Política
San Ignacio declaró la emergencia y el intendente tendrá superpoderes
A través de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, el municipio de San Ignacio se declaró en estado de emergencia económica, financiera y administrativa, con lo cual le otorgó mayores facultades al intendente Esteban Romero.
De acuerdo a los ediles, la medida está destinada a “asegurar la plena prestación de los servicios esenciales del municipio, en resguardo de su continuidad y en pos de proteger los intereses generales de la comunidad y calidad de vida de los habitantes”.
Frente a la crisis que se vive a nivel nacional, y teniendo en cuenta las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno provincial, el cuerpo legislativo consideró que “es necesario que se otorgue al Departamento Ejecutivo Municipal las herramientas que permitan sobrellevar y aún superar el estado de emergencia”.
La nueva normativa declara que la emergencia tendrá una vigencia de un año, período que será prorrogado automáticamente, a menos que el intendente disponga el cese anticipado.
De esta manera, se faculta al jefe comunal a disponer la racionalización del gasto público, lo cual incluye los recursos humanos, “procediéndose a la suspensión de las designaciones de personal municipal y la revisión de las existentes”.
El alcalde también podrá “revisar las condiciones de la totalidad de los contratos, convenios y/o acuerdos de cualquier naturaleza”, incluso aquellos celebrados con anterioridad a la sanción de la ordenanza “y que se encuentren en curso de ejecución”.
Además, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de “renegociar, suspender, modificar, anular rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de la asesoría letrada”.
Organización administrativa
Con el instrumento legal, los concejales autorizaron al intendente Esteban Romero “a establecer un régimen de retiro voluntario para los empleados de la Municipalidad de San Ignacio, limitado a quienes les falten menos de diez años para acceder a un beneficio jubilatorio”.
En tanto, se lo facultó a realizar “una restructuración del personal del gabinete”, suprimiendo o congelando cargos “conforme a las necesidades de servicio”.
En cuanto al ordenamiento económico, se dispuso “la verificación de los créditos originados de causa o título anterior al 10 de diciembre de 2023, vencidos o no, en contra de la Municipalidad de San Ignacio”.
En ese sentido, a partir de la sanción de la ordenanza -que ya fue promulgada por el jefe comunal-, las resoluciones y procedimientos judiciales contra la Municipalidad que impliquen el pago de una suma de dinero, “serán satisfechas dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en las previsiones anuales del presupuesto”.
Como disposición complementaria, la normativa, calificada como “de orden público”, sostiene que “ninguna persona humana o jurídica puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos”.
Asimismo, de presentarse una colisión o conflicto normativo con la aplicación de la flamante ley, “deberá interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de la presente ordenanza”.
Por ello, además, se dejó sin efecto toda ordenanza o decreto municipal “que se oponga a la presente”.
Superpoderes
Una ordenanza de emergencia casi calcada fue aprobada por el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen, que entre otras funciones, autorizó al intendente Edgardo Aquino a disponer de reestructuraciones del personal municipal.
La sanción se dio luego del despido de unos 20 empleados contratados y de planta permanente, quienes terminaron radicando una denuncia policial. En ese contexto, el concejal renovador Hugo Gauna, que votó en contra, la calificó como “una ordenanza de superpoderes”.
“Somos todos del Frente Renovador, incluso los que fueron despedidos; el gobernador se pronunció en contra del DNU del presidente, está en contra de los despidos, por eso estamos defendiendo también las fuentes laborales”, señaló al diario Primera Edición.
El articulado aprobado en la localidad más oriental de la Argentina faculta al alcalde a efectuar contrataciones directas de bienes y servicios esenciales “para la prestación de los servicios públicos y cumplimiento de las funciones básicas a cargo del municipio”.
En línea con la provincia, que congeló contrataciones y las condicionó a la aprobación del Poder Ejecutivo, Irigoyen y San Ignacio no son las únicas localidades que iniciaron el 2024 ajustando las cuentas.
Días pasados, también en Puerto Esperanza se decidió el despido de los trabajadores contratados por el municipio durante los últimos nueve meses del año pasado, así como la vuelta atrás de las recategorizaciones otorgadas en el mismo período, las cuales el nuevo intendente, Horacio Zarza, calificó como “decisiones ejecutivas teñidas de propósitos políticos”.
Una comitiva de dirigentes misioneros participará mañana de la reunión nacional del PRO convocada por el titular del partido, el expresidente Mauricio Macri, en Parque Norte, el predio social y deportivo del Sindicato de Empleados de Comercio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El PRO Misiones informó del evento en un comunicado de prensa distribuido este miércoles, aunque no ofrece detalles sobre los integrantes de la comitiva local que está partiendo hacia territorio porteño, aunque se descuenta la presencia del exsenador Humberto Schiavoni, el actual senador Martín Goerling y el diputado nacional Emmanuel Bianchetti.
Según el parte de prensa, la reunión con Macri “se enmarca en la organización de cara al 2027 y busca reafirmar las convicciones y el compromiso del partido con el futuro del país”.
“El PRO sigue adelante con su proyecto político, manteniendo las mismas convicciones de siempre: trabajar en pos de una Argentina libre, próspera y con oportunidades para todos”, reza el escrito distribuido a los medios misioneros.
Señala que “la reunión en es una oportunidad para debatir y definir estrategias para seguir impulsando el cambio y el progreso de la Argentina”.
Comunicado de prensa ENCUENTRO PRO Doc..docx_20260318_125918_0000
La diputada provincial del Frente Renovador Neo, Paula Franco, cruzó a su colega de Algo Nuevo, Ramón Amarilla, y a los legisladores opositores que acompañan al ex policía en el proyecto de ley que hizo público ayer para derogar el cobro anticipado del impuesto sobre los Ingresos Brutos en los puestos de control fiscal de las rutas 12 y 14.
Franco chicaneó en sus redes a Amarilla, Martín Arjol, Santiago Koch, Francisco Fonseca, Rosa Kurtz y Analía Labandoczka, y los mandó a estudiar, por cuanto la iniciativa, ingresada a la Legislatura provincial por Mesa de Entradas ayer, tacha el mecanismo tributario de “inconstitucional”, una atribución que corresponde al Poder Judicial.
“Vamos a proponer cursillo de ingreso para todos los diputados”, escribió Franco en su cuenta de X y completó: “Los temas a tratar: división de poderes, facultades del Poder Legislativo y técnica legislativa”.
“A chequear títulos profesionales de los colegas que acompañan la burrada”, lanzó la diputada renovadora en el tuit, donde reposteó una publicación de Radio República dando cuenta de la presentación del proyecto.
Vamos a proponer cursillo de ingreso para todos los diputados. Los temas a tratar: división de poderes, facultades del poder legislativo y técnica legislativa.
A chequear títulos profesionales de los colegas que acompañan la burrada. https://t.co/Jd3aWAHjdT
— Paula Franco (@paulafrancook) March 18, 2026
Raro
Otro que se hizo eco del proyecto del ex policía fue el empresario posadeño Paolo Ricatti, que consideró “raro” declarar la inconstitucionalidad del mecanismo tributario desde la Legislatura.
En un posteo en su cuenta de X, titulado “ADUANA PARALELA MISIONES”, el empresario local, que en 2019 escaló la portada de los medios nacionales con una iniciativa que interesó al entonces presidente Mauricio Macri, celebró la iniciativa, aunque lamentó que no haya partido del bloque de La Libertad Avanza (LLA), encabezado por el diputado Adrián Nuñez.
“El diputado provincial Ramón Amarilla presentó un proyecto de ley con el fin de eliminar la aduana paralela”, cuenta Ricatti en su posteo y apunta: “Medio raro declarar en una ley provincial la inconstitucionalidad de tasas, pero si logran cerrar la aduana paralela se festeja”.
“Una pena que la iniciativa no haya nacido de los diputados de La Libertad Avanza, que hasta acá no han hecho nada en la Legislatura para bajar impuestos y regulaciones”, lamenta Ricatti en su escrito.
“Estaremos atentos a ver cómo vota cada legislador, sobre todo los topos que metió la Renovación”, señala el empresario. “Asigno baja probabilidad de que se apruebe”, agrega enseguida y completa: “El legislador que le chorearon al Partido Libertario era vital”.
ADUANA PARALELA MISIONES
El diputado provincial Ramón Amarilla presentó un proyecto de ley con el fin de eliminar la aduana paralela.
Medio raro declarar en una ley provincial la inconstitucionalidad de tasas pero si logran cerrar la aduana paralela se festeja.
Una pena que la… pic.twitter.com/NtDfGJaH3W— Paolo Ricatti (@barrani_com) March 17, 2026
Los diputados nacionales de Misiones que asumieron el 10 de diciembre, Oscar Herrera Ahuad, del Frente Renovador Neo; y Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza, se incorporaron este martes a varias de las comisiones legislativas permanentes de la Cámara para el período ordinario de sesiones inaugurado por el presidente Javier Milei el domingo 1 de marzo pasado.
Herrera Ahuad y Hartfield compartirán el trabajo en la comisión de Economía, por donde pasan todos aquellos proyectos sobre políticas económicas y financieras; régimen aduanero y acuerdos de comercio, entre otros.
El ex gobernador participará también de las comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Defensa Nacional; mientras que el ex tenista obereño integra además la comisión de Industria, donde hará dupla con su colega, la empresaria forestal Gruber.
Hartfield subió este martes un reel a su cuenta de Instagram, informando de la constitución de las comisiones en que trabajará este año en la Cámara de Diputados.
“Hoy constituimos las comisiones de Economía e Industria en la Cámara de Diputados”, escribió el broker financiero.
“Orgulloso de representar a los misioneros y al bloque de La Libertad Avanza en estas comisiones que son clave para transformar nuestro país”, señaló.
Ver esta publicación en Instagram
“Una comisión es el espacio donde comienza el trabajo legislativo. Aquí debatimos y pulimos los proyectos de ley que van a cambiar nuestra realidad”, explicó.
“Economía e Industria son pilares fundamentales para el desarrollo que necesita Argentina”, ponderó.
“Nuestro compromiso es claro: que el Estado deje de ser una traba para quienes quieren invertir, emprender y crecer en nuestro país”, finalizó.
Los cuatro
Asimismo, el resto de los legisladores misioneros, que ingresaron al Congreso en 2023 y tienen mandato hasta 2027, los renovadores Yamila Ruiz, Alberto Arrúa y Daniel Colo Vancsik; y Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones, se distribuyeron entre otras varias de las comisiones legislativas constituidas hoy.
Ruiz integra las comisiones de Legislación General, Educación, Mujeres y Diversidad; Economías y Desarrollo Regional; y Peticiones, Poderes y Reglamento.
Por su parte, Vancsik participará en las comisiones de Transportes, Obras Públicas, Turismo y Deportes; y Arrúa formará parte de Energía y Combustibles, Juicio Político, e Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios.
A su vez, Bianchetti integra las comisiones de Mercosur, donde es secretario; Asuntos Constitucionales, Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales; y Legislación General, donde compartirá los debates con la renovadora Ruiz.
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