Posadas
“Ese camión no estaba habilitado: les importó más la basura que mi hijo”
A seis días del fallecimiento de Maximiliano Villalba, el trabajador municipal de 26 años aplastado por un camión recolector de residuos en Posadas, su familia reclama justicia y adelantó que en los próximos días realizarán una marcha para honrar la memoria del muchacho.
Desde la vivienda familiar en Itaembé Guazú, Sonia Centurión y Carlos Villalba dialogaron con La Voz de Misiones, instancia en la cual expresaron el profundo dolor en el que se encuentra sumidos desde el día de la tragedia y reclamaron que “haya un responsable” porque consideran que el accidente se pudo haber evitado.
“No estamos para nada bien. Todavía no caemos en lo que pasó. Todos sabemos que algún día nos vamos a morir, pero el tema es la manera y que esto se podía haber evitado”, comenzó la madre de Maximiliano, que hace 8 años trabajaba como recolector de residuos sin relación de dependencia.
El suceso se registró el jueves de la semana pasada, en el barrio Latinoamérica, mientras Maximiliano trabajaba como todos los días pero en determinado momento cayó del estribo de cola del camión y fue aplastado durante una maniobra en reversa realizada por el conductor del rodado.
El joven quedó malherido en el lugar y alcanzó a ser trasladado al hospital Madariaga, aunque desafortunadamente falleció horas después como consecuencia de las severas lesiones sufridas en distintas partes del cuerpo.
“Le destrozó todo”
Sobre el día del hecho, Sonia recordó que “era un día normal, él salió a trabajar. Se fue junto a su papá. A las 8.30-9.00 me llama mi yerno diciendo que mi hijo sufrió un accidente, no me dijo la realidad pero yo me di cuenta que algo malo estaba pasando”.
Allí, la mujer salió rumbo a un sanatorio privado ubicado en el centro de Posadas, pero “a mitad de camino me avisan que él estaba en el hospital. Se hacía más largo el viaje aún. Cuando llego mi marido estaba con todos y me recibe con la noticia, diciendo que la vida de él ya estaba más allá que acá. A él le tuvieron que reanimar porque perdió mucha sangre. Estaba en emergencia, no quise creer lo que estaban diciendo. No había consuelo. Al rato lo llaman a mi marido para pedir autorización para una cirugía porque le tenían que amputar una pierna, pero después al poco tiempo recibimos otra llamada diciendo que hubo un paro. Al rato otro paro y después falleció”.
La familia narró que Maximiliano sufrió mucho más que la fractura expuesta de una pierna y que la ambulancia tardó cerca de 40 minutos en llegar al lugar del hecho.
“El camión le pasó por el medio. Le destrozó todo. A mi hijo me lo entregaron por la mitad. Él estaba consciente cuando una testigo llegó y la ambulancia tardó 40 minutos. Nadie hizo nada bien. Él también sufrió abandono de persona, porque perdió mucha sangre ahí. Tenemos un video en el que se ve cuando mi hijo grita y que el camión recién frena cinco metros después”, agregó Sonia.
Sobre la mecánica del siniestro, Carlos indicó que “hay dos hipótesis: un error humano o una falla en los camiones”.
A continuación, aseguró que la plataforma trasera del camión “se movía todo. Eso tiene unos cilindros que deben estar fijos para que no se levanten y eso estaba flojo. El camión tampoco tenía la bocina de marcha atrás, ni la VTV. Yo no puedo decir muchas cosas, pero eso no estaba habilitado para trabajar”, apuntó el hombre, que también es empleado municipal y durante muchos años se desempeñó como recolector.
A partir de ese punto, la familia reclama otra irregularidad: la situación legal de su hijo como trabajador de la Municipalidad.
“Mi hijo estuvo 8 años en negro. No tenía seguro, nada. Era como un changarín. Cobraba por mes, pero el recibo no le servía de nada porque no tenía obra social, nada. Él hace rato tenía que haber pasado a planta, pero en el sindicato también hay una mafia y nunca atendieron la situación de mi hijo”, reclamó Sonia.
A la Justicia
Entre lágrimas, la mujer pidió justicia. “Lo que pasó con mi hijo no se lo deseo a nadie. Él no merecía morir así. Todos nos vamos a morir, pero ¿de esa manera y que no haya ningún responsable? Ese es nuestro pedido, que haya un responsable. Vamos a ir a la Justicia hasta lo último porque esto no puede quedar así. Esperaron una muerte para arreglar todo. Esos camiones no están en condiciones de trabajar, salen a la buena de Dios”, disparó.
La familia asegura que recientemente se reunieron con el intendente, Leonardo Stelatto, y plantearon todas sus inquietudes y reclamos. “Lo que más me indigna es que ellos se preocuparon más por la basura que por mi hijo. Porque después del hecho vinieron y mandaron a que el camión continúe con su trabajo en la zona. Yo le dije eso a Stelatto”, puntualizó Carlos.
“Mi hijo murió en su trabajo y desprotegido. Eso es lo más doloroso. Ojalá se pongan a la altura de la situación, pero mi dolor nadie siente. Eso no se lo deseo a nadie. Estos son los peores momentos, llega la noche y a mi hijo no lo encuentro. Prendo el celular y veo sus fotos. Le hice sonar el teléfono esperando por él”, cerró Sonia, quien adelantó que planean realizar una marcha pero todavía no definieron el día ni lugar.
Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.
“Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.
El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.
Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.
“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.
El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno
Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.
La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.
Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.
Cumplen un mes en carpa los seis policías que reclaman volver a la fuerza
La Escuela Provincial Nº 76 “Marina Argentina” tiene 110 años y en los últimos seis comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las avenidas Crisantemos y Yacaré, del barrio Itaembé Guazú, donde un grupo de padres se reunió esta mañana para exigir respuestas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ante la falta de avances.
Con un cartel sobre el que se pudo leer: “Queremos escuela propia”, desde las 8 de la mañana de este lunes, los padres alzaron sus voces para exigir la culminación de las obras a fin de poder brindar mejores condiciones a más de 100 estudiantes que acuden a la institución debiendo utilizar aulas satélites distribuidas en la zona.
Anteriormente, la escuela se encontraba en Luchessi 2599, hasta que en el año 2023 dejaron de alquilar el espacio: “Por la suba del precio el Consejo General de Educación no tenía más presupuesto para alquilar en aquella dirección. El dueño ofreció vender al CGE, pero según las autoridades pedían mucho y no podían o no era negocio comprarlo”, explicó a La Voz de Misiones, Noelia, madre de uno de los estudiantes.
Paralelamente, en el año 2020 iniciaron las obras del nuevo edificio en Itaembé Guazú: “Supuestamente iban a habilitar la nueva sede a mediados del año pasado, una obra que lleva casi seis años en construcción, tenía fecha de finalización en el 2022, estamos en 2026 y todavía nada”.
Según indicó, la demora respondería a la falta de envío de fondos por parte del Iprodha: “Pereira terminó en un año la Escuela Secundaria de Innovación en este mismo barrio y esta otra hace seis años está en construcción”, reclamó.
En ese sentido, detalló las condiciones en que los niños deben transitar los procesos de aprendizaje: “Hoy tienen clases en un depósito, viven enfermos, no gozan de recreos dignos, ni actividades en áreas especiales, ya hace casi dos años venimos esperando la apertura de dicha escuela”.
Y añadió: “Los actos tienen en un Neni, no saben lo que es un acto de escuela primaria ni tampoco qué es la fiesta de la educación física, no tienen áreas especiales y todo debido a que no está finalizada la escuela”.
Frente a esta situación, los padres continuarán tomando medidas de fuerza a fin de agilizar las gestiones pertinentes para lograr la obtención de fondos y concluir las obras para finalmente inaugurar el espacio.
Movilización de padres para exigir la habilitación de la Escuela 76 en el barrio Itaembé Guazú.
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