Política
San Ignacio declaró la emergencia y el intendente tendrá superpoderes
A través de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, el municipio de San Ignacio se declaró en estado de emergencia económica, financiera y administrativa, con lo cual le otorgó mayores facultades al intendente Esteban Romero.
De acuerdo a los ediles, la medida está destinada a “asegurar la plena prestación de los servicios esenciales del municipio, en resguardo de su continuidad y en pos de proteger los intereses generales de la comunidad y calidad de vida de los habitantes”.
Frente a la crisis que se vive a nivel nacional, y teniendo en cuenta las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno provincial, el cuerpo legislativo consideró que “es necesario que se otorgue al Departamento Ejecutivo Municipal las herramientas que permitan sobrellevar y aún superar el estado de emergencia”.
La nueva normativa declara que la emergencia tendrá una vigencia de un año, período que será prorrogado automáticamente, a menos que el intendente disponga el cese anticipado.
De esta manera, se faculta al jefe comunal a disponer la racionalización del gasto público, lo cual incluye los recursos humanos, “procediéndose a la suspensión de las designaciones de personal municipal y la revisión de las existentes”.
El alcalde también podrá “revisar las condiciones de la totalidad de los contratos, convenios y/o acuerdos de cualquier naturaleza”, incluso aquellos celebrados con anterioridad a la sanción de la ordenanza “y que se encuentren en curso de ejecución”.
Además, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de “renegociar, suspender, modificar, anular rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de la asesoría letrada”.
Organización administrativa
Con el instrumento legal, los concejales autorizaron al intendente Esteban Romero “a establecer un régimen de retiro voluntario para los empleados de la Municipalidad de San Ignacio, limitado a quienes les falten menos de diez años para acceder a un beneficio jubilatorio”.
En tanto, se lo facultó a realizar “una restructuración del personal del gabinete”, suprimiendo o congelando cargos “conforme a las necesidades de servicio”.
En cuanto al ordenamiento económico, se dispuso “la verificación de los créditos originados de causa o título anterior al 10 de diciembre de 2023, vencidos o no, en contra de la Municipalidad de San Ignacio”.
En ese sentido, a partir de la sanción de la ordenanza -que ya fue promulgada por el jefe comunal-, las resoluciones y procedimientos judiciales contra la Municipalidad que impliquen el pago de una suma de dinero, “serán satisfechas dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en las previsiones anuales del presupuesto”.
Como disposición complementaria, la normativa, calificada como “de orden público”, sostiene que “ninguna persona humana o jurídica puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos”.
Asimismo, de presentarse una colisión o conflicto normativo con la aplicación de la flamante ley, “deberá interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de la presente ordenanza”.
Por ello, además, se dejó sin efecto toda ordenanza o decreto municipal “que se oponga a la presente”.
Superpoderes
Una ordenanza de emergencia casi calcada fue aprobada por el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen, que entre otras funciones, autorizó al intendente Edgardo Aquino a disponer de reestructuraciones del personal municipal.
La sanción se dio luego del despido de unos 20 empleados contratados y de planta permanente, quienes terminaron radicando una denuncia policial. En ese contexto, el concejal renovador Hugo Gauna, que votó en contra, la calificó como “una ordenanza de superpoderes”.
“Somos todos del Frente Renovador, incluso los que fueron despedidos; el gobernador se pronunció en contra del DNU del presidente, está en contra de los despidos, por eso estamos defendiendo también las fuentes laborales”, señaló al diario Primera Edición.
El articulado aprobado en la localidad más oriental de la Argentina faculta al alcalde a efectuar contrataciones directas de bienes y servicios esenciales “para la prestación de los servicios públicos y cumplimiento de las funciones básicas a cargo del municipio”.
En línea con la provincia, que congeló contrataciones y las condicionó a la aprobación del Poder Ejecutivo, Irigoyen y San Ignacio no son las únicas localidades que iniciaron el 2024 ajustando las cuentas.
Días pasados, también en Puerto Esperanza se decidió el despido de los trabajadores contratados por el municipio durante los últimos nueve meses del año pasado, así como la vuelta atrás de las recategorizaciones otorgadas en el mismo período, las cuales el nuevo intendente, Horacio Zarza, calificó como “decisiones ejecutivas teñidas de propósitos políticos”.
Política
Hartfield y Herrera Ahuad votaron el dictamen de Presupuesto 2026 de Milei
Los diputados nacionales de Misiones, Diego Hartfield, de La Libertad Avanza (LLA), y Oscar Herrera Ahuad, del interbloque Innovación Federal (IF) que el Frente Renovador Neo integra con tres legisladores salteños, acompañaron este martes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de la Cámara de Diputados de la Nación, el dictamen de mayoría del proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que se tratará mañana en la primera de las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados de la Nación.
A diferencia de Hartfield, que votó el paquete completo con el bloque de LLA, Herrera Ahuad votó en disidencia por IF, que objetó el artículo 75 del dictamen, que el gobierno introdujo de apuro, derogando las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, aprobadas por la Cámara en julio, vetadas por el presidente Javier Milei, y vueltas a aprobar en agosto con los votos de la Renovación Neo.
Ambas leyes ya habían sido promulgadas por Milei, luego del rechazo a sus vetos, aunque, en el mismo decreto reglamentario, suspendió su aplicación en los hechos al no asignarles partidas presupuestarias con el argumento, siempre a mano, de que “no hay plata” y requiriéndole al Congreso establecer los fondos para el financiamiento.
Innovación Federal dejó constancia de su disidencia en una nota dirigida a la Cámara, firmada por Herrera Ahuad y sus compañeros de la Renovación Neo, Daniel Colo Vancsik, Yamila Ruiz y Alberto Arrúa.
“Compartimos el objetivo general reflejados en el dictamen de mayoría al que acompañamos, empero, entendemos que derogar las Leyes Nros. 27.793 y 27.795 como se plantea en el art. 75 del dictamen de mayoría propuesto por el PEN es un error que no compartimos”, señala el escrito.
“Asegurar derechos como salud, educación, protección social y trabajo para personas con discapacidad, en línea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es nuestro norte, por lo que debe respetarse la Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) hasta el 31 de diciembre de 2026”, afirma y, en el párrafo siguiente, solicita “puntualmente la eliminación”.
“Desde nuestro espacio político siempre defendemos y resguardamos a nuestros Discapacitados y a la Educación Pública, por ello no podemos acompañar un artículo donde quieren derogar la Emergencia en estas dos problemáticas tan sensibles para nuestra provincia y para todo el pueblo de la Nación”, finaliza la nota.
El dictamen del gobierno obtuvo 28 firmas y el de Herrera Ahuad no fue el único voto en disidencia: hubo otros cinco, del PRO, la UCR y el MID, en la persona del bonaerense Eduardo Falcone.
DISIDENCIA PARCIAL INNOVACIÓN FEDWERAL 1Política
ATE Misiones adhiere al paro del jueves en rechazo a la reforma laboral
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) filial Misiones hizo extensiva la convocatoria al paro nacional con movilización, prevista para el próximo jueves 18 de diciembre. La medida alcanzará a trabajadores de organismos provinciales, municipales y delegaciones nacionales en Misiones.
Desde el sindicato detallaron que la jornada de protesta tendrá como objetivo acompañar distintos reclamos a nivel nacional y provincial, como el rechazo a la Reforma Laboral Regresiva que propone el Gobierno Nacional, la urgente apertura de paritarias y convocatoria a mesas sectoriales, como también el cumplimiento de los acuerdos pactados en mesas: contratos, recategorizaciones y pases a plantas.
En la capital provincial, la medida fue comunicada formalmente a las autoridades correspondientes con notas dirigidas a diferentes organismos, como el Consejo General de Educación, la Agencia Territorial Posadas y los ministerios de Salud Pública y Trabajo y Empleo de la provincia.
En Posadas, la concentración comenzará a las 9 frente a la sede de ATE, ubicada por calle Salta 2362. Luego se dirigirán hacia el Mástil de Uruguay y Mitre, donde se reunirán con distintas organizaciones sociales para marchar hacia la Plaza 9 de Julio.
De esta manera, la filial misionera confirmó su adhesión al paro nacional establecido por el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado ATE.

Política
El ingeniero Mazal Bazán reemplazará a Macías como presidente de Vialidad
Tras la asunción de Sebastián Macías como diputado provincial, el gobernador Hugo Passalacqua nombró al Ingeniero Civil Nicolás Mazal Bazán como presidente del directorio de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).
Mazal Bazán es oriundo de Dos de Mayo, tiene 40 años y cuenta con catorce años de trayectoria en la entidad vial misionera, donde hasta el momento de desempeñaba como Jefe del Departamento de Conservación.
“Como trabajador vial y profesional es un honor que se me haya encargado la responsabilidad de liderar la entidad. Contamos con un gran equipo de profesionales y acciones en todo el territorio provincial. Estoy muy agradecido por la confianza”, fueron sus primeras palabras como presidente.
Y afirmó: “Asumo con el compromiso de trabajar con planificación, transparencia y territorialidad, de cara a los misioneros, escuchando a cada comunidad, entendiendo sus realidades y priorizando las obras que realmente transforman”.
El flamante directivo se formó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) en Oberá y realizó un posgrado en la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montañas (Eicam) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), con especialización en Ingeniería Vial.
Durante su paso por la DPV, participó como parte del equipo de inspectores en obras claves como la pavimentación de la ruta nacional 14 en el tramo Piñalito-Dos Hermanas, la pavimentación de la ruta provincial 221 y la pavimentación de la ruta provincial 8, así como en la construcción de los nuevos puentes sobre los arroyos Acaraguá y Torto.
Además, actuó como ingeniero inspector en proyectos como la repavimentación del Tramo 1 de la ruta provincial 17 y la travesía urbana de Dos Hermanas, sobre la misma ruta provincial.
En los últimos cuatro años, como jefe del Departamento de Conservación, tuvo a su cargo el mantenimiento y conservación de las rutas provinciales y el Programa 100 Puentes, que lleva ejecutadas más de 300 obras. En ese rol, trabajó en articulación con las 15 Unidades Regionales que la entidad posee en la provincia, así como con las demás áreas del organismo.
Acuerdo: El Frente Renovador Neo y LLA presidirán la Legislatura
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