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Acusan a Colita Galarza de “tráfico de influencias” por manejo de capacitaciones

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La secretaria general del Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo (Semab), Mariana Lescaffete, planteó que el presidente del Consejo General de Educación de la provincia (CGE), Alberto Galarza, incurrió en el “tráfico de influencias”, al valerse de su cargo para obtener beneficios personales y para sus allegados.

La sindicalista dirigió ayer una nota al mismo Galarza, donde hizo un relato de los hechos que llevaron al gremio docente a acusar al titular del CGE de incurrir en un delito contemplado en el artículo 256 y concordantes del Código Penal de la República Argentina.

El Semab acusa a Galarza de tráfico de influencias y de discriminación, por la metodología implementada en el otorgamiento de certificados por capacitaciones a los docentes.

Aranceles

En la nota, Lescaffete acusa a Galarza de haber aprobado e impulsado capacitaciones docentes aranceladas en eventos desarrollados en la provincia de Santiago del Estero por resoluciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones.

Según expone la sindicalista, se trata de capacitaciones que acreditan la identidad del docente y la valoración obtenida en la Junta de Clasificación y Disciplina mediante un código QR.

La titular del Semab cita dos resoluciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones, la N° 123, del 1 de julio de 2022, y la N° 242, del 9 de agosto de 2023, que aprobaron y auspiciaron dos congresos internacionales realizados en Santiago del Estero.

“Estos congresos cuentan con un certificado oficial con código QR implementado de resoluciones y de Validación de Identidad, que permite la carga inmediata y sin objeciones de dicho certificado en el legajo docente por parte de la Junta de Clasificación y Disciplina de la Provincia de Misiones, así como el acceso a la valoración docente respectiva”, relata Lescaffete.

La gremialista señala que la primera de las resoluciones es del mismo día de realización del congreso santiagueño y la segunda es muy posterior, ya que tiene fecha de agosto, mientras que el evento se realizó en abril.

“La Resolución N°242 del 09/08/23 aprueba y auspicia un congreso realizado el 28/04/23, que expresamente tal lo establece el instrumento legal fuera solicitado por usted en carácter de director general del CGE, donde se difunde la participación gratuita”, continúa la nota.

“Sin embargo, para la certificación se pone como condición el pago del arancel acreditado como prueba que obra en nuestro poder, siendo que uno de los requerimientos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia es no promocionar las capacitaciones antes de contar con la respectiva resolución y, en este caso, la resolución es posterior al congreso aprobado y auspiciado”, se explica.

Lescaffete considera que “esto se constituye en práctica desleal” hacia los docentes nucleados en el Semab, puesto que “habiendo presentado y cumplimentado todos los requisitos solicitados por ese ministerio y con las resoluciones de aprobación en mano, no puede lograr que a la fecha le valoren todas las capacitaciones dictadas en 2022, que fueran reclamadas por recursos presentados que a la fecha no han sido contestados”.

“Mientras que en la provincia de Misiones la Junta de Clasificación y Disciplina no valora ni reconoce cursos gratuitos dictados por el Semab en convenio con otras instituciones reconocidas a nivel nacional, ese organismo sí reconoce y valora congresos solicitados por el presidente del CGE, que son dictados en la provincia de Santiago del Estero y que tienen un arancel de $3.000 que deben ser abonados si el docente pretende obtener el certificado para que impacte en su legajo con la correspondiente valoración”, expone.

“Se ha constatado que los docentes que realizaron el congreso el 1 y 2 de julio de 2022 y que ingresaron sus certificados a la Junta de Clasificación y Disciplina en el mes de septiembre 2022 han visto el impacto en su legajo y valoración el mismo día del ingreso de dicho certificado”, agrega.

“Esta situación pone en evidencia que el CGE viene implementando desde el año pasado el sistema Siryc, que otorga, a través de un código QR, la valoración de capacitaciones docentes que son aprobadas y auspiciadas por el Ministerio de Educación provincial, pero que se llevan a cabo de manera arancelada en la provincia de Santiago del Estero, mientras en la provincia de Misiones recién este año el presidente del CGE ha puesto a consideración de los sindicatos con representación nacional dicho sistema para analizar la posibilidad de implementación, lo que pone en evidencia el usufructo de información privilegiada por parte del mismo”, señala.

Discriminación

Lescaffete sostiene, en su escrito a Galarza, que el Semab considera un acto de “discriminación laboral” el hecho de que la Junta de Clasificación y Disciplina valore y acredite “únicamente” los cursos solicitados por Galarza.

“El presidente del CGE, en tanto funcionario público con facultades administrativas, tiene acceso a información privilegiada (QR) y la utiliza en beneficio propio o de terceros, perjudicando gravemente tanto a esta entidad gremial como a los docentes que no fueron oportunamente valorados, perdiendo así la posibilidad de ascender a padrones de mayor jerarquía para acceder a cargos jerárquicos y/u horas de los diferentes niveles (principalmente el nivel superior)”, denuncia.

Lescaffete argumenta que “esta práctica ilegal y, en principio, condenable éticamente, también tiene efectos legales por los daños y perjuicios ocasionados; se inscribe dentro de los delitos contra la administración pública y se denomina ‘tráfico de influencias’, en los términos establecidos en el artículo 256 y concordantes del Código Penal Argentino”.

“El presidente del CGE aprovecha el ejercicio de las funciones a su cargo y utiliza sus relaciones personales con otros funcionarios públicos para conseguir una resolución que le genera un beneficio económico para sí y para terceros, lo que atenta contra el correcto funcionamiento del organismo a su cargo”, acusa.

Finalmente, la secretaria general del Semab solicita “un informe de la situación planteada y que se habiliten los mecanismos necesarios para discutir y elaborar de manera conjunta con los sindicatos de la Mesa de Diálogo y Comunicación una resolución que reglamente la implementación del código QR a fin de que todas las organizaciones sindicales en convenio con los institutos de formación habilitados puedan otorgar capacitaciones variadas y de calidad accesible para todos los docentes de la provincia sin discriminación de ninguna índole”.

NOTA TRÁFICO DE INFLUENCIAS

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La provincia incorporó a 26 trabajadores de Salud que dependían de Nación

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Este lunes se firmaron 26 nuevos contratos de profesionales para los centros de atención primaria y hospitales de El Soberbio, San Pedro, Irigoyen, Alem y Posadas, quienes anteriormente integraban el Plan Enia (Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia), pero que en abril pasado fueron desvinculados con la eliminación del programa por parte del gobierno de Javier Milei.

Consultado por La Voz de Misiones, el ministro de Salud, Héctor González, confirmó que de los 45 profesionales misioneros desvinculados del plan Enia, 26 de ellos pasaron a ser empleados contratados en relación de dependencia por el Ministerio de Salud Pública de Misiones.

Sobre esto, el titular de Salud, detalló que “básicamente continuarán haciendo su trabajo en terreno, pero dependiendo del Ministerio de Salud de la provincia”, y añadió que “se desempeñarán en diferentes áreas, más allá de que su trabajo continuará en terreno. También tenemos la Red de Prevención del Suicidio. Estarán incorporados al sistema de salud pública, sin depender de Nación solamente con el tema de embarazo adolescente. La idea es que hagan un buen trabajo en conjunto con todo el personal de Salud”.

Profesionales desvinculados del Plan Enia fueron insertados formalmente al sistema de salud provincial

La incorporación se realizó a través de una presentación oficial desarrollada en el salón auditórium del Ministerio, donde los empleados firmaron sus respectivos contratos. “Este paso no solo representa la mejora en la estabilidad laboral de los profesionales, sino que también se traduce en un esfuerzo significativo para el sistema de salud de la región”, afirmaron en un comunicado.

Participaron del evento el titular de la cartera sanitaria, el subsecretario de Recursos Humanos y Planificación, Rodolfo Fernández Sosa y el director de la Dirección de Recursos Humanos, Daniel Mattivi.

Otro desguace de Nación

El Plan Enia comenzó a funcionar a nivel nacional en 2017, abordando el embarazo adolescente desde una perspectiva integral, expandiéndose a lo largo y ancho del país debido a su eficacia y logrando reconocimiento internacional en diferentes puntos del continente debido a su diseño y su impacto en la reducción de la tasa de fecundidad adolescente.

En la provincia de Misiones, particularmente, el plan había logrado reducir el embarazo adolescente en un 50,93% a lo largo de 7 años. Sin embargo, en abril pasado el presidente Javier Milei anunció su eliminación, lo que se tradujo en la desvinculación de 45 profesionales y la “desarticulación de una política pública que hasta entonces había logrado grandes resultados”, aseguraron desde el área.

En términos concretos, consistía en promocionar el acceso a métodos anticonceptivos reversibles de larga duración, como implantes subdérmicos y DIU, así como la atención integral en las escuelas y Caps, con una amplia gama de temas relacionados con la salud sexual y reproductiva, la identidad de género, la violencia, la salud mental, entre otros.

 


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La Unam pidió a legisladores misioneros votar contra el veto universitario

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Luego de la masiva marcha universitaria que albergó alrededor de 5.000 manifestantes en Posadas y un millón en la Ciudad de Buenos Aires, y a menos de 24 horas de la sesión especial en la que se debatirá el veto contra la Ley de Financiamiento Universitario, autoridades educativas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) realizaron una conferencia para reiterar su pedido a los legisladores de cara a la discusión que se llevará a cabo mañana en el Congreso Nacional.

Durante el encuentro, el docente universitario y secretario general de la Adunam, Rubén Stasuk afirmó: “Convocamos a todos los diputados provinciales, muy particularmente al caso de Misiones, para que acompañen con un “sí” al presupuesto universitario y “no” al veto”.

Por su parte, el vicerrector Sergio Katogui expuso la preocupación de toda la comunidad universitaria ante la posibilidad de que finalmente sea vetada la ley de financiamiento educativo. “Este año nos vimos obligados a no dar continuidad plena a todos los programas de contención social. Eso ha repercutido directamente en el sector más vulnerable que tiene la universidad que son los estudiantes, quienes debieron abandonar sus estudios”, señaló.

Si bien no pudo precisar una cifra exacta, Katogui aseguró que la tendencia es preocupante y esperan que “el impacto se refleje con más claridad a fin de año”.

En cuanto a los demás claustros señaló que “los docentes y no docentes, que están desde el inicio de sus carreras, son los que menores ingresos tienen y han visto gravemente dañadas sus economías personales y familiares por el marcado retroceso que hay de nuestros ingresos”.

Conferencia de prensa en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales

La depresión salarial correspondiente a ese sector fue del 63,7% en los últimos meses. Anoche, el Gobierno nacional otorgó un aumento de 5,8% para octubre, con lo cual se encuentran muy lejos de recuperar la pérdida del poder adquisitivo generado por la inflación.

“Creemos en el presente y el futuro de los jóvenes misioneros que aspiran a la universidad pública. Muchos de los chicos que viven en Misiones migran ocasionalmente a Chaco, a Corrientes o van a otras provincias a cursar porque el sistema universitario es uno y único en el país, por lo que hay que defenderlo“, agregó el docente y referente de Udum, Hernán Cazzaniga.

Para finalizar, agregó: “Sabemos que tanto la abstención, como la ausencia o el voto negativo, es un voto destructivo a la educación pública, sobre todo de cara a lo que fue el proyecto de ley de presupuesto 2025 que está en tratamiento y supone una quita al sistema universitario de entre 25% y 30% para ese año. Es decir, sobre el deterioro actual se está planteando un deterioro mayor. Claramente intentan desmantelar el sistema de educación pública, como se está desmantelando el sistema de salud”.

Diferentes posturas camino al Congreso

Tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, por Decreto 879/24 publicado en el Boletín Oficial de la Nación a pocas horas de la marcha universitaria federal, los bloques Hacemos Coalición Federal, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica pidieron una sesión especial para el 9 de octubre con el objetivo de rechazar el decreto del presidente Javier Milei, para lo que deberán reunir dos tercios de los presentes en el recinto.

Esto es así ya que con la publicación del mencionado decreto, el gobierno nacional estableció que el proyecto de ley 27.757, sancionado el 12 de septiembre, se observe en su “totalidad” y vuelva al Honorable Congreso de la Nación (HCN).

En cuanto a los legisladores misioneros, fuentes del bloque misionerista en la Cámara señalaron a La Voz de Misiones que mantendrán el apoyo a la ley de financiamiento universitario que ya manifestaron en la ocasión de su tratamiento y sanción.

En contraste, el radical Martín Arjol, sugirió que podría acompañar al gobierno en función de mantener el equilibrio fiscal.

De esta manera, el oficialismo debe reunir 87 diputados para sostener el veto. Pero, como se trata de dos tercios de los presentes, también tendrán un rol estratégico los ausentes. Al respecto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió que “si hay rechazo al veto, no lo vamos a acatar, porque es ilegal un aumento sin especificar los fondos”.

Unas 5.000 personas coparon las calles de Posadas en defensa de la universidad


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Capacitan sobre protocolos de prevención del suicidio en ámbitos educativos

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La Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio realizó en la mañana de hoy el lanzamiento de una serie de talleres y capacitaciones a fin de brindar herramientas para la elaboración de protocolos en escuelas e instituciones educativas distribuidas a lo largo y ancho de la provincia. 

“Uno de los  objetivos principales es que los profesionales que se desempeñan en el ámbito educativo conozcan acerca de la temática del suicidio y puedan tener herramientas para intervenir, detectar y acompañar a los alumnos que puedan presentar ideación suicida o estar en crisis”, afirmó la coordinadora de la Comisión, la licenciada Natalia Falcone.

Sobre la primera capacitación señaló que “los destinatarios son los integrantes del Gabinete Psicopedagógico Itinerante (GPI) de toda la provincia. Las mismas se realizarán como parte de las acciones de prevención que lleva adelante la Comisión”. 

Autoridades educativas durante el lanzamiento de talleres y capacitaciones

Simultáneamente, el Ministerio de Educación ha elaborado un protocolo que incluye pasos de acción claros, actas y demás recursos que las escuelas necesitan para estar preparados ante casos de intentos o consumación del suicidio.

Durante el encuentro de hoy también destacaron que se trabajará en la postvención, en los casos que así lo requieran. Consistirá en un “acompañamiento tras una muerte por suicidio, ya que es crucial que la escuela pueda procesar este duelo y detectar si alguna persona necesita ayuda específica”.

Cabe señalar que el ciclo de capacitaciones se extenderá a otros sectores dentro del sistema educativo. En una etapa posterior, se capacitará a los directivos de las escuelas y a toda aquella persona vinculada con la educación que pueda ayudar a la prevención.

“El sistema educativo es uno de los organismos con mayor alcance territorial, por lo que trabajar en él permitirá un abordaje efectivo en la detección y tratamiento de situaciones de riesgo”, añadieron a través de un comunicado. 

Una política de Estado

La Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio fue creada recientemente por el gobernador Hugo Passalacqua, como respuesta a los preocupantes índices de suicidios en la provincia, los cuales arrojan un promedio de 180 casos por año.

Al conformarse, se ha establecido que serán parte de la misma la Vicegobernación; el Ministerio de Salud Pública; Ministerio de Educación; Ministerio de Gobierno; Ministerio de Prevención de Adicciones; el Servicio Provincial de Enseñanza privada (SPEPM); el consejo General de Educación y el Instituto de Previsión Social (IPS).   

El lanzamiento fue encabezado por el ministro de Educación, Ramiro Aranda; la presidente del Consejo General de Educación, Daniela Lopez; el director general de control pedagógico del SPEPM, Marcelo Gimenez; el secretario general del CGE, Francisco Carosini; la directora de políticas estudiantiles, Emilia Lunge; y Ricardo Martin Coordinador del GPI, quien estuvo acompañado por integrantes de ese gabinete, de las localidades de Posadas, Garupá, Oberá, Eldorado, Iguazú, El Soberbio, Bernardo de Yrigoyen y Leandro N. Alem.

Misiones creó una Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio

 

Fotos: Marcos Otaño


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