Posadas
Dueño de geriátrico acusó de “desidia” a la familia de anciana fallecida
Cuatro días después de la muerte de Florentina Núñez, la anciana de 81 años cuya familia denunció haber sufrido abandono de persona en un geriátrico posadeño, llegó la respuesta de Roberto Cordero, propietario del lugar y blanco de las acusaciones: “Acá se ve la desidia de los parientes, 26 años lejos de su madre y a lo último le agarra un ataque de amor”.
El hombre habló con La Voz de Misiones esta tarde y se defendió de las acusaciones que la familia de Núñez lanzó en su contra, al tiempo que respondió a los cuestionamientos sobre el funcionamiento del geriátrico y agradeció a quienes le manifestaron apoyo en las últimas horas.
La historia de Florentina Núñez se hizo pública el jueves pasado, cuando Gimena y Graciela, nieta e hija de la mujer, respectivamente, denunciaron que el geriátrico Itatí -ubicado en Junín y Salta de Posadas- incurrió en un “abandono de persona” que agravó el cuadro de salud de la anciana, cuyo deceso se produjo un día después en un sanatorio del microcentro.
La familia aseguró que la anciana ingresó al lugar el 15 de diciembre del año pasado, con un cuadro de demencia senil y principio de alzheimer, y que en apenas dos meses su salud se deterioró de tal forma que terminó internada con deshidratación y desnutrición.
La situación, incluso, se judicializó. En el caso intervino el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte, que dispuso de medidas preliminares y ahora se enfoca en esclarecer lo sucedido para determinar posibles responsabilidades.
Contraataque
Ahora, llegó la respuesta. Roberto Cordero, propietario del lugar, defendió el funcionamiento del geriátrico en el que actualmente contienen a 12 adultos mayores y contraatacó a la familia de Núñez, a quienes acusó de “desidia”.
“Ella ingresa el 15 de diciembre acá, por un contrato de prestación de servicio. El tema es que su enfermedad fue avanzando. Un abuelo en dos o tres días puede deshidratarse. Ella dejó de ingerir, no sé si negaba o no podía. Nosotros acá no podemos ejercer la medicina. Acá los médicos vienen a controlar o cuando hay una emergencia”, comenzó Cordero.
Y continuó: “La abuela, al no ingerir nada, más vale que se deteriora. Por eso acá se le suministró B12 para incentivar su apetito, pero no dio resultado y se pidió la derivación, que es lo único que podemos hacer. Acá no tenemos equipamiento, ni espacio para ejercer la medicina, ni tampoco estamos autorizados a ello”.
En su denuncia pública, la familia de Núñez, apuntó que desde el geriátrico nunca comunicaron sobre el deterioro de la salud de la mujer y que recién avisaron cuando ya se producía el traslado hacia un centro de salud.
Cordero también respondió eso. “Es cierto que fue el empleado quien les avisó, pero ese empleado está justamente para eso. Si yo no estoy presente, él cumple con sus funciones. No es algo que se haya hecho fuera de la ley, es el protocolo. Se les avisó porque en el sanatorio no te reciben un abuelo si no está un pariente. Nosotros, en el contrato dice, que no nos hacemos responsable del abuelo de la vereda para afuera”, sostuvo.
En esa línea, el propietario de Itatí añadió que “acá lo que pasa que es ninguno de los parientes dicen la verdad cuando traen a un abuelo. Por ahí los abuelos vienen con cuadros muy feos, pero sus parientes no dicen nada, por eso justamente pedimos la historia clínica”.
Justamente, la historia clínica fue el pie para que Cordero regrese al caso de Núñez, ya que cuestionó que fue la propia familia de la mujer que incumplió con la presentación del documento médico.
Su explicación fue que “ellos dijeron que era urgente recibir a la abuela y que en unos días iban a traer la historia clínica, pero no lo hicieron. Hay que preguntarles a ellos porque tanta urgencia para traerla y no para traer la historia clínica. Nosotros no podemos negarnos a internarla sin eso, pero el error es de ellos, porque si tan preocupados estaban hubieran traído rápido. Ahí se ve la desidia de los parientes, 26 años lejos de su madre y a lo último le agarra un ataque de amor”.
“Líos sin agradecer”
Pero el hombre no se detuvo ahí y prosiguió contra la familia de Núñez: “Están haciendo líos sin agradecer por los empleados que fueron lastimados por su madre y que yo les tuve que pagar los médicos para que se curen de los arañazos. En vez de agradecer esa paciencia y esa vocación hacen esto. Trabajar acá no es fácil, acá no hay abuelos idealizados”.
Cordero se refirió a las acusaciones de que el lugar no cuenta con la habilitación. En ese punto aseguró que los trámites están en proceso, pero que el procedimiento es largo, ya que hay que hacer conciliar los documentos presentados tanto en la Municipalidad como en Salud Pública.
También negó que en el lugar haya condiciones de hacinamiento y comida en mal estado. “Acá traemos la comida para el día y cocinamos. No tenemos mercadería guardada. Acá vieron la fecha de elaboración de una morcilla y pensaron que era fecha de vencimiento, pero la morcilla no tiene vencimiento”, expresó.
Por último, agradeció a los familiares de los demás adultos mayores que tienen en el geriátrico por las muestras de apoyo que le brindaron durante las últimas horas. Cordero aseguró que hace 20 años se dedica al cuidado de ancianos y nunca tuvo inconvenientes de este tipo.
Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.
“Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.
El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.
Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.
“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.
El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno
Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.
La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.
Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.
Cumplen un mes en carpa los seis policías que reclaman volver a la fuerza
La Escuela Provincial Nº 76 “Marina Argentina” tiene 110 años y en los últimos seis comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las avenidas Crisantemos y Yacaré, del barrio Itaembé Guazú, donde un grupo de padres se reunió esta mañana para exigir respuestas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ante la falta de avances.
Con un cartel sobre el que se pudo leer: “Queremos escuela propia”, desde las 8 de la mañana de este lunes, los padres alzaron sus voces para exigir la culminación de las obras a fin de poder brindar mejores condiciones a más de 100 estudiantes que acuden a la institución debiendo utilizar aulas satélites distribuidas en la zona.
Anteriormente, la escuela se encontraba en Luchessi 2599, hasta que en el año 2023 dejaron de alquilar el espacio: “Por la suba del precio el Consejo General de Educación no tenía más presupuesto para alquilar en aquella dirección. El dueño ofreció vender al CGE, pero según las autoridades pedían mucho y no podían o no era negocio comprarlo”, explicó a La Voz de Misiones, Noelia, madre de uno de los estudiantes.
Paralelamente, en el año 2020 iniciaron las obras del nuevo edificio en Itaembé Guazú: “Supuestamente iban a habilitar la nueva sede a mediados del año pasado, una obra que lleva casi seis años en construcción, tenía fecha de finalización en el 2022, estamos en 2026 y todavía nada”.
Según indicó, la demora respondería a la falta de envío de fondos por parte del Iprodha: “Pereira terminó en un año la Escuela Secundaria de Innovación en este mismo barrio y esta otra hace seis años está en construcción”, reclamó.
En ese sentido, detalló las condiciones en que los niños deben transitar los procesos de aprendizaje: “Hoy tienen clases en un depósito, viven enfermos, no gozan de recreos dignos, ni actividades en áreas especiales, ya hace casi dos años venimos esperando la apertura de dicha escuela”.
Y añadió: “Los actos tienen en un Neni, no saben lo que es un acto de escuela primaria ni tampoco qué es la fiesta de la educación física, no tienen áreas especiales y todo debido a que no está finalizada la escuela”.
Frente a esta situación, los padres continuarán tomando medidas de fuerza a fin de agilizar las gestiones pertinentes para lograr la obtención de fondos y concluir las obras para finalmente inaugurar el espacio.
Movilización de padres para exigir la habilitación de la Escuela 76 en el barrio Itaembé Guazú.
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