Provinciales
Aicheler, de EMSA, dice que hay problemas porque crece la población y por las tormentas
El presidente de la empresa señaló que se invirtieron unos 100 millones de pesos. Pero admitió los inconvenientes en Puerto Iguazú y San Javier. Para los dos casos anunció cuáles serían las soluciones sobre las cuales trabajan.
POSADAS. El presidente de Energía de Misiones (EMSA), Guillermo Aicheler, atribuyó al crecimiento de la población y a los temporales los problemas que se plantean en la provisión de energía a los misioneros.
El directivo, que se justificó porque lleva solamente dos años al frente de la empresa, admitió los inconvenientes que se registraron recientemente en San Javier y en Puerto Iguazú, a pesar de que “ya se invirtieron unos 100 millones de pesos en obras”.
Aclaró que la situación crítica se debe a que “tenemos un crecimiento de 6 por ciento anual de conexiones nuevas y eso complica bastante. Uno planifica para una determinada cantidad de habitantes y de pronto, los asentamientos van creciendo exponencialmente y allí es donde empiezan los problemas”.
Remarcó que a la causa mencionada “se le suma que la región está sufriendo tormentas que pareciera que en otra época no ocurriera y eso van produciendo un desastre en las líneas y eso incrementa las necesidades de la gente”.
El aumento de población y las variaciones meteorológicas “nos atrasa las tareas y nuestra economía es limitada en ese sentido. Tratamos de ser austeros y lo hemos demostrado, pero hay que seguir invirtiendo en obras”, agregó.
En forma particular, dijo Aicheler que en el caso de San Javier “acordamos hacerles una línea nueva que permitirá dar una importante solución”, sacando “una línea que está en un parque con mucha vegetación”.
A partir de eso, habrá que “llevar la línea nueva desde el transformador de San Javier, haciendo un recorrido de más de mil metros, que incluye reemplazo de postes y cables protegidos y llegaríamos hasta la zona de la Aduana”, señaló.
Pero además, “estamos mandando personal para verificar en algunas zonas por qué hay baja tensión”.
En Puerto Iguazú, “cambiaremos toda una línea que desde hace un tiempo se instaló y que está como pinchada. Es un cable pre ensamblado recubierto y uno no sabe dónde está el problema, porque de repente se le exige el paso de la energía y comienza a quemarse solo”.
“Por eso tenemos que hacer un reemplazo de la línea con cables nuevos”, detalló, tras lo cual aclaró que “antes en Iguazú, cuando había un inconveniente, el corte era general, ahora ocurre por sectores”, en declaraciones al portal Misiones On Line.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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