Provinciales
Acusan a Colita Galarza de “tráfico de influencias” por manejo de capacitaciones

La secretaria general del Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo (Semab), Mariana Lescaffete, planteó que el presidente del Consejo General de Educación de la provincia (CGE), Alberto Galarza, incurrió en el “tráfico de influencias”, al valerse de su cargo para obtener beneficios personales y para sus allegados.
La sindicalista dirigió ayer una nota al mismo Galarza, donde hizo un relato de los hechos que llevaron al gremio docente a acusar al titular del CGE de incurrir en un delito contemplado en el artículo 256 y concordantes del Código Penal de la República Argentina.
El Semab acusa a Galarza de tráfico de influencias y de discriminación, por la metodología implementada en el otorgamiento de certificados por capacitaciones a los docentes.
Aranceles
En la nota, Lescaffete acusa a Galarza de haber aprobado e impulsado capacitaciones docentes aranceladas en eventos desarrollados en la provincia de Santiago del Estero por resoluciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones.
Según expone la sindicalista, se trata de capacitaciones que acreditan la identidad del docente y la valoración obtenida en la Junta de Clasificación y Disciplina mediante un código QR.
La titular del Semab cita dos resoluciones del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones, la N° 123, del 1 de julio de 2022, y la N° 242, del 9 de agosto de 2023, que aprobaron y auspiciaron dos congresos internacionales realizados en Santiago del Estero.
“Estos congresos cuentan con un certificado oficial con código QR implementado de resoluciones y de Validación de Identidad, que permite la carga inmediata y sin objeciones de dicho certificado en el legajo docente por parte de la Junta de Clasificación y Disciplina de la Provincia de Misiones, así como el acceso a la valoración docente respectiva”, relata Lescaffete.
La gremialista señala que la primera de las resoluciones es del mismo día de realización del congreso santiagueño y la segunda es muy posterior, ya que tiene fecha de agosto, mientras que el evento se realizó en abril.
“La Resolución N°242 del 09/08/23 aprueba y auspicia un congreso realizado el 28/04/23, que expresamente tal lo establece el instrumento legal fuera solicitado por usted en carácter de director general del CGE, donde se difunde la participación gratuita”, continúa la nota.
“Sin embargo, para la certificación se pone como condición el pago del arancel acreditado como prueba que obra en nuestro poder, siendo que uno de los requerimientos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia es no promocionar las capacitaciones antes de contar con la respectiva resolución y, en este caso, la resolución es posterior al congreso aprobado y auspiciado”, se explica.
Lescaffete considera que “esto se constituye en práctica desleal” hacia los docentes nucleados en el Semab, puesto que “habiendo presentado y cumplimentado todos los requisitos solicitados por ese ministerio y con las resoluciones de aprobación en mano, no puede lograr que a la fecha le valoren todas las capacitaciones dictadas en 2022, que fueran reclamadas por recursos presentados que a la fecha no han sido contestados”.
“Mientras que en la provincia de Misiones la Junta de Clasificación y Disciplina no valora ni reconoce cursos gratuitos dictados por el Semab en convenio con otras instituciones reconocidas a nivel nacional, ese organismo sí reconoce y valora congresos solicitados por el presidente del CGE, que son dictados en la provincia de Santiago del Estero y que tienen un arancel de $3.000 que deben ser abonados si el docente pretende obtener el certificado para que impacte en su legajo con la correspondiente valoración”, expone.
“Se ha constatado que los docentes que realizaron el congreso el 1 y 2 de julio de 2022 y que ingresaron sus certificados a la Junta de Clasificación y Disciplina en el mes de septiembre 2022 han visto el impacto en su legajo y valoración el mismo día del ingreso de dicho certificado”, agrega.
“Esta situación pone en evidencia que el CGE viene implementando desde el año pasado el sistema Siryc, que otorga, a través de un código QR, la valoración de capacitaciones docentes que son aprobadas y auspiciadas por el Ministerio de Educación provincial, pero que se llevan a cabo de manera arancelada en la provincia de Santiago del Estero, mientras en la provincia de Misiones recién este año el presidente del CGE ha puesto a consideración de los sindicatos con representación nacional dicho sistema para analizar la posibilidad de implementación, lo que pone en evidencia el usufructo de información privilegiada por parte del mismo”, señala.
Discriminación
Lescaffete sostiene, en su escrito a Galarza, que el Semab considera un acto de “discriminación laboral” el hecho de que la Junta de Clasificación y Disciplina valore y acredite “únicamente” los cursos solicitados por Galarza.
“El presidente del CGE, en tanto funcionario público con facultades administrativas, tiene acceso a información privilegiada (QR) y la utiliza en beneficio propio o de terceros, perjudicando gravemente tanto a esta entidad gremial como a los docentes que no fueron oportunamente valorados, perdiendo así la posibilidad de ascender a padrones de mayor jerarquía para acceder a cargos jerárquicos y/u horas de los diferentes niveles (principalmente el nivel superior)”, denuncia.
Lescaffete argumenta que “esta práctica ilegal y, en principio, condenable éticamente, también tiene efectos legales por los daños y perjuicios ocasionados; se inscribe dentro de los delitos contra la administración pública y se denomina ‘tráfico de influencias’, en los términos establecidos en el artículo 256 y concordantes del Código Penal Argentino”.
“El presidente del CGE aprovecha el ejercicio de las funciones a su cargo y utiliza sus relaciones personales con otros funcionarios públicos para conseguir una resolución que le genera un beneficio económico para sí y para terceros, lo que atenta contra el correcto funcionamiento del organismo a su cargo”, acusa.
Finalmente, la secretaria general del Semab solicita “un informe de la situación planteada y que se habiliten los mecanismos necesarios para discutir y elaborar de manera conjunta con los sindicatos de la Mesa de Diálogo y Comunicación una resolución que reglamente la implementación del código QR a fin de que todas las organizaciones sindicales en convenio con los institutos de formación habilitados puedan otorgar capacitaciones variadas y de calidad accesible para todos los docentes de la provincia sin discriminación de ninguna índole”.
NOTA TRÁFICO DE INFLUENCIASProvinciales
Evacuaron familias en El Soberbio y San Javier por crecida del Uruguay

Durante la madrugada de hoy intensificaron las tareas de asistencia y prevención en varias localidades costeras por la crecida del río Uruguay, que superó los niveles de alerta en varios puntos, siendo El Soberbio y San Javier las más comprometidas con activación de evacuaciones preventivas.
De esta manera, desde muy temprano y bajo temperaturas de un dígito, efectivos de la Unidad Regional VIII de El Soberbio, en conjunto con el Comando Radioeléctrico local, colaboraron en la evacuación de familias afectadas por el aumento del caudal del río Uruguay.
Puntualmente en el barrio Unión, dos familias compuestas por tres adultos y seis menores fueron trasladadas al polideportivo municipal, mientras que otras dos familias, conformadas por tres adultos y dos menores, se autoevacuaron hacia domicilios de allegados. Asimismo, en el barrio Maracaná, una familia de cuatro integrantes también se reubicó por sus propios medios.
En esa localidad la municipalidad activó el comité de crisis ayer domingo en horas de la tarde, luego de que el nivel del río alcanzara los 10,40 metros de altura, con tendencia ascendente de 30 centímetros por hora.
Mientras que, en la mañana de hoy, según el último relevamiento realizado a las 06:05, la altura del río alcanzó los 13,20 metros, con una velocidad de crecimiento de 20 centímetros por hora, superando la cota de evacuación establecida en 13 metros.
En tanto, en San Javier, la Unidad Regional VI trabajó en articulación con Prefectura Naval Argentina y el comité de crisis local.
El relevamiento efectuado a las 06:30 indica que el río Uruguay se encontraba en 8,32 metros, aumentando a un ritmo de 16 centímetros por hora, superando la cota de alerta (8,00 m) y acercándose al umbral de evacuación (10,00 m).

La crecida del río compromete los cauces de arroyos que atraviesan caminos
Cierre de pasos fronterizos
Luego de que el río superara la altura de 8 metros, alcanzado el nivel de 13,20 metros en El Soberbio y 8,32 metros en San Javier -con tendencia creciente- la Prefectura Naval Argentina (PNA) resolvió cerrar los pasos fronterizos fluviales que conectan a la provincia de Misiones con localidades ribereñas de Brasil.
De esta manera, el servicio de balsas permanecerá suspendido hasta nuevo aviso en los pasos El Soberbio-Porto Soberbo, Alba Posse-Porto Mauá y San Javier-Porto Xavier.
La crecida es resultado de las constantes precipitaciones registradas en la región y a la apertura de compuertas en la represa de Chapecó, por lo que en las localidades ribereñas la Policía de Misiones continúa desplegando patrullajes preventivos, monitoreo constante de zonas vulnerables y asistencia a las familias afectadas, en coordinación con autoridades municipales, sanitarias y de emergencia.
Provinciales
Extendieron hasta el 30 de septiembre los programas Ahora

El gobernador Hugo Passalacqua anunció este viernes la extensión hasta septiembre de todos los programas Ahora, herramienta que busca impulsar el comercio y dinamizar la economía local con reintegros y cuotas sin interés.
Según señaló el mandatario provincial, los diferentes programas fueron prorrogados hasta el 30 de septiembre, gracias a un nuevo acuerdo rubricado por el gobierno provincial junto a entidades bancarias y empresas privadas que forman parte de la iniciativa.
De esta manera, los programas Ahora Misiones, Bienes Durables, Mujer, Viajá por Misiones, Estudiantes, Construcción, Carne, Gastronomía, Feria, Mascotas, Pan, Gas, Neumáticos y el último en ser implementado, Góndola Bernardo de Irigoyen, continuarán vigentes durante tres meses más.
Para conocer las características de cada plan, como así también sus bases y condiciones para ser parte de ellas, los interesados pueden ingresar a la web oficial.
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Provinciales
Iniciarán obras viales en Santo Pipó tras la muerte de tres personas

A raíz de las movilizaciones de la comunidad de Santo Pipó para exigir medidas de seguridad en la ruta nacional 12, a la altura del arroyo Apepú, donde un siniestro vial se cobró la vida de tres personas, entre ellas un niño de 4 años, la intendenta Claudia Acuña prometió obras viales en la zona.
Durante la jornada de ayer, en una segunda caminata realizada desde la terminal vieja hasta la Municipalidad de la localidad, los vecinos fueron atendidos por la alcalde Acuña, quien escuchó sus reclamos y asumió el compromiso de ejecutar medidas que garanticen la seguridad en el barrio Apepú y su conexión con la arteria nacional.
Con los compromisos asumidos por el Municipio, este viernes iniciarán los trabajos para instalar iluminación en los caminos internos de la ruta nacional 12. También gestionarán la colocación de un radar y la apertura de una calle paralela a la arteria con el objetivo de ofrecer una circulación más segura en el barrio Apepú.
Por otro lado, los vecinos de Santo Pipó elaboraron una nota a Vialidad Nacional para solicitar la “construcción de colectoras, reparación y nivelación de banquinas y colocación y reposición de señalización vertical y horizontal”, precisó Emilce Correa, una joven de la localidad que impulsó la movilización.
“Tuvimos una reunión con la intendenta Acuña, los concejales, los padres de las víctimas del viernes 20 y conmigo que perdí a mi hermano también en el mismo trayecto hace 8 meses”, contó Emilce a LVM.
Y añadió: “A partir de este viernes se comienza a trabajar en esos puntos de emergencia. Aclaramos que vamos a esperar hechos, igualmente respetando y dando tiempo para que se realice”.
En tanto, por medio de la Municipalidad, pidieron a la empresa Energía Misiones la “iluminación adecuada y suficiente sobre la ruta nacional 12 en el tramo que atraviesa la localidad”.
El siniestro vial que despertó el reclamo de los vecinos santopiposeños ocurrió el pasado viernes 20 de junio, cuando un colectivo larga distancia perteneciente a la empresa Singer embistió a una moto Gilera 110 en la que circulaban Priscila Erika Venegas (22), su hijo Gael Zárate (4) y su hermana Yamila Venegas (15).
Producto del siniestro, Priscila y su pequeño de 4 años perdieron la vida en el acto, mientras que Yamila quedó gravemente herida, siendo trasladada de urgencia al Hospital Madariaga en Posadas, donde permaneció dos días internada hasta que en la tarde-noche del domingo el nosocomio comunicó su deceso.
Santo Pipó: vecinos marcharon por medidas de seguridad por muertes en ruta 12
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