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Ley de Emergencia Territorial Indígena: Piden a legisladores nacionales por Misiones que voten la prórroga

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Ley de Emergencia Territorial Indígena: Piden a legisladores nacionales por Misiones que voten la prórroga

El Bloque Parlamentario de Tierra, Techo y Trabajo presentó el jueves un Proyecto de Comunicación solicitando al Poder Ejecutivo que a través de los legisladores nacionales por Misiones, se arbitren las medidas necesarias, para extender la prórroga de los plazos establecidos en la Ley 26.160 de Emergencia de Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena de Tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias que habitan en el país, prorrogados por tres leyes. La última tiene vigencia hasta el 23 de noviembre de este año.

El pedido obedece a que todavía quedan más de 1000 comunidades para ser relevadas y registradas, y para lo que se necesita presupuesto.

Posteriormente vendría la cuestión de la propiedad comunitaria de las tierras para los pueblos originarios, que no se modificó sustancialmente desde la última prórroga sancionada en 2017.

Las comunidades necesitan un paraguas de protección, y por eso desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, presidido por Magdalena Odarda, insisten en que también es importante contar con una Ley de Propiedad Comunitaria, una deuda pendiente del Estado con los pueblos originarios desde la reforma constitucional de 1994.

Necesidad de presupuesto

El diputado Jorge Páez del Bloque TTT, quien presentó este proyecto que tuvo preferencia, recordó en el recinto que la ley se sancionó en el 2006 y está en vigencia; tuvo una primera etapa de desarrollo importante donde se pudieron cubrir muchos conflictos que afectan a miles de familias indígenas que en su mayoría contaban con la posesión ancestral, pero sin que se les reconociera derechos hasta la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

“Existen deliberaciones y propuestas sobre la prórroga; pero creemos que todas y todos nuestros legisladores nacionales, diputados y senadores deben aprobar el tratamiento de esta ley con urgencia para que no se venzan los plazos”, advirtió.
Después de numerosas reuniones realizadas por agrupaciones campesinas indígenas, universidades y organismos de derechos humanos y desde la representación institucional de distintos pueblos originarios, “existe una voluntad política del Bloque del Frente de Todos de prorrogarla por cuatro años más; pero además les requerimos que consideren algunas modificaciones necesarias como un financiamiento apropiado, para afrontar los relevamientos de cientos de comunidades que aún faltan relevar”, sostuvo el legislador.

Hay más de 1000 comunidades sin registrar

Actualmente están registradas 1760 comunidades indígenas en la Argentina de 39 pueblos originarios de diversas etnias. Sin embargo, todavía más de 1000 de ellas carecen del proceso de registro de su parcela, del otorgamiento de esas propiedades y de sus derechos.
“Lamentablemente hubo un gran tiempo perdido durante gobiernos algunos más sensibles que otros, que aceptaron en su momento la prórroga de la ley; pero no otorgaron instrumentos al Estado como el presupuesto y la decisión política fundamental para que se avance en ese proceso”.
Por eso la norma tuvo otras prórrogas; “pero en los últimos cinco años no se avanzó en la regularización de las comunidades que aumentó su número y que podría crecer porque entendemos que la territorialidad generalmente está en las zonas más alejadas, del interior profundo de nuestro país”, manifestó Páez.
En Misiones hay un fuerte universo indígena que necesita esta ley para que la totalidad de las comunidades mbya guaraní puedan gozar de los derechos a la propiedad de sus tierras ancestrales.

Reconocimiento de derechos

Páez destacó que en la provincia, muchas veces la especulación inmobiliaria sumado al avance “impiadoso” de los agronegocios, la incorporación de los sistemas económicos “muchas veces brutales de la superficie de nuestra selva” provoca el desplazamiento y el hacinamiento de las comunidades.

Por todo esto sostuvo que es urgente prorrogar la Ley 26.160, un instrumento fundamental para los pueblos originarios de nuestro país que garantiza por el tiempo de su vigencia, la suspensión de los desalojos de las comunidades.

Además se demanda presupuesto para que en un plazo razonable se realice un relevamiento técnico jurídico y catastral de los territorios, para que las comunidades indígenas de “nuestra provincia y del país, tengan sus derechos reconocidos y garantizados. Sin esta herramienta, las comunidades quedarán desamparadas ya que la norma pierde vigencia el próximo 23 de noviembre”, enfatizó el diputado Páez.

Diputado Jorge Páez

Pueblos originarios reclaman una prórroga de la Ley de Emergencia Territorial

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Santa Ana: más de 70 familias del barrio El Cerrito llevan 8 años padeciendo la falta de agua potable

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Santa Ana: más de 70 familias del barrio El Cerrito llevan 8 años padeciendo la falta de agua potable

En el barrio El Cerrito de Santa Ana, más de 70 familias viven desde hace ocho años el padecimiento de la falta del acceso al agua potable.

Por esta aflicción se reunieron con el diputado Martín Sereno (Bloque Tierra, Techo y Trabajo), y le manifestaron su necesidad de este derecho esencial, además de reclamar falta de alumbrado público y la apertura de caminos.

“Cansados de no tener respuestas hace unas semanas las familias de El Cerrito salieron a las calles, y ahora nos convocaron a una reunión en el barrio para ver cómo podemos ayudar a resolver esta carencia que atraviesan desde hace ocho años”, indicó Sereno.

El legislador cuestionó que los funcionarios con responsabilidad de tomar la decisión política para brindar soluciones, “desconozcan que en el 2010, Naciones Unidas declaró el acceso seguro al agua potable y al saneamiento como derecho humano fundamental, para el completo disfrute de la vida y de todos los otros derechos humanos”, remarcó.

En su recorrida por la barriada, el diputado junto a militantes del Movimiento Evita, recibieron las inquietudes de vecinas sobre casos de niños con problemas renales, pacientes cardíacos, lactantes y mujeres embarazadas que se sienten las más afectados por la falta de agua potable y la mala calidad de la que reciben.

“Son más de 70 familias condenadas a vivir sin agua y exigen respuestas. Nuestro compromiso se suma al reclamo legítimo. Ya gestionamos ante el presidente de la Comisión de Obras de la Legislatura, Roque Gervasoni, y el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento, y prometieron ocuparse del problema a la brevedad”, sostuvo Sereno.

“Mi hijo casi pierde los riñones y seguimos sin agua”

Uno de los casos más acuciantes es el de María Do Santos. Su hijo de 11 años que durante la pandemia tuvo un problema renal a causa del virus. Su malestar se agravó por falta de agua. Estuvo internado dos meses en el Hospital de Pediatría, “y casi perdió los riñones”, relató su madre.

Cuando los médicos dieron el alta al chico, recomendaron y así lo hablaron con el área social de la Municipalidad de Santa Ana, para que provean de agua sana a la familia.

“La doctora le pidió a Acción Social que conecte una manguera a mi casa, o nos traigan bidones con agua potable, porque Alejo no podía consumir la que trae el tractor. Les presenté una carpeta con la historia clínica, y dos veces vinieron con botellones de agua, pero después no aparecieron más. Tuve que pedir a los bomberos que están en el pueblo que me traigan agua para mi hijo que quedó con secuelas, le duele la cintura, no puede correr ni jugar al fútbol”, lamentó.

Este año María tuvo una cesárea que se le infectó. “Todavía estoy toda vendada, tengo un bebé de tres meses al que estoy amamantando y necesito tomar agua sana”, advirtió.

Movilizados en protesta por el agua

Salvador González es uno de los pioneros en el barrio, y recuerda que al principio de vivir ahí, trasladaba el agua en tachos. Luego se junto a otros vecinos y comenzó a presentar notas con las firmas de todos. En la Municipalidad sellaron los papeles; pero todo terminó en un trámite burocrático sin que la intendenta de ese momento (Mabel Pezoa), ni el actual jefe comunal les haya dado respuestas efectivas y no parches.

El punto extremo del hartazgo lo tuvieron hace unas semanas por la cantidad de personas enfermas en el barrio, y se movilizaron a protestar a la calle.
“Todas las familias estamos de acuerdo en que se haga un pozo perforado en una zona alta del barrio, es la única manera de que se termine el problema. Pero queremos un compromiso de solución definitiva del gobierno provincial y municipal”, dijo don Salvador.

“Tampoco tenemos alumbrado público ni calles”

Cristina Neu es una de las madres que recurre al agua del tractor municipal para las cuestiones domésticas. Pero los tambores no alcanzan para todas las familias, y a veces como el mismo vehículo se utiliza para otras tareas, pasan meses que se quedan sin agua.

“Le reclamamos al intendente Pablo Castro (FR) porque vemos que hace plazas, monumentos, y sin embargo la provisión de acceso al agua, el arreglo de las calles y el alumbrado público de nuestro barrio no es atendido como ciudadanos que somos”, dice esta madre de cuatro hijos.

Su pelea no es sólo para que cumplan con acercar el líquido vital, también necesitan agua sana, “sin bichos, larvas, mosquitos del dengue que provocan enfermedades. Estamos luchando para que esto cambie, por eso acudimos al diputado Sereno, al que vemos recorrer la provincia ocupándose de los pobres como nosotros”.

Después de la protesta masiva, tuvieron una reunión con el intendente y acordaron que enviará el agua dos veces por semana. También pidieron la perforación de un pozo y aclaran que no se niegan a pagar si hubiera un costo mínimo, pero claman una solución.

Para Cristina ya es una costumbre andar con botellas en su bolso, y cargarlas con agua donde puede. Si logramos que hagan el pozo será la felicidad para todos, y sobre todo para las mujeres que somos las que más sufrimos la falta de agua acá en el barrio”, afirmó.

“Atender un comedor sin agua es complicado”

La vida de la familia de Sonia Augusto -como la de tantas otras- está asociada a transportar agua. Camina con un carrito cargando bidones de 20 litros con sus hijos hasta llegar a una red cercana al barrio, y ese agua les dura como mucho dos días. La otra alternativa es comprar agua; pero no todos pueden hacerlo.

Sonia que además atiende un merendero donde concurren 65 chicos, hace malabarismos para sostenerlo con el agua a cuentagotas.

“Cuando nos movilizamos apareció el intendente y les dijo que no sabía que había familias en ese barrio como si lo desconociera. Es absurdo porque estos terrenos nos cedió la Municipalidad hace 8 años y además suele enviar el agua en el tractor. Los gobernantes tienen que ponerse en el lugar de las familias porque no creo que a ellos les guste vivir como nosotros”, se indignó Sonia.

Familias del barrio El Cerrito de Santa Ana.

Algunas secuelas del agua contaminada en los vecinos del barrio El Cerrito, Santa Ana.

Familias del barrio El Cerrito de Santa Ana reclaman agua apta para el consumo humano.

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Yacyretá entrega un camión al cuartel de bomberos de Santa Ana

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Yacyretá entrega un camión al cuartel de bomberos de Santa Ana

El Director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Ignacio Barrios Arrechea, entregó al intendente de Santa Ana, Pablo Castro, un camión marca Iveco modelo Dayli 70 C17, destinado al cuerpo de bomberos del municipio.

Esta moderna unidad 0 km permitirá combatir los incendios que ocurren en la ciudad y a sus alrededores.

Ignacio Barrios Arrechea, destacó: “Desde nuestra gestión, que ya lleva más de un año, hemos avanzado y reiniciado proyectos, obras y convenios que tenemos con los municipios de la provincia”.

Por su parte el intendente, Pablo Castro, agradeció el compromiso y el trabajo que viene realizando Yacyretá, calificando la jornada como un día histórico para la ciudad.

En su visita a Santa Ana, el Director Ejecutivo recorrió el inicio de la obra denominada “cañería de impulsión de agua cruda”, la cual permitirá mediante cañerías impulsar el agua cruda hacia la planta potabilizadora de esa localidad, mejorando notablemente el servicio de agua potable para los vecinos de Santa Ana.

Finalizando la jornada, Ignacio Barrios Arrechea visitó las nuevas obras de mejoramiento del camping municipal “La Boca”, donde se está ejecutando trabajos de perforación y tanque elevado, y optimizando el funcionamiento de la playa existente con la provisión de equipamiento: núcleos sanitarios, parasoles de hormigón armado; cestos de basura; bancos; reposición del equipamiento de parrillas existente; y un sector común para el lavado de utensilios.

Se contempla también el diseño del paisaje con sectores de arborización, con el objetivo de generar impacto visual y espacial que reivindique el uso de estos espacios. Se prevé finalizar con una parte del proyecto para fines de noviembre.

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Se iniciaron las obras del pedraplén en la avenida Costanera Etapa IV

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Se iniciaron las obras del pedraplén en la avenida Costanera Etapa IV

La Entidad Binacional Yacyretá inició los trabajos de protección del talud existente de la avenida Costanera Etapa IV, entre la rotonda de calle Bolívar y la cabecera del Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz.

Para ello se ejecutará un pedraplén de 1.120 metros de extensión, con un coronamiento a cota 83,50 (50 centímetros sobre el nivel del embalse), similar a otros tramos ya ejecutados.

Ésta obra permitirá dar continuidad a la protección del talud de la avenida Costanera desde la rotonda de la avenida Roca y el Puente Internacional y desarrollar el proyecto de la construcción de un circuito aeróbico costero sobre el pedraplén existente, de casi 4 kilómetros de extensión.

Con la ejecución de éste circuito aeróbico costero que contará con una senda peatonal y una bicisenda para la realización de deportes aeróbicos, se duplicará el espacio de uso público de la actual avenida costanera de Posadas.

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