Provinciales
Calle de Iguazú lleva el nombre de un espía de la dictadura y piden modificarla
Organismos de derechos humanos de la provincia pidieron al presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Puerto Iguazú, Javier Bareiro, que modifique una ordenanza de 2005 que designó una calle de la ciudad con el nombre de un espía de la dictadura cívico militar.
La nota, fechada el 7 de mayo pasado, lleva la firma de Ramón Cura, de la Mesa Provincial de Ex Detenidos Políticos y Familiares; Hugo Baldoneyro, presidente Asociación Nacional de Presos Políticos de la República Argentina; y Ramón Alfredo Vázquez, subsecretario de Derechos Humanos de Misiones.
La calle en cuestión está ubicada en el barrio Las Leñas de la ciudad de las cataratas y el sindicado espía es el escritor Marcelo Moreyra, que durante el régimen militar se desempeñó como personal civil de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército, en el marco del esquema represivo de la época.
Junto con la nota, los firmantes le adjuntan al concejal Bareiro la sentencia judicial de abril pasado, donde la jueza Carmen Helena Carbone falló en contra de Moreyra en un juicio que duró casi seis años, donde el escritor accionó contra el historiador Pablo Camogli y otras cuatro personas, entre las que se encontraba la ex ministra de Derechos Humanos de Misiones, Lilia Tiki Marchesini, que habían denunciado su pasado de espía cuando la Sociedad Argentina de Escritores de Misiones (Sadem) lo distinguió con una estatuilla de “Andresito”, en junio de 2018, lo que provocó una polémica y renuncias de asociados.

“Frente al hecho consumado, renuncié en forma inmediata a la Sadem y reiteré la información pública ya conocida por todos, en especial por Moreyra y (Aníbal- presidente de la sociedad misionera de escritores) Silvero, en cuanto a que el nombrado (Moreira) integraba los listados del Batallón 601, la usina de espionaje ilegal en los tiempos del terrorismo de Estado”, relató Camogli en su cuenta de Facebook, en ocasión de conocerse el fallo de Carbone, el 30 de abril pasado.
En el posteo, el historiador destaca “la intervención decidida y comprometida” de la ministra Tiki Marchesini, que logró que la Sociedad Argentina de Escritores (Sade) se hiciera eco del tema y le retire el Andresito a Moreyra.
Luego de esto, el ex espía del Ejército, denunció sin éxito en dos ocasiones a Camogli, Marchesini, Esteban Matkoski y Alberto Leopoldo Zseretter, en tribunales de Puerto Iguazú, hasta que la tercera denuncia recayó en el juzgado de Carbone.
“La respuesta de Moreyra no fue demostrar la falsedad de la información pública difundida, sino comenzar un hostigamiento judicial cuya única finalidad era sacarnos plata a los denunciados”, acusó Camogli en su relato.
El buchón
Sobre el fallo de Carbone, el historiador destaca “dos aspectos que son centrales” y apunta: “En primer lugar, que estamos amparados por el derecho a la libertad de expresión, que ‘goza de la más amplia protección constitucional frente al derecho al honor’, según la resolución judicial. Pero, además, que es ‘quién objeta las expresiones públicas’ el que debe hacer ‘la demostración inobjetable de la falsedad de las mismas’”.
“Y aquí vamos al segundo punto, que es lapidario para Moreyra”, precisó Camogli y apuntó con la letra textual del fallo judicial: “La función que realizaba el actor durante la dictadura militar y su carácter de Personal Civil de Inteligencia ‘Agente de reunión’, fue designado como Personal C3, que conforme el art. 1 de la Ley 21.705 de 1977 es el personal auxiliar que realiza tareas operativas subrepticias de inteligencia y contrainteligencia (agente secreto) fue corroborado mediante prueba informativa’ (el destacado es nuestro)”.
“Por ende, continúa la magistrada, ‘en principio, se encuentra demostrado que el actor Moreyra Marcelo, efectivamente se encontraba en las listas como Personal activo de Inteligencia del Batallón 601’”, agregó Camogli.
“El denunciante no quiso o no pudo demostrar que no es él la persona que tiene su mismo nombre, su mismo apellido y su mismo número de documento en los listados de personal civil de inteligencia de la dictadura”, ironizó.
El historiador aclaró, sin embargo, que el fallo judicial y la demostración de que Moreyra efectivamente se desempeñó como espía de la dictadura, “no indica que haya cometido algún delito, ni que sea el responsable del genocidio que sufrió el país; tan solo que fue parte del engranaje represivo en el rol de ‘buchón’, terminología que la propia jueza acepta como válida, ya que ‘está íntimamente ligada a como en el lunfardo se los llama a aquellas personas que por su oficio o profesión tienen que dar cuenta de las actividades que realizan las personas que espían o investigan’”.
Finalmente, Camogli, agradeció a los abogados que lo asistieron en el trámite judicial, Juan Martínez y Fernando Canteli, “ambos valientes letrados en los juicios por los Derechos Humanos en Misiones” y valoró: “Esta fue una batalla muy menor, muy mínima, pero fue una batalla más por la Memoria, la Verdad y la Justicia”.
La calle Moreyra
La calle que lleva el nombre de Moreyra está ubicada en el barrio Las Leñas, un complejo de viviendas del Instituto Provincial del Desarrollo Habitacional (Iprodha), y se extiende por 100 metros, entre las avenidas Malvinas Argentinas y Libertad.
El nombre de Moreyra se incluyó en el paquete de nomenclaturas de calles de cuatro barrios de Iguazú: Unión, Los Trabajadores, Primero de Mayo y Las Leñas, que se aprobó con la ordenanza 70/05, del 6 de octubre de ese año, reglamentada por el intendente Claudio Filippa, que por entonces transitaba su primera gestión.
Las calles de Las Leñas alternan entre nombres de escritores, políticos y personalidades destacadas, locales, provinciales, nacionales e internacionales.
Así, el nombre del ex espía del Batallón 601 comparte la galería de ilustres con escritores, como el nicaragüense Enrique Schmidt y los misioneros Celestino Montes y Mario Osten; los presidentes Bernardino Rivadavia, Roque Sáenz Peña, Julio Argentino Roca, Domingo Faustino Sarmiento y Bartolomé Mitre; la enfermera del hospital de Iguazú, Rufina Zubigaray; el médico, político y escritor misionero Luis Honorio Rolón; el guerrillero argentino cubano Ernesto Che Guevara; y Guillermo Isidoro Larregui Ugarte, que pasó a la historia como “El vasco de la carretilla”, al unir a pie la localidad patagónica de Trenque Lauquén con la ciudad de las cataratas, en una increíble travesía empujando su carretilla en 1943 y que murió en Puerto Iguazú en 1964.
En el nomenclador de calles de Las Leñas, aprobado hace 19 años en la ordenanza que piden reformar las organizaciones de derechos humanos que desenmascararon a Moreyra, también aparecen el Papa Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta.
“Creemos sinceramente que una Persona con este currículum no merece ningún tipo de honor ni homenaje en ningún lugar del mundo”, señalan los firmantes y piden a Bareiro y el resto de los concejales “reparar este error que en verdad es fácilmente corregible y necesario, para vivir con respeto en sociedad”.
Provinciales
El Concejo de Iguazú aprobó la emergencia por consumos problemáticos
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
Provinciales
Piden mesa de diálogo con la provincia por conflicto territorial en San Pedro
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
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Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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