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Piden justicia por niñas asesinadas en Paraguay hace tres años

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A tres años del asesinato por militares paraguayos de dos niñas de nacionalidad argentina, en un operativo contra el grupo guerrillero conocido como Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), organizaciones de derechos humanos se manifestaron en Posadas, reclamando justicia para las víctimas y sus familias.

Se trata de las niñas Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, de 11 años, nacidas en Formosa y Misiones respectivamente, y residentes en la localidad de Puerto Rico, muertas a tiros el 2 de septiembre de 2020, en la zona de la localidad de Yby Yaú, en el norteño departamento de Concepción.

El episodio provocó indignación e incluso un entredicho diplomático entre Argentina y Paraguay, por el manejo que el gobierno del entonces presidente Mario Abdo Benítez hizo del caso, presentándolo como un logro de su gestión en el combate al grupo armado, y cerrando cualquier investigación sobre el accionar de los uniformados paraguayos, cuestionada dentro y fuera del país.

En diciembre de 2019, Laura Villalba Ayala, su hija María Carmen, y su sobrina Lilian Mariana, salían de Misiones hacia Paraguay para visitar a los padres de las pequeñas, integrantes del EPP.

El grupo se completaba con otras tres jovencitas de la rama argentina de los Villalba: Tania Tamara, Tamara Anahí, y Anahí Carmen Elizabeth, de 14 años, que también iban de visita al campamento guerrillero.

El episodio se registró el miércoles 2 de septiembre de 2020. El gobierno de Paraguay anunció que realizó un operativo contra el EPP. El presidente Abdo Benítez se trasladó al lugar y hablo del éxito del procedimiento. “Es un operativo exitoso, puede ser aún más, pero ya es exitoso porque fueron abatidos algunos integrantes del EPP”, indicó el mandatario en una rueda de prensa en el lugar.

De los insurgentes abatidos, el mandatario no dio precisiones. Horas más tarde, el fiscal Federico Delfino, informó que las personas muertas eran “dos ciudadanas paraguayas que prefirieron enfrentarse a la fuerza de seguridad que enfrentarse a la Justicia”. Hacia la noche, el vocero de las fuerzas militares, Luis Apesteguía, habló de “dos adolescentes” fallecidas. Finalmente, frente a la presión de organizaciones y familiares, las autoridades del vecino país, reconocieron la identidad de las víctimas y su verdadera edad.

Eran Niñas

Los articuladores de la campaña internacional #EranNiñas visibilizaron este lunes nuevamente el caso en la capital misionera, con una intervención en la plaza 9 de Julio, y una convocatoria frente al Consulado paraguayo.

“Seguimos exigiendo justicia por el crimen estas niñas misioneras, argentinas, asesinadas en un suceso que todavía no se dilucidó”, señaló a La Voz de Misiones, Florencia Aguirre, miembro del colectivo de organizaciones.

“Recordemos que vivían en Puerto Rico, Misiones, y estaban ese 2 de septiembre en un campamento al que fueron para visitar a sus padres”, apuntó Aguirre.

La aclaración sobre la nacionalidad de las víctimas cobra valor frente al hecho de que el gobierno paraguayo puso en duda desde el comienzo la documentación de las niñas, llegando a cuestionar los DNI emitidos por las oficinas del Renaper, de las localidades de Clorinda, en Formosa, y Puerto Rico, en Misiones.

Aguirre, abonó a las denuncias que sostienen que Lilian y María fueron capturadas con vida y ejecutadas sumariamente por los militares paraguayos, una vez acabada la incursión en el campamento guerrillero.

“Desde el primer momento han mentido, dijeron que se trataba de mujeres guerrilleras, pero después todas las mentiras se fueron cayendo, se conoció la edad y la nacionalidad”, sostuvo Aguirre.

La teoría de que ambas niñas fueron capturadas y ejecutadas tiene su base en el testimonio que ofrecieron a instancias internacionales las adolescentes Tania Tamara y Tamara Anahí, que consiguieron escapar y regresar a Argentina.

“Seguimos casi en la misma situación con el gobierno paraguayo que no responde, que después de reivindicar el asesinato, de festejarlo, no dio ninguna respuesta a los reclamos”, sostuvo la sindicalista posadeña Cecilia Rodríguez, también integrante de la campaña y de la red de apoyo a los familiares.

“Las niñas son parte de una familia extensa que esta viviendo en Misiones, parte de la familia integra el EPP, la guerrilla paraguaya”, señaló. “Estas niñas fueron a visitar a sus familiares, fueron asesinadas, y fueron presentadas la prensa como mujeres adultas, guerrilleras muertas en combate”, indicó.

“Esta versión se desarmó a las pocas horas, pero no se dio ninguna otra explicación, hasta ahora”, afirmó Rodríguez.

Lichita

El balance del operativo se cerró con la desaparición de una de las primas de las nenas asesinadas, Anahí Carmen Elizabeth, “Lichita”, de 14 años, que herida de bala en una pierna alcanzó a huir junto a su tía, Laura Villalba, que fue detenida cuando intentaba romper el cerco para regresar a territorio argentino.

El caso mereció la atención del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, presidido por la ex presidenta chilena Michele Bachelet, que pidió al Estado paraguayo “buscar urgentemente” a la adolescente, a quien un único testigo ocular había ubicado siendo trasladada por efectivos militares.

Bachelet, también apunto en su pronunciamiento al gobierno paraguayo por la destrucción de pruebas fundamentales, como la ropa que llevaban las niñas asesinadas, y la negativa a efectuar una pericia independiente, en un caso en que las autoridades del vecino país negaron en todo momento a la familia de las víctimas el acceso a las actuaciones oficiales.

“Lichita” está desaparecida desde noviembre de 2020, y su paradero es también objeto de una campaña internacional que acusa al Estado paraguayo de “infanticidio”.

El caso de “Lichita” mereció, asimismo, una acción urgente en el comité de desapariciones forzadas de Naciones Unidas, dónde la respuesta del Estado paraguayo fue, otra vez, desconocer la  responsabilidad de las fuerzas militares en su desaparición, y el asesinato de sus primas.

En Julio de 2021, el gobierno paraguayo expulsó a un grupo de referentes de organizaciones argentinas de derechos humanos, que se habían trasladado a Paraguay en busca de información que permitieran saber qué sucedió con la adolescente. Fueron escoltados hasta la frontera por efectivos armados.

Foto: Marcos Otaño

 


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Jefes de la Policía acusaron robo de móviles y aprietes hacia personal activo

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A través de sendas publicaciones en redes sociales, las máximas autoridades de la Policía de Misiones se expresaron sobre la protesta que llevan adelante tanto agentes activos como retirados de la fuerza provincial desde el viernes a la madrugada en Posadas. Por un lado denunciaron el robo de móviles oficiales para su utilización en el reclamo y aprietes hacia quienes continúan prestando servicios, como así también prometieron “medidas en consecuencia”.

El primero en pronunciarse fue Marcelo López Asencio, subjefe de la Policía, quien en su cuenta de Instagram compartió en formato de storie un video en el que se observa como un grupo de encapuchados toma posesión de al menos dos trafics que pertenecerían a la Universidad de las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Misiones (UFSPM).

“Robaron vehículos de la universidad de la fuerza”, consigna uno de los mensajes colocados sobre el video que comenzó a circular por grupos de mensajería instantánea y redes sociales entre la noche del viernes y la madrugada de hoy.

Los móviles oficiales como particulares de los uniformados en protesta fueron creciendo en cantidad desde anoche.

 “Somos policías, no delincuentes”, se añade en la continuidad del audiovisual, mientras que como mensaje final el material compartido por López Asencio expresa que “el gobierno entiende sobre su justo reclamo, pero estas acciones atentan contra la seguridad y se convierten en un delito contra el Estado”.

“No vamos a tolerar estos actos que evidencian otros fines”, culmina.

En este contexto, sobre la avenida Uruguay cada vez son más los patrulleros desplegados en el marco de la protesta, desde motocicletas, automóviles y camionetas hasta un autobomba.

Las denuncias formales por la sustracción y utilización de estos móviles para la medida de fuerzas son radicadas ante la Fiscalía de Instrucción Seis de Posadas, a cargo de René Casals, que a su vez notifica de los hechos al magistrado Ricardo Balor, del Juzgado de Instrucción Seis.

“Llamadas y amenazas”

Casi en la misma sintonía se pronunció el propio jefe de la fuerza, el comisario general Sandro Martínez, quien asumió al cargo en diciembre del año pasado.

Martínez, en tanto, eligió comunicarse a través de un estado de WhastApp, donde agradeció al personal que continúa prestando servicio y prometió acciones contra quienes realizan aprietes hacia efectivos que no adhieren a la protesta que desde ayer a la madrugada concita la atención del país.

“Al personal que se encuentra brindando seguridad en la provincia, quiero que sepan que cuentan con todo mi apoyo. Sé que están recibiendo llamadas y amenazas para que abandonen el servicio, pero ya estoy actuando en consecuencia para respaldarlos en todo momento”, fue el mensaje publicado por la máxima autoridad de la Policía de Misiones a las 14.50 de hoy.


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Posadas

La protesta policial crece en manifestantes y se suman docentes al reclamo

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protesta policial

“Anoche éramos unas 5.000 personas acá, ahora debemos ser 6.000, porque hay camaradas que siguen bajando desde diferentes puntos de la provincia”, estimó este mediodía Germán Palaveccino, uno de los voceros de la protesta policial que desde el viernes a la madrugada concita la atención del país en Posadas.

Los uniformados, tanto activos como retirados, amanecieron frente a la dependencia policial ubicada sobre la avenida Uruguay, sobrellevando el frío al calor de ollas populares y a la convicción de continuar con la medida hasta que el gobierno provincial realice un ofrecimiento salarial conforme a las expectativas. 

Ni siquiera las amenazas de una posible intervención de las fuerzas federales, con lo cual la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, estrenaría su “protocolo anti-piquetes” fuera de Ciudad de Buenos Aires, amedrenta a los manifestantes que reclaman un aumento salarial para que los agentes recién iniciados “superen la canasta básica”.

Sería irracional que intervengan las fuerzas federales. Nuestro reclamo no es político, es salarial. Entendemos que la legitimidad del gobierno que fue votado por la gran mayoría del pueblo. Por eso pedimos recuperar el diálogo y que cesen las acciones que criminalizan este reclamo. Acá no hay ánimos sediciosos”, sostuvo a La Voz de Misiones Palaveccino, quien además reiteró que el Comando no está tomado, sino que continúa prestando servicios con normalidad.

A fin de apaciguar aún más las aguas, el vocero y referente de la mesa diálogo policial junto al suboficial retirado Ramón Amarilla, afirmó que ningún agente activo que forma parte de la protesta está armado. “Hemos dispuesto de un lugar especial para guardar las armas de los agentes activos, así preservamos la seguridad y evitamos cualquier tipo de incidente”, tranquilizó.

Grupos de docentes trasladaron su propio reclamo a la avenida Uruguay y se sumaron a los policías. FOTO: Fernando Oz.

En paralelo, al acampe de policías se sumaron grupos de docentes dispuestos a acompañar la medida y trabar fuerzas para lograr una mayor visibilización del conflicto salarial que también los aqueja. 

“Estamos acá desde anoche, acompañando y haciendo visible nuestro reclamo. Los maestros estamos con un sueldo de 240.000 pesos. Es una miseria. La provincia se está incendiando porque los empleados públicos cobramos muy mal”, sumó Romina Sartori, una docente que vino desde Bonpland para dar el presente en la manifestación.

Protesta y comité de crisis

La protesta policial comenzó el viernes a las 3 de la madrugada, cuando uniformados retirados, tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), levaron el acampe de tres días que efectuaban frente a la Jefatura y los agentes activos decidieron profundizar la medida de fuerza.

Así fue como se cruzaron los primeros patrulleros que interrumpieron el tránsito sobre la avenida Uruguay, se encendieron las primeras cubiertas y se hicieron sonar las sirenas.

Al poco tiempo, se sumaron más y más uniformados, de manera tal que la ciudad amaneció con policías rodeando el comando.

En paralelo, la Justicia recibió al menos tres denuncias por diversos delitos considerados en flagrancia durante la protesta, lo cual motivó la intervención del fiscal René Casals y el juez Ricardo Balor, del Juzgado de Instrucción Seis, el cual firmó una orden de desalojo, aunque la medida hasta el momento no se efectivizó.

“Acá no hay ánimos sediciosos”, afirmó Germán Palaveccino, vocero de la protesta.

Para la noche, en tanto, se conoció que el gobierno misionero, a través del ministro Marcelo Pérez, acudió a la Nación para solicitar la conformación de un comité de crisis para diagramar estrategias de acción tendientes a recuperar la “seguridad interior” de la provincia.

El pedido tuvo respuesta positiva de parte y dicho comité fue conformado con la ministra Patricia Bullrich como presidenta, el gobernador Hugo Passalacqua como co-presidente y los titulares de todas las fuerzas federales como integrantes activos.

La resolución puso a disposición de las autoridades a todas las fuerzas federales para que actúen cuando se lo requiera.

Anoche, los trascendidos indicaban que había al menos 200 efectivos de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) de Rosario que estaban “aprestos” a desembarcar en la capital misionera para recuperar el orden y aplicar el protocolo antipiquetes, pero hasta el momento nada de ello sucedió.

“Un enfrentamiento entre fuerzas podría ser muy grave”, alertó esta mañana Ramón Amarilla, durante un diálogo con C5N desde la protesta.


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Bullrich y Passalacqua encabezan comité crisis por protesta policial

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Un documento del Ministerio de Seguridad de la Nación revela que, tras la protesta policial iniciada esta madrugada en Posadas, se conformó un comité de crisis que será encabezado por Patricia Bullrich y el gobernador Hugo Passalacqua, quienes ahora tendrán a su disposición todas las fuerzas federales para intervenir en el conflicto con el objetivo de “restaurar la seguridad interior” en la tierra colorada.

En la resolución argumentan que fue el gobierno misionero, a través del ministro Marcelo Pérez, el que acudió a Nación con el objetivo de conformar un comité de crisis para disponer de los recursos necesarios para intervenir en el conflicto y diagramar estrategias de acción.

“En tal sentido, y atento a las competencias asignadas al MINISTERIO DE SEGURIDAD, resulta oportuno y conveniente convocar al COMITÉ DE CRISIS, a fin de contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano para el ejido de la PROVINCIA DE MISIONES”, fundamentan desde la cartera que dirige Bullrich.

De esta manera, resolvieron el armado del mencionado comité de crisis, el cual será presidido por la propia Bullrich y copresidido por el gobernador Passalacqua, al tiempo que estará integrado por los titulares de todas las fuerzas federales, es decir: Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Policía Federal Argentina (PFA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Una decena de móviles policiales ya son parte de la protesta que lleva más de 18 horas activa.

Según lo dictaminado, ambas autoridades serán quienes “ordenarán la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza y dispondrán la graduación de su intensidad”. También “podrán convocar a todos los funcionarios y organismos que consideren necesarios para el mejor cumplimiento del plan dispuesto”.

La resolución, a la cual La Voz de Misiones tuvo acceso, además dispone que “la comunicación pública de las acciones, planes y resultados que surjan como producto de las operaciones de seguridad interior llevadas a cabo por el COMITÉ DE CRISIS serán brindados de manera unificada y oficial por el MINISTERIO DE SEGURIDAD y la Gobernación de la PROVINCIA DE MISIONES”.

La medida entró en vigencia a partir de la firma de la resolución y se mantendrá activa hasta “se restablezca la seguridad en la provincia”.

“Hasta las últimas consecuencias”

Mientras tanto, frente al Comando Radioeléctrico I de Posadas, ubicado sobre la avenida Uruguay, la protesta continúa y conforme al paso de las horas suma participantes, incluido quienes llegan desde otros puntos de la provincia y ya avisaron que no piensan abandonar la medida de fuerza.

Nuestro reclamo es netamente salarial. Acá no pedimos la cabeza de nadie. No tenemos intereses políticos, solo queremos sueldos dignos y por eso vamos a continuar acá hasta las últimas consecuencias. Esto se va a terminar cuando el gobierno vuelva a dialogar con nosotros”, expresó ante la masa el policía retirado y referente de la mesa diálogo Ramón Amarilla.

El policía retirado Ramón Amarilla es uno de los representantes de la mesa de diálogo.

El vocero de los uniformados en protesta además sostuvo que el Comando no está tomado, sino que continúa prestando servicio con normalidad. El tránsito sobre la avenida Uruguay, en tanto, continúa interrumpido, con cubiertas desparramadas por la acera y al menos 10 móviles policiales que activan sirenas para celebrar la llegada de más y más camaradas.

En las veredas lindantes, por su parte, cada vez hay más gazebos y carpas de manifestantes que se preparan para pasar la noche frente a la dependencia policial. Todo eso sucede en medio de una tensa calma cuyo pulso se mide a partir de las diferentes versiones que corren respecto al posible accionar de fuerzas federales para cumplir con la orden de desalojo dispuesta por el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, a cargo del magistrado Ricardo Balor.

Desde el gobierno, en tanto, hicieron trascender que el lunes se anunciarán aumentos para toda la administración pública, lo cual alcanza a docentes, médicos, policías y penitenciarios, aunque no precisaron porcentajes.


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