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Calle de Iguazú lleva el nombre de un espía de la dictadura y piden modificarla

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Organismos de derechos humanos de la provincia pidieron al presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Puerto Iguazú, Javier Bareiro, que modifique una ordenanza de 2005 que designó una calle de la ciudad con el nombre de un espía de la dictadura cívico militar.

La nota, fechada el 7 de mayo pasado, lleva la firma de Ramón Cura, de la Mesa Provincial de Ex Detenidos Políticos y Familiares; Hugo Baldoneyro, presidente Asociación Nacional de Presos Políticos de la República Argentina; y Ramón Alfredo Vázquez,  subsecretario de Derechos Humanos de Misiones.

La calle en cuestión está ubicada en el barrio Las Leñas de la ciudad de las cataratas y el sindicado espía es el escritor Marcelo Moreyra, que durante el régimen militar se desempeñó como personal civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército, en el marco del esquema represivo de la época.

Junto con la nota, los firmantes le adjuntan al concejal Bareiro la sentencia judicial de abril pasado, donde la jueza Carmen Helena Carbone falló en contra de Moreyra en un juicio que duró casi seis años, donde el escritor accionó contra el historiador Pablo Camogli y otras cuatro personas, entre las que se encontraba la ex ministra de Derechos Humanos de Misiones, Lilia Tiki Marchesini, que habían denunciado su pasado de espía cuando la Sociedad Argentina de Escritores de Misiones (Sadem) lo distinguió con una estatuilla de “Andresito”, en junio de 2018, lo que provocó una polémica y renuncias de asociados.

Frente al hecho consumado, renuncié en forma inmediata a la Sadem y reiteré la información pública ya conocida por todos, en especial por Moreyra y (Aníbal- presidente de la sociedad misionera de escritores) Silvero, en cuanto a que el nombrado (Moreira) integraba los listados del Batallón 601, la usina de espionaje ilegal en los tiempos del terrorismo de Estado”, relató Camogli en su cuenta de Facebook, en ocasión de conocerse el fallo de Carbone, el 30 de abril pasado.

En el posteo, el historiador destaca “la intervención decidida y comprometida” de la ministra Tiki Marchesini, que logró que la Sociedad Argentina de Escritores (Sade) se hiciera eco del tema y le retire el Andresito a Moreyra.

Luego de esto, el ex espía del Ejército, denunció sin éxito en dos ocasiones a Camogli, Marchesini, Esteban Matkoski y Alberto Leopoldo Zseretter, en tribunales de Puerto Iguazú, hasta que la tercera denuncia recayó en el juzgado de Carbone.

La respuesta de Moreyra no fue demostrar la falsedad de la información pública difundida, sino comenzar un hostigamiento judicial cuya única finalidad era sacarnos plata a los denunciados”, acusó Camogli en su relato.

El buchón 

Sobre el fallo de Carbone, el historiador destaca “dos aspectos que son centrales” y apunta: “En primer lugar, que estamos amparados por el derecho a la libertad de expresión, que ‘goza de la más amplia protección constitucional frente al derecho al honor’, según la resolución judicial. Pero, además, que es ‘quién objeta las expresiones públicas’ el que debe hacer ‘la demostración inobjetable de la falsedad de las mismas’”.

“Y aquí vamos al segundo punto, que es lapidario para Moreyra”, precisó Camogli y apuntó con la letra textual del fallo judicial: “La función que realizaba el actor durante la dictadura militar y su carácter de Personal Civil de Inteligencia ‘Agente de reunión’, fue designado como Personal C3, que conforme el art. 1 de la Ley 21.705 de 1977 es el personal auxiliar que realiza tareas operativas subrepticias de inteligencia y contrainteligencia (agente secreto) fue corroborado mediante prueba informativa’ (el destacado es nuestro)”.

“Por ende, continúa la magistrada, ‘en principio, se encuentra demostrado que el actor Moreyra Marcelo, efectivamente se encontraba en las listas como Personal activo de Inteligencia del Batallón 601’”, agregó Camogli.

“El denunciante no quiso o no pudo demostrar que no es él la persona que tiene su mismo nombre, su mismo apellido y su mismo número de documento en los listados de personal civil de inteligencia de la dictadura”, ironizó.

El historiador aclaró, sin embargo, que el fallo judicial y la demostración de que Moreyra efectivamente se desempeñó como espía de la dictadura, “no indica que haya cometido algún delito, ni que sea el responsable del genocidio que sufrió el país; tan solo que fue parte del engranaje represivo en el rol de ‘buchón’, terminología que la propia jueza acepta como válida, ya que ‘está íntimamente ligada a como en el lunfardo se los llama a aquellas personas que por su oficio o profesión tienen que dar cuenta de las actividades que realizan las personas que espían o investigan’”.

Finalmente, Camogli, agradeció a los abogados que lo asistieron en el trámite judicial, Juan Martínez y Fernando Canteli, “ambos valientes letrados en los juicios por los Derechos Humanos en Misiones” y valoró: “Esta fue una batalla muy menor, muy mínima, pero fue una batalla más por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

La calle Moreyra

La calle que lleva el nombre de Moreyra está ubicada en el barrio Las Leñas, un complejo de viviendas del Instituto Provincial del Desarrollo Habitacional (Iprodha), y se extiende por 100 metros, entre las avenidas Malvinas Argentinas y Libertad.

El nombre de Moreyra se incluyó en el paquete de nomenclaturas de calles de cuatro barrios de Iguazú: Unión, Los Trabajadores, Primero de Mayo y Las Leñas, que se aprobó con la ordenanza 70/05, del 6 de octubre de ese año, reglamentada por el intendente Claudio Filippa, que por entonces transitaba su primera gestión.

Las calles de Las Leñas alternan entre nombres de escritores, políticos y personalidades destacadas, locales, provinciales, nacionales e internacionales.

Así, el nombre del ex espía del Batallón 601 comparte la galería de ilustres con escritores, como el nicaragüense Enrique Schmidt y los misioneros Celestino Montes y Mario Osten; los presidentes Bernardino Rivadavia, Roque Sáenz Peña, Julio Argentino Roca, Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre; la enfermera del hospital de Iguazú, Rufina Zubigaray; el médico, político y escritor misionero Luis Honorio Rolón; el guerrillero argentino cubano Ernesto Che Guevara; y Guillermo Isidoro Larregui Ugarte, que pasó a la historia como “El vasco de la carretilla”, al unir a pie la localidad patagónica de Trenque Lauquén con la ciudad de las cataratas, en una increíble travesía empujando su carretilla en 1943 y que murió en Puerto Iguazú en 1964.

En el nomenclador de calles de Las Leñas, aprobado hace 19 años en la ordenanza que piden reformar las organizaciones de derechos humanos que desenmascararon a Moreyra, también aparecen el Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta.

“Creemos sinceramente que una Persona con este currículum no merece ningún tipo de honor ni homenaje en ningún lugar del mundo”, señalan los firmantes y piden a Bareiro y el resto de los concejales “reparar este error que en verdad es fácilmente corregible y necesario, para vivir con respeto en sociedad”.

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Manifestantes ingresaron al Ministerio de Salud por reclamo salarial

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Los agentes de sanidad pública autoconvocados realizaron una manifestación frente al Ministro de Salud exigiendo una nueva mesa de diálogo con el titular de la cartera, Héctor González, y el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, tras el acuerdo de un 28% de aumento salarial firmado ayer por Miriam López, secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y las autoridades del gobierno provincial.

En diálogo con La Voz de Misiones, Jorge “Coqui” Duarte, referente de ATE, afirmó que quienes protestan rechazan el 28% firmado en el día de ayer: “Nosotros exigimos un 100% de aumento para recuperar la pérdida del valor adquisitivo que dejó la inflación en los últimos meses“.

Además refirió a que el acuerdo firmado “excluye a los trabajadores del Parque de la Salud, eso es gravísimo. Nosotros en las actas anteriores firmabamos los acuerdos incluyendo a estos trabajadores, becados y todos los que pertenecen al área de salud pública”, a su vez resaltó “el acta viola la ley de la carrera sanitaria en el punto de pase a planta permanente”.

Empleados sanitarios tomaron el Minsiterio de Salud en Posadas

En cuanto a la manifestación que llevan adelante esta mañana, repudió que “el ministro (Héctor González) firmó un acuerdo con personas que no están al frente del conflicto y luego viajó al interior, eso exacerba la protesta de los trabajadores de salud”.

El reclamo por un 100% de aumento se hizo visible no solamente en la Capital provincial, sino también en el interior de la provincia, en localidades como Colonia Aurora, 25 de Mayo, Oberá, entre otras.


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El jefe de Guardaparques pidió aumentos salariales desde el acampe policial

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Al cuarto día de la protesta que encabezan los integrantes de la Policía de Misiones, guardaparques que dependen del Ministerio de Ecología arribaron anoche al acampe emplazado frente al Comando Radioeléctrico de Posadas para sumarse al reclamo por una recomposición salarial, frente a una mesa de diálogo que se encuentra abierta pero “no tiene fecha”, según detalló Jorge Bondar, jefe del cuerpo y vocero del reclamo.

De los 110 guardaparques que cumplen funciones en distintas reservas ecológicas ubicadas a lo largo y ancho del territorio provincial, son 40 los que se unieron a la protesta este lunes por la tarde, movilizados en ocho vehículos oficiales provenientes de San Pedro y San Ignacio, y esperan que este martes se unan a la medida sus pares de Puerto Iguazú.

Alrededor de 40 guardaparques se sumaron anoche al acampe frente al Comando Radioeléctrico de Posadas.

En diálogo con La Voz de Misiones, Jorge Bondar, explicó que “no solamente vinimos a acompañar el reclamo de la Policía, los docentes y el personal de salud, sino también a visibilizar la realidad del cuerpo de Guardaparques de la provincia. Tengamos en cuenta que este sector es el responsable y encargado de la custodia de todos los recursos naturales que existen en Misiones”.

Considerando que los que efectúan el paro con movilización y acampe conforman un 60% del total del personal activo, Bondar garantizó la atención de los parques provinciales. “Los parques no quedaron sin personal. Sí o sí garantizamos una guardia mínima para el resguardo del patrimonio del Estado y de los visitantes que llegan al área”, aseguró. 

Salarios y otros reclamos

En cuanto a la situación salarial, Bondar afirmó que “hoy por hoy, teniendo un decreto específico que nos regula, no tenemos todos los adicionales establecidos en nuestros recibos de sueldo y tenemos guardaparques con experiencia, con la máxima jerarquía dentro del cuerpo, de 25 y 30 años de servicio con un sueldo que ronda entre los 530 y 600 mil pesos. Muchos de ellos con responsabilidades, como jefes de parques, coordinadores de sistemas e incluso yo como jefe del cuerpo a nivel provincial con un sueldo de 530 mil pesos”.

También resaltó que ante la transición dentro del ministerio de Ecología, efectuada el 10 de diciembre pasado con recambio de autoridades, reclaman que se haga efectivo el decreto publicado en el Boletín Oficial en julio de 2023, “Nos están debiendo todos los retroactivos y adicionales, además de necesitar llegar a la canasta básica”. 

Guardaparques repudian sueldos de 530 mil pesos en rangos de mayor jerarquía

A su vez, lamentó que “el cuerpo de guardaparques tiene una lucha de 30 años donde los primeros integrantes hacían guardias de hasta 40 días, hay toda una historia detrás para que hoy por hoy no podamos retirarnos con un sueldo digno”.

En cuanto a la negociación entre el sindicato y el Ministerio de Hacienda, cuyo titular es Adolfo Safrán, reconoció que “existe una mesa de diálogo que está abierta, pero no tiene fecha”. 

De esta manera, el sector alzó su demanda en lo que se consolidó como una de las protestas más concurridas de los últimos años en Misiones, ya que, si bien inició con las reivindicaciones de los efectivos policiales, cobró mayor fuerza con un reclamo al unísono al que se sumaron empleados de salud, educación y justicia desde los primeros días.


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No hubo acuerdo con policías: “Se va a incendiar la provincia”

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La reunión mantenida este mediodía entre delegados de la protesta policial y autoridades provinciales culminó sin acuerdo por la cuestión salarial. “No nos vamos a ir de acá“, adelantó Ramón Amarilla, confirmando que el acampe continúa frente al Comando.

El gobierno no ha dimensionado el asunto. Nos han ofrecido 20% de aumento. Es una vergüenza. De acá no nos vamos a ir y la cosa se pone fea. Mañana bajan más agentes de otros puntos de la provincia. Vamos a aguantar hasta las últimas consecuencias“, añadió ante una multitud.

“Se les va a incendiar la provincia. Dejaron juntar todos los sectores. Nos abandonaron”, lanzó después agregando que la medida a la que adhirieron docentes, estudiantes universitarios y personal de salud, tendrá la presencia de productores de distintos puntos de la provincia a partir de este martes.

Por su parte, Germán Palaveccino suavizó la situación asegurando que las fuerzas “no van a reprimir porque es una manifestación pacífica”.


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