocito de Capioví, del 14 al 16 de octubre pasado, con la participación de alrededor de 250 integrantes de al menos 100 comunidades mbya radicadas a lo largo y ancho de la provincia. 

En ese marco, enumeraron las demandas aún presentes que serán exigidas por el Consejo proximamente, entre ellas; la incorporación del derecho indígena a la Constitución provincial, regularización de territorios, servicios básicos, acceso a la salud y educación intercultural, mejora de caminos, viviendas, inversión, políticas públicas con perspectiva mbya guaraní y el cese de intrusiones y desmontes dentro del territorio indígena.

Frente a esto, adelantaron que el próximo lunes 20 de octubre presentarán un documento con cada una de las demandas al Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia de Misiones y a la Dirección de Asuntos Guaraníes.   

La asamblea general de comunidades se realizó durante tres días en Capioví

Otras consideraciones

De la asamblea desarrollada durante tres días en la localidad de Capioví participaron caciques, lideresas, jóvenes, docentes, mujeres, promotores de salud y estudiantes, como resultado de la manifestación con acampe encabezado por comunidades en la plaza 9 de Julio de Posadas del 15 al 19 de septiembre pasado.

La medida de fuerza fue levantada luego de una reunión con el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, quien se había presentado en el lugar desde el primer día de acampe a fin de llegar a un acuerdo. Tras cinco días de debate, se comprometió a trasladarlos en colectivo hasta sus comunidades y facilitar los recursos necesarios para llevar a cabo la asamblea provincial que finalmente se concretó esta semana.

En esa oportunidad, la manifestación en la capital provincial contó con el acompañamiento de la sociedad en general. En tanto, el presidente de la Cámara de Rrepresentantes, Oscar Herrera Ahuad y la ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre, firmaron un acta de compromiso con la realización de la asamblea general, en la que garantizaban el traslado de todas las comunidades de la provincia, como así también el alimento para los días de duración, además de acordar la presencia de funcionarios al finalizar la asamblea.

Sin embargo, “varios compromisos no se cumplieron”, repudiaron los caciques, y aseguraron que el acompañamiento de la asamblea, por parte del gobierno provincial, “fue muy precario”.

Durante la asamblea los caciques también definieron el equipo técnico territorial de las comunidades en distintas zonas de la provincia, los cuales tienen la tarea de hacer relevamientos y llevar las demandas del territorio al Consejo de Caciques. Y decidieron que la misma se realice dos veces por año, como principal órgano de consulta para el Consejo.  

Para finalizar, lamentaron a través de un comunicado que: “La ausencia de funcionarios del gobierno provincial el jueves por la tarde en la asamblea, fue tomada por sus participantes, como falta de voluntad política, de interés y responsabilidad con sus funciones públicas”. 

Y concluyeron: “La asamblea de las comunidades busca seguir generando lazos entre las mismas, para tener mayor unidad y fuerza en sus acciones, así como también convoca al resto de la sociedad a acompañar y unir fuerzas en las luchas por los derechos humanos, hoy seriamente amenazados”.

Alrededor de 100 comunidades mbya presentes a lo largo y ancho de la provincia participaron de la asamblea general

Mbyas piden la regularización de tierras y servicios con acampe en la plaza 9 de Julio

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A un día de la huelga de hambre iniciada por Julia Halbestard, quien se desempeñó desde el año 2021 como portera suplente de la Epet 11 de Montecarlo hasta perder esa fuente de trabajo en mayo pasado, el Consejo General de Educación (CGE) alegó que la misma “accede a una pensión” y por tanto el cargo en la institución educativa es “incompatible” conforme a lo establecido por la Ley 1- 104 (antes 3200).

Así lo confirmó Daniela López, directora del CGE al ser consultada por La Voz de Misiones, al mismo tiempo en que compartió un documento que corresponde al Registro Único Laboral de la Provincia de Misiones, que asegura que la trabajadora de servicio cuenta con una “pensión no contributiva nacional.- Pensión asistencial”.

A su vez, destaca que “si las personas que se mencionan en el párrafo anterior, serán designadas o contratadas por el organismo solicitante del presente informe, se encontrarán dentro de las incompatibilidades previstas en la Ley I – N.° 104 (antes Ley 3200)”.

La mencionada ley, en su artículo primero, sostiene que: “Los beneficiarios previsionales de otras cajas que no sea el Instituto de Previsión Social de Misiones y el personal de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad nacionales o de otras provincias, que desempeñan cargos en el Estado provincial (inciso 2), deben optar en el plazo de diez (10) días de vigencia de esta ley o de producido el nombramiento en la Provincia, entre percibir el haber previsional o de retiro, en cuyo caso no tiene derecho a percibir remuneración alguna por el cargo que ocupa, o percibir el ingreso correspondiente a este último“.

Dada la situación, señalaron que Halbestard debería optar por continuar siendo beneficiaria de la pensión, o bien renunciar y tramitar el cargo como titular de servicio (portera) de dicha institución.

Huelga de hambre

Halbestard inició una huelga de hambre en la mañana de ayer, jueves, frente al Juzgado de Familia, en reclamo del cargo que le fue “congelado” al producirse la jubilación del portero titular, por lo que ya no puede prestar servicio. 

La causa cobró gran repercusión en la comunidad educativa, con adhesión de sindicatos y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Al respecto, el Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL) aseguró que Halbestard: “Logró su cargo de portera después de trabajar más de 20 años en negro cobrando en platos de comida o sobras de los comedores escolares, donde ejercía sus funciones de cocinera, fue nombrada en 2022 luego de una larga lucha”.

Por su parte, el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (Sicsal), emitió un comunicado y destacó: “Tu lucha es la lucha de todas y todos los trabajadores que enfrentan injusticias, precariedad y vulneración de derechos. Por eso, hoy, compañeras y compañeros de múltiples sectores, países y territorios nos ponemos a tu lado, acompañándote en cada paso, elevando nuestras voces para exigir que se respeten tus derechos”.

Portera en huelga de hambre tras perder su trabajo en la Epet 11 de Montecarlo

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