Política
San Ignacio declaró la emergencia y el intendente tendrá superpoderes
A través de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, el municipio de San Ignacio se declaró en estado de emergencia económica, financiera y administrativa, con lo cual le otorgó mayores facultades al intendente Esteban Romero.
De acuerdo a los ediles, la medida está destinada a “asegurar la plena prestación de los servicios esenciales del municipio, en resguardo de su continuidad y en pos de proteger los intereses generales de la comunidad y calidad de vida de los habitantes”.
Frente a la crisis que se vive a nivel nacional, y teniendo en cuenta las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno provincial, el cuerpo legislativo consideró que “es necesario que se otorgue al Departamento Ejecutivo Municipal las herramientas que permitan sobrellevar y aún superar el estado de emergencia”.
La nueva normativa declara que la emergencia tendrá una vigencia de un año, período que será prorrogado automáticamente, a menos que el intendente disponga el cese anticipado.
De esta manera, se faculta al jefe comunal a disponer la racionalización del gasto público, lo cual incluye los recursos humanos, “procediéndose a la suspensión de las designaciones de personal municipal y la revisión de las existentes”.
El alcalde también podrá “revisar las condiciones de la totalidad de los contratos, convenios y/o acuerdos de cualquier naturaleza”, incluso aquellos celebrados con anterioridad a la sanción de la ordenanza “y que se encuentren en curso de ejecución”.
Además, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de “renegociar, suspender, modificar, anular rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de la asesoría letrada”.
Organización administrativa
Con el instrumento legal, los concejales autorizaron al intendente Esteban Romero “a establecer un régimen de retiro voluntario para los empleados de la Municipalidad de San Ignacio, limitado a quienes les falten menos de diez años para acceder a un beneficio jubilatorio”.
En tanto, se lo facultó a realizar “una restructuración del personal del gabinete”, suprimiendo o congelando cargos “conforme a las necesidades de servicio”.
En cuanto al ordenamiento económico, se dispuso “la verificación de los créditos originados de causa o título anterior al 10 de diciembre de 2023, vencidos o no, en contra de la Municipalidad de San Ignacio”.
En ese sentido, a partir de la sanción de la ordenanza -que ya fue promulgada por el jefe comunal-, las resoluciones y procedimientos judiciales contra la Municipalidad que impliquen el pago de una suma de dinero, “serán satisfechas dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en las previsiones anuales del presupuesto”.
Como disposición complementaria, la normativa, calificada como “de orden público”, sostiene que “ninguna persona humana o jurídica puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos”.
Asimismo, de presentarse una colisión o conflicto normativo con la aplicación de la flamante ley, “deberá interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de la presente ordenanza”.
Por ello, además, se dejó sin efecto toda ordenanza o decreto municipal “que se oponga a la presente”.
Superpoderes
Una ordenanza de emergencia casi calcada fue aprobada por el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen, que entre otras funciones, autorizó al intendente Edgardo Aquino a disponer de reestructuraciones del personal municipal.
La sanción se dio luego del despido de unos 20 empleados contratados y de planta permanente, quienes terminaron radicando una denuncia policial. En ese contexto, el concejal renovador Hugo Gauna, que votó en contra, la calificó como “una ordenanza de superpoderes”.
“Somos todos del Frente Renovador, incluso los que fueron despedidos; el gobernador se pronunció en contra del DNU del presidente, está en contra de los despidos, por eso estamos defendiendo también las fuentes laborales”, señaló al diario Primera Edición.
El articulado aprobado en la localidad más oriental de la Argentina faculta al alcalde a efectuar contrataciones directas de bienes y servicios esenciales “para la prestación de los servicios públicos y cumplimiento de las funciones básicas a cargo del municipio”.
En línea con la provincia, que congeló contrataciones y las condicionó a la aprobación del Poder Ejecutivo, Irigoyen y San Ignacio no son las únicas localidades que iniciaron el 2024 ajustando las cuentas.
Días pasados, también en Puerto Esperanza se decidió el despido de los trabajadores contratados por el municipio durante los últimos nueve meses del año pasado, así como la vuelta atrás de las recategorizaciones otorgadas en el mismo período, las cuales el nuevo intendente, Horacio Zarza, calificó como “decisiones ejecutivas teñidas de propósitos políticos”.
Política
Amarilla y Núñez: “Todos dicen ‘somos la oposición’, pero no vemos eso”
Los diputados provinciales Miguel Núñez y Ramón Amarilla, este último electo en junio pasado, confirmaron que trabajarán juntos en la Legislatura y conformarán el bloque Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores. Descartaron acompañar con su voto la presidencia de Sebastián Macías y prometieron “exponer la cuestión salarial” del funcionariado público misionero.
Entrevistados por La Voz de Misiones, Amarilla y Núñez comentaron sobre el comunicado con la noticia de su bloque legislativo a partir del 10 de diciembre, se pararon en la vereda de enfrente de la Renovación y, también, le marcaron la cancha a la oposición.
“Muchos funcionarios legislativos dicen: ‘soy la oposición’, pero no vemos eso”, lanzó Amarilla. “Tenemos que ver qué es lo que van a votar el 10 de diciembre”, planteó, en referencia a la votación de las autoridades de la Cámara, donde se da por descontado que la elección del oficialista Macías para la presidencia.
“La reglamentación de la Cámara no dice quien tiene que asumir, ni por mayoría, ni minoría; cualquiera puede ser”, apuntó y disparó: “La Renovación ha tomado la mala costumbre de decir ‘este es el que tiene que estar’”.
“Yo no le voy a votar. Que se saquen de la cabeza Rovira, Macías y todos lo que le siguen, que Ramón Amarilla les va votar la presidencia”, arremetió.
“Tampoco aspiro a la presidencia, ni a las vicepresidencias. Creo que la persona que ocupa ese lugar tiene que ser neutra. Acá somos 40 legisladores y todos vamos a ser responsables de sacar la provincia adelante”, reflexionó.
Gatitos chinos
“Hace 25 años que la Renovación viene cambiando jugadores en el escenario y parece que los legisladores no piensan por sí solos”, recargó.
“Hay una sola persona que les dice ‘tenes que hacer esto, aquello’, y se convirtieron todos en gatitos chinos: solo levantan la mano”, se burló.
“No tengo nada contra Rovira”, aclaró después y lanzó otra frase que resonó dirigida al bloque que estrena el partido de Javier Milei en la Legislatura a partir de diciembre.
“El pueblo misionero se tiene que hace responsable de la dirección que ha tomado nuestra provincia”, dijo Amarilla, en tono de arenga y, enseguida, agregó: “Espero que La Libertad Avanza no le vaya a votar la presidencia (de la Cámara) a la Renovación, porque el pueblo misionero y de toda la Argentina va a desilusionarse mucho más de lo que ya está desilusionado”.
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Inútiles
Ambos legisladores cuestionaron al jefe de la Policía de Misiones, Sandro Martínez, y al Poder Judicial de la provincia.
“Son unos inútiles, inoperantes”, dijo Amarilla de la cúpula policial. “Vergüenza da tener una persona así en la Policía de Misiones”, lanzó Núñez sobre la figura del comisario Martínez.
“Se apoderaron de las 28 cajas de la Jefatura de Policía, de lo que ingresa por Judicial, lo que ingresa por el plan de contención de Bomberos, el servicio adicional de toda la provincia; hay muchas cosas que tienen que responder esta gente”, cargó Amarilla.
El ex policía adelantó a LVM que entre sus proyectos legislativos está la reforma de la Ley Orgánica policial y del Servicio Penitenciario, y del reglamento disciplinario de la fuerza, que -según afirmó- “atentan contra el personal”.
“Hay que modificar la Ley 570 y nuestro reglamento del régimen disciplinario que tiene privación ilegítima de la libertad, y es de 1960, del gobierno de facto”, señaló.
“Tenemos una asesoría letrada y debe haber más de 200 abogados, que no le defienden al personal ante cualquier procedimiento; el personal tiene que pagar con sus haberes, con sus bienes, para que le defienda un abogado”, ilustró.
“¿La Dirección General de Inteligencia para qué sirve?”, preguntó Amarilla. “Debería servir para investigar delitos graves, como el narcotráfico; pero, hoy, solo se usa para perseguirle al personal”, aseguró.
“Tiene que haber libertad de expresión dentro de la institución, que cuente con personas que sean designadas y los represente ante el gobierno”, reclamó y argumentó: “Nuestro reglamento estipula que nosotros no nos podemos sindicalizar; teníamos una mesa de diálogo, pero eliminaron; ni aumento recibieron, los colegas todos los días me están preguntando cuando le van a aumentar el sueldo”, comentó.
Dupla fuerte
“El mayor problema que tenemos hoy en Misiones es la Justicia”, afirmó Núñez. “El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se apoya en ellos”, argumentó.
“Lo primero que debemos trabajar es exponer a estos jueces adictos a la Renovación”, dijo el legislador. “Ramón tiene motivos suficientes para no echarse atrás”, agregó Núñez, mirando a Amarilla, que estuvo ocho meses en prisión y está procesado por sedición junto a otros siete policías misioneros.
“A mí me sancionaron en la Cámara por denunciar corrupción”, recordó Núñez y aseguró que con Amarilla: “Somos una dupla muy fuerte para denunciar”.
Visibles
Sobre el comunicado de esta mañana en las redes, donde se comprometen con el mejoramiento de los salarios públicos en la provincia, Núñez reconoció que, por tratarse de una atribución del Poder Ejecutivo, no es mucho lo que pueden hacer desde la Legislatura.
“Quizás no podemos mejorar los salarios de los trabajadores, pero podemos exponer y visibilizar la situación”, se sinceró el legislador.
En igual sentido, se manifestó en lo relativo a la situación de los productores yerbateros, asfixiados por el derrumbe del precio de la hoja verde tras la desregulación del sector por el gobierno de Javier Milei.
“La provincia es tan responsable como la Nación”, acusó Núñez y apuntó contra su colega en la Legislatura, Juan José Szychowski.
“El señor Juanjo Szychowski, por una manganeta, le dejó sin presidente al Inym para que no tenga una voz que le pueda representar”, disparó. “La Renovación le dejó sin presidente justo unos días antes y agotó todos los estamentos, renunciaron todos; ellos sabían que se venía esto y les dejaron huérfanos a los yerbateros”, arremetió.
“Milei se equivocó. Pero, dijo la verdad también: siempre dijo que iba a eliminar”, opinó.
“Yo no tengo una planta de yerba, pero me solidarizo con ellos totalmente; tienen que seguir luchando”, añadió y afirmó: “Esta es una cuestión que con el tiempo se va a solucionar; ellos ya saben, pasaron muchas de estas”.
“Este no es un problema exclusivo de los yerbateros”, agregó Núñez y se puso en productor: “Yo tengo reforestación, hoy no se está vendiendo ningún producto”.
“El que tiene ganado, tampoco. Nada está valiendo porque nos sacaron el dinero del bolsillo”, explicó.
“El salario del trabajador está muy sufrido hoy, no le aumentaron lo que aumentó la inflación, y entonces que hace: consume menos”, razonó y pidió: “Hay que inyectar dinero a la producción y al trabajador, para que pueda comprar lo que necesita”.
“Esa es la pura verdad”, dijo Núñez y analizó: “Bajaron la inflación pegándole al trabajador”.
El diputado reconoció que “en la cámara no hay mucho por hacer” sobre estos temas y remarcó: “Lo que sí podemos es pronunciarnos diciendo estas cosas”.
Política
Núñez y Amarilla, juntos en la Legislatura: “Gestión propia e independiente”
A través de un comunicado, los diputados Miguel Núñez y el electo Ramón Amarilla expresaron su posicionamiento en la Cámara de Representantes de Misiones, de cara a la gestión del próximo año legislativo, resaltando aspectos como la libertad de expresión y acción, independencia judicial y una “gestión activa, propia e independiente”.
El mensaje fue difundido por Núñez, quien asumió como diputado provincial por el PRO el 10 de diciembre de 2023 y continuará su mandato hasta el 2027, ahora bajo las banderas del partido Algo Nuevo. Mientras que Amarilla fue electo en junio pasado, por el partido Por la Vida y los Valores, y asumirá en los próximos días.
“Pretendemos libertad de acción y expresión en nuestra provincia, devolviendo la dignidad a quienes trabajan, enseñan y producen”, resaltaron en el documento asegurando que pondrán sus objetivos en la búsqueda de salarios dignos para todos los trabajadores de la provincia, así como también el “respeto a los derechos humanos y previsionales”.
Seguidamente, abogaron: “Pretendemos una Justicia independiente, que contenga al ciudadano y garantice sus derechos. La Justicia, área clave para toda sociedad, en Misiones desde hace años está al servicio del oficialismo y resulta siendo cómplice; avasallando derechos y libertades de distintos actores sociales y productivos”.
También apuntaron a un “gobierno provincial con sentido común, que tome decisiones en base a las necesidades y potencialidades reales que tenemos a lo largo y ancho de Misiones”, sobre lo que añadieron: “La sociedad está harta de proyectos grandilocuentes y alejados de la realidad”.
Al mismo tiempo, se dirigieron a los jóvenes que actualmente emigran a otras provincias y países en busca de nuevas oportunidades, por lo que apuestan por una “provincia productiva” que garantice “un futuro diferente”.
“Proyectamos y trabajamos para una provincia activa, con definiciones políticas que contemplen la participación genuina de quienes impulsan y sostienen las comunidades y las economías misioneras”, aseguraron.
Finalmente, expresaron que su posición como diputados provinciales será caracterizada por una “gestión activa, propia e independiente” e hicieron un llamado al trabajo colectivo junto a otros legisladores.
“Estamos abiertos a trabajar con todos aquellos diputados que buscan generar un cambio real, acorde a los tiempos que corren y en respuesta a la demanda de la Sociedad misionera, que el pasado 8 de junio expresó un mensaje claro en las urnas: Basta de corrupción y basta de soberbia”, concluyeron.
👉🏼 Junto a Ramón Amarilla tendremos una gestión activa, propia e independiente.
Estamos abiertos a trabajar con los #diputados que buscan un cambio real, en respuesta a la demanda de la sociedad misionera, que en junio dijo en las urnas: basta de corrupción y basta de soberbia! pic.twitter.com/O8rOUnGSHF
— Miguel Orlando Núñez (@miguelonunez69) December 1, 2025
Política
PJ Misiones: interventores convocaron a internas para el 19 de abril
Los interventores del Partido Justicialista (PJ) Misiones, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, oficializaron este sábado la convocatoria a elecciones internas para el 19 de abril de 2026.
Arrieta y Rodríguez hicieron el anuncio esta mañana, en una conferencia de prensa, en la sede del Smata, que el justicialismo misionero adoptó como búnker partidario hasta tanto recupere la sede de la avenida López y Planes, actualmente en litigio judicial con la anterior conducción.
“El Partido Justicialista de Misiones tiene la particularidad de no haber tenido internas desde la década de 1990, una irregularidad que no tiene antecedentes en ninguno de los 23 distritos del país”, afirmó Arrieta.
“Fue por esto que, luego de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) como presidenta del partido, el Consejo Nacional del PJ atendió los pedidos de regularización de un grupo de afiliados misioneros y se decidió la intervención del distrito Misiones”, recordó el dirigente peronista.
“Esta decisión fue ratificada por unanimidad en el Congreso Nacional del PJ y nosotros quedamos firmes como interventores normalizadores hasta el 22 de mayo de 2026, que es cuando termina nuestro mandato”, explicó Arrieta.
A su turno, Rodríguez comentó el cronograma que se viene de aquí hasta las elecciones internas de abril del año que viene y detalló: “La fecha límite para la presentación de nuevas afiliaciones es hasta el 19 de diciembre, el proceso electoral comienza el 19 de febrero y el cierre de listas es el 19 de marzo”.
“Se van a elegir miembros y autoridades del Consejo Provincial, congresales provinciales y nacionales, y autoridades municipales en los casi 80 municipios misioneros, que durarán en sus cargos cuatro años”, explicó.
Rodríguez señaló que una de las particularidades del proceso electoral que se avecina en el justicialismo misionero es que “por esta vez no se tendrá en cuenta la antigüedad exigida en la Carta Orgánica para ser candidatos”.
Tanto Rodríguez como Arrieta dedicaron unos minutos a manifestarse por la libertad de CFK y aseguraron que la ex presidenta “está presa de manera irregular, mediante una sentencia judicial que incluyó una proscripción política, en un caso claro de ‘lawfare’ destinado a perseguir y proscribir a los líderes populares del país”.
Eyectados
Consultados por los periodistas, los interventores sugirieron que los miembros de la anterior conducción partidaria, el diputado nacional Alberto Arrúa y quienes lo acompañaban, Myriam Comparín y el ex apoderado Martín Kornuta, podrían ser eyectados del partido y quedar afuera de las internas de abril.
“Estamos evaluando las conductas de algunos personajes, que se cuentan con los dedos de una mano, y oportunamente se comunicará la decisión”, dijo Rodríguez, sin identificar a ninguno.
“No fue entregada la sede, fue usurpada, y hubo incumplimiento de la manda judicial que obligaba la entrega de la sede; hay cuentas del partido vacías, deudas; todas esas cuestiones se están evaluando”, comentó.

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