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Homenajes y reivindicaciones marcaron la marcha del 24 de marzo en Posadas

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Cientos de personas provenientes de espacios independientes, académicos, organizaciones sociales, políticas y sindicales, se hicieron presentes con banderas, pasacalles y pañuelos en la intersección de calle Buenos Aires y avenida Mitre de la capital misionera para marchar hacia la Plaza 9 de Julio, en repudio del golpe militar de 1976 y exigieron el cumplimiento de los derechos humanos en la actualidad. 

Alrededor de las 9, una columna integrada por alrededor de 500 personas con carteles y retratos de los desaparecidos misioneros, banderas de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Libres, Sitba, PCR, Aníbal Verón, Frente Patria, entre otros, iniciaron el recorrido de la marcha que a su paso fue señalando algunos de los centros clandestinos de detención que funcionaron en el microcentro posadeño entre 1976 y 1983.

La primera parada fue frente a la sede del Servicio Administrativo de Policía y Servicio Penitenciario Provincial, sobre calle Buenos Aires casi Santiago del Estero. La dirigente de ATE, Mónica Gurina, aseguró que “por allí pasaron más de 600 presos políticos misioneros y también de diferentes puntos del país, Chile y Paraguay. Aquí se los traía luego de su secuestro, esposados y encapuchados para luego torturarlos para sacar información de quiénes eran los otros compañeros y dirigentes”. 

“Aquí soportaron ese horror estudiantes secundarios y universitarios que participaban en agrupaciones políticas estudiantiles o en centros de estudiantes, pero también pequeños y medianos productores del Movimiento Agrario Misionero, de las ligas agrarias, tareferos afiliados a Fatre y empleadas domésticas que tuvieron la osadía de armar un sindicato. Docentes en lucha, trabajadores de la construcción, panaderos y empleados públicos afiliados o no a la ATE”, continuó enumerando Gurina.

Luego nombró a algunas de las víctimas: en 1976 el ex militante de la UES, Miguel Ángel Sánchez, nacido en el barrio Tiro Federal de Posadas, fue brutalmente torturado y su cuerpo fue entregado a sus padres en un cajón cerrado. En 1977 Leonor Victorina Chervo de González, militante de la Acción Católica de Posadas. En 1978 Pedro Luis Lunge Golemba, obrero de una fábrica de bolsas de plástico de Leandro N Alem, cuyo cuerpo continúa desaparecido. Ese mismo año, fue asesinado en ese lugar Sergio Trinidad Paniagua, estudiante de Ciencias Económicas en La Plata. 

El segundo punto de memoria fue la sede de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales donde asistieron varios estudiantes secuestrados, torturados y desaparecidos durante la dictadura, como Carlos Enrique Tereszecuk, asesinado en la Masacre de Margarita Belén a los 24 años, Luis Arturo Franzen y Juan Figueredo, entre otros.

El tercero fue la sede de la Policía Federal, sobre calle Ayacucho casi Salta, allí se habrían producido secuestros planificados y organizados por las fuerzas armadas. “La Jefatura del Área II, III, II señalizada por el Estado nacional, dirigía toda la represión de la provincia y dependía del segundo cuerpo del Ejército con asiento en Rosario que a su vez incluía a las seis provincias de nuestro litoral. Durante la dictadura, aquí se decidía quiénes vivirían, quiénes serían asesinados, quiénes serían desaparecidos y quiénes estarían a disposición del Poder Ejecutivo Nacional por decreto del ministro del Interior pasando a ser un preso legal, aunque en muchos de los casos no garantizaba la vida”. 

El cuarto sitio de memoria fue el CEP N°4. Según datos históricos relatados por docentes presentes “un estudiante secundario de 16 años contó que aquí escuchaba cómo torturaban a niños para que sus padres dijeran dónde estaban y quiénes eran sus compañeros”. 

“Durante los juicios de lesa humanidad encontraron registros de estudiantes que ingresaban, las listas para participar en las elecciones de los centros de estudiantes y de los afiliados a sindicatos y partidos políticos, principalmente del Partido Auténtico que en 1975 participó de las elecciones provinciales. En esas elecciones fueron electos dos diputados de ese partido Juan Figueredo, quien fue secuestrado y aún continúa desaparecido, y Pablo Fernández que en su inminente secuestro, aún en democracia, en septiembre de 1975 se exilió en Suecia. Luego fueron secuestrados los afiliados del partido a lo largo y ancho de la provincia”, aseguraron.

El quinto y último lugar visitado previo a la llegada a la plaza 9 de Julio fue la sede de la Agrupación IV Misiones de Gendarmería Nacional. Estos son solo cinco de los 36 centros clandestinos de detención identificados en Misiones, la mayoría ubicados en la capital provincial, pero también presentes en otras localidades como Oberá, Iguazú, Montecarlo, Eldorado, San Ignacio y Puerto Rico. 

De la dictadura a la pérdida de derechos en democracia

Graciela Franzen (69), tenía 21 años cuando los acontecimientos comenzaron a precipitarse, desde los allanamientos en su casa sobre calle Sargento Brítez, las persecuciones, reiteradas detenciones y la masacre en Chaco que terminó con la vida de su hermano Luis Enrique. 

Desde muy joven militó por los derechos humanos desde el barrio y las instituciones educativas de las que formó parte. A 48 años de los episodios que marcaron la última dictadura militar, y como en los últimos años, este 24 de marzo volvió a las calles para realizar el recorrido completo de la marcha y reivindicar derechos. 

Al hacer un balance sobre la situación política actual, en diálogo con La Voz de Misiones, analizó “Hoy estamos mucho peor. Antes teníamos fábricas, no había desocupación, no había trabajo precario, los trabajadores estaban en planta permanente o contratados con relación de dependencia”. 

En ese sentido, lamentó “todo lo que no perdimos en dictadura, perdimos en democracia, hoy vemos que los jóvenes están precarizados o se están cerrando fábricas y se quiere privatizar el Banco Nación que es nuestra soberanía, como pasó con los puertos”. 

A lo que sumó: “No podemos permitir que nuestra población pase hambre cuando producimos alimentos, carne, verduras, frutas para más de quinientos millones de personas, podemos alimentar a todos los continentes y estamos pasando hambre. Esto no vamos a permitir. Los militantes y sobrevivientes decimos Nunca Más genocidio del hambre. Van a tener que ir presos y condenados a cadena perpetua como los genocidas de la dictadura”.

 

La marcha culminó en la plaza central donde se realizó el acto conmemorativo, con una intervención artística de la Murga de la Estación y se hicieron visibles las diferentes banderas sociales y políticas que repudiaron los “despidos masivos” producidos en todo el país, así como también “el vaciamiento de programas y planes sociales, el desfinanciamiento del sistema público de salud, la educación, el ataque al sistema científico nacional, organismos del Estado como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el INCAA, Agricultura Familiar, Télam, Anses, entre otros”.

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A partir del 30 de septiembre el SEM Posadas tendrá otra App

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La Municipalidad de Posadas implementará SEM Mobile, la nueva aplicación del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), que reemplazará a la actual plataforma y permitirá a los usuarios gestionar el estacionamiento desde el celular.

El cambio fue informado por la Secretaría de Movilidad Urbana y detalló que a partir del 30 de septiembre de 2026, la aplicación “SEM Posadas” dejará de utilizarse, por lo que los usuarios deberán eliminar la aplicación anterior e instalar “SEM Mobile” para continuar utilizando el servicio.

La nueva aplicación ya se encuentra disponible gratuitamente en Google Play para dispositivos Android, identificada como SEM Mobile y desarrollada por la Universidad Nacional de La Plata.

Desde el organismo también explicaron que: “Quienes ya cuentan con una cuenta en el sistema no deberán realizar un nuevo registro y podrán utilizar el mismo usuario y contraseña que tenían en la aplicación anterior”.

Respecto a las actividades efectuadas recientemente, ampliaron: “El saldo disponible y las patentes de los vehículos que ya estaban registradas continuarán asociadas, por lo que no será necesario volver a cargar esos datos”.

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Fin del acampe de ex policías: “Tuvimos un acercamiento con el gobierno”

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Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.

Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.

El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.

Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.

“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.

El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.

Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.

La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas. 

Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.

Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.

Cumplen un mes en carpa los seis policías que reclaman volver a la fuerza

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