Política
San Ignacio declaró la emergencia y el intendente tendrá superpoderes
A través de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, el municipio de San Ignacio se declaró en estado de emergencia económica, financiera y administrativa, con lo cual le otorgó mayores facultades al intendente Esteban Romero.
De acuerdo a los ediles, la medida está destinada a “asegurar la plena prestación de los servicios esenciales del municipio, en resguardo de su continuidad y en pos de proteger los intereses generales de la comunidad y calidad de vida de los habitantes”.
Frente a la crisis que se vive a nivel nacional, y teniendo en cuenta las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno provincial, el cuerpo legislativo consideró que “es necesario que se otorgue al Departamento Ejecutivo Municipal las herramientas que permitan sobrellevar y aún superar el estado de emergencia”.
La nueva normativa declara que la emergencia tendrá una vigencia de un año, período que será prorrogado automáticamente, a menos que el intendente disponga el cese anticipado.
De esta manera, se faculta al jefe comunal a disponer la racionalización del gasto público, lo cual incluye los recursos humanos, “procediéndose a la suspensión de las designaciones de personal municipal y la revisión de las existentes”.
El alcalde también podrá “revisar las condiciones de la totalidad de los contratos, convenios y/o acuerdos de cualquier naturaleza”, incluso aquellos celebrados con anterioridad a la sanción de la ordenanza “y que se encuentren en curso de ejecución”.
Además, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de “renegociar, suspender, modificar, anular rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de la asesoría letrada”.
Organización administrativa
Con el instrumento legal, los concejales autorizaron al intendente Esteban Romero “a establecer un régimen de retiro voluntario para los empleados de la Municipalidad de San Ignacio, limitado a quienes les falten menos de diez años para acceder a un beneficio jubilatorio”.
En tanto, se lo facultó a realizar “una restructuración del personal del gabinete”, suprimiendo o congelando cargos “conforme a las necesidades de servicio”.
En cuanto al ordenamiento económico, se dispuso “la verificación de los créditos originados de causa o título anterior al 10 de diciembre de 2023, vencidos o no, en contra de la Municipalidad de San Ignacio”.
En ese sentido, a partir de la sanción de la ordenanza -que ya fue promulgada por el jefe comunal-, las resoluciones y procedimientos judiciales contra la Municipalidad que impliquen el pago de una suma de dinero, “serán satisfechas dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en las previsiones anuales del presupuesto”.
Como disposición complementaria, la normativa, calificada como “de orden público”, sostiene que “ninguna persona humana o jurídica puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos”.
Asimismo, de presentarse una colisión o conflicto normativo con la aplicación de la flamante ley, “deberá interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de la presente ordenanza”.
Por ello, además, se dejó sin efecto toda ordenanza o decreto municipal “que se oponga a la presente”.
Superpoderes
Una ordenanza de emergencia casi calcada fue aprobada por el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen, que entre otras funciones, autorizó al intendente Edgardo Aquino a disponer de reestructuraciones del personal municipal.
La sanción se dio luego del despido de unos 20 empleados contratados y de planta permanente, quienes terminaron radicando una denuncia policial. En ese contexto, el concejal renovador Hugo Gauna, que votó en contra, la calificó como “una ordenanza de superpoderes”.
“Somos todos del Frente Renovador, incluso los que fueron despedidos; el gobernador se pronunció en contra del DNU del presidente, está en contra de los despidos, por eso estamos defendiendo también las fuentes laborales”, señaló al diario Primera Edición.
El articulado aprobado en la localidad más oriental de la Argentina faculta al alcalde a efectuar contrataciones directas de bienes y servicios esenciales “para la prestación de los servicios públicos y cumplimiento de las funciones básicas a cargo del municipio”.
En línea con la provincia, que congeló contrataciones y las condicionó a la aprobación del Poder Ejecutivo, Irigoyen y San Ignacio no son las únicas localidades que iniciaron el 2024 ajustando las cuentas.
Días pasados, también en Puerto Esperanza se decidió el despido de los trabajadores contratados por el municipio durante los últimos nueve meses del año pasado, así como la vuelta atrás de las recategorizaciones otorgadas en el mismo período, las cuales el nuevo intendente, Horacio Zarza, calificó como “decisiones ejecutivas teñidas de propósitos políticos”.
La Libertad Avanza (LLA) Misiones criticó la nueva tasa ecoturística que la Municipalidad de Wanda empezará a cobrar en febrero a los visitantes de las minas de piedras preciosas de la localidad.
La medida, instituida por la Ordenanza 22/2025 aprobada en noviembre por el Concejo Deliberante, motivó un encuentro entre las autoridades partidarias provinciales y la Compañía Minera Wanda SRL, que se apresta a judicializar el canon por considerarlo “ilegal, discriminatorio y arbitrario”.
La empresaria Patricia Busch, acompañada por ejecutivos de la compañía; el presidente de LLA Misiones y diputado provincial Adrián Nuñez, y la apoderada partidaria Valeria Soczyuk, evaluaron la naturaleza y el alcance de la nueva tasa municipal y se comprometieron a avanzar en acciones institucionales.
Según remarcó el partido presidido por Nuñez en un comunicado, “la creación de nuevos impuestos no genera soluciones estructurales, sino que impacta negativamente en la inversión y en la generación de empleo”.
“En ese sentido, se coincidió en que el sector privado no es el problema, sino un actor central que sostiene la economía real y el desarrollo productivo de la provincia”, informó.
“Desde una mirada liberal y responsable, se señaló la necesidad de que el Estado brinde reglas claras, previsibilidad y seguridad jurídica, evitando avanzar con medidas que asfixien a quienes producen, invierten y generan trabajo”, argumentó LLA Misiones.
Finalmente, el pronunciamiento destacó que “defender al que emprende es defender el futuro del país”, y anticipó que “en los próximos días se dará a conocer más información vinculada a este tema”.
El pasado lunes 12 de enero, en el Boletín Oficial del Pami se comunicaron 17 designaciones a cargos dentro de Pami en al menos diez municipios misioneros.
Según el documento, en Oberá asignaron las funciones de titular de agencia de la Unidad de Gestión Local XVIII – Misiones, Unidad de Gestión Técnico Operativa, dependiente de la Subdirección Ejecutiva, a Analía Raquel Poszed y a Lucas Daniel Ríos, para prestar servicios en la misma sede.
En San Ignacio, mediante la Resolución N° 179/DE/08 asignaron las funciones de titular del Centro de Atención Personalizada local a Esther Beatriz Terlecki y a Marcos Walter Buk.
En tanto, en Apóstoles, asignaron las funciones de titular del Centro de Atención Personalizada local a Humberto Andrés Basilio Yacovich y Santiago Pérez Hancherek.
En Eldorado, designaron a la reciente candidata a concejal por La Libertad Avanza, Tamaris Elizabet Weller, a prestar servicios en la unidad orgánica Referente MOEIT, División Médica de la Agencia, Unidad de Gestión Local XVIII -Misiones de la Unidad de Gestión Técnico Operativa, dependiente de la Subdirección Ejecutiva.
En Aristóbulo del Valle nombraron a Cristela Nilce Aldicer para prestar servicios en el Centro de Atención Personalizada de la Unidad de Gestión Local XVIII – Misiones, dependiente de la Unidad de Gestión Técnico Operativa.
Otros nombramientos fueron obtenidos por Aníbal Alberto Mendoza, Lorena Esther Benítez, Miriam Cecilia Gollmann (El Soberbio), Marcelo Francisco Zaragoza (Bernardo de Irigoyen), Rossana Alicia Mondelo (Puerto Rico),Sabrina Alexandra Bongers (Alem), Ivana Soledad Silvero y Zulma Liliana Parodi (San José).
De esta manera, también designaron nuevos jefes de agencia en El Soberbio, Aristóbulo del Valle, Apóstoles y San José.
Repercusiones
La nueva medida generó malestar por parte de quienes se desempeñan en las distintas sedes provinciales del organismo nacional, desde donde incluso señalaron la “doble moral” de la gestión libertaria que pregona los “recortes” y el “achicamiento del Estado”, mientras que, en este caso, aparecieron cargos y áreas nuevas.
Así lo confirmó una fuente cercana a la sede posadeña, quien decidió resguardar su identidad por temor a represalias: “Ahora hay un silencio hermético que no se puede creer por el famoso doble discurso. Por un lado hablan de recortar, de priorizar recursos, y de un día para el otro le sorprende a todo el mundo los nombramientos que ni siquiera estaban en los planes de nadie”.
A esto, sumó: “Son nombramientos a dedo, estrictamente de índole política, porque en la mayoría de los casos no se respeta la trayectoria administrativa dentro de Pami”.
El diputado nacional del PRO Misiones, Emmanuel Bianchetti, se mostró en la República Popular China como parte de una delegación de parlamentarios argentinos encabezada por la legisladora de La Libertad Avanza (LLA), Juliana Santillán.
El legislador misionero informó de su viaje a la nación comunista asiática en una historia que subió este jueves a su cuenta de Instagram, y donde aparece en un estacionamiento en el distrito financiero de Beijing, sede de grandes empresas de e-commerce, con oficinas y edificios de cristal y acero.
“Buenas, desde China. Un éxito que será bueno para todos”, escribió Bianchetti en la presentación del video donde informa de un viaje que, según algunos medios porteños como Infobae, no estuvo exento de polémica, por la falta de comunicación oficial y porque se conoció a través de un video publicado en X, que muestra a Santillán conversando con el radical peluca Mariano Campero, en un vuelo de Emirates rumbo a Dubai.
“Estamos en China un grupo de legisladores del PRO y La Libertad Avanza”, comenta el diputado misionero en su publicación de Instagram.
“Ustedes saben que China es uno de los principales socios comerciales de Argentina y además un gran inversor”, agrega e informa: “Vamos a tener agenda con los principales funcionarios del gobierno de China, con grandes empresas tecnológicas y, además, grandes plataformas que le compran a la Argentina”.
Bianchetti y su colega Martín Ardohain, viajaron por el PRO, junto a los libertarios Guillermo Montenegro, Álvaro Martínez, María Cecilia Ibáñez, Juliana Santillán, Mariano Campero y María Fernanda Araujo, que terminó su mandato en diciembre, pero no se quiso perder el periplo asiático.
Según explicó Santillán, que salió enseguida al cruce de las críticas, el viaje fue pagado “por el departamento de asuntos exteriores de China” y “cada diputado pagó sus gastos”.
Hauwei
El viaje contempló visitas a empresas como Cofco (China Oil and Foodstuffs Corporation, por sus siglas en inglés), que es la corporación estatal de alimentos y agricultura más grande de China y opera a nivel mundial; y también gigantes tecnológicos como Mindray, Skyworth y Huawei.
En esta última, Bianchetti y sus colegas fueron recibidos con “todos los honores” en su sede ubicada en Shenzhen, la megaciudad futurista de la provincia de Guangdong, conocida como el “Silicon Valley de China”.
Según publicó el portal de noticias LPO, la visita a Hauwei “irritó” al gobierno de Donald Trump, que se encuentra en plena embestida contra China, ya que, además, se trata de una empresa sancionada por Estados Unidos.
El misionero Emmanuel Bianchetti, el penúltimo a la izquierda de la foto, junto al peluca Mariano Campero.
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