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San Ignacio declaró la emergencia y el intendente tendrá superpoderes

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A través de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, el municipio de San Ignacio se declaró en estado de emergencia económica, financiera y administrativa, con lo cual le otorgó mayores facultades al intendente Esteban Romero.

De acuerdo a los ediles, la medida está destinada a “asegurar la plena prestación de los servicios esenciales del municipio, en resguardo de su continuidad y en pos de proteger los intereses generales de la comunidad y calidad de vida de los habitantes”.

Frente a la crisis que se vive a nivel nacional, y teniendo en cuenta las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno provincial, el cuerpo legislativo consideró que “es necesario que se otorgue al Departamento Ejecutivo Municipal las herramientas que permitan sobrellevar y aún superar el estado de emergencia”.

La nueva normativa declara que la emergencia tendrá una vigencia de un año, período que será prorrogado automáticamente, a menos que el intendente disponga el cese anticipado.

De esta manera, se faculta al jefe comunal a disponer la racionalización del gasto público, lo cual incluye los recursos humanos, “procediéndose a la suspensión de las designaciones de personal municipal y la revisión de las existentes”.

El alcalde también podrá “revisar las condiciones de la totalidad de los contratos, convenios y/o acuerdos de cualquier naturaleza”, incluso aquellos celebrados con anterioridad a la sanción de la ordenanza “y que se encuentren en curso de ejecución”.

Además, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de “renegociar, suspender, modificar, anular rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de la asesoría letrada”.

Organización administrativa

Con el instrumento legal, los concejales autorizaron al intendente Esteban Romero “a establecer un régimen de retiro voluntario para los empleados de la Municipalidad de San Ignacio, limitado a quienes les falten menos de diez años para acceder a un beneficio jubilatorio”.

En tanto, se lo facultó a realizar “una restructuración del personal del gabinete”, suprimiendo o congelando cargos “conforme a las necesidades de servicio”.

En cuanto al ordenamiento económico, se dispuso “la verificación de los créditos originados de causa o título anterior al 10 de diciembre de 2023, vencidos o no, en contra de la Municipalidad de San Ignacio”.

En ese sentido, a partir de la sanción de la ordenanza -que ya fue promulgada por el jefe comunal-, las resoluciones y procedimientos judiciales contra la Municipalidad que impliquen el pago de una suma de dinero, “serán satisfechas dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en las previsiones anuales del presupuesto”.

Como disposición complementaria, la normativa, calificada como “de orden público”, sostiene que “ninguna persona humana o jurídica puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos”.

Asimismo, de presentarse una colisión o conflicto normativo con la aplicación de la flamante ley, “deberá interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de la presente ordenanza”.

Por ello, además, se dejó sin efecto toda ordenanza o decreto municipal “que se oponga a la presente”.

Superpoderes

Una ordenanza de emergencia casi calcada fue aprobada por el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen, que entre otras funciones, autorizó al intendente Edgardo Aquino a disponer de reestructuraciones del personal municipal.

La sanción se dio luego del despido de unos 20 empleados contratados y de planta permanente, quienes terminaron radicando una denuncia policial. En ese contexto, el concejal renovador Hugo Gauna, que votó en contra, la calificó como “una ordenanza de superpoderes”.

“Somos todos del Frente Renovador, incluso los que fueron despedidos; el gobernador se pronunció en contra del DNU del presidente, está en contra de los despidos, por eso estamos defendiendo también las fuentes laborales”, señaló al diario Primera Edición.

El articulado aprobado en la localidad más oriental de la Argentina faculta al alcalde a efectuar contrataciones directas de bienes y servicios esenciales “para la prestación de los servicios públicos y cumplimiento de las funciones básicas a cargo del municipio”.

En línea con la provincia, que congeló contrataciones y las condicionó a la aprobación del Poder Ejecutivo, Irigoyen y San Ignacio no son las únicas localidades que iniciaron el 2024 ajustando las cuentas.

Días pasados, también en Puerto Esperanza se decidió el despido de los trabajadores contratados por el municipio durante los últimos nueve meses del año pasado, así como la vuelta atrás de las recategorizaciones otorgadas en el mismo período, las cuales el nuevo intendente, Horacio Zarza, calificó como “decisiones ejecutivas teñidas de propósitos políticos”.

Política

Stelatto abrió sesiones del HCD: “A las ciudades nunca se les dio tan poco”

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Stelatto abrió sesiones del HCD: “A las ciudades nunca se les dio tan poco”

El intendente de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto, abrió el período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante (HCD) con un discurso centrado en la defensa de la democracia, la rendición de cuentas y un repaso de la gestión municipal, en un contexto de recortes de recursos nacionales que impactan directamente en las ciudades de frontera, como la capital misionera.

A semanas de cumplirse 50 años del último golpe de Estado, el jefe comunal advirtió sobre los riesgos de relativizar los valores democráticos y fue enfático al sostener: “Nunca más una Argentina sin democracia”, al tiempo que llamó a rechazar los discursos de odio y la violencia política. En ese sentido, afirmó que “las reglas de juego no son rituales vacíos, sino límites necesarios al poder y canales de expresión de voluntad popular”.

Stelatto señaló que los municipios atraviesan uno de los momentos más complejos en términos financieros y remarcó que “a las ciudades nunca se les pidió tanto y nunca se les dio tan poco”, en referencia al retiro de fondos nacionales y a las asimetrías económicas que impactan en Posadas por su condición de ciudad fronteriza. Pese a ese escenario, aseguró que la capital provincial logró sostener obras, servicios y políticas sociales gracias a las decisiones de austeridad y eficiencia.

Sobre las medidas que destacó de su gestión 2025, mencionó la reducción del 40% de la estructura política del Ejecutivo municipal, la eliminación de tasas municipales y el avance en la modernización del Estado.

“Tenemos la obligación moral y política de administrar cada peso con criterio… y lo hicimos preservando la fuente laboral del trabajador municipal que cumple sus tareas, reorganizando funciones, ganando eficiencia y demostrando que se puede tener un Municipio más ágil”, expresó el intendente ante los concejales.

En materia económica, Stelatto subrayó el impulso a la inversión privada, el empleo y el comercio local, con más de 2.000 habilitaciones comerciales tramitadas durante 2025 y un “fuerte” crecimiento del turismo. “Cada nueva habilitación es un vecino, una familia, un emprendedor que elige apostar por nuestra ciudad, y nuestro compromiso es facilitarle ese camino”, remarcó.

El intendente también repasó una “intensa” agenda de obras públicas, que incluyó pavimentación, saneamiento pluvial, alumbrado LED, semáforos inteligentes y la continuidad de proyectos emblemáticos. En ese marco, destacó que “mantener una ciudad es tan exigente como construirla” y afirmó que todo lo realizado en los últimos años “hoy es patrimonio de todos los posadeños”.

Otro de los ejes centrales que abordó el jefe comunal fue la sanción del nuevo Código de Edificación, al que definió como “un contrato urbano que fija el horizonte de una Posadas más integrada, sostenible y ordenada”, y una herramienta clave para brindar previsibilidad, seguridad jurídica y transparencia en el desarrollo urbano.

En el plano social, el intendente Stelatto resaltó el fortalecimiento de la atención primaria de la salud, las políticas inclusión para personas con discapacidad, la inversión en cultura y deporte, y los programas de contención social en los barrios. “Nunca vamos a escondernos detrás de un escritorio frente a los problemas”, aseguró, al destacar la presencia territorial de la gestión.

Sobre el cierre, el jede del Ejecutivo agradeció el acompañamiento de los trabajadores municipales, de las autoridades provinciales y de los vecinos, y sostuvo que “el mejor informe de gestión se encuentra recorriendo la ciudad”.

Finalmente, Stelatto dejó formalmente inauguradas las sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante, reafirmando un modelo de gestión basado en el trabajo, la cercanía y el compromiso con la comunidad.

De la sesión de apertura del Concejo de Posadas participaron el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías, integrantes del gabinete municipal que acompaña la gestión del intendente Stelatto y el presidente de La Libertad Avanza Misiones, Adrián Nuñez, entre otros.

Cabe destacar que, tras las elecciones del 8 de junio, por primera vez el espacio que lidera el presidente Javier Milei logró representación en el Concejo Deliberante de Posadas, con las bancas de María Elena Fernández y Santiago Horianski, y la reelección de Pablo Argañaraz, participó por el Partido Libertario y luego se pasó a LLA.

Valeria Gómez de Oliveira fue otra concejal que formalizó su pase a La Libertad Avanza con posterioridad a los comicios. Argañaraz y Gómez de Oliveira, ambos de origen radical, consolidaron así su alejamiento de la UCR.

Daniel Vigo es el nuevo presidente del Concejo Deliberante de Posadas

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Política

La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor

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Con los votos de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador Neo, y Martín Goerling, del PRO Misiones, el Senado de la Nación sancionó esta noche la Ley de Modernización Laboral, del gobierno de Javier Milei.

La votación llegó al cabo de una maratónica jornada, que arrancó a las 11 de la mañana con el tratamiento del nuevo régimen penal juvenil que baja la imputabilidad a los 14 años, y que fue aprobado por una mayoría que incluyó a los misioneros.

La sanción de la reforma laboral se decidió por 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones.

Es la segunda vez que el Senado trata el proyecto, luego de la media sanción del 12 de febrero, que cayó en la Cámara de Diputados con la decisión del oficialismo de retirar el artículo 44, de las licencias médicas, porque el rechazo abarcaba a sus aliados políticos y comprometía la suerte de la ley en el recinto.

El texto que sancionó hoy el Senado es el mismo que la Cámara ya había aprobado hace dos semanas, pero sin el artículo que recortaba el salario de los trabajadores con licencias médicas, que fue retirado por el gobierno luego de la controversia generalizada.

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Política

Con votos de Arce, Rojas y Goerling, se aprobó el Régimen Penal Juvenil

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Con 44 votos afirmativos, entre los que se contaron a los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador Neo; y Martín Goerling, del PRO Misiones, 27 negativos y una abstención, el Senado de la Nación, aprobó esta tarde el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

El debate se extendió durante varias horas en el recinto y tuvo su correlato en la calle, donde la Policía Federal y la Gendarmería Nacional reprimió con hidrantes y gases a los manifestantes.

En el transcurso de la sesión, las posiciones se dividieron entre la aceptación, por parte del oficialismo y sus aliados; y el rechazo a la ley, de parte del peronismo y fuerzas provinciales, como el Movimiento Popular Fueguino, y fue casi un calco de lo sucedido en la Cámara de Diputados, donde el proyecto obtuvo la media sanción el 12 de febrero pasado.

Resultados de la votación en general

Intervenciones

En el cierre del debate, el senador misionero Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia, sostuvo que se trata de una “reforma largamente postergada” y afirmó que actualizar el marco normativo constituye “una obligación moral, institucional y constitucional”.

El legislador subrayó que la iniciativa no tiene un carácter punitivo sino formativo, al señalar que apunta a “fomentar la responsabilidad del imputado”, haciendo especial hincapié en el “adolescente”, que puede comprender el acto delictivo cometido. En ese sentido, remarcó que el proyecto promueve la educación, la resocialización y la integración social, con el objetivo de reducir la reincidencia.

“Estamos acá para legislar para proteger a las víctimas, a sus familias y a sus funciones”, expresó, al tiempo que advirtió que el fenómeno delictivo juvenil no es homogéneo en todo el país. Por ello, planteó la necesidad de diseñar políticas con una mirada federal que garanticen su aplicación de acuerdo a la realidad de cada provincia.

Arce también señaló que el Estado nacional deberá adaptar institutos, capacitar recursos humanos e incorporar equipos interdisciplinarios. 

En materia presupuestaria, indicó que el proyecto prevé una partida para 2026, aunque consideró necesario avanzar hacia un presupuesto plurianual, sucesivo y continuo, al entender que la problemática no puede resolverse en un solo año.

Asimismo, recordó la comisión plenaria realizada el 19 de febrero, donde nueve familiares brindaron testimonio sobre el “doble sufrimiento” atravesado: primero por la pérdida de sus seres queridos y luego por la situación de injusticia que, según señalaron, persiste en la actualidad.

Finalmente, anticipó su voto favorable retomando el pedido de los familiares: “Por favor, legisladores, sancionen una ley que evite nuevos delitos y que terminemos con el sufrimiento de nuestras familias”.

Goerling, optó por hablar “desde lo que siento como ciudadano” y desde su rol como legislador con la responsabilidad de tener que votar.

Sostuvo que se trata de una ley “de sentido común” que busca dar respuesta a un problema que, según afirmó, es real y que Argentina arrastra desde hace años. 

En relación con la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, señaló que el debate también implica equiparar a la Argentina con otros países de la región. “Los únicos de América Latina que tienen desde los 16 años son Argentina y Cuba”.

Goerling planteó que, además del dolor de las víctimas, existe una problemática social vinculada a la ausencia del Estado y a familias que no saben cómo abordar situaciones de menores que delinquen. 

Para el senador la iniciativa prevé la creación o adecuación de institutos con programas de capacitación, educación, tratamiento de adicciones y reinserción social. “Si mató a los 14 o 15 y no hacemos nada, cuando cumpla 18 o 19 va a estar peor”, afirmó.

También hizo referencia a la situación en Misiones, provincia que tiene un 92% de frontera con Brasil y Paraguay. Describió problemáticas vinculadas al narcotráfico en zonas como Puerto Iguazú, Andresito, San Pedro, Bernardo de Irigoyen, Puerto Rico y Eldorado, y mencionó la circulación de una droga conocida como “pedra”, que, según afirmó, afecta a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, consideró que la ley representa “un avance significativo” y que también abre el debate sobre la necesidad de fortalecer políticas públicas en materia de rehabilitación y tratamiento de adicciones. En nombre de su bloque, anticipó el acompañamiento a la iniciativa.

 

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