Provinciales
A 11 años de la tragedia de Salto Encantado: “La precarización continúa”
El 17 de junio de 2013, un viejo camión Ford 7000, transportaba alrededor de 20 tareferos, cuando en un momento dado, despistó y volcó sobre la banquina de la ruta provincial 220, a unos 400 metros del acceso al Parque Salto Encantado de Aristóbulo del Valle, provocando la muerte de ocho personas.
A raíz de la tragedia ocurrida hace 11 años fueron varios los debates y reclamos que afloraron en torno a la explotación y precarización de tareferos en Misiones. Entrevistado por La Voz de Misiones, Hugo Sand reconoció que “muy poco ha cambiado la situación de los tareferos. Si bien a partir de ese hecho el Estado comenzó a exigir que el transporte no sea sobre la carga -eso se ha mejorado mucho, ya no viajan arriba de los raídos- pero sí continúan viajando sobre las camionetas”.
En esa línea, al evaluar posibles soluciones, profundizó: “La precarización es una realidad que continúa, el pequeño productor no tiene la capacidad para comprarse una combi y llevar a los obreros rurales. Yo creo que esto se solucionaría muchísimo si los tareferos en vez de vivir en las villas miserias pudiesen vivir en la chacra del colono y no tener que estar trasladándose permanentemente”.
De esta manera, el ex director del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), en la década del 2000, y actual presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), resaltó la importancia de llamar a la memoria y retomar el diálogo de cara a una agenda común con el sector productivo, considerando algunas de las políticas implementadas por el gobierno nacional que pegan de lleno al rubro.
El debate en agenda
Justamente, es en el marco de un nuevo aniversario de la Tragedia de Salto Encantado que los referentes del sector yerbatero nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores Rurales (Suor), la Federación de Trabajadores Agrarios de la República Argentina (Fetara), la Corriente Nacional Martín Fierro y el Frente Patria Misiones convocaron hoy a la jornada denominada “Defendiendo lo nuestro. Yerba Mate, Trabajo, Producción y Justicia Social” en Posadas.
La actividad se realizará de 10 a 14. El cronograma iniciará con un “abrazo al Inym”, en su sede ubicada por calle Rivadavia 1515, para luego dar lugar a una charla debate, por calle Entre Ríos 1332, con distintos expositores, entre ellos, Hugo Sand y Ricardo Kalisco, como integrantes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam); Ariel Steffen, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (Acpyn); Amalia Fleitas, pequeña productora de Apóstoles; Ana Rosa Cubilla del Sindicato Único de Obreros Rurales; Roque Pereira, de la Asociación de Tareferos de Zona Centro y Alfredo Almeida, de las Asociaciones Tareferas de Wanda.
En la difusión del evento, afirmaron que “las últimas medidas del Gobierno Nacional con liberación de importaciones, desregulación de las economías regionales y organismos como el Inym, la eliminación del monotributo social y el desentendimiento de los subsidios interzafra, dañan a los productores y a los trabajadores rurales mientras que benefician a históricos intereses concentrados”.
La máquina desplazará al hombre
En la previa a esta jornada de debate en el Inym, Sand recordó con preocupación el desplazamiento de peones rurales que produjo la implementación de maquinaria para la cosecha de té a partir de la década del 60´, lo que repercutió tanto en la mano de obra, como en la calidad del producto, implicando la pérdida de competitividad en grandes mercados.
En este sentido, el productor, que además egresó como Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional del Nordeste en 1983, vaticinó el advenimiento de un panorama similar para la cosecha de yerba mate. “La cosecha mecánica está llegando y va desplazar la mano de obra”.
A esto agregó: “Veo que la tecnología y el conocimiento no están a favor de la gente, sino que está a favor de los grandes empresarios. Estas máquinas cosechan en cinco horas 7.000 kilos de yerba mate. Esto va a producir un desplazamiento muy grande de mano de obra. De las 15.000 familias tareferas, 12.000 quedarían completamente desocupadas si se mecaniza la cosecha de yerba. A esto se suman los problemas que ya registra la interzafra y se agravaría con la implementación de maquinarias. La responsabilidad social de los empresarios deja mucho que desear en este punto”.
Alerta por el uso de venenos
Al referirse al uso de venenos en las chacras misioneras, citó un estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), que correlaciona los kilos o litros de veneno por habitante en diferentes países del mundo: “Ese índice para Brasil es de un 1,6 litro por brasileño, lo mismo ocurre en EE.UU. e Israel, todos menos de dos litros. En Europa menos de un litro de veneno por persona y acá en Argentina somos campeones mundiales en fútbol y campeones mundiales en el uso de veneno. Estamos en 13 litros y eso es sumamente complicado”.
En ese contexto, recordó la ley impulsada por el gobierno de la provincia, que prohíbe el uso de glifosato y que comenzará a regir en 2025, sobre la que refirió “es una cortina de humo porque el roundup o el glifosato es un veneno, pero hay muchísimos otros venenos que siguen estando permitidos. Para colmo los colonos mezclan los distintos venenos y se envenena todo; el ambiente, el agua, la tierra y los colonos, lo que termina provocando enfermedades como labios leporino, espinas bífidas, leucemias y cáncer, como resultado del uso y abuso de estos venenos, como ya lo denunció el doctor Hugo Gómez Demaio hace varios años atrás, lo peligroso que son estos venenos”.
Como alternativa, Sand incentiva la transición a producciones “más sanas”, aludiendo a la agroecología como herramienta fundamental para la agricultura misionera, cuya técnica de cultivo también se puede aplicar a la producción de yerba mate.
Hugo Sand es productor y egresó de la carrera de Ingeniero Agrónomo en 1983.
“El Dios mercado”
Ante las políticas implementadas por el presidente Javier Milei, que incluyeron la desregulación del Inym y con ello la falta de nombramiento de un nuevo presidente, refirió: “Hay una lenta agonía, se está muriendo el Inym y ahora el precio de la materia prima lo fijen los adoradores del Dios Mercado. Nosotros hicimos nuestros cálculos en el mes de diciembre que para que en marzo, el precio de la yerba mate sea de 510 pesos, y hoy están pagando 100 pesos para la tarefa y el flete. El colono no se sabe cuándo ni cuánto va a cobrar. Eso es una irresponsabilidad del presidente Javier Milei”.
A esto, agregó “el convenio con responsabilidad gremial es un mecanismo muy bueno, en el que todos los obreros que trabajan en la yerba mate, sea en la chacra o en los secaderos, tienen todos los aportes patronales cubiertos. Pero si el Inym desaparece corre serios riesgos este convenio”.
Para finalizar, mencionó que también estaría en peligro el subsidio interzafra, un pequeño monto de dinero que cobraban los tareferos en los meses de receso en la cosecha de yerba: “Hay posibilidades de que también se lo quite y eso va a generar mayor pobreza, mayor miseria y hambre, no sé por qué quieren hacerle sufrir tanto a la gente”.
La Secretaría de Prevención de Adicciones y la Secretaría de Cultura crearon un Programa de Atención y Prevención de Consumos Problemáticos que propone abordar situaciones de crisis y pedidos de asistencia dirigidos a los trabajadores de la cultura en toda la provincia.
Roberto Padilla y Joselo Schuap, a cargo de ambas carteras, explicaron la ventaja del trabajo en conjunto. “Siempre estamos asistiendo en casos puntuales de los que tomamos conocimiento, con ayuda de diversas áreas del Estado. Pero queremos abrir un paraguas más amplio, que pueda contener a todos los trabajadores de la cultura que lo necesiten. Y también a su entorno y sus familias”.
En ese sentido, señalaron que el objetivo de la iniciativa es visibilizar una problemática que viene en aumento, relacionada con los consumos problemáticos y otras enfermedades que afectan a la salud mental, en un contexto adverso de crisis económica y social.
En segundo lugar, la iniciativa apunta a ofrecer canales de comunicación directa para que aquellas personas que se sientan vulnerables, familiares y al entorno cercano. “Sabemos que es desesperante encontrarse con este problema en el círculo familiar, o en el ámbito de trabajo artístico y no tener a quien recurrir”.
En términos operativos, el programa brindará espacios de escucha, contención y conversatorios. Por un lado, con la habilitación de una línea telefónica (3765-061344), y por otro, una dirección de correo electrónico ([email protected]) para solicitar acompañamiento, además de un ciclo de charlas destinadas tanto a trabajadores de la cultura, como también a familiares, amigos y personas interesadas en la temática.
De esta manera, el centro de tratamiento de adicciones Cambios Muy Buenos (CMB) acompañará el primer conversatorio abierto destinado a brindar contención a quienes lo necesiten. Será el próximo miércoles 26 de agosto a las 19 en el Auditorio Tierra Sin Mal, ubicado en el Centro Cultural la Estación, en el cuarto tramo de la costanera de Posadas.
La charla estará a cargo de profesionales del centro CMB, quienes además responderán consultas de 8 a 19 al 3764 893727 / 3765 014328.
Tras el regreso a la comunidad, el pasado domingo 2 de agosto, integrantes de Puente Quemado II denunciaron públicamente reiterados hostigamientos por parte de un grupo de personas que responderían al empresario forestal Alfredo Ruff, y en las últimas horas emplazaron un campamento en la zona.
El cacique Santiago Ramos grabó un video en el que alertó: “Estoy muy amenazado por Alfredo Ruff”.
De esta manera, acudió a las redes sociales para denunciar públicamente la situación que atraviesan diariamente “antes de que pase algo grave a los niños y niñas que están dentro del territorio”.
Y continuó: “El domingo Alfredo Ruff llegó con toda la gente, con todos sus matones que están cerca, por eso tengo miedo”, y en pos de llegar a una solución frente a esta disputa, añadió: “También le exigimos al gobierno provincial que solucione la situación de nuestro territorio relevado por la ley 26.160”.
Días atrás, se hizo viral un video en el que Ruff y Roberto Bonetti intercambiaron posiciones respecto a la “propiedad privada”, e incitaron a realizar un “ataque armado” para “desalojar” a los miembros de la comunidad por la fuerza.
“Si vamos por mano propia, vos imaginate que yo agarre un arma y dispare y dañe a algunas personas, en un momento de… ¿Qué consecuencias tengo yo dentro de mi propiedad con este avasallamiento?”, sostiene Ruff.
A esto, Bonetti respondió: “Hoy terminás vos preso, estás dentro de tu propiedad y se te cagan de risa. Totalmente invertido. Yo soy partidario de que nosotros tenemos que defendernos, si tiene que ser a los tiros, a los tiros tiene que ser“.
Anteriormente, en el año 2024 Bonetti, dueño de la reserva Monte Adentro, también estuvo envuelto en acusaciones públicas contra la comunidad Mbokajaty II de San Ignacio, a quienes calificó de “violentos” y “usurpadores”, al residir en una zona aledaña al lote donde él decidió emplazar un emprendimiento turístico.
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Mbokajaty protesta en la 9 de Julio tras agresión y avance de empresa privada
Hilario Moreira, mburuvicha de la comunidad Tapé Mirí de Garuhapé e integrante del Consejo de Caciques, señaló que “Misiones no reconoce al pueblo preexistente como pueblo mbya guaraní”, por lo que exigió a los gobernantes y legisladores respeto y garantías para el ejercicio de sus derechos.
Estas declaraciones las hizo ayer por la tarde sobre el escenario de la plaza 9 de Julio de Posadas en el marco de la movilización contra la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada, que finalmente obtuvo media sanción en el Senado de la Nación con la quita del articulado sobre extranjerización de tierras y las modificaciones a la Ley de Manejo de Fuego.
En este contexto, recordó: “En Misiones casi el 60% de las comunidades no tiene título de propiedad. Pedimos que se regularice la situación indígena porque somos los que más sufrimos desde el siglo pasado. Nos ponen a Andresito como prócer, pero en la actualidad tampoco hay garantías de derechos, no somos respetados como pueblo, somos expulsados de nuestra propia casa”.
De esta manera, apuntó contra la falta de garantías en la aplicación de derechos fundamentales: “Queremos el respeto como pueblo y no solamente como pueblo originario, sino como pueblo misionero. Esta casa grande pertenece a todos, no solamente a los mbya. En Argentina, los pueblos originarios venimos sufriendo el atropello y avasallamiento hace muchísimo tiempo. Los derechos indígenas fueron reconocidos desde 1994 a nivel nacional, Misiones todavía ni siquiera reconoce al pueblo preexistente como pueblo mbya guaraní”.
“Exijo respeto y garante de nuestros derechos como pueblo para que ninguna comunidad mbya sea desalojada, porque en la historia, en el pasado, en el presente y en el futuro, vamos a seguir siendo mbya y a defender nuestro territorio cueste lo que cueste. Queremos que el Estado acompañe y que no haya más desalojos en ninguna comunidad, exigimos respeto por nuestro pueblo y soberanía”, enfatizó.
Puente Quemado II
Seguidamente, refirió al desalojo que sufrió la comunidad mbya Puente Quemado II el 28 de julio pasado, medida judicial ordenada por el juez Roberto Sena y que -a 48 horas de su aplicación- fue suspendido por la Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico, encabezada por Héctor Simón.
“Esta unidad es indispensablemente importantísima y me siento orgulloso de ser parte. Somos nosotros los responsables y tenemos la obligación como pueblo, persona y ciudadano de defender nuestro territorio y nuestra tierra que tanto queremos. Nuestros ancestros la han defendido antiguamente de los extranjeros para que por lo menos tengamos paz y tranquilidad. Agradezco este espacio y pido que el territorio de Puente Quemado II sea devuelto“, ponderó.
El desalojo de Puente Quemado II, en respuesta a una denuncia presentada por el empresario forestal Alfredo Ruff, fue repudiado por organizaciones locales, nacionales e internacionales, quienes recordaron que los pueblos originarios deben ser respaldados por la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17; el Convenio 169 de la OIT; la Ley 24.071, instrumento que obliga al Estado a garantizar la consulta previa, libre e informada ante medidas que los afecten-; la Declaración ONU (2007), así como también convenios y tratados internacionales de jerarquía constitucional.
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