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A 11 años de la tragedia de Salto Encantado: “La precarización continúa”

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El 17 de junio de 2013, un viejo camión Ford 7000, transportaba alrededor de 20 tareferos, cuando en un momento dado, despistó y volcó sobre la banquina de la ruta provincial 220, a unos 400 metros del acceso al Parque Salto Encantado de Aristóbulo del Valle, provocando la muerte de ocho personas.

A raíz de la tragedia ocurrida hace 11 años fueron varios los debates y reclamos que afloraron en torno a la explotación y precarización de tareferos en Misiones. Entrevistado por La Voz de Misiones, Hugo Sand reconoció que “muy poco ha cambiado la situación de los tareferos. Si bien a partir de ese hecho el Estado comenzó a exigir que el transporte no sea sobre la carga -eso se ha mejorado mucho, ya no viajan arriba de los raídos- pero sí continúan viajando sobre las camionetas”.

En esa línea, al evaluar posibles soluciones, profundizó: “La precarización es una realidad que continúa, el pequeño productor no tiene la capacidad para comprarse una combi y llevar a los obreros rurales. Yo creo que esto se solucionaría muchísimo si los tareferos en vez de vivir en las villas miserias pudiesen vivir en la chacra del colono y no tener que estar trasladándose permanentemente”.

De esta manera, el ex director del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), en la década del 2000, y actual presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), resaltó la importancia de llamar a la memoria y retomar el diálogo de cara a una agenda común con el sector productivo, considerando algunas de las políticas implementadas por el gobierno nacional que pegan de lleno al rubro.

El debate en agenda

Justamente, es en el marco de un nuevo aniversario de la Tragedia de Salto Encantado que los referentes del sector yerbatero nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores Rurales (Suor), la Federación de Trabajadores Agrarios de la República Argentina (Fetara), la Corriente Nacional Martín Fierro y el Frente Patria Misiones convocaron hoy a la jornada denominada “Defendiendo lo nuestro. Yerba Mate, Trabajo, Producción y Justicia Social” en Posadas.

La actividad se realizará de 10 a 14. El cronograma iniciará con un “abrazo al Inym”, en su sede ubicada por calle Rivadavia 1515, para luego dar lugar a una charla debate, por calle Entre Ríos 1332, con distintos expositores, entre ellos, Hugo Sand y Ricardo Kalisco, como integrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam); Ariel Steffen, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (Acpyn); Amalia Fleitas, pequeña productora de Apóstoles; Ana Rosa Cubilla del Sindicato Único de Obreros Rurales; Roque Pereira, de la Asociación de Tareferos de Zona Centro y Alfredo Almeida, de las Asociaciones Tareferas de Wanda.

En la difusión del evento, afirmaron que “las últimas medidas del Gobierno Nacional con liberación de importaciones, desregulación de las economías regionales y organismos como el Inym, la eliminación del monotributo social y el desentendimiento de los subsidios interzafra, dañan a los productores y a los trabajadores rurales mientras que benefician a históricos intereses concentrados”.

La máquina desplazará al hombre

En la previa a esta jornada de debate en el Inym, Sand recordó con preocupación el desplazamiento de peones rurales que produjo la implementación de maquinaria para la cosecha de té a partir de la década del 60´, lo que repercutió tanto en la mano de obra, como en la calidad del producto, implicando la pérdida de competitividad en grandes mercados.

En este sentido, el productor, que además egresó como Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional del Nordeste en 1983, vaticinó el advenimiento de un panorama similar para la cosecha de yerba mate. “La cosecha mecánica está llegando y va desplazar la mano de obra”.

A esto agregó: “Veo que la tecnología y el conocimiento no están a favor de la gente, sino que está a favor de los grandes empresarios. Estas máquinas cosechan en cinco horas 7.000 kilos de yerba mate. Esto va a producir un desplazamiento muy grande de mano de obra. De las 15.000 familias tareferas, 12.000 quedarían completamente desocupadas si se mecaniza la cosecha de yerba. A esto se suman los problemas que ya registra la interzafra y se agravaría con la implementación de maquinarias. La responsabilidad social de los empresarios deja mucho que desear en este punto”.

Alerta por el uso de venenos

Al referirse al uso de venenos en las chacras misioneras, citó un estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), que correlaciona los kilos o litros de veneno por habitante en diferentes países del mundo: “Ese índice para Brasil es de un 1,6 litro por brasileño, lo mismo ocurre en EE.UU. e Israel, todos menos de dos litros. En Europa menos de un litro de veneno por persona y acá en Argentina somos campeones mundiales en fútbol y campeones mundiales en el uso de veneno. Estamos en 13 litros y eso es sumamente complicado”.

En ese contexto, recordó la ley impulsada por el gobierno de la provincia, que prohíbe el uso de glifosato y que comenzará a regir en 2025, sobre la que refirió “es una cortina de humo porque el roundup o el glifosato es un veneno, pero hay muchísimos otros venenos que siguen estando permitidos. Para colmo los colonos mezclan los distintos venenos y se envenena todo; el ambiente, el agua, la tierra y los colonos, lo que termina provocando enfermedades como labios leporino, espinas bífidas, leucemias y cáncer, como resultado del uso y abuso de estos venenos, como ya lo denunció el doctor Hugo Gómez Demaio hace varios años atrás, lo peligroso que son estos venenos”.

Como alternativa, Sand incentiva la transición a producciones “más sanas”, aludiendo a la agroecología como herramienta fundamental para la agricultura misionera, cuya técnica de cultivo también se puede aplicar a la producción de yerba mate.

Hugo Sand es productor y egresó de la carrera de Ingeniero Agrónomo en 1983.

“El Dios mercado”

Ante las políticas implementadas por el presidente Javier Milei, que incluyeron la desregulación del Inym y con ello la falta de nombramiento de un nuevo presidente, refirió: “Hay una lenta agonía, se está muriendo el Inym y ahora el precio de la materia prima lo fijen los adoradores del Dios Mercado. Nosotros hicimos nuestros cálculos en el mes de diciembre que para que en marzo, el precio de la yerba mate sea de 510 pesos, y hoy están pagando 100 pesos para la tarefa y el flete. El colono no se sabe cuándo ni cuánto va a cobrar. Eso es una irresponsabilidad del presidente Javier Milei”.

A esto, agregó “el convenio con responsabilidad gremial es un mecanismo muy bueno, en el que todos los obreros que trabajan en la yerba mate, sea en la chacra o en los secaderos, tienen todos los aportes patronales cubiertos. Pero si el Inym desaparece corre serios riesgos este convenio”.

Para finalizar, mencionó que también estaría en peligro el subsidio interzafra, un pequeño monto de dinero que cobraban los tareferos en los meses de receso en la cosecha de yerba: “Hay posibilidades de que también se lo quite y eso va a generar mayor pobreza, mayor miseria y hambre, no sé por qué quieren hacerle sufrir tanto a la gente”.

 

 

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Intendentes rechazan proyecto de nuevo peaje sobre ruta 12: “Es inconstitucional”

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Ayer miércoles, intendentes y autoridades de distintos municipios misioneros se reunieron en la localidad de Puerto Rico, donde firmaron un documento en rechazo a la iniciativa del gobierno nacional que busca instalar una casilla de peaje sobre la ruta 12, a la altura de Capioví y recientemente cambió la ubicación a Garuhapé, sobre la misma arteria.

En el escrito, apuntaron contra el gobierno nacional por la falta de inversiones en rutas nacionales: “El gobierno nacional, que no invierte en las rutas los recursos que recauda para esas obras vía ‘Impuesto a los Combustibles’, decidió instalar una nueva casilla de peaje sobre la ruta 12, inicialmente en Capioví, kilómetro 1462, pero luego optó por colocarla en Garuhapé, kilómetro 1483, a solo 68 kilómetros de la casilla que ya opera en Colonia Victoria, kilómetro 1551”.

Seguidamente, remarcaron la “inconstitucionalidad” del sistema proyectado, al considerar la inexistencia de otras arterias en la zona: “no existen caminos alternativos libres de pago y se configura una doble imposición, atento a que los usuarios ya contribuyen mediante el Impuesto a los Combustibles”.

Al mismo tiempo, consideraron desventajas para el traslado de la producción: “El cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima. De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo”. 

En ese contexto, respaldaron su rechazo en el Artículo 75 de la Constitución Nacional Argentina, que atribuye al Congreso la potestad exclusiva de establecer contribuciones, y recordaron la vulneración del derecho a transitar libremente, tal como lo expresa el Artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, y con esto el derecho de propiedad detallado en el Artículo 17.

Es inconcebible que el Estado nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los miles de millones de pesos que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para cual fue creado”, concluyeron. 

Del encuentro participaron los intendentes de Puerto Rico, Carlos Gustavo Koth; de El Alcázar, Eduardo Vázquez; de Garuhapé, Gerardo Schmied; de Capioví, Ramón Arrua; de Ruiz de Montoya, Victor Vogel y de Puerto Leoni, Elvio Vázquez, con sus respectivos equipos y junto a integrantes de los Honorables Concejos Deliberantes de los municipios de Puerto Rico, Puerto Leoni, El Alcázar, Ruiz de Montoya, el diputado provincial Arnhold Alejandro, como así integrantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Producción y Servicios del departamento Libertador General San Martín, representada por su presidente Luis Stefens.

A fin de llegar a un consenso, solicitaron a los funcionarios y legisladores nacionales “que reflexionen y acuerden la revisión de esta iniciativa, que profundiza el clima de malestar e incertidumbre que aqueja a los vecinos de la zona y a los misioneros en general”.

Se trata de un nuevo pronunciamiento tras el cuestionamiento realizado días atrás por el gobernador Hugo Passalacquaquien también reclamó la necesidad de obras, mantenimiento e inversión vial, y rechazó nuevas cargas que castiguen aún más “el bolsillo de las familias”.

Passalacqua cuestionó el nuevo peaje que Nación proyecta en Puerto Rico

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Morosidad: Misiones fijará un tope de tasas de interés a partir de septiembre

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Frente a un contexto de alta morosidad que supera el 12% según los últimos datos del Banco Central (BCRA), el gobierno provincial puso en marcha un paquete de medidas financieras diseñadas para proteger el salario de las familias de los empleados públicos, jubilados, pensionados y retirados del IPS que enfrentan situaciones de sobreendeudamiento. 

El anuncio fue detallado por el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, quien remarcó que las herramientas se vienen trabajando desde hace más de dos meses para evitar que los agentes queden expuestos como deudores en mora dentro del sistema financiero formal.

La primera medida, implementada en julio, fijó un tope del 39% de los haberes netos para la aplicación de retenciones a través del Código Único de Descuento en los haberes (Cuad). Este límite aplica a los créditos nuevos y se acompaña con un proceso de refinanciación y asistencia económica.

“Esta medida, que a la fecha alcanzó a 538 personas, se verá reflejada en la acreditación de haberes del día sábado 29 de agosto; o en la primera semana de septiembre con una acreditación especial en las cuentas bancarias que no estará sujeta a retención de créditos bancarios”, aseguró el titular de la cartera.

Por su parte, el Banco Macro, implementó mecanismos de refinanciación de deudas que son analizados caso por caso para personas con sobreendeudamiento y/o mora. Los interesados que se encuentren en esa situación deberán acercarse a las sucursales de la entidad para acceder a la refinanciación.

Techo a las tasas de interés

A partir de septiembre entrará en vigencia una resolución que fijará topes en las tasas de interés de las entidades que otorgan préstamos personales con código de descuento. 

Según indicó el ministro de Hacienda, el objetivo de la medida es establecer un marco regulatorio que permita limitar el costo financiero que asumen los agentes públicos activos y pasivos con estas entidades. Esta modalidad de código de descuento también busca evitar que estas personas deban acudir a otras entidades de crédito (formales o informales) que aplican intereses mucho mayores y más perjudiciales para ellos.

Finalmente, recordó los proyectos de ley afines que están siendo impulsados en la Legislatura provincial. “Son propuestas que deben ser analizadas a la luz de la normativa nacional, siguiendo un criterio de equidad con los deudores pero sin perjudicarlos dejándolos expuestos como morosos conforme a la legislación vigente”, concluyó.

Informe: el 29,35% de los deudores de Misiones tiene más de 90 días de mora

Informe: el 29,35% de los deudores de Misiones tiene más de 90 días de mora

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Informe: el 29,35% de los deudores de Misiones tiene más de 90 días de mora

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El drama de la morosidad que impacta a nivel nacional tiene su correlato en Misiones, donde el 29,35% de las personas con deudas declaradas se encuentra en mora que supera los 90 días, según un estudio publicado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC), una asociación civil que aborda diferentes temáticas sociales.

Según el último informe, denominado Radiografía del Endeudamiento en Argentina y elaborado en base a datos recopilados hasta junio de 2026, en la tierra colorada hay un total de 484.180 personas físicas con deudas declaradas, de las cuales 142.084 se encuentran en mora de nivel 3, 4 y 5. Dicha cantidad representa un 29,35% del total de deudores, cifra que supera en 4,4 puntos porcentuales la media nacional.

El mismo estudio señala el universo de personas en deuda debe cubrir un monto total de 1,57 billones de pesos, mientras que los deudores en mora deben cubrir 292.928,61 de pesos.

Ese universo de deuda corresponde a todas las entidades crediticias, desde bancos privados y públicos, hasta tarjetas de crédito, billeteras virtuales y compañías financieras.

Edades

El informe además consigna que los adultos de entre 26 y 35 años conforman el universo de mayor cantidad de personas con deudas declaradas (116.812), aunque la franja etaria integrada por menores de 25 años es la que más porcentaje de deudores en mora tiene en relación al total de deudores declarados.

En relación a este último ítem, los datos marcan que hay 41.698 jóvenes menores a 25 años con deudas declaradas, de los cuales 18.026 se encuentran con retrasos en sus pagos, lo que representa 43,23% de ese total, una cifra que se ubica 5 puntos por encima de la media nacional en el mismo segmento de análisis.

Departamentos

Los datos recogidos por la CEC fueron presentados a través de un mapa interactivo, en el cual cada usuario puede revisar la información recopilada tanto a nivel nacional, como provincial y hasta por departamentos.

En la revisión municipio por municipio sobresale que el departamento Capital registra el mayor porcentaje de deudores en mora de la provincia. Los datos duros: 26.425 personas físicas con deudas declaradas y 9.765 de ellas se encuentra en mora, lo que equivale a un 37,07%. Lo siguen Apóstoles, Concepción, Candelaria, Eldorado y San Ignacio con números que superan el 30%.

El análisis desagregado por departamentos además expone otro dato relevante y, es que, Guaraní, por ejemplo, registra casi cinco veces más de personas con deudas declaradas que Capital, pero el promedio de deudores en mora es marcadamente más bajo.

Para verlo en números hay que exponer que Guaraní presenta un total de 125.186 personas con deudas declaradas, de las cuales 36.178 se encuentran en estado de morosidad, lo que arroja un promedio de 28,9% a nivel departamental.

 

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