Política
San Ignacio declaró la emergencia y el intendente tendrá superpoderes
A través de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, el municipio de San Ignacio se declaró en estado de emergencia económica, financiera y administrativa, con lo cual le otorgó mayores facultades al intendente Esteban Romero.
De acuerdo a los ediles, la medida está destinada a “asegurar la plena prestación de los servicios esenciales del municipio, en resguardo de su continuidad y en pos de proteger los intereses generales de la comunidad y calidad de vida de los habitantes”.
Frente a la crisis que se vive a nivel nacional, y teniendo en cuenta las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno provincial, el cuerpo legislativo consideró que “es necesario que se otorgue al Departamento Ejecutivo Municipal las herramientas que permitan sobrellevar y aún superar el estado de emergencia”.
La nueva normativa declara que la emergencia tendrá una vigencia de un año, período que será prorrogado automáticamente, a menos que el intendente disponga el cese anticipado.
De esta manera, se faculta al jefe comunal a disponer la racionalización del gasto público, lo cual incluye los recursos humanos, “procediéndose a la suspensión de las designaciones de personal municipal y la revisión de las existentes”.
El alcalde también podrá “revisar las condiciones de la totalidad de los contratos, convenios y/o acuerdos de cualquier naturaleza”, incluso aquellos celebrados con anterioridad a la sanción de la ordenanza “y que se encuentren en curso de ejecución”.
Además, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de “renegociar, suspender, modificar, anular rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de la asesoría letrada”.
Organización administrativa
Con el instrumento legal, los concejales autorizaron al intendente Esteban Romero “a establecer un régimen de retiro voluntario para los empleados de la Municipalidad de San Ignacio, limitado a quienes les falten menos de diez años para acceder a un beneficio jubilatorio”.
En tanto, se lo facultó a realizar “una restructuración del personal del gabinete”, suprimiendo o congelando cargos “conforme a las necesidades de servicio”.
En cuanto al ordenamiento económico, se dispuso “la verificación de los créditos originados de causa o título anterior al 10 de diciembre de 2023, vencidos o no, en contra de la Municipalidad de San Ignacio”.
En ese sentido, a partir de la sanción de la ordenanza -que ya fue promulgada por el jefe comunal-, las resoluciones y procedimientos judiciales contra la Municipalidad que impliquen el pago de una suma de dinero, “serán satisfechas dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en las previsiones anuales del presupuesto”.
Como disposición complementaria, la normativa, calificada como “de orden público”, sostiene que “ninguna persona humana o jurídica puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos”.
Asimismo, de presentarse una colisión o conflicto normativo con la aplicación de la flamante ley, “deberá interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de la presente ordenanza”.
Por ello, además, se dejó sin efecto toda ordenanza o decreto municipal “que se oponga a la presente”.
Superpoderes
Una ordenanza de emergencia casi calcada fue aprobada por el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen, que entre otras funciones, autorizó al intendente Edgardo Aquino a disponer de reestructuraciones del personal municipal.
La sanción se dio luego del despido de unos 20 empleados contratados y de planta permanente, quienes terminaron radicando una denuncia policial. En ese contexto, el concejal renovador Hugo Gauna, que votó en contra, la calificó como “una ordenanza de superpoderes”.
“Somos todos del Frente Renovador, incluso los que fueron despedidos; el gobernador se pronunció en contra del DNU del presidente, está en contra de los despidos, por eso estamos defendiendo también las fuentes laborales”, señaló al diario Primera Edición.
El articulado aprobado en la localidad más oriental de la Argentina faculta al alcalde a efectuar contrataciones directas de bienes y servicios esenciales “para la prestación de los servicios públicos y cumplimiento de las funciones básicas a cargo del municipio”.
En línea con la provincia, que congeló contrataciones y las condicionó a la aprobación del Poder Ejecutivo, Irigoyen y San Ignacio no son las únicas localidades que iniciaron el 2024 ajustando las cuentas.
Días pasados, también en Puerto Esperanza se decidió el despido de los trabajadores contratados por el municipio durante los últimos nueve meses del año pasado, así como la vuelta atrás de las recategorizaciones otorgadas en el mismo período, las cuales el nuevo intendente, Horacio Zarza, calificó como “decisiones ejecutivas teñidas de propósitos políticos”.
El presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (Imac) y espada digital del Frente Renovador Neo, Roque Gervasoni, cargó contra el líder de Convergencia Justicialista, Gonzalo Costa de Arguibel, y la ex diputada nacional de Eldorado, Cristina Brítez, candidatos a presidir el PJ Misiones en las elecciones partidarias del 19 de abril próximo.
“Hablan de la Renovación y son hijos de la Renovación”, disparó Gervasoni en un posteo en su cuenta de Facebook, que acompañó con un video que muestra a Lalo Arguibel despotricando con el oficialismo y una boleta de las elecciones provinciales de octubre de 2015, que encabezaron Hugo Passalacqua y Oscar Herrera Ahuad, donde el dirigente peronista figura como candidato a diputado provincial; y un fácsimil de PASO de mayo de ese mismo año, donde Brítez figura como precandidata a diputada nacional junto a Maurice Closs.
“Lalo Costa de Arguibel (y) Cristina Brítez no salieron de un repollo”, lanzó el funcionario gubernamental y contó: “Costa Arguibel siendo funcionario Renovador, lo mandaron a militar conmigo, fue a una reunión, pero no quería laburar, quería ser Jefe”.
Sobre la dirigente kirchnerista eldoradense, Gervasoni aseguró que “a la Brítez le gustaba desfilar, no militar”, y que como “las alpargatas blancas se ensuciaban rápido, siempre llevaba tiza para dejarla blanca”.
“Los 2 de la manito hoy, hablan mal de quienes le abrieron las puertas en política”, cargó el titular del Imac e imploró: “Por favor no pase esto de que el que ‘Se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen’…. Salvavidas de Plomo …. Juira juira”.
A través de un video publicado en sus redes sociales, el gobernador Hugo Passalacqua anunció el llamado a licitación para concesionar el Puerto de Posadas a partir de agosto.
El mandatario provincial argumentó que la medida busca potenciar el rendimiento del puerto, aliviar los costos de producción e insertar a Misiones en los mercados nacionales e internacionales.
“Los misioneros tenemos una muy larga historia con el río Paraná y con los puertos. Este puerto que estamos viendo, hecho por la provincia, tiene muchos años de esfuerzo atrás. Hemos hecho pruebas y llegó el momento de hacerlo escalar, de subir su potencial y de multiplicar por diez su capacidad”, expresó Passalacqua en un video grabado desde la terminal ubicada en Nemesio Parma.
Y fundamentó: “En manos privadas este puerto va a hacer crecer las posibilidades de meternos en los mercados nacionales e internacionales. Nuestros costes de producción van a bajar y esto es en beneficio de quienes producen, de las Pymes, medianas y grandes, y de todos los misioneros”.
En ese marco, anunció que instruirá a la Administración de Puertos de la provincia para abrir un llamado a licitación para que será publicado los días 9, 10 y 11 de abril, de manera tal que para agosto la administración del puerto esté en manos privadas.
Según informaron desde el gobierno, el llamado a licitación para la concesión integral del Puerto de Posadas se dará mediante el Decreto N° 495.
La resolución instruye a la Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana (APPSA) a avanzar con “un proceso público de alcance nacional e internacional” y argumentaron que “la iniciativa comprende la adecuación, mantenimiento, ampliación, modernización, equipamiento y operación del puerto, junto con la provisión de flete fluvial regular por cuenta y riesgo empresario”.
El Puerto de Posadas, oficialmente denominado Puerto Teniente de Navío Eliana Maria Krawczyk, es actualmente uno de los nodos logísticos más importante del Noreste Argentino (NEA) para el comercio exterior.
Tras décadas de inactividad del antiguo puerto, la nueva terminal ubicada en la zona de Nemesio Parma comenzó a operar plenamente en 2023 y en 2025 superó los 2.000 contenedores transportados, acumulando más de 36.000 toneladas desde su reapertura.
LLEGÓ EL MOMENTO DE QUE EL PUERTO DE POSADAS DÉ UN SALTO Y DESPLIEGUE TODO SU POTENCIAL
Por eso, dispuse el llamado a licitación para la concesión integral de su operación y explotación. pic.twitter.com/UgYERsGXv8
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 30, 2026
La Junta Electoral del PJ Misiones oficializó solo dos listas de las tres que habían llegado a tiempo al cierre de inscripción del 20 pasado y dejó afuera de las elecciones del 19 de abril próximo a Peronismo Misionero, encabezada por el diputado nacional del Frente Renovador Neo, Alberto Arrúa.
De esta manera, competirán por la conducción del partido las listas Amplitud – Fuerza Patria, del líder de Convergencia Justicialista Gonzalo Costa de Arguibel, y La Julio Humada, de Christian Humada, hijo del fallecido ex gobernador peronista de la provincia.
Según lo establecido en la Resolución 11/26, el organismo electoral partidario, integrado por Marcela Villegas, Ana Peirano y Leonardo Orlando, oficializó también las candidaturas de Amplitud y La Julio Humada para los consejos políticos municipales y el Congreso Provincial del PJ.
Arrúa quedó afuera, pero consiguió oficializar candidatos en Santo Pipó y Concepción de la Sierra, con los dirigentes Mabel Ibáñez y Matías Tessmar Ostapchuk, respectivamente.
En Campo Grande se presenta solo una lista, cuyo nombre rinde homenaje al ex gobernador peronista del Chaco, uno de los últimos caudillos partidarios del NEA y candidato a vicepresidente de la Nación en 1983, Deolindo Felipe Bittel, encabezada por Mateo Sebastián Encina.
DOC-20260329-WA0024.
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