Política
San Ignacio declaró la emergencia y el intendente tendrá superpoderes
A través de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, el municipio de San Ignacio se declaró en estado de emergencia económica, financiera y administrativa, con lo cual le otorgó mayores facultades al intendente Esteban Romero.
De acuerdo a los ediles, la medida está destinada a “asegurar la plena prestación de los servicios esenciales del municipio, en resguardo de su continuidad y en pos de proteger los intereses generales de la comunidad y calidad de vida de los habitantes”.
Frente a la crisis que se vive a nivel nacional, y teniendo en cuenta las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno provincial, el cuerpo legislativo consideró que “es necesario que se otorgue al Departamento Ejecutivo Municipal las herramientas que permitan sobrellevar y aún superar el estado de emergencia”.
La nueva normativa declara que la emergencia tendrá una vigencia de un año, período que será prorrogado automáticamente, a menos que el intendente disponga el cese anticipado.
De esta manera, se faculta al jefe comunal a disponer la racionalización del gasto público, lo cual incluye los recursos humanos, “procediéndose a la suspensión de las designaciones de personal municipal y la revisión de las existentes”.
El alcalde también podrá “revisar las condiciones de la totalidad de los contratos, convenios y/o acuerdos de cualquier naturaleza”, incluso aquellos celebrados con anterioridad a la sanción de la ordenanza “y que se encuentren en curso de ejecución”.
Además, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de “renegociar, suspender, modificar, anular rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de la asesoría letrada”.
Organización administrativa
Con el instrumento legal, los concejales autorizaron al intendente Esteban Romero “a establecer un régimen de retiro voluntario para los empleados de la Municipalidad de San Ignacio, limitado a quienes les falten menos de diez años para acceder a un beneficio jubilatorio”.
En tanto, se lo facultó a realizar “una restructuración del personal del gabinete”, suprimiendo o congelando cargos “conforme a las necesidades de servicio”.
En cuanto al ordenamiento económico, se dispuso “la verificación de los créditos originados de causa o título anterior al 10 de diciembre de 2023, vencidos o no, en contra de la Municipalidad de San Ignacio”.
En ese sentido, a partir de la sanción de la ordenanza -que ya fue promulgada por el jefe comunal-, las resoluciones y procedimientos judiciales contra la Municipalidad que impliquen el pago de una suma de dinero, “serán satisfechas dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en las previsiones anuales del presupuesto”.
Como disposición complementaria, la normativa, calificada como “de orden público”, sostiene que “ninguna persona humana o jurídica puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos”.
Asimismo, de presentarse una colisión o conflicto normativo con la aplicación de la flamante ley, “deberá interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de la presente ordenanza”.
Por ello, además, se dejó sin efecto toda ordenanza o decreto municipal “que se oponga a la presente”.
Superpoderes
Una ordenanza de emergencia casi calcada fue aprobada por el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen, que entre otras funciones, autorizó al intendente Edgardo Aquino a disponer de reestructuraciones del personal municipal.
La sanción se dio luego del despido de unos 20 empleados contratados y de planta permanente, quienes terminaron radicando una denuncia policial. En ese contexto, el concejal renovador Hugo Gauna, que votó en contra, la calificó como “una ordenanza de superpoderes”.
“Somos todos del Frente Renovador, incluso los que fueron despedidos; el gobernador se pronunció en contra del DNU del presidente, está en contra de los despidos, por eso estamos defendiendo también las fuentes laborales”, señaló al diario Primera Edición.
El articulado aprobado en la localidad más oriental de la Argentina faculta al alcalde a efectuar contrataciones directas de bienes y servicios esenciales “para la prestación de los servicios públicos y cumplimiento de las funciones básicas a cargo del municipio”.
En línea con la provincia, que congeló contrataciones y las condicionó a la aprobación del Poder Ejecutivo, Irigoyen y San Ignacio no son las únicas localidades que iniciaron el 2024 ajustando las cuentas.
Días pasados, también en Puerto Esperanza se decidió el despido de los trabajadores contratados por el municipio durante los últimos nueve meses del año pasado, así como la vuelta atrás de las recategorizaciones otorgadas en el mismo período, las cuales el nuevo intendente, Horacio Zarza, calificó como “decisiones ejecutivas teñidas de propósitos políticos”.
El abogado, magíster de Políticas Públicas, gerente de Multimedios Sapem y productor general del galardonado Dólar Blue, entre otros programas de streaming, Nicolás “Nickillo” Llera, cuestionó el “nivel de desidia y abandono de la gente en las calles” en Puerto Iguazú y comparó a la Ciudad de las Cataratas con Filadelfia (Estados Unidos) por la cantidad de personas adictas que deambulan en la vía pública.
La crítica fue efectuada a través de su cuenta de X, donde además de interactuar sobre temas de streaming, también comparte análisis políticos y publica mensajes que parecen encriptados hacia adentro de la gestión y la militancia sobre territorialidad y trabajo en redes.
“Estoy en Iguazú, es la 7 maravilla del mundo, tristísimo el nivel de desidia y abandono de la gente en las calles x las adicciones, completamente drogados, es el Kesington de Filadelfia Estados Unidos”, apuntó Nickillo en un tuit que acompañó con dos fotografías, una de Iguazú y otra de Kesington como para graficar su comparación.
Estoy en Iguazú es la 7 maravilla del mundo, tristísimo el nivel de decidia y abandono de la gente en las calles x las adicciones , completamente drogados es el Kesington de Filadelfia Estados Unidos. Hay un concejal de @LLibertadAvanza de Iguazú q se la pasa pelotudeando con… pic.twitter.com/B9mUKvzkQt
— Nickillo (@nicolas_llera) January 17, 2026
Después de esa lectura, vino la crítica y el destinatario, aunque sin nombrarlo, fue el recientemente electo concejal por La Libertad Avanza (LLA), el abogado Fabián de Sá.
“Hay un concejal de @LlibertadAvanza de Iguazú q se la pasa pelotudeando con videos q no le resuelven la vida a nadie, le propongo q hace años viene mangueando cargos en el estado anticasta (?) q salga a las calles o q empiece ayudando o proponiendo políticas públicas para el Municipio, o pasa algo raro q no se mete cn los NARCOS? Si es que TANTOOOO SE PREOCUPA POR LOS VECINOS DE IGUAZÚ”, arremetió, con el tono picante que lo caracteriza.
Y, para cerrar, escribió: “Esta bueno criticar al Estado pero cuando te toca ejecutar y ser parte, que Carajo haces videitos actuados ? ?”.
“Responsabilidad de todos”
La publicación tuvo repercusión inmediata, acumulando varios retuits, me gusta, citados y también respuestas, entre las cuales otro usuario le planteó: “Te comento que el intendente renovador (Claudio) Filippa asumió su quinto mandato, osea, está hace mucho antes que los libertarios, esto es responsabilidad de él y del partido que preside. Saludos”.
La respuesta dio inicio a un breve diálogo, con Nickillo volvió a expresarse y contestó: “Absolutamente es responsabilidad de el y de TODOS los politicos no solo de los oficialismos. Pero ya que lo veo tan activo en redes a ese concejal no lo veo activo cn esas cuestiones sumamente importantes”.
El tuit, respuesta y diálogo.
La Libertad Avanza (LLA) Misiones criticó la nueva tasa ecoturística que la Municipalidad de Wanda empezará a cobrar en febrero a los visitantes de las minas de piedras preciosas de la localidad.
La medida, instituida por la Ordenanza 22/2025 aprobada en noviembre por el Concejo Deliberante, motivó un encuentro entre las autoridades partidarias provinciales y la Compañía Minera Wanda SRL, que se apresta a judicializar el canon por considerarlo “ilegal, discriminatorio y arbitrario”.
La empresaria Patricia Busch, acompañada por ejecutivos de la compañía; el presidente de LLA Misiones y diputado provincial Adrián Nuñez, y la apoderada partidaria Valeria Soczyuk, evaluaron la naturaleza y el alcance de la nueva tasa municipal y se comprometieron a avanzar en acciones institucionales.
Según remarcó el partido presidido por Nuñez en un comunicado, “la creación de nuevos impuestos no genera soluciones estructurales, sino que impacta negativamente en la inversión y en la generación de empleo”.
“En ese sentido, se coincidió en que el sector privado no es el problema, sino un actor central que sostiene la economía real y el desarrollo productivo de la provincia”, informó.
“Desde una mirada liberal y responsable, se señaló la necesidad de que el Estado brinde reglas claras, previsibilidad y seguridad jurídica, evitando avanzar con medidas que asfixien a quienes producen, invierten y generan trabajo”, argumentó LLA Misiones.
Finalmente, el pronunciamiento destacó que “defender al que emprende es defender el futuro del país”, y anticipó que “en los próximos días se dará a conocer más información vinculada a este tema”.
El pasado lunes 12 de enero, en el Boletín Oficial del Pami se comunicaron 17 designaciones a cargos dentro de Pami en al menos diez municipios misioneros.
Según el documento, en Oberá asignaron las funciones de titular de agencia de la Unidad de Gestión Local XVIII – Misiones, Unidad de Gestión Técnico Operativa, dependiente de la Subdirección Ejecutiva, a Analía Raquel Poszed y a Lucas Daniel Ríos, para prestar servicios en la misma sede.
En San Ignacio, mediante la Resolución N° 179/DE/08 asignaron las funciones de titular del Centro de Atención Personalizada local a Esther Beatriz Terlecki y a Marcos Walter Buk.
En tanto, en Apóstoles, asignaron las funciones de titular del Centro de Atención Personalizada local a Humberto Andrés Basilio Yacovich y Santiago Pérez Hancherek.
En Eldorado, designaron a la reciente candidata a concejal por La Libertad Avanza, Tamaris Elizabet Weller, a prestar servicios en la unidad orgánica Referente MOEIT, División Médica de la Agencia, Unidad de Gestión Local XVIII -Misiones de la Unidad de Gestión Técnico Operativa, dependiente de la Subdirección Ejecutiva.
En Aristóbulo del Valle nombraron a Cristela Nilce Aldicer para prestar servicios en el Centro de Atención Personalizada de la Unidad de Gestión Local XVIII – Misiones, dependiente de la Unidad de Gestión Técnico Operativa.
Otros nombramientos fueron obtenidos por Aníbal Alberto Mendoza, Lorena Esther Benítez, Miriam Cecilia Gollmann (El Soberbio), Marcelo Francisco Zaragoza (Bernardo de Irigoyen), Rossana Alicia Mondelo (Puerto Rico),Sabrina Alexandra Bongers (Alem), Ivana Soledad Silvero y Zulma Liliana Parodi (San José).
De esta manera, también designaron nuevos jefes de agencia en El Soberbio, Aristóbulo del Valle, Apóstoles y San José.
Repercusiones
La nueva medida generó malestar por parte de quienes se desempeñan en las distintas sedes provinciales del organismo nacional, desde donde incluso señalaron la “doble moral” de la gestión libertaria que pregona los “recortes” y el “achicamiento del Estado”, mientras que, en este caso, aparecieron cargos y áreas nuevas.
Así lo confirmó una fuente cercana a la sede posadeña, quien decidió resguardar su identidad por temor a represalias: “Ahora hay un silencio hermético que no se puede creer por el famoso doble discurso. Por un lado hablan de recortar, de priorizar recursos, y de un día para el otro le sorprende a todo el mundo los nombramientos que ni siquiera estaban en los planes de nadie”.
A esto, sumó: “Son nombramientos a dedo, estrictamente de índole política, porque en la mayoría de los casos no se respeta la trayectoria administrativa dentro de Pami”.
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