Este 8 de junio se cumplen un año desde que la provincia de Misiones se adhirió al Sistema Integrado de casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG), una herramienta para registrar, procesar y analizar información sobre las consultas y/o denuncias de violencias de género de todo el país, con el fin de aportar en el diseño y monitoreo de políticas públicas.

“En ese momento éramos la sexta provincia en adherirse, hoy en día ya hay 17”, describió Celia Kozachik, a cargo de la Subsecretaría de la Mujer y la Familia, en diálogo con La Voz de Misiones.

“Desde ese momento empezamos a trabajar con las áreas de mujer y género que tenemos instaladas en cada municipio”, agregó.

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Tras este recorrido, hoy se llevó adelante la firma con los primeros 28 municipios que se adhieren a la red: “La próxima etapa se hará dentro de dos meses, con la firma de los restantes municipios”, afirmó la funcionaria.

“Hoy el broche de oro es justamente la decisión de todos los municipios para poder manejar esta red y ser parte de la carga de datos, que es lo más importante, ya que el sistema es un padrón donde se registra a todas las víctimas, todos los agresores y todas las acciones de abordaje”, manifestó la secretaria.

El sistema funciona a través de una aplicación web en la que se aloja un padrón integrado de consultas y casos que se identifican por tipo y número de documento de la persona en situación de violencia.

El SICVG constituye un sistema de gestión de la información para conocer en profundidad las características de las violencias de género y determinar el nivel de riesgo a través de una medición automática.

Con esta herramienta, es posible establecer los contextos en los cuales es más probable que las violencias se incrementen y pongan en riesgo la vida o la integridad física y psicológica de las personas que denuncian o hacen consultas, destacaron.

Hasta el momento, los diferentes organismos, tanto municipales como provinciales, solo contaban con un registro interno no vinculante a las demás instituciones que trabajan la misma temática. A partir de la adhesión a este registro, se podrá obtener de un panorama más completo, vinculando la información de los diferentes puntos de la provincia, al que cada organismo podrán ingresar a través de un código de privacidad de los datos.

“El Poder Judicial, el Instituto Provincial de Estadística y Censos, el Misterio de Desarrollo, Ministerio de Derechos, por nombrar algunos, y todos los que están involucrados o trabajan con temas vinculados a la violencia de género, se comprometieron a trabajar de manera conjunta, aportando los datos que cada uno tiene para desarrollar este sistema”, detalló.

“Nos vamos a nutrir de módulos federales como la línea 144, los dispositivos de protección territorial y los programas de casos de violencia extrema”, dijo la responsable de la Secretaría de la Mujer y la Familia.

La línea 144 fue creada en Argentina en virtud del artículo 9 de la Ley 26.485 de “Protección Integral a las Mujeres”, sancionada en el año 2009. Es el número asignado para la atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género, además de brindar asesoramiento y contención.

“Dentro de lo que son los módulos sociales, vamos a nutrirnos de la información que nos provea el programa Acompañar y el programa Apoyo Urgente y Asistencia Integral Inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género, para niños y niñas o hijos de víctimas de género”, añadió.

El programa Acompañar está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país. Su objetivo principal es fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género.

Por su parte, el programa Apoyo Urgente y Asistencia Integral Inmediata está dirigido a personas del grupo familiar y/o allegados de las víctimas de violencias. Quedan comprendidas también aquellas personas unidas por vínculos de parentesco o socio-afectivos. La asistencia consiste en apoyo económico, asistencia psicológica, asesoramiento legal, articulación para traslados y asesoramiento en la tramitación de la reparación establecida en la Ley N° 27.452.

Los casos ingresados, tanto con denuncia como sin denuncia, serán procesados y analizados, arrojando un informe bimestral con el porcentaje de víctimas, agresores y seguimiento de los abordajes que se hacen en Misiones.

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Ayer la plaza Islas Malvinas de Oberá congregó a los docentes nucleados en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL), para una asamblea provincial.

El grupo de educadores reunidos resolvió aumentar la suma del sueldo básico que reclama al gobierno, debido a las “políticas de ajustes”, manifestó el FTEL en un comunicado y agregó que “la primera aproximación en el primer semestre se está ejecutando un ajuste como base de un 15%, es un 15% menos en la olla de miles de trabajadores que día a día padecemos las consecuencias”.

Por ello, los gremios docentes pasarán de exigir un sueldo básico de $51.000,77 a pedir un aumento de $59.400,77 a cobrar en julio, “con monitoreo constante a las variables económicas”.

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Además, el FTEL resolvió en asamblea convocar a un paro de 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo, para mañana 8 y el viernes 9 de junio, llamando también a una movilización provincial en la localidad de San José, “dando tiempo al gobierno de convocar a una mesa de negociación salarial”, sostienen en el comunicado.

En caso de “no tener respuestas favorables por parte de la patronal”, los educadores acordaron ir a un paro nuevamente los días lunes 12, martes 13 y miércoles 14, de la próxima semana “con movilización y acampe” en Posadas.

Asimismo, se sumarán al paro al nacional convocado para los días jueves 15 y el viernes 16.

Durante la jornada de paro del día jueves, el FTEL realizará una nueva asamblea provincial para decidir las medidas de fuerzas que implementarán, en caso de que no se abra el diálogo con el gobierno provincial.

Por último, los docentes sostuvieron que continuarán con “los reclamos de incremento y pago de comedores escolares, construcción y mejoras de los edificios escolares, derogación de la Resolución 14/12, la circular 01 y la planilla adjunta 121 y conformar una comisión para la elaboración de una Grilla que otorgue equidad y justicia a los trabajadores”.

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En la segunda sesión ordinaria de la Cámara de Representantes de Misiones, realizada ayer, la diputada Blanca Álvez, del Partido Agrario y Social (Pays), realizó un pedido de informe sobre el derrame de residuos cloacales en la bahía El Brete de Posadas.

Álvez solicitó que el Ente Provincial de Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac) presente las evaluaciones que haya elaborado en los dos últimos años, en el marco de las auditorias y controles regulares de la fiscalización realizadas sobre los informes de controles del mantenimiento a la red cloacal de la planta depuradora que administra la empresa concesionaria del servicio, Samsa.

“Si se requirieron a Samsa informes técnicos a obras de mantenimiento de la red cloacal y la planta depuradora que se encuentran ejecutadas en el desarrollo del periodo 2022 y el transcurso del 2023”, quiso saber con su pedido la legisladora del Pays.

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En esa línea, la parlamentaria también pidió que se informe sobre cuáles fueron las medidas y las evaluaciones del impacto socioambiental que se tomó a raíz del incidente y medidas de la sanción que correspondieron implementar por los incumplimientos de la empresa.

“Esto no solo afecta a los clubes náuticos, sino también a la salud de cientos de chicos que vienen haciendo sus tareas recreativas en la zona de la bahía del Brete”, manifestó en la Cámara.

Y agregó: “También todo lo que ocasiona en los alrededor de lo que es El Brete, por eso pedimos el informe al Eprac, cuáles son las medidas, si se están haciendo las inversiones que se tienen que hacer para poder subsanar esto y que no siga pasando”.

Por su parte, la diputada provincial del bloque PRO, Mikaela González Coria, también presentó un proyecto de pedido de informe sobre los derrames cloacales en la bahía de El Brete.

“Para que la empresa concesionaria de servicio de agua potable y tratamiento desagües cloacales de la ciudad de Posadas Samsa, a través del área que corresponda, informe sobre la presencia de materia fecal por defecto de la tubería en la zona”, sostuvo la diputada macrista.

Seguidamente, la legisladora manifestó que a los posadeños “les genera un gran malestar, están pidiendo una solución”, al tiempo que añadió que desde el bloque “consideramos que también es una decisión política que el Ejecutivo exija a la empresa, que le dé 72 horas hábiles, como corresponde, para que subsane lo que está pasando”.

Por último, Coria pidió que apliquen multas por lo ocurrido a la empresa prestadora del servicio en la capital provincial.

Pedido en el Concejo

En el Honorable Concejo Deliberante de Posadas, también se presentó un proyecto de informe por la materia fecal que apareció el pasado 15 de mayo en la bahía El Brete, por la rotura de un caño, por lo cual las actividades en el río están suspendidas desde entonces.

El concejal Santiago Koch, del bloque Juntos por el Cambio (JxC), pidió que se ponga en conocimiento de los ediles las acciones llevadas adelante por el municipio, en razón de “la liberación de materia fecal humana y aguas residuales en la cuenca del río Paraná”.

En segundo lugar, solicitó las actuaciones de oficio que “debió llevar adelante el Juzgado Municipal de Faltas de turno en el mes de mayo”.

Y por último, en su proyecto de informe, el edil requirió el plan de reparación por “el daño ambiental ocasionado”.

“Hace más de quince días estamos viviendo una situación indeseable, en un lugar muy concurrido, muy importante de nuestra ciudad y que realmente nosotros queremos conocer qué tipos de actividades llevaron adelante el municipio”, manifestó.

Y añadió: “La contaminación es clara y concreta, y hoy en día no hay ninguna información. Es el Ejecutivo municipal quien tiene la potestad por carta orgánica, por ordenanza, por leyes y por nuestra Constitución Nacional de poder exigir el cumplimiento de las normativas vigentes a las empresas que prestan estos servicios”.

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