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Bencivenga deja Posadas y se queda donde le otorgaron aumentos

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El llamado a licitación de las cuatro líneas de la empresa Bencivenga, confirmó que la empresa del  grupo empresarial Río Uruguay dejará de prestar servicio en el transporte público de Posadas.

Bencivenga ya había adelantado la noticia a través de su apoderado legal, Juan Manuel Fouce, que el 27 de diciembre presentó una nota en el Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Transporte y la Municipalidad de Posadas, para reiterar “la denuncia por incumplimiento” y responsabilizándolos de la paralización de sus servicios.

El escrito, dirigido al ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; al subsecretario de Transporte, René Kegler; y al intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, acusa al gobierno provincial y a la Municipalidad de Posadas de “los daños ocasionados a la empresa”, intima el pago de lo adeudado en concepto de subsidios y amenaza con acciones legales.

El mismo titular del grupo empresarial, Darío Skrabiuk, relató, posteriormente, en declaraciones periodísticas, el trasfondo de la situación que lleva a la empresa a no continuar la concesión en la capital provincial.

“El 31 de diciembre desaparece Bencivenga de Posadas”, había anunciado Skrabiuk unos días antes de fin de año.

El empresario apuntó contra el gobierno provincial y la comuna posadeña, y habló de un “complot” para favorecer a las empresas del Grupo Z.

“La provincia lleva 14 meses de deudas atrasadas, otro tanto la municipalidad”, afirmó Skrabiuk y contó que “desde el mes de agosto existe una deuda por parte de Nación, vinculada al fideicomiso del uso de los pasajes y esto está vinculado a que la provincia manda tarde los informes y por eso no abonan lo que corresponde”.

Skrabiuk precisó que lo adeudado por la provincia suma más de $2 mil millones y describió un rosario de inconvenientes derivados del atraso en el pago de los subsidios, como problemas para cubrir la masa salarial, el mantenimiento de las unidades y la logística del servicio.

“Hoy tenemos muchas dificultades para abonar los salarios y sabemos que serán afectadas más de 100 familias”, lamentó Skrabiuk y aseguró: “Sabemos que estos empleados no serán absorbidos para trabajar en las empresas del Grupo Z”.

“Nuestros choferes realizan constantes capacitaciones en atención al público, en primeros auxilios y en atención al turista”, destacó Skrabiuk.

“La deuda es un tipo de castigo por el buen trabajo que hacemos”, opinó y argumentó: “Somos una empresa que tiene unidades de colectivos limpias, todas con aire acondicionado, puntuales y con asientos cómodos, y eso claramente molesta al Grupo Z”.

Skrabiuk comentó que un sondeo encargado por la empresa entre los usuarios de colectivos de Posadas, arrojó una alta valoración del servicio prestado por Bencivenga.

“Hicimos una encuesta de manera privada con usuarios de diferentes barrios, y los usuarios quieren y reconocen el servicio, y que cuando viajan con otras empresas viajan como animales, sin aire, todos apretados, con frecuencias que varían en los horarios o con tiempo de espera prolongados”, afirmó.

La licitación

El municipio abrió en agosto pasado la licitación pública Nº 01/2023 para la concesión de las cuatro líneas operadas por Bencivenga y dos de Don Casimiro, cuya apertura de sobres se realizará el próximo 26 de febrero en la sede del gobierno municipal.

Para cuando el municipio abrió el proceso licitatorio, la empresa de Skrabiuk había resuelto ya no renovar la concesión del servicio, y el mismo empresario lo reconoció en declaraciones periodísticas, donde cargó contra la licitación de sus líneas y renovó sus acusaciones contra el gobierno provincial, la municipalidad y el Grupo Z.

El propietario de Río Uruguay argumentó con el atraso de los subsidios y la “competencia desleal” que le suponen las empresas de la familia Zbikoski, aunque fuentes del municipio aseguran que Skrabiuk tomó la decisión de dejar Posadas disconforme con el precio del boleto en la ciudad.

“De hecho, fijate que Río Uruguay continúa prestando servicios en las ciudades donde el precio del boleto se acercó más a sus pretensiones, como Iguazú y Apóstoles”, sugirió un funcionario de la Secretaría de Movilidad Urbana, de la Municipalidad de Posadas.

La fuente aseguró a LVM que Skrabiuk pretendía un boleto a $450 y no los $270 del último aumento autorizado por la comuna.

A las piñas

La rivalidad de Skrabiuk con los hermanos Zbikoski, propietarios de Don Casimiro, Tipoka y Nuestra Señora del Rosario, las otras tres firmas que prestan el servicio de transporte urbano en Posadas, se remonta a 2017, cuando Río Uruguay compra Bencivenga y empieza a operar las líneas 14, 16, 23 y 28, que conectaban la zona oeste de la capital provincial.

El primero de los conflictos se presentó por el ingreso a la Terminal de Transferencia de Quaranta, con acusaciones cruzadas entre Skrabiuk y Zbikoski.

En concreto, Bencivenga acusaba al Grupo Z de no permitir el acceso de sus colectivos a la estación de transferencia, pero del otro lado se remarcaba la negativa de Skrabiud de compartir las inversiones que significan operar la terminal.

Documentos a los que accedió La Voz de Misiones dan cuenta que el grupo empresario de los hermanos Zbikoski envió al grupo de Skrabiuk una serie de notas en ese sentido.

Otro de los problemas entre ambos empresarios se suscitó cuando Bencivenga acusó al Grupo Z, propietario de la firma Servicios Urbanos que administra la tarjeta SUBE Misionero y el sistema para el pago a través del Código QR, de no suministrarle los equipos y software.

En un comunicado publicado en septiembre pasado, Bencivenga habló de un “ostensible acto de discriminación” por parte de Servicios Urbanos.

“Servicios Urbanos SA en octubre de 2020 invitó a Bencivenga a sumar este servicio a sus usuarios. Siempre con respuestas negativas”, contestó entonces el Grupo Z.

La rivalidad entre ambos grupos escaló a tal punto, que Marcelo Zbikoski y Skrabiuk se agarraron a trompadas la noche del martes 4 de julio, durante una reunión en la sede de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), ubicada en la avenida Mitre casi López Torres, en Posadas.

En ese marco, los empresarios se embarcaron en una discusión que fue subiendo de tono hasta que se trenzaron a golpes, y si bien ninguno quiso referirse al episodio, las fotografías viralizadas en las redes mostraban las secuelas de una pelea en la que, a juzgar por las imágenes, Skrabiuk llevó las de perder y terminó con grandes moretones en el ojo izquierdo y la oreja derecha.

 

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Fin del acampe de ex policías: “Tuvimos un acercamiento con el gobierno”

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Diego Correa, uno de los ex policías que acampaba frente a la Casa de Gobierno, explicó que la medida de protesta se levantó este jueves tras “un acercamiento con el gobierno” que permitió entablar un diálogo para avanzar en soluciones a los reclamos que mantienen.

Mediante un intermediario tuvimos un acercamiento con el gobierno. No logramos el fin deseado, pero en los próximos días se nos liberará los sueldos retenidos”, indicó Correa tras la consulta de La Voz de Misiones.

El ex uniformado además señaló que también “se evaluarán las causas judiciales” y precisó que “de no ser posible volver a la institución policial se evaluará la posibilidad de ingresar a la administración pública”.

Por último, agradeció el apoyo y el acompañamiento recibido, al tiempo que pidió disculpas por no contestar a tiempo las consultas.

“No fue fácil la decisión, además nuestras familias con el transcurso de los días más sufren”, cierra el mensaje que también lleva los nombres de Adolfo Guirula, Gerardo Marín, Juan Méndez y Néstor Zarza como firmas.

El acampe había iniciado el 6 de abril, cuando Correa y Guirula se encadenaron a una de las ventanas próximas al principal acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas.

Correa y Guirula son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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Después de 143 días, terminó el acampe de ex policías frente a Casa de Gobierno

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Después de casi cinco meses, los ex policías Diego Correa y Adolfo Guirula, exonerados de la fuerza como consecuencia de la causa por intento de sedición y conspiración que los tuvo encarcelados en la Unidad Penal VII de Cerro Azul, levantaron el acampe que efectuaban frente a la Casa de Gobierno como medida de protesta para reclamar la reincorporación de ambos.

La protesta comenzó el pasado 6 de abril, cuando ambos se encadenaron a una de las ventanas próximas a la puerta de acceso a La Rosadita y más tarde instalaron una carpa que resistió tormentas, lluvias y heladas. 

Durante esos primeros días también se sumaron los otros ex policías Gerardo Martín y Juan Méndez, aunque fueron Correa y Guirula los que permanecieron hasta el final de la medida.

Ellos son dos de los ocho agentes, entre los cuales también estaba el ahora diputado provincial Ramón Amarilla, que fueron detenidos y procesados en una causa por intento de sedición y conspiración iniciada tras las protestas salariales de mayo de 2024.

En su reclamo solicitaban la nulidad de la baja de la fuerza, con la consecuente reincorporación a la institución, como así también el pago de los haberes caídos y el cierre de la causa judicial.

El 10 de agosto, en uno de sus últimos videos en Instagram, Correa ratificó la continuidad de la protesta y afirmó que “de acá la única forma que nos vayamos o que nos saquen es con un desalojo ilegal, con la devolución de nuestros puestos de trabajo o muertos”.

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Padres marcharon para pedir al Iprodha la culminación de la Escuela 76 en Posadas

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La Escuela Provincial Nº 76 “Marina Argentina” tiene 110 años y en los últimos seis comenzó a construir su nuevo edificio en la intersección de las avenidas Crisantemos y Yacaré, del barrio Itaembé Guazú, donde un grupo de padres se reunió esta mañana para exigir respuestas al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) ante la falta de avances.

Con un cartel sobre el que se pudo leer: “Queremos escuela propia”, desde las 8 de la mañana de este lunes, los padres alzaron sus voces para exigir la culminación de las obras a fin de poder brindar mejores condiciones a más de 100 estudiantes que acuden a la institución debiendo utilizar aulas satélites distribuidas en la zona. 

Anteriormente, la escuela se encontraba en Luchessi 2599, hasta que en el año 2023 dejaron de alquilar el espacio: “Por la suba del precio el Consejo General de Educación no tenía más presupuesto para alquilar en aquella dirección. El dueño ofreció vender al CGE, pero según las autoridades pedían mucho y no podían o no era negocio comprarlo”, explicó a La Voz de Misiones, Noelia, madre de uno de los estudiantes.

Paralelamente, en el año 2020 iniciaron las obras del nuevo edificio en Itaembé Guazú: “Supuestamente iban a habilitar la nueva sede a mediados del año pasado, una obra que lleva casi seis años en construcción, tenía fecha de finalización en el 2022, estamos en 2026 y todavía nada”.

Según indicó, la demora respondería a la falta de envío de fondos por parte del Iprodha: “Pereira terminó en un año la Escuela Secundaria de Innovación en este mismo barrio y esta otra hace seis años está en construcción”, reclamó. 

En ese sentido, detalló las condiciones en que los niños deben transitar los procesos de aprendizaje: “Hoy tienen clases en un depósito, viven enfermos, no gozan de recreos dignos, ni actividades en áreas especiales, ya hace casi dos años venimos esperando la apertura de dicha escuela”.

Y añadió: “Los actos tienen en un Neni, no saben lo que es un acto de escuela primaria ni tampoco qué es la fiesta de la educación física, no tienen áreas especiales y todo debido a que no está finalizada la escuela”.

Frente a esta situación, los padres continuarán tomando medidas de fuerza a fin de agilizar las gestiones pertinentes para lograr la obtención de fondos y concluir las obras para finalmente inaugurar el espacio. 

 

Movilización de padres para exigir la habilitación de la Escuela 76 en el barrio Itaembé Guazú.

 

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