Política
San Ignacio declaró la emergencia y el intendente tendrá superpoderes
A través de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, el municipio de San Ignacio se declaró en estado de emergencia económica, financiera y administrativa, con lo cual le otorgó mayores facultades al intendente Esteban Romero.
De acuerdo a los ediles, la medida está destinada a “asegurar la plena prestación de los servicios esenciales del municipio, en resguardo de su continuidad y en pos de proteger los intereses generales de la comunidad y calidad de vida de los habitantes”.
Frente a la crisis que se vive a nivel nacional, y teniendo en cuenta las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno provincial, el cuerpo legislativo consideró que “es necesario que se otorgue al Departamento Ejecutivo Municipal las herramientas que permitan sobrellevar y aún superar el estado de emergencia”.
La nueva normativa declara que la emergencia tendrá una vigencia de un año, período que será prorrogado automáticamente, a menos que el intendente disponga el cese anticipado.
De esta manera, se faculta al jefe comunal a disponer la racionalización del gasto público, lo cual incluye los recursos humanos, “procediéndose a la suspensión de las designaciones de personal municipal y la revisión de las existentes”.
El alcalde también podrá “revisar las condiciones de la totalidad de los contratos, convenios y/o acuerdos de cualquier naturaleza”, incluso aquellos celebrados con anterioridad a la sanción de la ordenanza “y que se encuentren en curso de ejecución”.
Además, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de “renegociar, suspender, modificar, anular rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de la asesoría letrada”.
Organización administrativa
Con el instrumento legal, los concejales autorizaron al intendente Esteban Romero “a establecer un régimen de retiro voluntario para los empleados de la Municipalidad de San Ignacio, limitado a quienes les falten menos de diez años para acceder a un beneficio jubilatorio”.
En tanto, se lo facultó a realizar “una restructuración del personal del gabinete”, suprimiendo o congelando cargos “conforme a las necesidades de servicio”.
En cuanto al ordenamiento económico, se dispuso “la verificación de los créditos originados de causa o título anterior al 10 de diciembre de 2023, vencidos o no, en contra de la Municipalidad de San Ignacio”.
En ese sentido, a partir de la sanción de la ordenanza -que ya fue promulgada por el jefe comunal-, las resoluciones y procedimientos judiciales contra la Municipalidad que impliquen el pago de una suma de dinero, “serán satisfechas dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en las previsiones anuales del presupuesto”.
Como disposición complementaria, la normativa, calificada como “de orden público”, sostiene que “ninguna persona humana o jurídica puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos”.
Asimismo, de presentarse una colisión o conflicto normativo con la aplicación de la flamante ley, “deberá interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de la presente ordenanza”.
Por ello, además, se dejó sin efecto toda ordenanza o decreto municipal “que se oponga a la presente”.
Superpoderes
Una ordenanza de emergencia casi calcada fue aprobada por el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen, que entre otras funciones, autorizó al intendente Edgardo Aquino a disponer de reestructuraciones del personal municipal.
La sanción se dio luego del despido de unos 20 empleados contratados y de planta permanente, quienes terminaron radicando una denuncia policial. En ese contexto, el concejal renovador Hugo Gauna, que votó en contra, la calificó como “una ordenanza de superpoderes”.
“Somos todos del Frente Renovador, incluso los que fueron despedidos; el gobernador se pronunció en contra del DNU del presidente, está en contra de los despidos, por eso estamos defendiendo también las fuentes laborales”, señaló al diario Primera Edición.
El articulado aprobado en la localidad más oriental de la Argentina faculta al alcalde a efectuar contrataciones directas de bienes y servicios esenciales “para la prestación de los servicios públicos y cumplimiento de las funciones básicas a cargo del municipio”.
En línea con la provincia, que congeló contrataciones y las condicionó a la aprobación del Poder Ejecutivo, Irigoyen y San Ignacio no son las únicas localidades que iniciaron el 2024 ajustando las cuentas.
Días pasados, también en Puerto Esperanza se decidió el despido de los trabajadores contratados por el municipio durante los últimos nueve meses del año pasado, así como la vuelta atrás de las recategorizaciones otorgadas en el mismo período, las cuales el nuevo intendente, Horacio Zarza, calificó como “decisiones ejecutivas teñidas de propósitos políticos”.
Política
PJ Misiones: interventores convocaron a internas para el 19 de abril
Los interventores del Partido Justicialista (PJ) Misiones, Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, oficializaron este sábado la convocatoria a elecciones internas para el 19 de abril de 2026.
Arrieta y Rodríguez hicieron el anuncio esta mañana, en una conferencia de prensa, en la sede del Smata, que el justicialismo misionero adoptó como búnker partidario hasta tanto recupere la sede de la avenida López y Planes, actualmente en litigio judicial con la anterior conducción.
“El Partido Justicialista de Misiones tiene la particularidad de no haber tenido internas desde la década de 1990, una irregularidad que no tiene antecedentes en ninguno de los 23 distritos del país”, afirmó Arrieta.
“Fue por esto que, luego de la asunción de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) como presidenta del partido, el Consejo Nacional del PJ atendió los pedidos de regularización de un grupo de afiliados misioneros y se decidió la intervención del distrito Misiones”, recordó el dirigente peronista.
“Esta decisión fue ratificada por unanimidad en el Congreso Nacional del PJ y nosotros quedamos firmes como interventores normalizadores hasta el 22 de mayo de 2026, que es cuando termina nuestro mandato”, explicó Arrieta.
A su turno, Rodríguez comentó el cronograma que se viene de aquí hasta las elecciones internas de abril del año que viene y detalló: “La fecha límite para la presentación de nuevas afiliaciones es hasta el 19 de diciembre, el proceso electoral comienza el 19 de febrero y el cierre de listas es el 19 de marzo”.
“Se van a elegir miembros y autoridades del Consejo Provincial, congresales provinciales y nacionales, y autoridades municipales en los casi 80 municipios misioneros, que durarán en sus cargos cuatro años”, explicó.
Rodríguez señaló que una de las particularidades del proceso electoral que se avecina en el justicialismo misionero es que “por esta vez no se tendrá en cuenta la antigüedad exigida en la Carta Orgánica para ser candidatos”.
Tanto Rodríguez como Arrieta dedicaron unos minutos a manifestarse por la libertad de CFK y aseguraron que la ex presidenta “está presa de manera irregular, mediante una sentencia judicial que incluyó una proscripción política, en un caso claro de ‘lawfare’ destinado a perseguir y proscribir a los líderes populares del país”.
Eyectados
Consultados por los periodistas, los interventores sugirieron que los miembros de la anterior conducción partidaria, el diputado nacional Alberto Arrúa y quienes lo acompañaban, Myriam Comparín y el ex apoderado Martín Kornuta, podrían ser eyectados del partido y quedar afuera de las internas de abril.
“Estamos evaluando las conductas de algunos personajes, que se cuentan con los dedos de una mano, y oportunamente se comunicará la decisión”, dijo Rodríguez, sin identificar a ninguno.
“No fue entregada la sede, fue usurpada, y hubo incumplimiento de la manda judicial que obligaba la entrega de la sede; hay cuentas del partido vacías, deudas; todas esas cuestiones se están evaluando”, comentó.

Política
La Cámara de Representantes convocó a sesión especial el 10 de diciembre
La Cámara de Representantes de Misiones convocó a sesión especial el 10 de diciembre próximo para la jura de los diputados electos el 8 de junio pasado y la elección de las nuevas autoridades legislativas de la provincia.
La convocatoria, prevista para las 10:00 horas, se ajusta a los establecido en el Decreto 447, firmado por el presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad.
En la oportunidad, además de la asunción de los legisladores electos, se tomará juramento también a quienes cubren vacantes, como la del mismo Herrera Ahuad que asume en la semana como diputado nacional.
Asimismo, se definirá la integración de las comisiones permanentes y especiales, los miembros de la Comisión Legislativa Permanente, y se elegirán los diputados que integrarán el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, junto con el sorteo de las Salas Acusadora y Juzgadora y la designación de la Comisión Investigadora.
El temario incluye además la designación de secretarios y prosecretarios legislativos, y la fijación del día y la hora de las sesiones ordinarias correspondientes al próximo período legislativo.
Política
Garupá reunió a concejales de 13 municipios en mesa de trabajo conjunto
El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Garupá fue escenario ayer del último Foro de Concejales de la Zona Sur de Misiones, una jornada que reunió a ediles de trece municipios en un espacio de debate, intercambio y construcción de agenda común.
Concejales y delegaciones de Posadas, Garupá, Candelaria, San Ignacio, Apóstoles, Leandro N. Alem, San José, Almafuerte, Profundidad, Fachinal, Bonpland, Santa Ana y Dos Arroyos llenaron el recinto, consolidando un encuentro que ya se convirtió en referencia para el trabajo legislativo intermunicipal.
Los ejes principales giraron en torno al fortalecimiento institucional de los concejos deliberantes, la actualización de normativas locales, el intercambio de buenas prácticas y la articulación regional para dar respuestas más eficientes a los vecinos.
Durante la jornada se debatieron temas como la modernización de los reglamentos internos, la capacitación continua de los cuerpos legislativos, la transparencia en la gestión y la necesidad de coordinar acciones en materia de ambiente, desarrollo urbano y servicios públicos entre municipios vecinos.

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