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San Ignacio declaró la emergencia y el intendente tendrá superpoderes

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A través de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, el municipio de San Ignacio se declaró en estado de emergencia económica, financiera y administrativa, con lo cual le otorgó mayores facultades al intendente Esteban Romero.

De acuerdo a los ediles, la medida está destinada a “asegurar la plena prestación de los servicios esenciales del municipio, en resguardo de su continuidad y en pos de proteger los intereses generales de la comunidad y calidad de vida de los habitantes”.

Frente a la crisis que se vive a nivel nacional, y teniendo en cuenta las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno provincial, el cuerpo legislativo consideró que “es necesario que se otorgue al Departamento Ejecutivo Municipal las herramientas que permitan sobrellevar y aún superar el estado de emergencia”.

La nueva normativa declara que la emergencia tendrá una vigencia de un año, período que será prorrogado automáticamente, a menos que el intendente disponga el cese anticipado.

De esta manera, se faculta al jefe comunal a disponer la racionalización del gasto público, lo cual incluye los recursos humanos, “procediéndose a la suspensión de las designaciones de personal municipal y la revisión de las existentes”.

El alcalde también podrá “revisar las condiciones de la totalidad de los contratos, convenios y/o acuerdos de cualquier naturaleza”, incluso aquellos celebrados con anterioridad a la sanción de la ordenanza “y que se encuentren en curso de ejecución”.

Además, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de “renegociar, suspender, modificar, anular rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de la asesoría letrada”.

Organización administrativa

Con el instrumento legal, los concejales autorizaron al intendente Esteban Romero “a establecer un régimen de retiro voluntario para los empleados de la Municipalidad de San Ignacio, limitado a quienes les falten menos de diez años para acceder a un beneficio jubilatorio”.

En tanto, se lo facultó a realizar “una restructuración del personal del gabinete”, suprimiendo o congelando cargos “conforme a las necesidades de servicio”.

En cuanto al ordenamiento económico, se dispuso “la verificación de los créditos originados de causa o título anterior al 10 de diciembre de 2023, vencidos o no, en contra de la Municipalidad de San Ignacio”.

En ese sentido, a partir de la sanción de la ordenanza -que ya fue promulgada por el jefe comunal-, las resoluciones y procedimientos judiciales contra la Municipalidad que impliquen el pago de una suma de dinero, “serán satisfechas dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en las previsiones anuales del presupuesto”.

Como disposición complementaria, la normativa, calificada como “de orden público”, sostiene que “ninguna persona humana o jurídica puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos”.

Asimismo, de presentarse una colisión o conflicto normativo con la aplicación de la flamante ley, “deberá interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de la presente ordenanza”.

Por ello, además, se dejó sin efecto toda ordenanza o decreto municipal “que se oponga a la presente”.

Superpoderes

Una ordenanza de emergencia casi calcada fue aprobada por el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen, que entre otras funciones, autorizó al intendente Edgardo Aquino a disponer de reestructuraciones del personal municipal.

La sanción se dio luego del despido de unos 20 empleados contratados y de planta permanente, quienes terminaron radicando una denuncia policial. En ese contexto, el concejal renovador Hugo Gauna, que votó en contra, la calificó como “una ordenanza de superpoderes”.

“Somos todos del Frente Renovador, incluso los que fueron despedidos; el gobernador se pronunció en contra del DNU del presidente, está en contra de los despidos, por eso estamos defendiendo también las fuentes laborales”, señaló al diario Primera Edición.

El articulado aprobado en la localidad más oriental de la Argentina faculta al alcalde a efectuar contrataciones directas de bienes y servicios esenciales “para la prestación de los servicios públicos y cumplimiento de las funciones básicas a cargo del municipio”.

En línea con la provincia, que congeló contrataciones y las condicionó a la aprobación del Poder Ejecutivo, Irigoyen y San Ignacio no son las únicas localidades que iniciaron el 2024 ajustando las cuentas.

Días pasados, también en Puerto Esperanza se decidió el despido de los trabajadores contratados por el municipio durante los últimos nueve meses del año pasado, así como la vuelta atrás de las recategorizaciones otorgadas en el mismo período, las cuales el nuevo intendente, Horacio Zarza, calificó como “decisiones ejecutivas teñidas de propósitos políticos”.

Política

Ninfa sobre Karina y las coimas: “Se dijo que al que roba se le corta la mano”

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Alvarenga

La ex jefa del Pami Misiones y candidata a diputada nacional por el Partido Libertario Distrital, Ninfa Alvarenga, opinó que si Karina Milei resultara involucrada en las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), como sugieren los audios filtrados de su ex director Diego Spagnuolo, el presidente Javier Milei tiene que cumplir con su palabra de “cortarle la mano al que roba”.

Entrevistada en el streaming Aldiome, Alvarenga apuntó contra los primos Martín y Eduardo Lule Menem, y desmarcó a Milei de la trama de corrupción denunciada en la justicia, que jaquea al gobierno desde la semana pasada.

No sé si el gobierno de Javier Milei, pero los Menem sí, a mí no me cabe duda”, lanzó la dirigente libertaria local, consultada sobre el alcance de las supuestas coimas ventilada en la Andis, que impacta de lleno en el armado de La Libertad Avanza (LLA), encabezado por la hermana del presidente y su segundo, Lule Menem.

Nosotros desde el principio vimos que el partido de La Libertad Avanza era un partido de Lule y Martín Menem”, señaló Alvarenga y razonó: “Empezó en La Rioja, además”.

“¿Esto la salva a Karina Milei?”, la interrogó el periodista por sus dichos contra los primos Menem.

No es que la salva a Karina”, se apuró en responder Alvarenga. “Ella les dio a ellos la potestad de armar y desarmar, de hacer alianzas, negociaciones; de manejar estos organismos delicados, como son el Pami, discapacidad”, agregó.

“Que se corten medicamentos y prestaciones, y que a la par se descubran estos hechos”, lanzó. “Pero, tanto escuchamos de candidaturas que se venden, el caso Libra, todo esto fue erosionando también la confianza de los propios”, reflexionó.

“Aparte, se había dicho que al que se le encontraba robando se le iba a cortar la mano; esto fue algo que se dijo, que dijo el presidente”, recordó Alvarenga.

Yo creo que, si esto es así, tiene que llegar a quien sea”, apuntó la libertaria y disparó: “Si su hermana está implicada en esto, yo creo que tiene que tomar la decisión de hacerlo para dar un mensaje a la ciudadanía de que él (Milei) sigue siendo la persona honesta que nosotros creíamos que era”.

 

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Libertario que denunció diezmos en Pami reveló apriete telefónico de Lule Menem

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Lule

El agricultor y referente libertario de Wanda, Samuel Doichele, que hace cuatro meses denunció en la Justicia Federal de Posadas a la cúpula de La Libertad Avanza (LLA) Misiones por los supuestos sobornos a funcionarios del Pami y Anses en la provincia, reveló que el segundo de Karina Milei en el armado partidario, Eduardo Lule Menem, minimizó en aquella ocasión su denuncia y le dijo que eranormal, que en todos lados se hace”.

Entrevistado por la radio porteña AM350, Doichele lamentó que, a casi medio año de su presentación judicial, la causa “no avanzó nada” y contó que, días antes de oficializar su denuncia contra la conducción del partido en la provincia, recibió una llamada de Lule Menem, donde el subsecretario de Gestión Institucional del gobierno intentó disuadirlo con amenazas.

Fue antes de que presentara la denuncia”, relató el misionero y afirmó que “primero, él (Lule) le llamó a Walter Rosner (empresario de Dos de Mayo, que ahora va de candidato a diputado nacional por la Renovación), a quien “le paró, le asustó de que le iban a bajar línea de arriba”.

Cuando me dijo a mí eso, hicimos como bicho de monte: si nos amenazan, avanzamos”, ironizó Doichele y agregó que el segundo de Karina Milei le explicó que los diezmos a los funcionarios de los organismos públicos “es algo normal, que se hace en todos lados”.

Doichele denunció en mayo pasado en la Justicia Federal de Posadas al presidente de LLA Misiones, Carlos Adrián Núñez, y a los dirigentes del partido Mario Pérez Miranda y Cristian Orlando Sanabria Brítez; y las funcionarias Samantha Stekler, titular del Pami Misiones, y Nelli Beatriz Guerrero, jefa de la Anses de Eldorado.

La emisora porteña anotó la denuncia del productor misionero como parte del supuesto entramado de corrupción del gobierno que estalló la semana pasada con el caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que salpican a la hermana del presidente y a los primos Lule y Martín Menem.

Me sorprende que se toque el tema discapacidad, me duele mucho”, lamentó Doichele. “Hoy sabemos que hay tantas mentiras, tantas trampas”, apuntó y lanzó: “Nos molesta el silencio del gobierno, de Milei principalmente”.

 

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Intendenta de Piray citada por el Concejo para responder por incumplimientos

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La intendenta de Puerto Piray, Mirtha Elizabeth Lezcano, fue citada a comparecer de manera “urgente” y “obligatoria” a una sesión especial convocada para esta tarde ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de su localidad, para responder ante una serie de severas denuncias que van desde la omisión de ordenanzas dictadas, incumplimiento de pagos e inconsistencias en partidas presupuestarias.

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial y consigna que la citación es para las 18.15 este lunes, en el recinto de sesiones del parlamento municipal, donde la jefa comunal deberá presentarse “a los fines de brindar explicaciones sobre los incumplimientos” reclamados y advierten que la incomparecencia injustificada “será considerada un grave incumplimiento de sus deberes funcionales”.

El pedido de comparecencia es una facultad que tiene el HCD, conforme a lo establecido en el artículo 85, inciso 8 de la Ley XV – N.º 5 y entre los considerandos de la resolución publicada en el BO enumeran los reclamos que argumentan la convocatoria a la intendenta.

Entre esos puntos señalan que el Ejecutivo Municipal omite comunicados y ordenanzas sancionadas desde 2023 hasta la fecha, como así tampoco cumple con el pago de incrementos salariales acordados, no abona a los proveedores, no cubre gastos operativos como combustibles y no remite en tiempo y en forma los balances de ejercicio fiscal.

Sobre la primera cuestión se detalla que la intendencia “no ha respondido a ninguno de los 11 (once) comunicados sancionados” en 2023, mientras que al año siguiente “ha respondido únicamente al 23% de los 72 (setenta y dos) comunicados sancionados” y en 2025 directamente “no ha dado respuesta a ninguno de los comunicados presentados”.

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de hoy.

Para el cuerpo deliberativo, este accionar de parte del Ejecutivo “evidencia una falta de atención y respeto hacia las funciones de control y solicitud propias del Concejo Deliberante”.

Además señalan que “el incumplimiento de la obligación de remitir la información solicitada por este Cuerpo, sin una justificación válida, constituye una falta grave en el ejercicio de la función pública, lo que compromete la transparencia administrativa y el correcto funcionamiento de las instituciones”.

En ese marco, también reclaman que la Municipalidad “no ha ejecutado las partidas presupuestarias correspondientes” al HCD. Dentro ese ítem enumeran: deuda de pagos a proveedores desde diciembre de 2023 e incumplimiento en el abono de incrementos salariales correspondientes a los períodos marzo y abril de 2.024, noviembre de 2.024, y julio de 2.025.

El HCD también apunta que la intendenta no ha dado curso a la compra de bienes e insumos solicitados el parlamento, ni tampoco ha abonado viáticos y registra facturas impagas de combustibles, cuestiones que dificultan el normal funcionamiento institucional y administrativo del cuerpo.

Lezcano llegó a la intendencia de Puerto Piray en diciembre de 2021. En ese entonces se desempeñaba como vicepresidenta del HCD y fue designada para reemplazar a su hermano Jorge Lezcano, que era jefe comunal pero ese año fue electo diputado provincial.

Dos más tarde, la intendenta se postuló para las elecciones por el Frente Renovador y se impuso para encarar un mandato completo durante el período 2023-2027.

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