Posadas
Estudiantes universitarios realizarán un relevamiento de alquileres en Posadas
Ante la creciente demanda y escasez de datos precisos sobre precios, condiciones generales, servicios y tipos de contratos, estudiantes misioneros que cursan distintas carreras, tanto en universidades públicas como privadas, decidieron lanzar el Primer Relevamiento de Alquiler Universitario.
Para este fin, crearon un grupo denominado “Jóvenes x el alquiler”, quienes, a través de un posteo en su cuenta de Instagram, invitaron a sumarse a otros jóvenes como encuestadores voluntarios a fin de recolectar datos clave para impulsar nuevas políticas acorde.
“Queremos conocer cuánto pagamos, bajo qué condiciones vivimos y qué problemas enfrentamos”, sostiene la misiva emitida a través de esa red.
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Por su parte, Carlos Posdeley, uno de los impulsores del proyecto, comentó que la iniciativa cobra relevancia al considerar que, en un contexto de crisis económica y desregulación de mercados que generan amplias disparidades, en el último tiempo hubo un marcado incremento en la cantidad de estudiantes trabajadores.
“Es una dualidad que viene creciendo cada día más y a muchos se le suma el hecho de ser de otras localidades de la provincia o de Corrientes. Para este grupo el tema del alquiler es crítico por dos motivos: el primero es el deseo de independizarse del domicilio de los padres, algo cada vez más difícil, y el otro es que la vivienda es un prerrequisito para estudiar en Posadas. Por lo tanto, el esfuerzo de todos los días por aprobar materias, rendir finales y cursar durante ocho meses, siempre está al borde de ser en vano por no poder continuar residiendo en la ciudad”, sostuvo Posdeley.
Y consideró: “Si bien se han implementado otras modalidades de cursada que permiten realizar virtualmente, creo que la pandemia nos demostró que el encuentro personal y la presencialidad no pueden reemplazarse y son vitales para la formación de las personas”.
Investigación para mejorar la calidad de vida de los estudiantes
El relevamiento será sobre las condiciones de cada alquiler, teniendo en cuenta: precio, ubicación, calidad habitacional y las opiniones sobre las mismas, para medir cómo estas repercuten en su sociabilización, edad, género y lugar de origen. Por último, tendrá en cuenta el aspecto jurídico y los tipos de contrato existentes.
Para llevar esta tarea a cabo, los voluntarios harán recorridas presenciales en las distintas unidades académicas para recolectar dicha información a través de los estudiantes. “Cuantas más personas se sumen, mejores serán los resultados. Nuestra meta es alcanzar 400 encuestas, respetando la proporción de cada unidad académica para garantizar un estudio representativo”, puntualizó Posdeley.
Sondeos y políticas previas
Desde el equipo recordaron que la Agencia Universitaria realizó un informe en conjunto con la Oficina de Datos de la Municipalidad de Posadas, al que calificaron como “muy interesante” y que les sirvió de base para realizar su primer esbozo.
Sin embargo, cuestionaron: “No encontramos que se haya publicado un trabajo que abarque precisamente lo que nosotros nos proponemos. De ese trabajo, por ejemplo, se resalta que el 40% de los estudiantes de nivel superior en Posadas residen mediante un alquiler o un albergue”.
En el mismo sentido, se refirió al proyecto de ordenanza presentado ante el Honorable Concejo Deliberante de Posadas (HCD), por la concejal renovadora Mariela Dachary, que tenía como fin facilitar el acceso a los alquileres.
“Conocemos el proyecto y parece ser un buen antecedente, pero no estamos en conocimiento de si se encuentra activo, según lo que averiguamos el proyecto ingresó, pero no se sancionó. Sin embargo, hace foco en un solo tipo de estudiante: el que ingresa mediante un contrato regular”.
Finalmente, se diferenció: “Nuestro trabajo tiene un horizonte más amplio que es conocer y comprender cómo se producen otras dinámicas que se habitan en los márgenes, como los alquileres en negro y mediante un comodato, porque sabemos que existen y necesitamos información al respecto. También comprendemos que el problema del alquiler necesita un estudio mucho más profundo desde la derogación de la Ley Nacional de Alquileres, que fue posterior al ingreso del proyecto en el HCD”.
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A partir del 30 de septiembre el SEM Posadas tendrá otra App
La Municipalidad de Posadas implementará SEM Mobile, la nueva aplicación del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), que reemplazará a la actual plataforma y permitirá a los usuarios gestionar el estacionamiento desde el celular.
El cambio fue informado por la Secretaría de Movilidad Urbana y detalló que a partir del 30 de septiembre de 2026, la aplicación “SEM Posadas” dejará de utilizarse, por lo que los usuarios deberán eliminar la aplicación anterior e instalar “SEM Mobile” para continuar utilizando el servicio.
La nueva aplicación ya se encuentra disponible gratuitamente en Google Play para dispositivos Android, identificada como SEM Mobile y desarrollada por la Universidad Nacional de La Plata.
Desde el organismo también explicaron que: “Quienes ya cuentan con una cuenta en el sistema no deberán realizar un nuevo registro y podrán utilizar el mismo usuario y contraseña que tenían en la aplicación anterior”.
Respecto a las actividades efectuadas recientemente, ampliaron: “El saldo disponible y las patentes de los vehículos que ya estaban registradas continuarán asociadas, por lo que no será necesario volver a cargar esos datos”.
Dos proyectos de ordenanza buscan modificar el SEM en Posadas
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Fin del acampe de ex policías: “Tuvimos un acercamiento con el gobierno”
Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.
“Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.
El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.
Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.
“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.
El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno
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Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno
Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.
La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.
Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.
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