Posadas
Mujer trans renunció a su trabajo en un Caps por “discriminación”
La trabajadora dejó su empleo en el Caps Las Rosas debido a burlas y comentarios peyorativos que recibía de parte de dos compañeras por su identidad de género y religión Africanista. Además, expuso inacción por parte de la secretaria a cargo del centro de salud.
Mia Penayo es una mujer trans, estudiante de Enfermería, que fue contratada a principios de enero para desempeñarse en el área de administración en el Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) Las Rosas, de la ciudad de Posadas.
La mujer fue ubicada en el área de Admisión de la salita y a partir de ahí vivió los episodios de discriminación que la llevaron a presentar su renuncia.
“Desde que ingresé viví situaciones de discriminación, estigmatización por razón de mi identidad de género y por mí religión- Africanista- las cuales fueron consecutivas de parte de dos personas que trabajan en el Caps”, contó Mia a La Voz de Misiones.
Perspectiva de género
Después de meses de soportar “la falta de respeto” de sus compañeras de trabajo, la estudiante de enfermería decidió consultar a la asesora legal del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Florencia González, qué podía hacer para solucionar el problema y finalmente trabajar en paz.
“Manifesté estos hechos a la asesora legal del Inadi, a quien conozco hace un tiempo, ella fue la que me asesoró a hacer la denuncia a las autoridades pertinentes”, detalló Penayo.
Fue entonces que la trabajadora denunció lo que sucedía ante la Secretaría de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Posadas, a cargo Lilian Tartaglino, de la cual dependen los Caps de la ciudad.
“Manifiesto esto a la autoridad pertinente, en este caso a la señora Lilian Tartaglino, quien me convocó a una reunión que prácticamente fue como una indagatoria”, señaló la mujer.
En esa línea, sostuvo que lejos de que se activen protocolos que le permitan seguir con su labor diaria y que sobre todo se garanticen sus derechos recibió revictimización e inacción de parte de la funcionaria.
“Era una mesa de varias personas que indagaron sobre la situación, hechos y demás. Ahí hubo revictimización, desinterés y, es más, sin ningún tipo de perspectiva de género, la que tanto pregonan”, enfatizó Mia.
Y continuó: “La subsecretaria no tomó ninguna medida como para mediar, para retratarse, para formar o capacitar, brindar información y mejorar un sector público”.
Ante la falta de respuesta de Tartaglino, Penayo decidió acudir nuevamente a la abogada del Inadi y le escribió vía Whatsapp: “Mi intención era denunciar esta inoperancia. Me dijo en ese momento que estaba con un familiar enfermo y que en la brevedad iba a responder, pasaron unas dos semanas y no respondió”.
Consternada y sin una solución, la trabajadora renunció a su puesto laboral y contó el hostigamiento diario que recibía en el centro de salud en su perfil de Facebook.
“A raíz de eso me volvió a escribir la abogada y me dijo que el lugar estaba abierto públicamente de 8 a 13 horas. En varias situaciones me acerqué, pero nunca estaba nadie. Ahora después de dos semanas y después de manejarnos por Whatsapp me responde de esa manera”, sentenció la mujer.
La Voz de Misiones consultó a Florencia González sobre los hechos.
Con respecto a ello, la letrada manifestó que “institucionalmente el Inadi siempre estuvo a disposición, se les dio todas las herramientas para hacer la denuncia, se la asesoro al respecto de cómo debía proceder e incluso se le ofreció colaboración para redactar la denuncia, hay mensajes que dan fe de eso, pero formalmente nunca la hizo.”
Asimismo, González explicó que el Instituto “no actúa de oficio, sin denuncia no puede intervenir”, y remarcó: “Las puertas del Inadi siempre estuvieron abiertas”.
“La lucha continúa”
Si bien Mia denunció que la discriminación y hostigamiento lo recibía de sus compañeras de trabajo, decidió no exponerlas, porque “son trabajadoras como yo y respeto más allá de todas las situaciones los ideales de cada persona, pero así exijo respeto”.
La mujer explicó que quienes tienen que buscar una solución son “las autoridades a cargo, la dirigencia política, porque son espacios públicos, deberían adecuarse a las situaciones y tratar de mejorar”.
Además, remarcó que tienen la obligación de “capacitar a los y las trabajadoras del sector público con perspectivas en derechos humanos y en este caso en lo que reclamé, el respeto y el trato digno, por identidad de género y por cuestión de identidad religiosa”.
“Basta de seguir hablando de inclusión, igualdad si siguen vulnerando situaciones, burlando las necesidades y las luchas que llevamos solo para embanderarse”, sostuvo y concluyó diciendo que “la lucha continúa”, para garantizar los derechos de todos.
Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.
“Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.
El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.
Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.
“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.
El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno
Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.
La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.
Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.
Cumplen un mes en carpa los seis policías que reclaman volver a la fuerza
La Escuela Provincial Nº 76 “Marina Argentina” tiene 110 años y en los últimos seis comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las avenidas Crisantemos y Yacaré, del barrio Itaembé Guazú, donde un grupo de padres se reunió esta mañana para exigir respuestas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ante la falta de avances.
Con un cartel sobre el que se pudo leer: “Queremos escuela propia”, desde las 8 de la mañana de este lunes, los padres alzaron sus voces para exigir la culminación de las obras a fin de poder brindar mejores condiciones a más de 100 estudiantes que acuden a la institución debiendo utilizar aulas satélites distribuidas en la zona.
Anteriormente, la escuela se encontraba en Luchessi 2599, hasta que en el año 2023 dejaron de alquilar el espacio: “Por la suba del precio el Consejo General de Educación no tenía más presupuesto para alquilar en aquella dirección. El dueño ofreció vender al CGE, pero según las autoridades pedían mucho y no podían o no era negocio comprarlo”, explicó a La Voz de Misiones, Noelia, madre de uno de los estudiantes.
Paralelamente, en el año 2020 iniciaron las obras del nuevo edificio en Itaembé Guazú: “Supuestamente iban a habilitar la nueva sede a mediados del año pasado, una obra que lleva casi seis años en construcción, tenía fecha de finalización en el 2022, estamos en 2026 y todavía nada”.
Según indicó, la demora respondería a la falta de envío de fondos por parte del Iprodha: “Pereira terminó en un año la Escuela Secundaria de Innovación en este mismo barrio y esta otra hace seis años está en construcción”, reclamó.
En ese sentido, detalló las condiciones en que los niños deben transitar los procesos de aprendizaje: “Hoy tienen clases en un depósito, viven enfermos, no gozan de recreos dignos, ni actividades en áreas especiales, ya hace casi dos años venimos esperando la apertura de dicha escuela”.
Y añadió: “Los actos tienen en un Neni, no saben lo que es un acto de escuela primaria ni tampoco qué es la fiesta de la educación física, no tienen áreas especiales y todo debido a que no está finalizada la escuela”.
Frente a esta situación, los padres continuarán tomando medidas de fuerza a fin de agilizar las gestiones pertinentes para lograr la obtención de fondos y concluir las obras para finalmente inaugurar el espacio.
Movilización de padres para exigir la habilitación de la Escuela 76 en el barrio Itaembé Guazú.
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