Posadas
Desesperado pedido de mamá víctima de violencia ante la inacción de la Línea 137
La mujer, que padece desnutrición crónica y problemas madurativos, huyó de los golpes de su padre y de su hermano. Se mudó con su hija de 3 años a la casa de su pareja, pero los abusos continuaron. Ella y sus vecinos llamaron a la Línea 137, pero los mecanismos no se activaron.
Una vecina de Garupá se comunicó con La Voz de Misiones para dar a conocer el caso de Marta, una víctima de violencia de 32 años que quiere salir de la casa de su abusador. Es madre de dos pequeños, una niña de 3 y un varón de 8 años.
Según contó la denunciante, la mujer vive junto a su pequeña en la casa de su pareja, identificada como José D., donde ambas sufren violencia por parte del hombre, de quien además dependen económicamente. Según pudo saber LVM, Marta padece violaciones y golpes, es por eso que teme por el bienestar de su hija.
Cansada del maltrato de su padre y de su hermano, Marta debió dejar a su hijo más grande con su abuelo y su tío y decidió marcharse con José, pero la violencia continuó; al punto que vecinos relataron a LVM que en ocasiones vieron a la mamá dormir en la calle luego de discusiones con su concubino.
Una mamá de Garupá y su pedido de auxilio
“Quiero salir de acá”, dijo desesperada la madre a La Voz de Misiones, que se comunicó con Marta para conocer de cerca el caso. Si bien la mujer tiene acceso a un teléfono celular, la comunicación es muy dificultosa ya que presuntamente padece problemas psicológicos que repercuten en su habla.
Sin embargo, entre las pocas frases que Marta -nombre ficticio para preservar su identidad- pudo articular, fue clara al afirmar que José “me da piñas en la cara, todos los días me judea“, a lo que agregó, como grito de auxilio: “No tengo adónde ir con mi nenita”.
Una fuente allegada a la víctima informó a este medio que se comunicaron con la Línea 137 en reiteradas ocasiones. Aunque allí no se pueda realizar una denuncia formal, se acude para que los trabajadores de la línea puedan acercarse con la Policía al lugar para dar pie a un seguimiento, aunque hasta ahora, en el caso de Marta esto no sucedió.
Ante la grave situación de vulnerabilidad que sufre, a Marta se le hace imposible denunciar a sus victimarios, lo cual deriva en que otra persona deba realizar la denuncia para que ella pueda acceder a un lugar en una casa refugio, gestionado por la Línea 137.
Según la página oficial del Ministerio de Gobierno de la provincia, la Línea 137 depende de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y tiene como objetivo “la atención y acompañamiento técnico a las víctimas de violencia familiar en un ámbito de contención, seguridad y garantía de sus derechos”.
Sin embargo, una de las personas que intentó comunicarse con la entidad para advertir del caso de la mamá de Garupá recibió como respuesta: “No podemos hacer nada si ella no denuncia“.
Casa refugio: ¿cerrada o abierta?
La Voz de Misiones se contactó con la Línea 137 para saber cómo funcionan las casas refugio, y si estaban al tanto del caso de la madre de Garupá, ya que ella acudió a esta entidad en varias ocasiones para informar su situación. No obstante, la operadora del call center aseguró a este medio que “está cerrada la casa refugio de Posadas“, y que “no sabía si en el resto de la provincia funcionaban”.
La ley de las casas refugio existe desde noviembre de 2016 y su función es la de albergar temporalmente a víctimas de violencia de género y sus hijos. Están ubicadas “estratégicamente en las ciudades cabeceras de los departamentos de la provincia”, según indica la ley II, nº 30.
Ante esta situación, La Voz de Misiones se comunicó con Myriam Duarte, responsable de la Línea 137, quien aseguró: “La casa refugio de Posadas funciona perfectamente”, dijo contraponiendo la versión de la telefonista, y redobló la apuesta: “Están por salir casas en Oberá e Iguazú para marzo o abril”.
“Hasta el momento no se presentó ningún reproche formal, ninguna queja”, comentó Myriam Duarte al ser consultada sobre el funcionamiento de las casas refugio en la provincia.
Asimismo, explicó que, en caso de que una víctima de violencia esté en algún punto de Misiones donde no haya una casa refugio, lo que hacen desde la Subsecretaría es articular con la policía del lugar y trasladar a la víctima a un lugar seguro.
“Les decimos a las víctimas que las casas refugio sean el último recurso porque cambia mucho el sistema de vida de las personas que ingresan. No pueden usar celulares, no se puede salir de la casa, a salvo que sea para continuar con la causa legal. Están adentro hasta que el agresor esté preso, o ellas puedan estar en un lugar completamente seguro”, concluyó.
Cómo funcionan
El objetivo principal de estos espacios es el de “brindar protección, resguardo, albergue y acompañamiento de forma integral”. Según dice la disposición legal, estas casas deberían aportar un “abordaje psicológico, social y jurídico y desarrollar acciones tendientes a la reinserción familiar, social, educativa y laboral para las víctimas”.
Existen tres maneras en las que la víctima puede ingresar a una casa refugio: primeramente la derivación de la Línea 137, en segundo lugar, la resolución judicial y, por último, una derivación directa de los hospitales y/o centros de salud, así lo indica el artículo 10 de la ley de casas refugio.
Mientras tanto, Marta y tantas otras mujeres que padecen violencia de género siguen a la espera.
Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.
“Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.
El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.
Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.
“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.
El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno
Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.
La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.
Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.
Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.
En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.
El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.
Cumplen un mes en carpa los seis policías que reclaman volver a la fuerza
La Escuela Provincial Nº 76 “Marina Argentina” tiene 110 años y en los últimos seis comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las avenidas Crisantemos y Yacaré, del barrio Itaembé Guazú, donde un grupo de padres se reunió esta mañana para exigir respuestas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ante la falta de avances.
Con un cartel sobre el que se pudo leer: “Queremos escuela propia”, desde las 8 de la mañana de este lunes, los padres alzaron sus voces para exigir la culminación de las obras a fin de poder brindar mejores condiciones a más de 100 estudiantes que acuden a la institución debiendo utilizar aulas satélites distribuidas en la zona.
Anteriormente, la escuela se encontraba en Luchessi 2599, hasta que en el año 2023 dejaron de alquilar el espacio: “Por la suba del precio el Consejo General de Educación no tenía más presupuesto para alquilar en aquella dirección. El dueño ofreció vender al CGE, pero según las autoridades pedían mucho y no podían o no era negocio comprarlo”, explicó a La Voz de Misiones, Noelia, madre de uno de los estudiantes.
Paralelamente, en el año 2020 iniciaron las obras del nuevo edificio en Itaembé Guazú: “Supuestamente iban a habilitar la nueva sede a mediados del año pasado, una obra que lleva casi seis años en construcción, tenía fecha de finalización en el 2022, estamos en 2026 y todavía nada”.
Según indicó, la demora respondería a la falta de envío de fondos por parte del Iprodha: “Pereira terminó en un año la Escuela Secundaria de Innovación en este mismo barrio y esta otra hace seis años está en construcción”, reclamó.
En ese sentido, detalló las condiciones en que los niños deben transitar los procesos de aprendizaje: “Hoy tienen clases en un depósito, viven enfermos, no gozan de recreos dignos, ni actividades en áreas especiales, ya hace casi dos años venimos esperando la apertura de dicha escuela”.
Y añadió: “Los actos tienen en un Neni, no saben lo que es un acto de escuela primaria ni tampoco qué es la fiesta de la educación física, no tienen áreas especiales y todo debido a que no está finalizada la escuela”.
Frente a esta situación, los padres continuarán tomando medidas de fuerza a fin de agilizar las gestiones pertinentes para lograr la obtención de fondos y concluir las obras para finalmente inaugurar el espacio.
Movilización de padres para exigir la habilitación de la Escuela 76 en el barrio Itaembé Guazú.
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