Provinciales
Calle de Iguazú lleva el nombre de un espía de la dictadura y piden modificarla

Organismos de derechos humanos de la provincia pidieron al presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Puerto Iguazú, Javier Bareiro, que modifique una ordenanza de 2005 que designó una calle de la ciudad con el nombre de un espía de la dictadura cívico militar.
La nota, fechada el 7 de mayo pasado, lleva la firma de Ramón Cura, de la Mesa Provincial de Ex Detenidos Políticos y Familiares; Hugo Baldoneyro, presidente Asociación Nacional de Presos Políticos de la República Argentina; y Ramón Alfredo Vázquez, subsecretario de Derechos Humanos de Misiones.
La calle en cuestión está ubicada en el barrio Las Leñas de la ciudad de las cataratas y el sindicado espía es el escritor Marcelo Moreyra, que durante el régimen militar se desempeñó como personal civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército, en el marco del esquema represivo de la época.
Junto con la nota, los firmantes le adjuntan al concejal Bareiro la sentencia judicial de abril pasado, donde la jueza Carmen Helena Carbone falló en contra de Moreyra en un juicio que duró casi seis años, donde el escritor accionó contra el historiador Pablo Camogli y otras cuatro personas, entre las que se encontraba la ex ministra de Derechos Humanos de Misiones, Lilia Tiki Marchesini, que habían denunciado su pasado de espía cuando la Sociedad Argentina de Escritores de Misiones (Sadem) lo distinguió con una estatuilla de “Andresito”, en junio de 2018, lo que provocó una polémica y renuncias de asociados.
“Frente al hecho consumado, renuncié en forma inmediata a la Sadem y reiteré la información pública ya conocida por todos, en especial por Moreyra y (Aníbal- presidente de la sociedad misionera de escritores) Silvero, en cuanto a que el nombrado (Moreira) integraba los listados del Batallón 601, la usina de espionaje ilegal en los tiempos del terrorismo de Estado”, relató Camogli en su cuenta de Facebook, en ocasión de conocerse el fallo de Carbone, el 30 de abril pasado.
En el posteo, el historiador destaca “la intervención decidida y comprometida” de la ministra Tiki Marchesini, que logró que la Sociedad Argentina de Escritores (Sade) se hiciera eco del tema y le retire el Andresito a Moreyra.
Luego de esto, el ex espía del Ejército, denunció sin éxito en dos ocasiones a Camogli, Marchesini, Esteban Matkoski y Alberto Leopoldo Zseretter, en tribunales de Puerto Iguazú, hasta que la tercera denuncia recayó en el juzgado de Carbone.
“La respuesta de Moreyra no fue demostrar la falsedad de la información pública difundida, sino comenzar un hostigamiento judicial cuya única finalidad era sacarnos plata a los denunciados”, acusó Camogli en su relato.
El buchón
Sobre el fallo de Carbone, el historiador destaca “dos aspectos que son centrales” y apunta: “En primer lugar, que estamos amparados por el derecho a la libertad de expresión, que ‘goza de la más amplia protección constitucional frente al derecho al honor’, según la resolución judicial. Pero, además, que es ‘quién objeta las expresiones públicas’ el que debe hacer ‘la demostración inobjetable de la falsedad de las mismas’”.
“Y aquí vamos al segundo punto, que es lapidario para Moreyra”, precisó Camogli y apuntó con la letra textual del fallo judicial: “La función que realizaba el actor durante la dictadura militar y su carácter de Personal Civil de Inteligencia ‘Agente de reunión’, fue designado como Personal C3, que conforme el art. 1 de la Ley 21.705 de 1977 es el personal auxiliar que realiza tareas operativas subrepticias de inteligencia y contrainteligencia (agente secreto) fue corroborado mediante prueba informativa’ (el destacado es nuestro)”.
“Por ende, continúa la magistrada, ‘en principio, se encuentra demostrado que el actor Moreyra Marcelo, efectivamente se encontraba en las listas como Personal activo de Inteligencia del Batallón 601’”, agregó Camogli.
“El denunciante no quiso o no pudo demostrar que no es él la persona que tiene su mismo nombre, su mismo apellido y su mismo número de documento en los listados de personal civil de inteligencia de la dictadura”, ironizó.
El historiador aclaró, sin embargo, que el fallo judicial y la demostración de que Moreyra efectivamente se desempeñó como espía de la dictadura, “no indica que haya cometido algún delito, ni que sea el responsable del genocidio que sufrió el país; tan solo que fue parte del engranaje represivo en el rol de ‘buchón’, terminología que la propia jueza acepta como válida, ya que ‘está íntimamente ligada a como en el lunfardo se los llama a aquellas personas que por su oficio o profesión tienen que dar cuenta de las actividades que realizan las personas que espían o investigan’”.
Finalmente, Camogli, agradeció a los abogados que lo asistieron en el trámite judicial, Juan Martínez y Fernando Canteli, “ambos valientes letrados en los juicios por los Derechos Humanos en Misiones” y valoró: “Esta fue una batalla muy menor, muy mínima, pero fue una batalla más por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.
La calle Moreyra
La calle que lleva el nombre de Moreyra está ubicada en el barrio Las Leñas, un complejo de viviendas del Instituto Provincial del Desarrollo Habitacional (Iprodha), y se extiende por 100 metros, entre las avenidas Malvinas Argentinas y Libertad.
El nombre de Moreyra se incluyó en el paquete de nomenclaturas de calles de cuatro barrios de Iguazú: Unión, Los Trabajadores, Primero de Mayo y Las Leñas, que se aprobó con la ordenanza 70/05, del 6 de octubre de ese año, reglamentada por el intendente Claudio Filippa, que por entonces transitaba su primera gestión.
Las calles de Las Leñas alternan entre nombres de escritores, políticos y personalidades destacadas, locales, provinciales, nacionales e internacionales.
Así, el nombre del ex espía del Batallón 601 comparte la galería de ilustres con escritores, como el nicaragüense Enrique Schmidt y los misioneros Celestino Montes y Mario Osten; los presidentes Bernardino Rivadavia, Roque Sáenz Peña, Julio Argentino Roca, Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre; la enfermera del hospital de Iguazú, Rufina Zubigaray; el médico, político y escritor misionero Luis Honorio Rolón; el guerrillero argentino cubano Ernesto Che Guevara; y Guillermo Isidoro Larregui Ugarte, que pasó a la historia como “El vasco de la carretilla”, al unir a pie la localidad patagónica de Trenque Lauquén con la ciudad de las cataratas, en una increíble travesía empujando su carretilla en 1943 y que murió en Puerto Iguazú en 1964.
En el nomenclador de calles de Las Leñas, aprobado hace 19 años en la ordenanza que piden reformar las organizaciones de derechos humanos que desenmascararon a Moreyra, también aparecen el Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta.
“Creemos sinceramente que una Persona con este currículum no merece ningún tipo de honor ni homenaje en ningún lugar del mundo”, señalan los firmantes y piden a Bareiro y el resto de los concejales “reparar este error que en verdad es fácilmente corregible y necesario, para vivir con respeto en sociedad”.
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Provinciales
Definen 5,1% de aumento para docentes y gremios en desacuerdo harán paro

En la mañana de hoy autoridades del gobierno provincial plantearon, ante los gremios de la mesa de diálogo docente, una recomposición salarial del 5,1% para el período julio-octubre de 2025, monto que finalmente fue rechazado, pero que de igual manera será aplicado. Por su parte, los gremios disidentes convocaron a paro por 24 horas, con movilización y asambleas para este viernes.
Del encuentro que se desarrolló en el Salón Oval del Ministerio de Educación, participaron el sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo (Semab), la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) y el Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada (Sidepp), quienes rechazaron el incremento salarial ofrecido.
La propuesta del gobierno consistió en una recomposición del 5,1% en los sueldos netos de bolsillo para el período julio-octubre de 2025, distribuidos en dos tramos: un 2,5% de aumento en julio y otro 2,5% en septiembre.
De esta manera, para julio el básico ascenderá a $165.000,77 y el mínimo salarial (con el Fopid) a $613.449 para los docentes sin antigüedad, $629.633 para los de cinco años, $655.929 para los de diez años, $679.796 para los de 15, $767.703 para los de 20 y $855.410 para quienes cuentan con 25 o más años de antigüedad.
Al mismo tiempo, planteó que el 33% del Fopid, que hasta ahora era no remunerativo, pasará a serlo a partir de agosto y se estableció el pago de las suplementarias docentes de abril y mayo durante julio, y la de junio en agosto.
Del encuentro participaron el ministro de Educación Ramiro Aranda, la ministra de Trabajo Silvana Giménez, el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, la presidenta del CGE Daniela López y su equipo de trabajo conformado por el secretario general de UDPM Rubén Darío Caballero y demás representantes sindicales.
El rechazo
Culminado el cónclave, desde UDPM manifestaron su disconformidad con el incremento salarial a través de un comunicado: “Debido a considerar insuficiente la propuesta NO hay acuerdo en lo salarial”.
Sin embargo, reconocieron que se establecieron otros acuerdos en el marco de la mesa de diálogo, como ser: el remunerativo de un 33% del Fopid a partir de agosto, el pago de suplementaria de abril y mayo en el mes de julio, y la de junio en el mes de agosto.
También se acordaron nuevas reuniones de las mesas técnicas, siendo la de previsional y preceptores en la semana del 4 de agosto, la técnica pedagógica de jornada extendida y completa en la semana del 11 de agosto, salud laboral en la semana del 25 de agosto, educación técnica en la semana del 18 de agosto y técnica sobre cargos MEP/MET de escuelas públicas de gestión privada en la semana del 18 de agosto.
Finalmente contemplaron agilizar el contrato de porteros suplentes cuando se produce la vacante, analizar situación de acceso y terminalidad de las E.P.J.A en la primera semana de septiembre e incorporar un año más de titularización, vacante 2023 y la estabilidad laboral acorde a los requisitos mínimos establecidos por resolución.
Paro y movilización
Casi en simultáneo, se realizó una negociación en la Escuela Normal Estados Unidos del Brasil junto a los docentes que integran el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL), Autoconvocados 100% y el del Movimiento Pedagógico de Liberación (MPL), quienes también rechazaron la propuesta.
“El gobierno provincial trajo como propuesta de aumento de $15.000 para julio y después recién en septiembre otro incremento de $15.000. En resumen eso fue lo que nos ofrecieron, por lo cual nosotros rechazamos de manera categórica. No hubo firma ni acta”, manifestó un docente del FTEL.
Frente a este panorama, los gremios mencionados decidieron convocar a paro por 24 horas con asamblea para este viernes 11 de julio, medida que se replicará durante el receso invernal los días miércoles 16 y jueves 24 de julio, con movilizaciones en distintas localidades.
Provinciales
Renovar la VTV vencida tendrá un recargo de 35% por trimestre

Por una disposición del ministerio de Gobierno, los talleres encargados de realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aplicarán un recargo de 35% por trimestre a quienes acudan a renovar el trámite con obleas vencidas.
La novedad fue informada por el diario Primera Edición, que además consignó que la normativa entrará en vigencia a partir del 1 de agosto y donde se estipula una tolerancia máxima de 10 días corridos desde el vencimiento de la VTV para no aplicar el recargo.
De lo contrario, los talleres estarán habilitados a cobrar un extra de 35% por cada trimestre transcurrido desde el vencimiento de la oblea anterior.
Es decir que, si un usuario acude a renovar una VTV que venció en un plazo estipulado entre tres y seis meses pagará un 70% más y si ocurre en un plazo de entre seis y nueve meses abonará un 105% más. Y así sucesivamente.
La medida se dispuso en paralelo a la autorización de un 30% de aumento en los valores del trámite, lo que elevó los precios de $42.000 a $54.600 para un autor particular y de $16.000 a $40.500 para motovehículos. A esos montos habrá que sumar los porcentajes que se correspondan a la cantidad de días transcurridos a partir del vencimiento de la licencia anterior.
Según añadió el mismo matutino posadeño, los recargos obedecen a resguardar la seguridad vial, debido a la detección de un importante número de usuarios que acuden a renovar el trámite con las licencias ya vencidas, lo cual constituye una infracción a las normas de tránsito.
Aumentó la VTV: un auto particular paga $54.600 y motos arrancan en $16.200
Provinciales
Cierre del matadero de El Soberbio: “Es oportunidad de buscar algo de calidad”

Denuncias de vecinos por quemas a cielo abierto, falta de mantenimiento y controles de sanidad, como así también contaminación de un arroyo son los motivos por los cuales el municipio de El Soberbio decidió el cierre definitivo del matadero local en 45 días, según argumentó el intendente Roque Soboczinski en conversación telefónica con La Voz de Misiones.
“Es un matadero que está en un predio particular, que era un lugar donde casi no había pobladores, hoy es un barrio para todos los sectores. Donde vos encarás, vive gente. Hay un arroyo que tiene fuertes indicios de que está contaminado y siempre que hay quema de restos óseos o desechos de la carneada vamos a tener cuestiones con los vecinos”, explicó el jefe comunal.
Consultado por LVM sobre los arreglos que habían planteado desde la comuna junto con el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, durante una visita de los funcionarios al predio en 2020, Soboczinski sostuvo que “era una posibilidad para una adecuación del matadero con una chimenea y quemaderos”.
Lo cierto, sostuvo el intendente, es que en los últimos años la población de la zona del paraje Tararira, sobre la ruta costera 2, donde hace 32 años funciona el matadero, aumentó y “no están dadas las garantías para un producto de calidad que termine en la mesa del vecino de El Soberbio”, por lo cual considera que no puede seguir funcionando en el predio.
En esa línea, Soboczinski, quien resultó electo como diputado provincial en las elecciones del 8 de junio, explicó que el dueño del establecimiento, Carlos Batista, “sí fue notificado para que realice los arreglos necesarios o vea cómo tener algo mejor, pero él dice que no quiere invertir porque tiene tercerizado con otra gente”.
Ante ese panorama, desde la comuna consideraron que no era viable invertir en un predio privado y que no está gestionado por su dueño, sumado la condición de que es una zona actualmente poblada y la contaminación del arroyo que cruza el establecimiento, precisó el intendente renovador a LVM.
La decisión de la Municipalidad de El Soberbio despertó la preocupación de los comerciantes que utilizan el matadero habitualmente para llevar a cabo la faena de sus animales vacunos y comenzaron a juntar firmas para conseguir una prórroga al cierre.
Sobre esa cuestión, Soboczinski comentó: “Tomamos la decisión de ver que los chicos que faenan ahí si ponen recursos o quieren construir otro lugar, nosotros vamos a estar fortaleciendo, trabajando con ellos con ese fin, pero el dueño del lugar ya no quiere tener ese matadero y tampoco las inversiones mejorarían la relación con los vecinos que son los que están denunciando en este momento”.
Otro punto que abordó el jefe comunal fue la falta de controles de sanidad: “Tenemos que buscar la forma de redireccionar esto y solucionar el control con bromatología municipal, pero también con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y todos los organismos que correspondan, trabajar juntos para tener algo sano y prolijo para toda la comunidad de El Soberbio”
Para ello, el municipio propuso a los comerciantes que utilizan el matadero que elaboren un proyecto de inversión: “Si lo quieren hacer, si no se va a ver con alguien particular que esté interesado y seguramente trataremos de potenciar esto con el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Imac), el Ministerio del Agro, el municipio, para que aparezcan inversiones y después se logre recuperar con toda la faena como se hace en San Vicente y otros municipios”, adelantó Soboczinski a LVM.
Para el intendente de El Soberbio, el cierre del matadero “es la oportunidad de buscar algo de calidad, preservando principalmente el producto final que va a la mesa de nuestros consumidores, porque tenemos serios inconvenientes, en la estructura, en el manejo, en el control, varias cuestiones, que cuando va a haber problemas el municipio va a ser responsable, por eso creemos que es el momento de corregir y acompañar el crecimiento que tiene la localidad”.
Por último, afirmó que “no es la intención sacarle la estructura a la gente que está trabajando, si esta gente no va a tener un proyecto alternativo, nosotros tenemos que buscar una solución, por otro lado”.
En tanto, los comerciantes siguen juntando firmas para conseguir una prórroga al cierre del matadero y esta tarde se reunirán en el predio para manifestar su disconformidad con la decisión comunal.
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