Con la consigna “la Patria no se vende” más de un millón de personas se convocaron este 24 de enero en las plazas de todo el país, con una magnitud y contundencia histórica contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la denominada Ley Ómnibus que impulsa el Poder Ejecutivo que administra de Javier Milei.

En Misiones hubo movilizaciones en Posadas, Garupá, Candelaria, Eldorado, Oberá, Puerto Iguazú, Puerto Rico, Montecarlo, Apóstoles, Jardín América, Aristóbulo del Valle y Puerto Esperanza, entre otros municipios, como en la Zona Centro y alrededores donde se congregaron más de 50 agrupaciones.

La marcha provincial, que incluyó un paro general, fue organizada por el espacio multisectorial “Misiones por la Democracia y la Soberanía” que integran la CGT, ambas CTA, ATE, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), sindicatos, organizaciones sociales, estudiantiles y vecines autovocades, y adhieren el Espacio Chacabuco; la Federación de Trabajadores por la Tierra, la Vivienda y el Hábitat (FTV); el Frente Patria Misiones, el Partido Comunista, la Federación Juvenil Comunista; el Movimiento Territorial Liberación, el Sindicato Unido de Obreros Rurales, Conapla Misiones y muchas otras más que se manifestaron en unidad.

En la capital provincial, las organizaciones, gremios, partidos y colectivos se concentraron el miércoles muy temprano, en las avenidas Uruguay y Mitre con diversas banderas que flameaban en lo alto, mientras resonaban los bombos, y los y las militantes y dirigentes sosteniendo carteles, comenzaron la marcha por las calles céntricas.

Con megáfono en mano, la secretaria general de la CTA Autónoma, Mónica Gurina, animaba a la multitud frente a la bandera de arrastre sostenida por integrantes de diversos espacios como Bryan Ojeda (FJC), Cecilia Franco, de la agrupación Mujeres Valientes y Analía Ávalos, del Movimiento Evita; Carla Talavera, de Mumalá Misiones y Zulema González, de Libres del Sur, entre otras personas, en la larga tela se divisaba el mensaje directo, categórico y que puso en pie a numerosos sectores de la Argentina: “No a la Ley Ómnibus, No al DNU, No al Protocolo antipiquetes/ Misiones por la Democracia y la Soberanía”. A medida que avanzaba la marcha la música se mezclaba con las percusiones, creando esperanza porque “juntos, somos capaces de crear cambios significativos”, se escuchaba desde el megáfono.

La plaza 9 de Julio fue el punto de encuentro del acto que se inició con el Himno Nacional Argentino; luego se escucharon las voces de representantes de las organizaciones y sindicatos quienes manifestaron las razones de la lucha, rodeados por una marea de pancartas y rostros disconformes con las políticas de gobierno nacional “que nos quita derechos”, reclamaban en el paseo público frente a la Casa de Gobierno.

“El DNU nos deja sin derechos y sin soberanía”

Los reclamos fueron contundentes dirigidos no sólo al gobierno nacional, sino también a los y las legisladoras que tienen en sus manos el tratamiento de la ley. No hay que olvidar que los dos frentes, con representación parlamentaria que Misiones tiene en el Congreso nacional, dieron su voto para que el oficialismo libertario obtenga la mayoría en el plenario de tres comisiones, para dictaminar a favor del proyecto de ley remitido por el presidente Javier Milei.

En todas las calles y plazas, cientos de espacios políticos, organizaciones sociales, sindicatos, y gente suelta, expresaron su inquebrantable desacuerdo con la Ley Ómnibus, el DNU y el protocolo para evitar marchas de reclamos, impuesto por la ministra de seguridad, Patricia Bullrich.

“Con el DNU quedamos desamparados los y las trabajadoras, sin protección sobre violencia de género, con el despojo de la cultura, del sector agrario y tantos otros derechos que tanto nos costó conseguir”, señalaron en la plaza 9 de Julio desde el espacio político Tierra, Techo y Trabajo.

En el escenario -coordinados por los militantes Bryan Ojeda (FJC) y Victoria Weirich (CTA-A) los y las representantes de cada sector leyeron documentos, o hablaron directamente. En nombre del Consejo Directivo del sector de las y los Trabajadores de la CGT, lo hicieron Agustín Gómez y José Miguel; el MAM; por la Mesa Provincial de Cultura de Misiones, Carolina Gularte; la Unidad Piquetera; por el Movimiento Mujeres y Disidencias, Elena Maidana; por el Movimiento Estudiantil Organizado, Micaela Machado; por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Myriam López; por la CTA-A, Mónica Gurina; por el Frente de Sindicatos Jubilados, Carlos Ortellado; por la CTA de los Trabajadores, Mateo Gonzáles, y por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), leyeron un documento Maximiliano Rodríguez, del Evita y TTT; Graciela De Melo, de la CCC, el PCR y PTP y Lourdes Benítez, del MTE.

“Medidas que descartan a gran parte de nuestro pueblo”

El documento de la Utep que acompañó la convocatoria de la CGT y las Centrales de Trabajadores, expresa que el sector de la economía popular sufre las consecuencias irremediables de medidas que excluyen y descartan a gran parte de la población. “Mientras gobiernan para una casta que decían venir a combatir, con políticas hechas a medida de las corporaciones y en contra de un pueblo pobre que ya no tiene ni para comer”. Y cómo ese plan económico devaluador no les alcanza, “también suspendieron la entrega de mercaderías para comedores populares que alimentan a más de 10 millones de compatriotas, en un país donde el 56,2% de los niños y niñas de 0 a 14 años que están por debajo de la línea de la pobreza, y que en un 80% asisten a comedores populares porque es la única forma que pueden acceder a una comida diaria”.

El texto sostiene que no sólo quitan el único alimento diario a millones de argentinos y argentinas, sino que también congelan el Salario Mínimo Vital y Móvil que repercute en el salario de millones de trabajadores y trabajadoras, “sobre todo en el ingreso de los últimos de la fila, ya que produce el congelamiento de cinco programas sociales de ingreso como el Potenciar Trabajo, el Progresar, la Prestación por Desempleo, el Programa Acompañar, y las Asignaciones Familiares, que profundizan aún más la situación social del hambre en nuestro pueblo”.

Los y las dirigentes agregaron que el objetivo de estas medidas es desintegrar a los movimientos populares y organizaciones sociales, y, por lo tanto, a la economía popular, modelo político, económico y social que representa “a los que nunca fueron escuchados y construyen su sustento en base a inventarse un trabajo. Y así un montón de políticas que hoy son deslegitimadas y desfinanciadas, como la urbanización de barrios populares a través de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), como las políticas de vuelta al campo del Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indigena (Inafci); las políticas de trabajo cooperativista del Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social (Inaes); el acompañamiento a la salud mental y construcción comunitaria de Casas de Atención y Acompañamiento del Programa del Sedronar, y así podemos nombrar muchas políticas que buscan desarticular para destruir el tejido comunitario y social de nuestro pueblo”.

Por todo esto -finaliza el documento- exigen respuestas concretas sobre el aumento del Salario Social Complementario, la distribución urgente de alimentos para comedores y merenderos comunitarios, y la continuidad de las obras de integración en los barrios populares.

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