Posadas
La Muni reguló la feria de plaza Sarmiento: “Cobran sin dar nada a cambio”
Las cientos de familias que recurren a la feria de la plaza Sarmiento, en la zona oeste de Posadas, para vender diferentes cosas se ven afectadas, ya que la Municipalidad, hace dos semanas, dispuso el cobro de un canon obligatorio para tener un lugar.
En el barrio posadeño de Villa Cabello, funciona hace unos nueve años una populosa feria en el parque Sarmiento, ubicado sobre la avenida Tambor de Tacuarí casi Eva Perón. Allí concurrían, antes de la pandemia, más de 270 familias para vender diversos productos, en su mayoría usados, los días sábados y domingos.
A casi tres meses de ser habilitados para trabajar formalmente -el 17 de junio pasado-, la Municipalidad de Posadas intervino y dispuso una serie de cambios, entre ellos, que los vendedores paguen una tasa mensual de 228 pesos. Además, sólo se permite la instalación de 150 puestos.
La Voz de Misiones estuvo el pasado sábado en la plaza y dialogó con diferentes feriantes, quienes sorprendidos, manifestaron que el municipio les comenzó a cobrar por el espacio, pero no les brinda ningún tipo de asistencia, sin embargo ejercen a través, de al menos 3 inspectores, un control sobre el lugar, no permitiendo el arribo de aquellos que no pagan el mencionado canon.
En este sentido, Pamela Giménez, feriante desde hace cuatro años, contó que, para poder tener un lugar, “hay que iniciar un expediente en la Municipalidad” y las personas que aún no fueron habilitadas “están en lista de espera”.
Asimismo, agregó que comenzaron a pagar 228 pesos por mes, pero no reciben contraprestación por parte de la comuna: “Ellos vienen sábados y domingos a constatar que estemos. Pero basureros no tenemos, baños químicos tampoco. Si queremos ir al baño, hay un señor que nos alquila por 10 pesos, y el lugar es insalubre”.
Por otra parte, Yoli, otra vendedora, quien se traslada todos los fines de semana desde su vivienda del Parque Adám, barrio ubicado en López Torres y Costanera sur, comentó: “Yo gasto a veces 500 pesos, con pasajes, el alquiler de la mesa, porque ahora nos obligan a tener mesa, y la comida y, si no se vende nada, tenés que rebuscarte como sea”.
Además, manifestó que, si algún vendedor llega después de las 10 de la mañana, “no te dejan usar el espacio. Ellos nos exigen todo y no tenemos ni baño”. En este sentido, la vendedora señaló: “A veces se vende y a veces no, y hay días que no se vende nada, y tenemos que pagar a la Municipalidad, traer para comer y alquilar la mesa, que un señor nos alquila 100 pesos por día”.
A la espera de un baño
En diálogo con LVM, el delegado del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (Sivara) de Misiones, Alberto Fusté Padrós, señaló que: “Nosotros hemos cursado una nota hace dos meses o un poquito más solicitando baños químicos, solicitando cestos de basura y agua potable, pasó a jurídicos y jurídicos no se expidió. Entonces que se hizo desde los mismos vendedores, hablaron con un vecino que ofrece su casa como baño”.
Con respecto a que, los feriantes ya no pueden arrojar mantas en el suelo para poder exhibir los productos, el sindicalista, señaló: “Es un proceso que se está haciendo, gradual y paulatino, porque quien vende acá por lo general es madre sola a cargo de muchos chicos y vive lejos, entonces hay que implementar una estrategia para que pueda tener su mesa o su simil-mesa, todo lo que signifique que no haya contacto, como lo prohíbe el protocolo, entre el suelo y la mercadería”.
Por otra parte, Padrós, afirmó que el Sivara no cobra a ningún trabajador ambulante una tasa mensual, “todo afiliado de feria en todo el país, que trabajan una o dos veces como mucho al mes, la cuota es cero”.
Sin embargo, la Municipalidad dispuso el cobro de un arancel por mes, a lo que el representante de los feriantes, agregó: “Hasta ahora lo único que la municipalidad está dando es el control para que no se instalen vendedores que no están autorizados”.
Este medio se comunicó con la Municipalidad de Posadas, Control Comunal, Inspección y Servicio y Hacienda para interiorizarse sobre la habilitación y la organización de la feria y no tuvo respuesta alguna.
Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.
“Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.
El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.
Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.
“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.
El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno
Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.
La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.
Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.
Cumplen un mes en carpa los seis policías que reclaman volver a la fuerza
La Escuela Provincial Nº 76 “Marina Argentina” tiene 110 años y en los últimos seis comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las avenidas Crisantemos y Yacaré, del barrio Itaembé Guazú, donde un grupo de padres se reunió esta mañana para exigir respuestas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ante la falta de avances.
Con un cartel sobre el que se pudo leer: “Queremos escuela propia”, desde las 8 de la mañana de este lunes, los padres alzaron sus voces para exigir la culminación de las obras a fin de poder brindar mejores condiciones a más de 100 estudiantes que acuden a la institución debiendo utilizar aulas satélites distribuidas en la zona.
Anteriormente, la escuela se encontraba en Luchessi 2599, hasta que en el año 2023 dejaron de alquilar el espacio: “Por la suba del precio el Consejo General de Educación no tenía más presupuesto para alquilar en aquella dirección. El dueño ofreció vender al CGE, pero según las autoridades pedían mucho y no podían o no era negocio comprarlo”, explicó a La Voz de Misiones, Noelia, madre de uno de los estudiantes.
Paralelamente, en el año 2020 iniciaron las obras del nuevo edificio en Itaembé Guazú: “Supuestamente iban a habilitar la nueva sede a mediados del año pasado, una obra que lleva casi seis años en construcción, tenía fecha de finalización en el 2022, estamos en 2026 y todavía nada”.
Según indicó, la demora respondería a la falta de envío de fondos por parte del Iprodha: “Pereira terminó en un año la Escuela Secundaria de Innovación en este mismo barrio y esta otra hace seis años está en construcción”, reclamó.
En ese sentido, detalló las condiciones en que los niños deben transitar los procesos de aprendizaje: “Hoy tienen clases en un depósito, viven enfermos, no gozan de recreos dignos, ni actividades en áreas especiales, ya hace casi dos años venimos esperando la apertura de dicha escuela”.
Y añadió: “Los actos tienen en un Neni, no saben lo que es un acto de escuela primaria ni tampoco qué es la fiesta de la educación física, no tienen áreas especiales y todo debido a que no está finalizada la escuela”.
Frente a esta situación, los padres continuarán tomando medidas de fuerza a fin de agilizar las gestiones pertinentes para lograr la obtención de fondos y concluir las obras para finalmente inaugurar el espacio.
Movilización de padres para exigir la habilitación de la Escuela 76 en el barrio Itaembé Guazú.
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