Posadas
Caso Roque González: recusan y piden jury para el juez César Jiménez
El abogado de una víctima pidió que el magistrado se aparte de la causa. Además, un ciudadano solicitó la destitución del juez por incumplimiento de sus deberes.
El letrado Miguel Cassettai, defensor de una de las alumnas que denunció acoso y abuso sexual en el Colegio Roque González, recusó al juez César Jiménez, titular del Juzgado Correccional y de Menores Dos de Posadas, que lleva adelante el caso.
“El motivo de la recusación es porque, como es de conocimiento público, el magistrado tiene una determinada formación religiosa y participación sobre todo”, sostuvo Cassettai en diálogo con LT4.
En esa línea, el abogado explicó: “Como el colegio en cuestión es religioso yo entiendo que por ahí esa cuestión podría influir en su objetividad en el momento de realizar algún tipo de cuestión en la causa”.
El representante contó que solicitó ser querellante en el expediente y al mismo tiempo pidió que se recusara al magistrado César Jiménez.
“El juez entiende que los menores intervinientes en la causa son todos inimputables, él dice que no corresponde continuar con el requerimiento de instrucción formal efectuado por la fiscal María Laura Álvarez”, dijo el abogado y agregó que espera que su pedido también sea rechazado al no haber partes en la causa.
Sin embargo, Cassettai señaló que, para la defensa, “es importante que se reabra la causa, porque independientemente de que ya se sepa que eran menores los autores de los hechos, hay una cuestión que no podemos dejar de lado, la responsabilidad del establecimiento educativo”.
De esta manera, el letrado apuntó contra las autoridades del instituto religioso: “Los establecimientos educativos son responsables por el accionar de los menores que asistan a la institución, durante las horas que estén los chicos”, argumentó y enfatizó: “Por lo tanto, si esto ocurría dentro del colegio son responsables”.
Cassettai expuso que desde el primer momento que se conocieron públicamente los abusos y acosos que ocurrían en el aula del segundo año “B”, las estudiantes reclamaban que la institución no tomaba cartas en el asunto.
“Cuando se hizo la sentada ¿por qué fue?, porque las autoridades no hacían nada al respecto, entonces ellos estaban en conocimiento de este hecho”, remarcó el letrado.
Además, sostuvo que la mamá a quien representa “dijo en incansables notas que ella manifestaba que se habían contado estas conductas y no hacían nada”.
Asimismo, indicó que los tratados de los derechos del niño establecen que cualquier mayor que tome conocimiento de un hecho delictivo lo tiene que denunciar para erradicar esa conducta.
“Por lo tanto hay otro incumplimiento”, denunció el abogado y añadió: “Si los mayores tenían conocimiento de este acto criminal y no hicieron nada están encubriendo una conducta y eso si eso si es afín de la sanción penal”.
Jury
Este lunes se conoció que una persona solicitó de manera formal al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Misiones investigar y destituir al titular del Juzgado Correccional y de Menores Dos, César Jiménez.
El ciudadano argumentó la “falta de cumplimiento de los deberes correspondientes a su cargo”, señalando el manejo que tuvo el juez en el caso de denuncias que realizaron las alumnas del segundo año del Roque.
Asimismo, el denunciante señala que el magistrado divulgó información del caso que permite identificar a los menores involucrados, exponiéndolos a una mayor vulnerabilidad, según informó el diario Primera Edición.
“De no haberse suspendido en sus funciones al doctor Cesar Raúl Jiménez, dejo peticionado se proceda a la suspensión de funciones del mismo dada la gravedad de los hechos denunciados”, reza el pedido.
Nueva rectora
Por otra parte, esta tarde asumió como rectora del Colegio Roque González la profesora en ciencias económicas Gabriela Stefania Kagerer, remplazando al histórico padre Juan Rajimon.
El cambio de la máxima autoridad de la institución religiosa nace como una respuesta a las denuncias que realizaron las estudiantes, donde señalaron que mientras ocurrían los hechos los responsables del instituto hicieron caso omiso.
La Anónima y Grupo Libertad anunciaron un acuerdo para la adquisición de doce sucursales del hipermercado Libertad, entre los que figura la sucursal posadeña que en los últimos meses sufrió un marcado recorte de personal con disminución de stock y góndolas en diversos rubros.
Mediante el acuerdo que se conoció ayer miércoles, a través un comunicado emitido por ambas cadenas, La Anónima adquirirá parcialmente el fondo de comercio de la división de hipermercados del Grupo Libertad.
Además de las sucursales, el acuerdo contempla la incorporación de un centro logístico y el traspaso de más de 1600 empleados, lo que, según estiman, “permitirá un crecimiento estratégico en las zonas centro y norte del país, consolidándose como la cadena de supermercados con mayor presencia en el interior de Argentina”.
Con esta operación, incorporará un centro de distribución y doce nuevas sucursales: cuatro ubicadas en la ciudad de Córdoba, dos en Tucumán y el resto distribuidas en Rosario, Salta, San Juan, Rafaela, Posadas y Santiago del Estero.
Por su parte, el Grupo Libertad fortalecerá su estrategia como “principal operador inmobiliario del interior de Argentina”, con 1300 comercios en 14 centros comerciales del Paseo Libertad, y seguirá aportando al desarrollo del país a través de su negocio Real Estate.
El acuerdo contempla que los colaboradores que actualmente se desempeñan en los establecimientos alcanzados por la operación, pasarán a ser empleados de La Anónima, garantizando la continuidad laboral y asegurando una transición ordenada de las operaciones.
“Para Grupo Libertad, este acuerdo representa un paso relevante dentro de su estrategia de concentración en el desarrollo y gestión del negocio de Real Estate, a través del fortalecimiento de la operación de los centros comerciales del Paseo Libertad”, concluye la misiva.
De esta manera, llevarían alivio a la cadena, tras la reducción de personal que sufrió el plantel de empleados del Hiper en Posadas, el cual pasó de 200 trabajadores en enero de 2025 a 120 en enero del corriente año, en un proceso de achicamiento que analizaba culminar al llegar a 60 trabajadores.
Despidos, menos góndolas y pasillos vacíos: el 2026 del hipermercado Libertad
La docente, actriz, militante feminista y activista social Mariana Pizarro fue encontraba muerta esta mañana en el asiento de un colectivo que llegaba a Posadas desde Buenos Aires.
El deceso de la mujer se conoció cerca de las 9, cuando el colectivo en el que viajaba llegó a la terminal de Posadas y el chofer del ómnibus intentó despertarla pero la pasajera no reaccionaba.
En el caso tomó intervención el personal de la comisaría Decimoséptima, cuyos uniformados constataron que la mujer no presentaba signos vitales y de inmediato se activó un operativo para investigar las circunstancias de lo sucedido.
En el lugar intervinieron el médico policial de turno y el personal de la Dirección de Policía de Científica, quienes se encargarán de realizar las pericias correspondientes.
La mujer, que mañana cumpliría 56 años, viajaba en el asiento 20 de un colectivo perteneciente a la empresa Vía Bariloche que había salido de Buenos Aires.
El micro de Vía Bariloche arribó a Posadas minutos después de las 9.
Con el objetivo de revertir la sobrefacturación de boletas de agua, por lo que responsabilizan a Servicios de Aguas de Misiones S. A. y el Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac), vecinos de distintos barrios posadeños volverán a manifestarse hoy a las 17.30 frente a la sede de López y Planes casi Mitre de Posadas.
Luego de la primera marcha registrada el pasado miércoles 11 de marzo y tras la presentación de un proyecto de ordenanza que apunta a instalar bloqueadores de aire en todas las conexiones domiciliarias de agua potable en la capital provincial, los ciudadanos volverán a movilizarse.
En el encuentro anterior dieron cuenta de boletas valuadas en $140.000 y hasta $1.000.000 por el servicio de agua potable en viviendas particulares, por lo que repudiaron: “Nos cobran por aire y no por agua. Reclamamos porque necesitamos un servicio eficiente y que la empresa invierta, renueve caños e infraestructura”.
Según pudo averiguar este medio, la situación respondería a un proceso de desinversión del fondo estadounidense Platinum Equity, por el que Samsa frenó obras en la red de agua potable de Posadas y Garupá, incumpliendo los planes proyectados para este año.
La nueva concentración será a las 17.30 frente a Samsa: “La gente está cada vez más preocupada y más enojada, porque no hay respuestas claras”, manifestó el abogado de usuarios de Itaembé Guazú, Horacio Enrique Koncke, al difundir la convocatoria en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones.
Por el momento, los manifestantes solicitaron informes técnicos y una auditoría interna sobre el funcionamiento de la red de agua y, ante la falta de definiciones concretas, no descartan avanzar judicialmente.
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