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San Ignacio declaró la emergencia y el intendente tendrá superpoderes

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A través de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, el municipio de San Ignacio se declaró en estado de emergencia económica, financiera y administrativa, con lo cual le otorgó mayores facultades al intendente Esteban Romero.

De acuerdo a los ediles, la medida está destinada a “asegurar la plena prestación de los servicios esenciales del municipio, en resguardo de su continuidad y en pos de proteger los intereses generales de la comunidad y calidad de vida de los habitantes”.

Frente a la crisis que se vive a nivel nacional, y teniendo en cuenta las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno provincial, el cuerpo legislativo consideró que “es necesario que se otorgue al Departamento Ejecutivo Municipal las herramientas que permitan sobrellevar y aún superar el estado de emergencia”.

La nueva normativa declara que la emergencia tendrá una vigencia de un año, período que será prorrogado automáticamente, a menos que el intendente disponga el cese anticipado.

De esta manera, se faculta al jefe comunal a disponer la racionalización del gasto público, lo cual incluye los recursos humanos, “procediéndose a la suspensión de las designaciones de personal municipal y la revisión de las existentes”.

El alcalde también podrá “revisar las condiciones de la totalidad de los contratos, convenios y/o acuerdos de cualquier naturaleza”, incluso aquellos celebrados con anterioridad a la sanción de la ordenanza “y que se encuentren en curso de ejecución”.

Además, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de “renegociar, suspender, modificar, anular rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de la asesoría letrada”.

Organización administrativa

Con el instrumento legal, los concejales autorizaron al intendente Esteban Romero “a establecer un régimen de retiro voluntario para los empleados de la Municipalidad de San Ignacio, limitado a quienes les falten menos de diez años para acceder a un beneficio jubilatorio”.

En tanto, se lo facultó a realizar “una restructuración del personal del gabinete”, suprimiendo o congelando cargos “conforme a las necesidades de servicio”.

En cuanto al ordenamiento económico, se dispuso “la verificación de los créditos originados de causa o título anterior al 10 de diciembre de 2023, vencidos o no, en contra de la Municipalidad de San Ignacio”.

En ese sentido, a partir de la sanción de la ordenanza -que ya fue promulgada por el jefe comunal-, las resoluciones y procedimientos judiciales contra la Municipalidad que impliquen el pago de una suma de dinero, “serán satisfechas dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en las previsiones anuales del presupuesto”.

Como disposición complementaria, la normativa, calificada como “de orden público”, sostiene que “ninguna persona humana o jurídica puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos”.

Asimismo, de presentarse una colisión o conflicto normativo con la aplicación de la flamante ley, “deberá interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de la presente ordenanza”.

Por ello, además, se dejó sin efecto toda ordenanza o decreto municipal “que se oponga a la presente”.

Superpoderes

Una ordenanza de emergencia casi calcada fue aprobada por el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen, que entre otras funciones, autorizó al intendente Edgardo Aquino a disponer de reestructuraciones del personal municipal.

La sanción se dio luego del despido de unos 20 empleados contratados y de planta permanente, quienes terminaron radicando una denuncia policial. En ese contexto, el concejal renovador Hugo Gauna, que votó en contra, la calificó como “una ordenanza de superpoderes”.

“Somos todos del Frente Renovador, incluso los que fueron despedidos; el gobernador se pronunció en contra del DNU del presidente, está en contra de los despidos, por eso estamos defendiendo también las fuentes laborales”, señaló al diario Primera Edición.

El articulado aprobado en la localidad más oriental de la Argentina faculta al alcalde a efectuar contrataciones directas de bienes y servicios esenciales “para la prestación de los servicios públicos y cumplimiento de las funciones básicas a cargo del municipio”.

En línea con la provincia, que congeló contrataciones y las condicionó a la aprobación del Poder Ejecutivo, Irigoyen y San Ignacio no son las únicas localidades que iniciaron el 2024 ajustando las cuentas.

Días pasados, también en Puerto Esperanza se decidió el despido de los trabajadores contratados por el municipio durante los últimos nueve meses del año pasado, así como la vuelta atrás de las recategorizaciones otorgadas en el mismo período, las cuales el nuevo intendente, Horacio Zarza, calificó como “decisiones ejecutivas teñidas de propósitos políticos”.

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La tasa turística de Iguazú que inspiró a Wanda: “Es un eco curro”

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El revuelo por la Tasa Eco Turística que se aplica desde el sábado en Wanda, agitó las aguas en Puerto Iguazú, donde la administración municipal de Claudio Filippa mantiene vigente desde 2015 un canon idéntico, que inspiró a la intendenta Romina Faccio a gravar las visitas a la capital misionera de las piedras preciosas.

“Es un eco curro”, disparó el concejal de Puerto Iguazú Fabián De Sá, de La Libertad Avanza (LLA), y comparó el tributo de Filippa a los turistas con el que aplicó Bariloche hasta el año pasado, en que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

“Es lo mismo y ya hay jurisprudencia de la Corte”, remarcó el edil, en diálogo con La Voz de Misiones.  “Una tasa requiere una contraprestación de un servicio y acá no está claro, ni se sabe, adónde va ese dinero”, disparó De Sá.

El concejal de LLA Misiones comentó a LVM que Foz de Iguazú, la ciudad brasileña vecina, “también tiene una tasa turística”, pero que, a diferencia de Puerto Iguazú, “es transparente y optativa”.

“Les cobran a los visitantes en el parque, y cuando el turista ve que está todo limpio, ordenado y lo que cuesta mantenerlo así, paga con gusto”, apuntó y lanzó: “De este lado, todo es un desastre, la limpieza, la recolección de residuos es de lo peor del país”.

De Sá afirmó que, en la Ciudad de las Cataratas, los funcionarios municipales actúan como “si fueran agentes del ICE norteamericano”, en referencia a la policía migratoria estadounidense, y “persiguen a los turistas donde los ven”.

“Los visitantes se ven obligados a pagar más de una vez, porque raramente la gente lleva encima el comprobante”, explicó y graficó: “Les cobran cuando ingresan a la ciudad, les cobran en el hotel y si los ven por ahí, y no tienen el papel, les cobran otra vez”.

“Es un desastre porque el turista que tiene esa mala experiencia la lleva a su cada, a su país de origen, con las consecuencias negativas que eso conlleva para el turismo en la ciudad”, argumentó.

Disparate

El tributo turístico de Filippa viene dando que hablar desde hace rato, sobre todo desde que la CSJ invalidó la Eco Tasa de Bariloche y el municipio se vio obligado a eliminarla.

“Es un disparate, tanto la tasa que se aplica acá, como la que empezaron a cobrar en Wanda”, afirmó el concejal Alejandro Verón, electo en 2023 por la Unión Cívica Radical (UCR) y que actualmente integra el bloque de LLA en el HCD local.

“En julio de 2024, yo presenté un pedido de suspensión del cobro y una ordenanza para derogar la tasa, por la falta de rendición de la recaudación de la misma”, rememoró Verón y comentó: “No tuvimos el acompañamiento de los concejales de la Renovación y perdimos 4 a 3”.

En aquella ocasión, el intentó la valió un cruce con el intendente Filippa, quien se descargó contra el concejal en sus redes sociales y defendió su Eco tasa, a la par que su administración anunciaba un incremento del tributo a $3.000 por persona, por dos noches de pernocte en la ciudad.

Dos años antes, en 2022, el Ejecutivo municipal dejó sin responder un pedido de informe “respecto del mecanismo utilizado en el cobro de la Tasa Eco Turística”, firmado por el entonces presidente del HCD, Juan José Rayneldi, y el prosecretario legislativo Andrés Pritulak.

Según dijo Verón a LVM, “no hay un estimativo de lo recaudado y tampoco se sabe adonde va a parar lo que ingresa del cobro a los visitantes”.

Proyecto de Ordenanza Derogacion Ecotasa

 

 

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Repercusión política por Eco tasa en Wanda: “Están espantando los turistas”

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Varias figuras de la oposición política misionera se expresaron en las últimas horas sobre la tasa Eco Turística de Wanda, que empezó a regir el fin de semana por ordenanza del municipio local y escaló la controversia con videos de visitantes a las minas de piedras preciosas, ofuscados por el canon y obligados a pegar la vuelta sin ingresar.

El diputado provincial y presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la tierra colorada, Adrián Nuñez, y el senador del PRO Misiones, Martín Goerling, apuntaron de lleno en redes sociales y medios contra la Ordenanza 22/2025, impulsada por la intendenta Romina Faccio, con el fundamento de la “preservación ambiental” y el “desarrollo sostenible” del distrito.

Impuesto encubierto

Nuñez, incluso, se ocupó del tema en su columna del sábado del diario porteño La Nación, que tituló “Cuando una tasa se convierte en impuesto encubierto se rompe el federalismo” y donde analizó la cuestión, no ya como político o legislador, sino como abogado especialista en temas tributarios.

“En los últimos días, tomó estado público la creación de la denominada Tasa Eco Turística Municipal en Colonia Wanda, provincia de Misiones”, arranca la columna del legislador misionero en LN y señala: “Más allá del nombre atractivo y de los fines nobles declamados, el debate de fondo no es ambiental ni turístico, sino es institucional, constitucional e ideológico”.

“La Argentina tiene un régimen claro de distribución de recursos entre la Nación, las provincias y los municipios”, explica y menciona: “En particular, la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos establece límites precisos para evitar abusos fiscales, superposiciones tributarias y, sobre todo, inseguridad jurídica para quienes producen, invierten y trabajan”.

“Una tasa municipal, para ser válida, debe cumplir un requisito básico e ineludible que es estar asociada a una prestación concreta, efectiva e individualizada de un servicio”, puntualiza Nuñez, para descalificar la validez del canon aplicado en Wanda.

“Cuando ese servicio no existe, cuando no se identifica al contribuyente ni se puede demostrar qué recibe a cambio, la tasa deja de ser tasa y pasa a ser un impuesto encubierto”, define Nuñez y asegura: “Eso es exactamente lo que ocurre con la llamada Tasa Eco Turística”. “Se cobra por el solo hecho de ingresar al municipio con fines turísticos, comerciales o de negocios, sin que exista una contraprestación municipal específica”, reafirma.

“En los hechos, se grava el ejercicio de actividades económicas, una materia que ya está alcanzada por impuestos nacionales coparticipados como el Impuesto a las Ganancias”, recarga.

“La ley es clara, los municipios no pueden crear tributos locales análogos a impuestos nacionales”, dice Nuñez y aclara: “No es una interpretación política, es una prohibición legal expresa”.

“En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se pronunció en múltiples oportunidades, desde el histórico fallo Laboratorios Raffo hasta la reciente declaración de inconstitucionalidad de la Ecotasa de Bariloche en 2024”, historia Nuñez.

“Defender el federalismo no es permitir que cada municipio cobre lo que quiera, como quiera y a quien quiera. Defender el federalismo es respetar las reglas comunes que garantizan equilibrio, previsibilidad y seguridad jurídica en todo el país”, proclama el diputado provincial.

“Misiones necesita atraer inversiones, generar empleo y acompañar al sector productivo, no ahogarlo con impuestos disfrazados de tasas”, dispara. “El cuidado del ambiente y el desarrollo turístico son objetivos legítimos, pero deben financiarse dentro del marco de la ley y con instrumentos transparentes”, reclama.

“Cuando el Estado cruza esos límites, no solo perjudica a los contribuyentes, sino que erosiona la confianza y desalienta la actividad económica atentando contra la inversión y el crecimiento”, sentencia.

Nuñez opina que “por eso es necesario dar este debate con seriedad y responsabilidad”, ya que “no se trata de recaudar más, sino de gobernar mejor, buscando bajar los gastos y reducir impuestos de manera de potenciar la actividad económica y el desarrollo genuino”.

Locura

Goerling le dedicó a la Tasa Ecoturística de la intendenta Faccio varias intervenciones en medios de Posadas y dos posteos en su cuenta de Instagram.

“PAREN ESTA LOCURA”, pidió en el primero de sus posteos en IG, arrobando al gobernador Hugo Passalacqua, al ministro de Turismo de Misiones José María Arrúa, y a la intendenta impulsora del gravamen en cuestión.

“Están espantando los turistas de Wanda”, escribió Goerling. “Los corren con controles y tasas como si fueran delincuentes”, lanzó.

En la publicación, el senador del PRO Misiones subió uno de los videos que se viralizaron en las últimas horas y que muestra al guía de un contingente de turistas de La Rioja, Tucumán y Catamarca, desayunándose con el pago del nuevo canon en el acceso a un complejo turístico.

“Primero, trabas a la mercadería con aduanas paralelas. Ahora, cargos para ingresar a un predio privado”, escribe Goerling. “Así, no se defiende el ambiente ni la producción: se castiga al que invierte y al que viene a dejar su plata en Misiones”, señala.

“El turismo necesita puertas abiertas y reglas claras. No persecución ni improvisación”, finaliza el parlamentario su primer posteo sobre el tema.

“EL TURISMO DE WANDA SE CONVIRTIÓ EN UN CIRCO”, escribió Goerling, en una segunda publicación. “Lo dicen los propios vecinos”, aseguró y reprodujo dos textuales, de visitantes ofuscados con la tasa de Faccio, de otro de los videos que están viralizándose en las redes: “Es un impuesto injusto”, “Hay gente que no viene si no es por esto”.

“Están convirtiendo un atractivo turístico en un conflicto político”, cargó Goerling y acusó: “Están poniendo tasas donde debería haber promoción”.

“El turismo no se desarrolla a los golpes ni con la policía en la puerta”, señaló y finalizó: “Se desarrolla con libertad, previsibilidad y respeto”.

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Intendenta de Wanda y la eco tasa: “Sin obra pública, debemos reinventarnos”

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En medio de los reclamos vecinales y las repercusiones políticas sobre el tema, la intendenta de Wanda, Romina Faccio, explicó que la aplicación de la Tasa Ecoturística se enmarca en la necesidad de generar recursos propios ante la paralización de la obra pública nacional.

“Dado que el presidente ha eliminado las obras públicas y dijo que los intendentes se arreglen como pueden, tenemos que reinventarnos para seguir haciendo crecer la ciudad”, sostuvo esta mañana, en declaraciones brindadas en una entrevista con Radio República. 

La jefa comunal además aseguró que la tasa “deja beneficios reales en Wanda” y precisó que se trata de un “restablecimiento” de una ordenanza vigente desde 2015. “Debería haberse pagado, pero nunca se pagó”, indicó.

En ese marco, señaló que en 2018 existió un convenio con una de las empresas mineras por un monto de $10.000 mensuales, aunque “tampoco se cumplió”. En 2022, por su parte, se estableció un canon en unidades fiscales, pero al no concretarse su aplicación, en 2025 se resolvió restablecer la tasa para que sea abonada directamente por el turista.

Consultada sobre las declaraciones la empresaria minera Patricia Busch, socia de los yacimientos, quien afirmó a La Voz de Misiones que “seguir así se perderán 60 puestos de trabajo”, Faccio respondió: “Eso deberías consultarle a ella”.

La intendenta precisó que la tasa se aplica a los turistas, que -según datos del sector- rondan los 2.000 por día en temporada alta, mediante unidades fiscales, con un cobro mínimo de 800 pesos.

El pago debe realizarse en el ingreso a las minas y sostuvo que los fondos recaudados tendrán una contraprestación y que cada seis meses se presentarán informes ante el Concejo Deliberante.

Repercusión política por Eco tasa en Wanda: “Están espantando los turistas”

 

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