Política
San Ignacio declaró la emergencia y el intendente tendrá superpoderes
A través de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, el municipio de San Ignacio se declaró en estado de emergencia económica, financiera y administrativa, con lo cual le otorgó mayores facultades al intendente Esteban Romero.
De acuerdo a los ediles, la medida está destinada a “asegurar la plena prestación de los servicios esenciales del municipio, en resguardo de su continuidad y en pos de proteger los intereses generales de la comunidad y calidad de vida de los habitantes”.
Frente a la crisis que se vive a nivel nacional, y teniendo en cuenta las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno provincial, el cuerpo legislativo consideró que “es necesario que se otorgue al Departamento Ejecutivo Municipal las herramientas que permitan sobrellevar y aún superar el estado de emergencia”.
La nueva normativa declara que la emergencia tendrá una vigencia de un año, período que será prorrogado automáticamente, a menos que el intendente disponga el cese anticipado.
De esta manera, se faculta al jefe comunal a disponer la racionalización del gasto público, lo cual incluye los recursos humanos, “procediéndose a la suspensión de las designaciones de personal municipal y la revisión de las existentes”.
El alcalde también podrá “revisar las condiciones de la totalidad de los contratos, convenios y/o acuerdos de cualquier naturaleza”, incluso aquellos celebrados con anterioridad a la sanción de la ordenanza “y que se encuentren en curso de ejecución”.
Además, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de “renegociar, suspender, modificar, anular rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de la asesoría letrada”.
Organización administrativa
Con el instrumento legal, los concejales autorizaron al intendente Esteban Romero “a establecer un régimen de retiro voluntario para los empleados de la Municipalidad de San Ignacio, limitado a quienes les falten menos de diez años para acceder a un beneficio jubilatorio”.
En tanto, se lo facultó a realizar “una restructuración del personal del gabinete”, suprimiendo o congelando cargos “conforme a las necesidades de servicio”.
En cuanto al ordenamiento económico, se dispuso “la verificación de los créditos originados de causa o título anterior al 10 de diciembre de 2023, vencidos o no, en contra de la Municipalidad de San Ignacio”.
En ese sentido, a partir de la sanción de la ordenanza -que ya fue promulgada por el jefe comunal-, las resoluciones y procedimientos judiciales contra la Municipalidad que impliquen el pago de una suma de dinero, “serán satisfechas dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en las previsiones anuales del presupuesto”.
Como disposición complementaria, la normativa, calificada como “de orden público”, sostiene que “ninguna persona humana o jurídica puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos”.
Asimismo, de presentarse una colisión o conflicto normativo con la aplicación de la flamante ley, “deberá interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de la presente ordenanza”.
Por ello, además, se dejó sin efecto toda ordenanza o decreto municipal “que se oponga a la presente”.
Superpoderes
Una ordenanza de emergencia casi calcada fue aprobada por el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen, que entre otras funciones, autorizó al intendente Edgardo Aquino a disponer de reestructuraciones del personal municipal.
La sanción se dio luego del despido de unos 20 empleados contratados y de planta permanente, quienes terminaron radicando una denuncia policial. En ese contexto, el concejal renovador Hugo Gauna, que votó en contra, la calificó como “una ordenanza de superpoderes”.
“Somos todos del Frente Renovador, incluso los que fueron despedidos; el gobernador se pronunció en contra del DNU del presidente, está en contra de los despidos, por eso estamos defendiendo también las fuentes laborales”, señaló al diario Primera Edición.
El articulado aprobado en la localidad más oriental de la Argentina faculta al alcalde a efectuar contrataciones directas de bienes y servicios esenciales “para la prestación de los servicios públicos y cumplimiento de las funciones básicas a cargo del municipio”.
En línea con la provincia, que congeló contrataciones y las condicionó a la aprobación del Poder Ejecutivo, Irigoyen y San Ignacio no son las únicas localidades que iniciaron el 2024 ajustando las cuentas.
Días pasados, también en Puerto Esperanza se decidió el despido de los trabajadores contratados por el municipio durante los últimos nueve meses del año pasado, así como la vuelta atrás de las recategorizaciones otorgadas en el mismo período, las cuales el nuevo intendente, Horacio Zarza, calificó como “decisiones ejecutivas teñidas de propósitos políticos”.
El diputado nacional del Frente Renovador Neo, Oscar Herrera Ahuad, habló en Radio UP de su voto por las leyes del nuevo régimen penal juvenil y la reforma laboral impulsadas por el gobierno de Javier Milei, y argumentó que “en la desesperación por los recursos (para la provincia) es difícil decir que no”.
“Muchas veces a los diarios nacionales los vemos decir ‘con el voto de las provincias’ se aprobó tal o cual cosa; y entonces vos decís: ‘Pero, qué negociaron, porque la yerba está desastrosa, la yerba no está bien; qué peso puede tener una provincia en esto”, comentó el ex gobernador de Misiones.
“Claramente, las provincias, y esto tiene que ver también con cuestiones legislativas, no tienen una uniformidad de reclamos, toman lo que más le conviene”, afirmó.
“Esto es lo que te hace cuando vos tenés desesperación por los recursos, por más que administres bien”, dijo Herrera Ahuad y sostuvo: “Cuando vos tenés caída de coparticipación, caída en la recaudación, caída de todo, es muy difícil que cuando alguien venga, vos digas que no”.
“Hasta en los mismos bloques, hay algunos diputados que votan por los intereses de su provincia, por más que estén en tu mismo bloque”, comentó.
“¿Las provincias tienen peso hoy para discutir un problema de la economía regional?”, preguntó Herrera Ahuad y contestó: “No, y soy categórico en esto”.
“No puedo ir yo solo a plantarme y decir: ‘Yo vengo a resolver el problema de la yerba’”, agregó y aseguró que “de los misioneros me van a acompañar cuatro diputados y el resto, no”.
“Cuando uno dice que el tema de la yerba está mal, hay otro que dice que está bien”, afirmó Herrera Ahuad, apuntando, sin nombrarlos, a los diputados alineados con el oficialismo nacional, y concluyó: “Hay una agenda legislativa marcada por las cuestiones que hacen a una macro nacional y no hacia las pymes y economías regionales”.
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El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, trasladó el asueto administrativo por el Día Internacional de la Mujer al 9 de marzo, promulgado por Decreto Nº 328 .
La medida firmada por el mandatario, en esta oportunidad, dispone que la jornada se traslade al lunes siguiente al 8 de marzo. El beneficio alcanza a las mujeres que se desempeñan en la administración pública central, entes autárquicos y organismos descentralizados de la provincia.
Por decreto N° 328 , acabo de disponer el traslado al día lunes 09 de marzo, del asueto administrativo instituido por Decreto N° 169/2001, para las mujeres que trabajen en la Administración Pública Central, Entes Autárquicos y Organismos Descentralizados. pic.twitter.com/yqSTZ8vWrC
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 5, 2026
En los considerandos del decreto se señala que se busca posibilitar la participación en actividades vinculadas a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y promover instancias de reflexión y concientización sobre sus derechos.
El pedido para trasladar el asueto fue presentado el 4 de marzo por la secretaria general del Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Míriam López, mediante una nota dirigida al gobernador.
Según el decreto el traslado tiene como objetivo facilitar la participación en actividades alusivas, actos conmemorativos y propuestas de sensibilización en el marco del Día Internacional de la Mujer, en paralelo al pedido expuesto por la conducción del sindicato.
Un proyecto de ordenanza ingresó hoy al Concejo Deliberante de Posadas, durante la primera sesión ordinaria del año, y propone modificar artículos del Reglamento del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros para reducir de 70 a 60 años la edad a partir de la cual los adultos mayores pueden acceder al boleto gratuito en la ciudad.
La propuesta surgió en el Parlamento de Adultos Mayores, impulsada por el posadeño Elvio Candia, quien promovió el planteo como “expresión de una demanda colectiva orientada a garantizar certeza en la aplicación del derecho reconocido”. También fue acompañada por Ana Santa Teresa, quien participó en representación del Centro de Jubilados de San Gerardo y destacó la necesidad de “establecer con claridad el parámetro etario”.
En ese marco, el concejal renovador Jair Dib presentó formalmente el requerimiento en el recinto con el objetivo de canalizar “la participación de los actores involucrados y fortalecer el principio de diálogo democrático que debe guiar la producción normativa”, según señala en el proyecto de ordenanza.
En el texto, el edil plantea que debe considerarse lo establecido en la Ley Provincial XIX N.º 41 —antes Ley 3920— de Derechos de las Personas Mayores, que en su artículo 2 define como persona mayor a quien haya alcanzado los 60 años.
“La incorporación expresa de este criterio en la regulación local no altera el espíritu de la Carta Orgánica, sino que aporta seguridad jurídica, coherencia sistemática y uniformidad interpretativa con el estándar adoptado en el ámbito provincial”, explica Dib en el documento, que este jueves fue girado a la comisión correspondiente para su tratamiento.
La modificación propuesta busca precisar el universo de destinatarios del beneficio y evitar posibles conflictos en su aplicación.
El proyecto también menciona que en otros municipios de Misiones se implementaron criterios etarios definidos y mecanismos administrativos para el acceso al boleto gratuito. En ese sentido, se citan los casos de Oberá, Garupá y Eldorado.
La iniciativa señala que la modificación se enmarca en las atribuciones municipales vinculadas a la organización y control de los servicios públicos locales y plantea que permitirá una aplicación uniforme del beneficio.
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