Con seis abstenciones y cinco votos afirmativos, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas rechazó el proyecto de ordenanza del concejal Jair Dib, para que la Municipalidad obligue a la empresa Servicios de Aguas de Misiones Sociedad Anónima (SAMSA) a instalar bloqueadores de aire en todas las conexiones domiciliarias.

La iniciativa había obtenido dictamen favorable de la Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, presidida por el edil Héctor Cardozo, y en la sesión ordinaria de este jueves ingresó al Orden del Día para ser sometida a votación, junto con un proyecto de la concejal Valeria Gómez de Oliveira, que abordaba otras problemáticas vinculadas a la prestadora del servicio de agua potable en la ciudad.

Al momento de la votación, en el recinto reinaba la tensión por los cruces entre oficialistas y opositores por la aprobación del Balance Municipal 2025. Un último intercambio entrre Luciana Scromeda, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y el libertario Pablo Argañaraz, hizo que este se retirara del recinto antes de que se votara el proyecto sobre Samsa.

Así las cosas, el resultado contabilizó los votos afirmativos de los concejales Santiago Horianski y María Elena Fernández (LLA); Ángel Mario Martínez (Por la Vida y los Valores); Fernando Zarza (Hacemos); y Jair Dib (Encuentro Misionero), y la abstención de los oficialistas Héctor Cardozo; Samira Almirón; Laura Traid; Luciana Scromeda; Malena Mazal y el presidente del cuerpo, Daniel Vigo.

A la ausencia de Argañaraz, se sumó la de la concejal radical Judith Salom, que se había retirado del recinto segundos antes de la votación y regresó momentos después de que la iniciativa fuera rechazada.

Otra ausente fue la libertaria Valeria Gómez de Oliveira, que tiene licencia por maternidad.

El proyecto para hacer que Samsa coloque bloqueadores de aire en sus cañerías, surgido luego de los múltiples reclamos de los usuarios por sobrefacturaciones, hubiera sido aprobado por una mayoría ajustada si Argañaraz y Salom hubieran estado presentes. El tablero electrónico registró la ausencia del veterinario y anotó, erróneamente, a la edil de la UCR como “abstencion”.

Con todo, Dib responsabilizó del fracaso de su iniciativa a su colega Argañaraz y pidió a los vecinos de Posadas que recuerden que el concejal de LLA “tuvo la oportunidad en sus manos de resolver la situación del aire en las cañerías”.

“El mes que viene, los vecinos de Posadas van a tener que seguir pagando sumas extraordinarias en las facturas y saben de quién va a ser la culpa: del concejal Pablo Argañaraz y, por supuesto, también de la concejal Salom, que se ausentó al momento de la votación”, disparó y solicitó sanciones del cuerpo para ambos.

Sin video

Las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Posadas son transmitidas en vivo por el canal oficial del paralamento capitalino en su cuenta de YouTube.

Las reuniones se graban completas y, una vez finalizada la transmisión, el material queda disponible de manera automática.

Sin embargo, el audiovisual de la reunión general de este jueves quedó poco tiempo disponible hasta ser borrado del sitio.

Al finalizar esta nota, el video de la sesión no fue publicado. De las consultas realizadas por LVM se supo que “están procesando el material para subirlo”, según confió un asesor del área.

Quedará saber si la sesión se publica completa, o no.

Cruces en el Concejo por dos proyectos para exigir mejoras a Samsa

---

---

---

---

---

---

El senador Carlos Arce participó de la reunión de este jueves con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, quien convocó a un grupo de parlamentarios en el Palacio de Hacienda para discutir consensos que apuntalen el programa económico del gobierno.

Según informó el oficialismo en el sitio web de Encuentro Misionero, “la reunión también fue una oportunidad para poner sobre la mesa las urgencias que estamos atravesando en las provincias”.

En tal sentido, el parlamentario reclamó al ministro de Javier Milei las deudas pendientes del Estado nacional con la provincia, que -según se aseguró- en lo que va del año “ascienden a casi $12.000 millones”, más lo acumulado desde 2019, vinculado al convenio con Anses.

Asimismo, reclamó por la paralización de obras públicas nacionales en la provincia y le recordó a Caputo el convenio de junio de 2024, mencionado ayer por la diputada Yamila Ruiz en la sesión del Congreso con el jefe de Gabinete Manuel Adorni, en que el gobierno se comprometió a reactivar una veintena de proyectos estratégicos que siguen sin concretarse.

“Entre ellos, la Autopista de la Ruta Nacional 12 en el tramo Posadas–San Ignacio, la ampliación del sistema de toma de agua sobre el río Iguazú para garantizar el abastecimiento en Puerto Iguazú y el mantenimiento de la Ruta Nacional 12 en el tramo Corrientes–Misiones”, explicitaron.

Además, le manifestó la preocupación misionera por el cierre del Tesoro Regional del Banco Central en Posadas y le solicitaron “revisar esta decisión, porque no representa un costo significativo para el Estado nacional y su funcionamiento es clave para evitar problemas de disponibilidad de efectivo” en Misiones.

Según informó el oficialismo provincial, Caputo “ratificó la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como eje del programa económico”, pero como contrapartida Arce le insistió en que “las decisiones nacionales tienen impacto directo en las economías regionales y la falta de respuestas concretas está agravando la situación productiva y financiera en el interior”.

---

---

---

---

---

---

La provincia de Misiones avanza en su propio proyecto de Ficha Limpia y establece condiciones más amplias que las discutidas a nivel nacional. Días atrás la iniciativa fue anticipada por el diputado renovador Carlos Eduardo Rovira y propone fuertes restricciones para el acceso a cargos públicos electivos.

En ese sentido, presenta bloqueos automáticos a candidaturas provinciales y municipales por múltiples causales que abarcan no solo delitos de corrupción, sino también faltas penales, fiscales y administrativas.

El proyecto determina que no podrán ser candidatos quienes tengan condenas a pena privativa de libertad -aunque la sentencia no esté firme o sea de cumplimiento en suspenso- por delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero, democrático, la seguridad pública, delitos contra las personas, la propiedad, la fe pública, el ambiente y también por crueldad o maltrato animal.

Entre los delitos comprendidos se incluyen cohecho, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito, además de delitos económicos, corrupción institucional y ataques al sistema democrático.

También fija una cláusula electoral clave: la condena deberá haber sido dictada antes del 31 de diciembre del año previo a los comicios para impedir la candidatura en ese turno. Si la condena ocurre después del 1° de enero del año electoral, la inhabilitación se aplicará para procesos posteriores. La inelegibilidad inicia desde la fecha de la condena y se mantiene hasta su revocación o cumplimiento de la pena.

A su vez, las restricciones alcanzarán a quienes figuren como deudores alimentarios, mantengan deudas exigibles con el fisco provincial o municipal, o registren tres o más infracciones graves de tránsito en los dos años previos a la oficialización de candidaturas.

Asimismo, incluye a los ciberdelitos como causal de inelegibilidad. Quedarán inhabilitadas las personas con requerimiento de elevación a juicio o prisión preventiva por delitos como grooming, distribución de material de abuso sexual infantil, acceso ilegítimo a sistemas informáticos o fraudes digitales.

Otro de los puntos del proyecto es la obligatoriedad de presentar un certificado de aptitud toxicológica al momento de oficializar las listas. El estudio deberá incluir análisis sobre distintas matrices biológicas. En caso de antecedentes de consumo problemático, se requerirá acreditar alta terapéutica.

La autoridad de aplicación será el Tribunal Electoral de Misiones, que tendrá facultades para verificar antecedentes, rechazar candidaturas y establecer mecanismos de control mediante el cruce de información con otros organismos. Antes de adoptar una decisión, deberá garantizar al postulante un plazo para realizar descargos.

Los ciudadanos podrán sancionar a los partidos

El documento prevé un mecanismo de impugnación ciudadana, con el que cualquier ciudadano inscripto en el padrón podrá impugnar candidaturas si detecta incumplimientos.

En paralelo, establece responsabilidades para los partidos políticos, que deberán verificar previamente que sus candidatos no se encuentren alcanzados por las causales de inhabilitación, ya que el incumplimiento de las mismas podrá derivar en sanciones que incluyen multas, exclusión del proceso electoral o la pérdida de la personería jurídica.

En sus fundamentos, el proyecto señala que la intención es “fortalecer el marco institucional de la Provincia de Misiones” y garantizar que quienes aspiren a representar a la ciudadanía reúnan “condiciones acordes a la responsabilidad pública que pretenden ejercer”. 

El proyecto se inscribe en el contexto de un año electoral en el que la discusión sobre transparencia institucional y elevar el estándar de acceso a la función pública vuelven a ocupar un lugar central en la agenda pública.

---

---

---

---

---

---