La trabajadora dejó su empleo en el Caps Las Rosas debido a burlas y comentarios peyorativos que recibía de parte de dos compañeras por su identidad de género y religión Africanista. Además, expuso inacción por parte de la secretaria a cargo del centro de salud.

Mia Penayo es una mujer trans, estudiante de Enfermería, que fue contratada a principios de enero para desempeñarse en el área de administración en el Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) Las Rosas, de la ciudad de Posadas.

La mujer fue ubicada en el área de Admisión de la salita y a partir de ahí vivió los episodios de discriminación que la llevaron a presentar su renuncia.

“Desde que ingresé viví situaciones de discriminación, estigmatización por razón de mi identidad de género y por mí religión- Africanista- las cuales fueron consecutivas de parte de dos personas que trabajan en el Caps”, contó Mia a La Voz de Misiones.

Perspectiva de género

Después de meses de soportar “la falta de respeto” de sus compañeras de trabajo, la estudiante de enfermería decidió consultar a la asesora legal del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Florencia González, qué podía hacer para solucionar el problema y finalmente trabajar en paz.

“Manifesté estos hechos a la asesora legal del Inadi, a quien conozco hace un tiempo, ella fue la que me asesoró a hacer la denuncia a las autoridades pertinentes”, detalló Penayo.

Fue entonces que la trabajadora denunció lo que sucedía ante la Secretaría de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Posadas, a cargo Lilian Tartaglino, de la cual dependen los Caps de la ciudad.

“Manifiesto esto a la autoridad pertinente, en este caso a la señora Lilian Tartaglino, quien me convocó a una reunión que prácticamente fue como una indagatoria”, señaló la mujer.

En esa línea, sostuvo que lejos de que se activen protocolos que le permitan seguir con su labor diaria y que sobre todo se garanticen sus derechos recibió revictimización e inacción de parte de la funcionaria.

“Era una mesa de varias personas que indagaron sobre la situación, hechos y demás. Ahí hubo revictimización, desinterés y, es más, sin ningún tipo de perspectiva de género, la que tanto pregonan”, enfatizó Mia.

Y continuó: “La subsecretaria no tomó ninguna medida como para mediar, para retratarse, para formar o capacitar, brindar información y mejorar un sector público”.

Ante la falta de respuesta de Tartaglino, Penayo decidió acudir nuevamente a la abogada del Inadi y le escribió vía Whatsapp: “Mi intención era denunciar esta inoperancia. Me dijo en ese momento que estaba con un familiar enfermo y que en la brevedad iba a responder, pasaron unas dos semanas y no respondió”.

Consternada y sin una solución, la trabajadora renunció a su puesto laboral y contó el hostigamiento diario que recibía en el centro de salud en su perfil de Facebook.

“A raíz de eso me volvió a escribir la abogada y me dijo que el lugar estaba abierto públicamente de 8 a 13 horas. En varias situaciones me acerqué, pero nunca estaba nadie. Ahora después de dos semanas y después de manejarnos por Whatsapp me responde de esa manera”, sentenció la mujer.

La Voz de Misiones consultó a Florencia González sobre los hechos.

Con respecto a ello, la letrada manifestó que “institucionalmente el Inadi siempre estuvo a disposición, se les dio todas las herramientas para hacer la denuncia, se la asesoro al respecto de cómo debía proceder e incluso se le ofreció colaboración para redactar la denuncia, hay mensajes que dan fe de eso, pero formalmente nunca la hizo.”

Asimismo, González explicó que el Instituto “no actúa de oficio, sin denuncia no puede intervenir”, y remarcó: “Las puertas del Inadi siempre estuvieron abiertas”.

“La lucha continúa”

Si bien Mia denunció que la discriminación y hostigamiento lo recibía de sus compañeras de trabajo, decidió no exponerlas, porque “son trabajadoras como yo y respeto más allá de todas las situaciones los ideales de cada persona, pero así exijo respeto”.

La mujer explicó que quienes tienen que buscar una solución son “las autoridades a cargo, la dirigencia política, porque son espacios públicos, deberían adecuarse a las situaciones y tratar de mejorar”.

Además, remarcó que tienen la obligación de “capacitar a los y las trabajadoras del sector público con perspectivas en derechos humanos y en este caso en lo que reclamé, el respeto y el trato digno, por identidad de género y por cuestión de identidad religiosa”.

“Basta de seguir hablando de inclusión, igualdad si siguen vulnerando situaciones, burlando las necesidades y las luchas que llevamos solo para embanderarse”, sostuvo y concluyó diciendo que “la lucha continúa”, para garantizar los derechos de todos.

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