Política
San Ignacio declaró la emergencia y el intendente tendrá superpoderes
A través de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, el municipio de San Ignacio se declaró en estado de emergencia económica, financiera y administrativa, con lo cual le otorgó mayores facultades al intendente Esteban Romero.
De acuerdo a los ediles, la medida está destinada a “asegurar la plena prestación de los servicios esenciales del municipio, en resguardo de su continuidad y en pos de proteger los intereses generales de la comunidad y calidad de vida de los habitantes”.
Frente a la crisis que se vive a nivel nacional, y teniendo en cuenta las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno provincial, el cuerpo legislativo consideró que “es necesario que se otorgue al Departamento Ejecutivo Municipal las herramientas que permitan sobrellevar y aún superar el estado de emergencia”.
La nueva normativa declara que la emergencia tendrá una vigencia de un año, período que será prorrogado automáticamente, a menos que el intendente disponga el cese anticipado.
De esta manera, se faculta al jefe comunal a disponer la racionalización del gasto público, lo cual incluye los recursos humanos, “procediéndose a la suspensión de las designaciones de personal municipal y la revisión de las existentes”.
El alcalde también podrá “revisar las condiciones de la totalidad de los contratos, convenios y/o acuerdos de cualquier naturaleza”, incluso aquellos celebrados con anterioridad a la sanción de la ordenanza “y que se encuentren en curso de ejecución”.
Además, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de “renegociar, suspender, modificar, anular rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de la asesoría letrada”.
Organización administrativa
Con el instrumento legal, los concejales autorizaron al intendente Esteban Romero “a establecer un régimen de retiro voluntario para los empleados de la Municipalidad de San Ignacio, limitado a quienes les falten menos de diez años para acceder a un beneficio jubilatorio”.
En tanto, se lo facultó a realizar “una restructuración del personal del gabinete”, suprimiendo o congelando cargos “conforme a las necesidades de servicio”.
En cuanto al ordenamiento económico, se dispuso “la verificación de los créditos originados de causa o título anterior al 10 de diciembre de 2023, vencidos o no, en contra de la Municipalidad de San Ignacio”.
En ese sentido, a partir de la sanción de la ordenanza -que ya fue promulgada por el jefe comunal-, las resoluciones y procedimientos judiciales contra la Municipalidad que impliquen el pago de una suma de dinero, “serán satisfechas dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en las previsiones anuales del presupuesto”.
Como disposición complementaria, la normativa, calificada como “de orden público”, sostiene que “ninguna persona humana o jurídica puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos”.
Asimismo, de presentarse una colisión o conflicto normativo con la aplicación de la flamante ley, “deberá interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de la presente ordenanza”.
Por ello, además, se dejó sin efecto toda ordenanza o decreto municipal “que se oponga a la presente”.
Superpoderes
Una ordenanza de emergencia casi calcada fue aprobada por el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen, que entre otras funciones, autorizó al intendente Edgardo Aquino a disponer de reestructuraciones del personal municipal.
La sanción se dio luego del despido de unos 20 empleados contratados y de planta permanente, quienes terminaron radicando una denuncia policial. En ese contexto, el concejal renovador Hugo Gauna, que votó en contra, la calificó como “una ordenanza de superpoderes”.
“Somos todos del Frente Renovador, incluso los que fueron despedidos; el gobernador se pronunció en contra del DNU del presidente, está en contra de los despidos, por eso estamos defendiendo también las fuentes laborales”, señaló al diario Primera Edición.
El articulado aprobado en la localidad más oriental de la Argentina faculta al alcalde a efectuar contrataciones directas de bienes y servicios esenciales “para la prestación de los servicios públicos y cumplimiento de las funciones básicas a cargo del municipio”.
En línea con la provincia, que congeló contrataciones y las condicionó a la aprobación del Poder Ejecutivo, Irigoyen y San Ignacio no son las únicas localidades que iniciaron el 2024 ajustando las cuentas.
Días pasados, también en Puerto Esperanza se decidió el despido de los trabajadores contratados por el municipio durante los últimos nueve meses del año pasado, así como la vuelta atrás de las recategorizaciones otorgadas en el mismo período, las cuales el nuevo intendente, Horacio Zarza, calificó como “decisiones ejecutivas teñidas de propósitos políticos”.
El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas, se declaró incompetente y redirigió al fuero federal porteño el amparo solicitado por el dirigente de Convergencia Justicialista Gonzalo Costa de Arguibel contra el traslado del sable corvo del general José de San Martín, del Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo, dispuesto por el presidente Javier Milei en el Decreto 81/2026.
En la comunicación enviada por el juzgado a Arguibel, se resalta que corrido vista del Expediente Nro. 238 / 2026, caratulado COSTA DE ARGUIBEL, GONZALO JAVIER c/ PODER EJECUTIVO NACIONAL s/AMPARO LEY 16.986, la fiscal federal Silvana Gutiérrez “dictamina que, sin perjuicio de que la presente revista el carácter de federal -en atención a encontrarse demandado el Poder Ejecutivo Nacional-, no revisto competencia territorial para entender en la presente, en atención a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 16.986”.
Por otra parte, Gutiérrez destaca la existencia de “una causa con idéntico objeto en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La causa a la que se refiere la fiscal federal de Posadas estaba impulsada por descendientes de Juan Manuel de Rosas, a quien el Libertador le legó el sable a su muerte, cuyo amparo fue rechazado este jueves por la jueza Macarena Marra Giménez, aunque habilitó una “investigación judicial de fondo” y formuló requerimientos al Regimiento de Granaderos.
Se descuenta que el amparo de Lalo Arguibel, que también esgrimió su condición de descendiente de la esposa de Rosas, María de la Encarnación Ezcurra y Arguibel, recaiga en el despacho de la jueza Marra Giménez y sea también desestimado.
El traslado de la mayor reliquia sanmartiniana está previsto para el próximo sábado, en un acto a realizarse en la provincia de Santa Fe, en conmemoración de los 213 años del Combate de San Lorenzo, en el que, según versiones filtradas por el propio gobierno, el presidente se presentará vestido de granadero.
RESUELVO DE AMPARO-CAUTELAR
El gobierno de Javier Milei anunció este jueves la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, un área inspirada en el canal de respuesta rápida de la Casa Blanca, concebido para amplificar mensajes oficiales y confrontar de manera directa con la prensa crítica.
La nueva oficina gubernamental, surgida en medio de la controversia por la tabla de cálculo del Indec para medir la inflación, operara en la red social X, en una cuenta que suma más de 20.000 seguidores, que estrenó hoy un primer posteo sobre su naturaleza y misión.
“La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”, señala la publicación y alega: “Porque solo ‘informar’ no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”.
“Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales”, afirma.
La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque solo “informar” no alcanza si la desinformación avanza sin…
— Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) February 5, 2026
“Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura”, justifica y proclama: “El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”.
“Desde el primer día, este Gobierno decidió dejar de financiar relatos con pauta oficial y sostener estructuras que confundieron periodismo con negocio político”, afirma y señala que “desde entonces, la mentira se volvió más ruidosa”, y que “por eso, además de informar, es necesario desmentir con claridad y sin rodeos”.
“Esta Oficina no busca convencer ni imponer una mirada”, reza el posteo y explica que la nueva repartición estatal “tiene por objetivo que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”.
“La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”, sentencia la publicación. “La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información”, finaliza.
Juan Doe
La nueva oficina funcionará bajo la órbita del ex vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y estará en manos del director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira, un tuitero libertario que ingresó al gobierno en 2024 de la mano de Karina Milei.
Carreira es ampliamente conocido en X, donde saltó a la fama con el seudónimo Juan Doe, en una cuenta de alto impacto, con más de 202.000 seguidores, basada en la defensa cerrada del gobierno y el ataque directo y con insultos a dirigentes opositores, periodistas y analistas críticos.
Su actividad digital se articula con otras cuentas del ecosistema libertario, como la de Daniel Parisini, alias Gordo Dan, y la del diputado bonaerense Agustín Romo, todos cercanos a la guardia pretoriana de Milei, que comanda el asesor presidencial Santiago Caputo.
Juan Pablo Carreira, alias Juan Doe, director de Comunicación Digital del gobierno de Javier Milei.
Antes de su ingreso a la función pública, Carreira trabajaba en tándem con Fernando Cerimedo, estratega digital del oficialismo, con quien fundó La Derecha Diario, un portal de noticias orientado a promover las “ideas de la libertad”, dirigido por Natalia Belén Basil, pareja del consultor.
Carreira fue designado como director de Comunicación Digital del gobierno en junio de 2024, a través del Decreto 482/2024, firmado por Milei y el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Según publica el diario porteño La Nación, desde la cuenta oficial de la flamante oficina, Carreira “institucionalizará una práctica que ya desplegaba desde sus redes personales”, donde “conviven la reproducción de contenidos de La Derecha Diario con señalamientos y ataques directos a periodistas y dirigentes opositores, ahora con respaldo formal del Estado”.
De hecho, un repaso de sus publicaciones como Juan Doe expone el repertorio de habitual de consignas libertarias, con frases como “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, “zurdos van a correr”, y descalificaciones hacia medios y periodistas, a los que tacha de “operadores siniestros”.
Entre sus polémicas más recientes, se destaca el cruce con la periodista Julia Mengolini, por el proyecto del gobierno de bajar la edad de imputabilidad para poder procesar a menores a partir de los 12 años.
“Julia Mengolini es una hija de la re mil puta”, disparó Carreira, como Juan Doe, en X, donde reposteó una publicación de La Derecha Diario que acusa a la periodista de defender a “Chispita”, el pibe de 12 años que murió hace poco en un enfrentamiento con la policía.
Mengolini ya venía señalando a Carreira como el articulador de una “campaña de odio” en su contra e, incluso, lo denunció en el Juzgado Federal de San Isidro en julio de 2025, por hostigamiento digital, amenazas, intimidación pública y malversación de fondos públicos, desde su rol de funcionario estatal.
Carreira anunció la creación de la nueva oficina a su cargo en su perfil de Juan Doe, un poco antes de la presentación oficial en la red social del magnate sudafricano Elon Musk, con un posteo de tono imperativo: “Se viene. Sigan todos ya a @RespOficial_Arg”, escribió.
Luego, republicó un mensaje de Javier Milei, donde el presidente sintetizó el objetivo de la flamante área del gobierno: “Para desenmascarar mentiras y operaciones de los medios. Fin”.
SE VIENE
Sigan todos ya a @RespOficial_Arg pic.twitter.com/sEy075QLLp
— Juan Doe (@jdoedoe101101) February 5, 2026
Dos concejales de la oposición ficharon por La Libertad Avanza (LLA) Misiones en Puerto Iguazú, Alejandro Verón y Omar Gómez, y estrenaron su nueva filiación política en el inicio de sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de las Cataratas, realizado el lunes pasado.
Verón, de pasado radical y electo en las elecciones del 7 de septiembre de 2023, es arquitecto graduado en la Universidad Nacional de La Plata, originario de Wanda y está radicado en Puerto Iguazú desde hace 15 años.
Antes de su incursión en la política, el ahora edil libertario se desempeñaba en el ámbito privado, como arquitecto, y en la docencia técnica en la Epet 4 de Iguazú.
Gómez, por su parte, es un comerciante y locutor radial local, conocido por un programa de frivolidades titulado El Termómetro, y fue electo también en septiembre de 2023 por el partido Activar, del yerbatero Pedro Puerta.
Ambos, se incorporaron a la bancada de LLA Misiones, que preside el concejal libertario Fabián De Sá, electo en las elecciones de junio del año pasado.
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