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Mujer trans renunció a su trabajo en un Caps por “discriminación”

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Mujer trans renunció a su trabajo en un Caps por “discriminación”

La trabajadora dejó su empleo en el Caps Las Rosas debido a burlas y comentarios peyorativos que recibía de parte de dos compañeras por su identidad de género y religión Africanista. Además, expuso inacción por parte de la secretaria a cargo del centro de salud.

 

Mia Penayo es una mujer trans, estudiante de Enfermería, que fue contratada a principios de enero para desempeñarse en el área de administración en el Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) Las Rosas, de la ciudad de Posadas.

La mujer fue ubicada en el área de Admisión de la salita y a partir de ahí vivió los episodios de discriminación que la llevaron a presentar su renuncia.

“Desde que ingresé viví situaciones de discriminación, estigmatización por razón de mi identidad de género y por mí religión- Africanista- las cuales fueron consecutivas de parte de dos personas que trabajan en el Caps”, contó Mia a La Voz de Misiones.

Perspectiva de género

Después de meses de soportar “la falta de respeto” de sus compañeras de trabajo, la estudiante de enfermería decidió consultar a la asesora legal del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Florencia González, qué podía hacer para solucionar el problema y finalmente trabajar en paz.

“Manifesté estos hechos a la asesora legal del Inadi, a quien conozco hace un tiempo, ella fue la que me asesoró a hacer la denuncia a las autoridades pertinentes”, detalló Penayo.

Fue entonces que la trabajadora denunció lo que sucedía ante la Secretaría de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Posadas, a cargo Lilian Tartaglino, de la cual dependen los Caps de la ciudad.

“Manifiesto esto a la autoridad pertinente, en este caso a la señora Lilian Tartaglino, quien me convocó a una reunión que prácticamente fue como una indagatoria”, señaló la mujer.

En esa línea, sostuvo que lejos de que se activen protocolos que le permitan seguir con su labor diaria y que sobre todo se garanticen sus derechos recibió revictimización e inacción de parte de la funcionaria.

“Era una mesa de varias personas que indagaron sobre la situación, hechos y demás. Ahí hubo revictimización, desinterés y, es más, sin ningún tipo de perspectiva de género, la que tanto pregonan”, enfatizó Mia.

Y continuó: “La subsecretaria no tomó ninguna medida como para mediar, para retratarse, para formar o capacitar, brindar información y mejorar un sector público”.

Ante la falta de respuesta de Tartaglino, Penayo decidió acudir nuevamente a la abogada del Inadi y le escribió vía Whatsapp: “Mi intención era denunciar esta inoperancia. Me dijo en ese momento que estaba con un familiar enfermo y que en la brevedad iba a responder, pasaron unas dos semanas y no respondió”.

Consternada y sin una solución, la trabajadora renunció a su puesto laboral y contó el hostigamiento diario que recibía en el centro de salud en su perfil de Facebook.

“A raíz de eso me volvió a escribir la abogada y me dijo que el lugar estaba abierto públicamente de 8 a 13 horas. En varias situaciones me acerqué, pero nunca estaba nadie. Ahora después de dos semanas y después de manejarnos por Whatsapp me responde de esa manera”, sentenció la mujer.

La Voz de Misiones consultó a Florencia González sobre los hechos.

Con respecto a ello, la letrada manifestó que “institucionalmente el Inadi siempre estuvo a disposición, se les dio todas las herramientas para hacer la denuncia, se la asesoro al respecto de cómo debía proceder e incluso se le ofreció colaboración para redactar la denuncia, hay mensajes que dan fe de eso, pero formalmente nunca la hizo.”

Asimismo, González explicó que el Instituto “no actúa de oficio, sin denuncia no puede intervenir”, y remarcó: “Las puertas del Inadi siempre estuvieron abiertas”.

“La lucha continúa”

Si bien Mia denunció que la discriminación y hostigamiento lo recibía de sus compañeras de trabajo, decidió no exponerlas, porque “son trabajadoras como yo y respeto más allá de todas las situaciones los ideales de cada persona, pero así exijo respeto”.

La mujer explicó que quienes tienen que buscar una solución son “las autoridades a cargo, la dirigencia política, porque son espacios públicos, deberían adecuarse a las situaciones y tratar de mejorar”.

Además, remarcó que tienen la obligación de “capacitar a los y las trabajadoras del sector público con perspectivas en derechos humanos y en este caso en lo que reclamé, el respeto y el trato digno, por identidad de género y por cuestión de identidad religiosa”.

“Basta de seguir hablando de inclusión, igualdad si siguen vulnerando situaciones, burlando las necesidades y las luchas que llevamos solo para embanderarse”, sostuvo y concluyó diciendo que “la lucha continúa”, para garantizar los derechos de todos.

Posadas

Vecinos resistieron al desalojo de una mujer en el barrio El Laurel de Posadas

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Para este jueves a las 9, el juez Fernando Escalante, titular del Juzgado Civil y Comercial Cinco, había ordenado desalojar la vivienda de Teresa Álvez Ferreyra (74) en la Chacra 190, del barrio El Laurel, por lo que horas atrás se apersonó en el lugar acompañado por efectivos de la Policía de Misiones, pero finalmente la medida fue suspendida. 

A media mañana, decenas de vecinos se presentaron frente a la vivienda de Teresa para resistir un quinto intento de desalojo en lo que va de los últimos siete años. 

El operativo policial recibió la orden para desalojar en el momento en que arribaron al lugar las autoridades junto a un numeroso grupo de efectivos que, en primera instancia, “intentaron proceder hacia el inmueble”, según fuentes consultadas por La Voz de Misiones

Finalmente, con un “fuerte apoyo de los vecinos” la medida terminó siendo suspendida. Consultado por este medio, el abogado Hernán Cansino confirmó que “se realizó un acta donde se dejó constancia que por disposición del juez Fernando Escalante no se llevó a cabo el desalojo por no estar dadas las condiciones”.

Por su parte, Patricia, hija de Teresa, se mostró preocupada ante la situación ya que aseguró que “en cualquier momento pueden sacar otra fecha para desalojar, porque el Juzgado Cinco es el mismo que tiene el expediente y el juez Fernando Escalante no quiere dar el brazo a torcer”. 

Frente a este escenario, expresó que sienten “intranquilidad porque todo quedó en la nada otra vez“.

El caso

Teresa Álvez reside en una vivienda del mencionado barrio desde hace 27 años y desde el 2018 ha enfrentado cinco intentos de desalojo, contabilizando el que fue registrado en la mañana de hoy.

La maniobra sería impulsada por un supuesto propietario, ex funcionario de una empresa estatal y, pese a que Teresa ha presentado una carpeta con documentación probatoria, así como notas a organismos públicos, las amenazas persisten.

La carpeta con pruebas que demuestran la ocupación desde 1998 contiene boletas de servicio, certificados de la escuela, de la iglesia, acta de nacimiento de un sobrino que vivió allí, censos nacionales, certificado de Vivienda Renabap, y numerosos testigos.

Hoy la familia denuncia que las contradicciones en el expediente del supuesto dueño no son evaluadas por la Justicia, quien reclama la propiedad casi tres décadas después. “Él se contradice en el expediente, dice que él vivió acá, después dice que esto fue una herencia del papá, por eso no se le entiende. Y el juzgado, el juez, ¿cómo no va a evaluar todas esas inconsistencias?”, cuestionó un familiar de Teresa.

Antecedentes 

La primera orden de desalojo se produjo el 23 de noviembre de 2023 y fue emitida desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas. La misma fue finalmente desestimada por no consignar el nombre de la persona a desalojar.

Las familias de la Chacra 190 del Barrio Laurel comentaron que un vecino ya fue desalojado por no haber podido demostrar la posesión veinteañal. Y advirtieron que el caso de Teresa no es el único, ya que en la manzana hay otras familias afectadas y preocupadas por la situación.

Estas acciones judiciales atentan contra los derechos de las familias que cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP en Argentina, que les brinda una protección especial contra los desalojos, establecida principalmente por la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias.

Dicha Ley (en su artículo 15, modificado por la Ley N° 27.694) establece una suspensión por un plazo de diez años de todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP. Este plazo comenzó a regir a partir del 29 de octubre de 2022.

Vecina del barrio El Laurel en alerta ante un nuevo intento de desalojo

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Vecina del barrio El Laurel en alerta ante un nuevo intento de desalojo

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Teresa Álvez Ferreyra (74) se encuentra en estado de alerta, junto a vecinos de la Chacra 190, del barrio El Laurel, ubicado en la capital provincial, tras una nueva notificación por parte del Juzgado Civil y Comercial Cinco, desde donde programaron un desalojo para este jueves a las 9.

El caso fue relevado por integrantes del proyecto de extensión “Investigación Acción Participativa y Periodismo Comunitario” de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHYCS) de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), quienes a través de un comunicado buscan hacer extensiva la situación para intentar revertirla.

En el documento detallaron que Ferreyra reside en una vivienda del mencionado barrio hace 27 años y desde el 2018 ha enfrentado cuatro intentos de desalojo. La última notificación daría cuenta de un quinto intento.

Además de señalar el período de tiempo que reside en la zona, la mujer comentó que padece hipertensión y otras enfermedades de base, por lo que lamentó: “No es justo que me quieran desalojar, tengo que hacer valer mis derechos. Son muchos años los que viví acá, no puedo quedarme sin nada. Espero una solución pronta, que consideren mi situación”.

El desalojo

El documento elaborado por un equipo de la mencionada casa de estudios, detalla que la maniobra sería impulsada por un supuesto propietario, ex funcionario de una empresa estatal y, pese a que Teresa ha presentado una carpeta con documentación probatoria, así como notas a organismos públicos, las amenazas de desalojo persisten.

“La mujer cuenta con documentación que respalda su permanencia, incluyendo certificados del Renabap y haber sido beneficiaria del programa “Mi Pieza” en 2022”, sostiene la misiva.

Por otra parte, la damnificada habría presentado una carpeta con pruebas que demuestran la ocupación desde 1998, como ser: boletas de servicio, certificados de la escuela, de la iglesia, acta de nacimiento de un sobrino que vivió allí, censos nacionales, certificado de Vivienda Renabap, y numerosos testigos.

Según la familia, a pesar de las evidencias, el juez Fernando Escalante, titular del juzgado interviniente, Escalante, ha negado sus presentaciones.

Al mismo tiempo, la familia denuncia que las contradicciones en el expediente del supuesto dueño no son evaluadas por la Justicia, quien reclama la propiedad casi tres décadas después. “Él se contradice en el expediente, dice que él vivió acá, después dice que esto fue una herencia del papá, por eso no se le entiende. Y el juzgado, el juez, ¿cómo no va a evaluar todas esas inconsistencias?”, cuestionó un familiar de Teresa.

La familia rechazó un ofrecimiento de “dos meses de alquiler y un flete”, calificándolo como una burla. “Es como burlarse de la persona, porque cómo la vas a tirar a la calle a una persona mayor”, señaló Patricia, una de las hijas de Teresa.

Por este motivo, Teresa pidió la solidaridad de sus vecinos para acompañarla en el día del desalojo y “hacer entrar en razón a esa gente”.

Antecedentes

La primera orden de desalojo se produjo el 23 de noviembre de 2023 y fue emitida desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas. La misma fue finalmente desestimada por no consignar el nombre de la persona a desalojar.

Las familias de la Chacra 190 del Barrio Laurel comentaron que un vecino ya fue desalojado por no haber podido demostrar la posesión veinteañal. Y advirtieron que el caso de Teresa no es el único, ya que en la manzana hay otras familias afectadas y preocupadas por la situación.

Estas acciones judiciales atentan contra los derechos de las familias que cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP en Argentina, que les brinda una protección especial contra los desalojos, establecida principalmente por la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y sus modificatorias.

Dicha Ley (en su artículo 15, modificado por la Ley N° 27.694) establece una suspensión por un plazo de diez años de todas las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP. Este plazo comenzó a regir a partir del 29 de octubre de 2022.

Fuente: Producción informativa realizada desde el proyecto de extensión “Investigación Acción Participativa y Periodismo Comunitario” (Resolución/2025 HCD FHyCS-UNaM)

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A cambio de un libro, historiador junta fondos para operación de su esposa

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A cambio de un libro, historiador junta fondos para operación de su esposa

El reconocido historiador Leo Duarte busca recaudar $1.500.000 para la operación de su esposa Mercedes, quien necesita una placa de titanio en la muñeca izquierda para recuperar la movilidad tras un accidente. A quienes ayuden a juntar la suma necesaria, “como muestra de agradecimiento”, recibieran un libro.

El pasado miércoles 16, Mercedes regresaba a su hogar a bordo de su motocicleta, cuando un auto marca Fiat Palio blanco la atropelló en el barrio Itaembé Miní, en la intersección de las avenidas Arturo Jauretche y 170.

A raíz del impacto, la mujer quedó tendida en el asfalto y el conductor del Fiat Palio se dio a la fuga del lugar sin asistirla.

La dejó tirada ahí y se fue, unos vecinos la socorrieron, ella volvió otra vez con la moto, asustada, vio que era un palio blanco, patente 836, pero no se acuerda mucho, son vagos los recuerdos que tiene del accidente”, contó el historiador posadeño en conversación con La Voz de Misiones.

En esa línea, el creador de la reconocida página de Facebook Posadas del Ayer precisó que su esposa sufrió fractura en cuatro partes de la muñeca izquierda y “le tienen que poner una placa de titanio, para que pueda recuperar la movilidad otra vez, igualmente la mano no va a quedar lo mismo, se le va a complicar mucho mover la mano”.

Para la operación, el matrimonio consiguió turno en el hospital Madariaga para dentro de seis meses. Sin embargo, es un tiempo que no pueden esperar, ya que Mercedes tiene un emprendimiento de churros y “es parte del sostén de la familia”, dijo Leo Duarte.

Ante esta situación, decidieron recaudar la suma de $1.500.000 para que Mercedes pueda operarse lo antes posible y recuperar la movilidad de su brazo izquierdo que tiene por completo enyesado y, a quienes decidan ayudar, a cambio el historiador le regalará un libro.

Número de Leo Duarte para ayudar: 3764600987

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