Política
San Ignacio declaró la emergencia y el intendente tendrá superpoderes
A través de una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante, el municipio de San Ignacio se declaró en estado de emergencia económica, financiera y administrativa, con lo cual le otorgó mayores facultades al intendente Esteban Romero.
De acuerdo a los ediles, la medida está destinada a “asegurar la plena prestación de los servicios esenciales del municipio, en resguardo de su continuidad y en pos de proteger los intereses generales de la comunidad y calidad de vida de los habitantes”.
Frente a la crisis que se vive a nivel nacional, y teniendo en cuenta las medidas de austeridad adoptadas por el gobierno provincial, el cuerpo legislativo consideró que “es necesario que se otorgue al Departamento Ejecutivo Municipal las herramientas que permitan sobrellevar y aún superar el estado de emergencia”.
La nueva normativa declara que la emergencia tendrá una vigencia de un año, período que será prorrogado automáticamente, a menos que el intendente disponga el cese anticipado.
De esta manera, se faculta al jefe comunal a disponer la racionalización del gasto público, lo cual incluye los recursos humanos, “procediéndose a la suspensión de las designaciones de personal municipal y la revisión de las existentes”.
El alcalde también podrá “revisar las condiciones de la totalidad de los contratos, convenios y/o acuerdos de cualquier naturaleza”, incluso aquellos celebrados con anterioridad a la sanción de la ordenanza “y que se encuentren en curso de ejecución”.
Además, el Ejecutivo tendrá la posibilidad de “renegociar, suspender, modificar, anular rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, en virtud de razones de oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de la asesoría letrada”.
Organización administrativa
Con el instrumento legal, los concejales autorizaron al intendente Esteban Romero “a establecer un régimen de retiro voluntario para los empleados de la Municipalidad de San Ignacio, limitado a quienes les falten menos de diez años para acceder a un beneficio jubilatorio”.
En tanto, se lo facultó a realizar “una restructuración del personal del gabinete”, suprimiendo o congelando cargos “conforme a las necesidades de servicio”.
En cuanto al ordenamiento económico, se dispuso “la verificación de los créditos originados de causa o título anterior al 10 de diciembre de 2023, vencidos o no, en contra de la Municipalidad de San Ignacio”.
En ese sentido, a partir de la sanción de la ordenanza -que ya fue promulgada por el jefe comunal-, las resoluciones y procedimientos judiciales contra la Municipalidad que impliquen el pago de una suma de dinero, “serán satisfechas dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidos en las previsiones anuales del presupuesto”.
Como disposición complementaria, la normativa, calificada como “de orden público”, sostiene que “ninguna persona humana o jurídica puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos”.
Asimismo, de presentarse una colisión o conflicto normativo con la aplicación de la flamante ley, “deberá interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de la presente ordenanza”.
Por ello, además, se dejó sin efecto toda ordenanza o decreto municipal “que se oponga a la presente”.
Superpoderes
Una ordenanza de emergencia casi calcada fue aprobada por el Concejo Deliberante de Bernardo de Irigoyen, que entre otras funciones, autorizó al intendente Edgardo Aquino a disponer de reestructuraciones del personal municipal.
La sanción se dio luego del despido de unos 20 empleados contratados y de planta permanente, quienes terminaron radicando una denuncia policial. En ese contexto, el concejal renovador Hugo Gauna, que votó en contra, la calificó como “una ordenanza de superpoderes”.
“Somos todos del Frente Renovador, incluso los que fueron despedidos; el gobernador se pronunció en contra del DNU del presidente, está en contra de los despidos, por eso estamos defendiendo también las fuentes laborales”, señaló al diario Primera Edición.
El articulado aprobado en la localidad más oriental de la Argentina faculta al alcalde a efectuar contrataciones directas de bienes y servicios esenciales “para la prestación de los servicios públicos y cumplimiento de las funciones básicas a cargo del municipio”.
En línea con la provincia, que congeló contrataciones y las condicionó a la aprobación del Poder Ejecutivo, Irigoyen y San Ignacio no son las únicas localidades que iniciaron el 2024 ajustando las cuentas.
Días pasados, también en Puerto Esperanza se decidió el despido de los trabajadores contratados por el municipio durante los últimos nueve meses del año pasado, así como la vuelta atrás de las recategorizaciones otorgadas en el mismo período, las cuales el nuevo intendente, Horacio Zarza, calificó como “decisiones ejecutivas teñidas de propósitos políticos”.
Política
Jabornicky, el asesor detrás del proyecto político de Ramón Amarilla
Se muestra en las redes sociales en reuniones en sitios de lujo y vinculado a espacios libertarios. No tiene matrícula para ejercer, pero comanda un buffet de abogados en Posadas. Dice ser “el creador” de Ramón Amarilla como figura política, una relación que nació en los días de cárcel del expolicía y actual diputado provincial.
El abogado Alejandro Jabornicky, de 53 años, irrumpió en los medios de comunicación misioneros en el año 2003, en el marco de la causa denominada Megaestafa, un desfalco multimillonario a la Justicia de Misiones que lo tuvo entre los implicados.
A partir de allí enfrentó variadas disputas legales, período en el que acumuló 14 sanciones del Colegio de Abogados de Misiones, un proceso que concluyó en el año 2017 con la cancelación de su matrícula por parte del Superior Tribunal de Justicia.
Político
Desde su búnker de la avenida López y Planes, Jabornicky comanda un equipo de abogados que litigan por él en la Justicia misionera, territorio que lo tiene vedado por falta de matrícula.
Desde allí, también comandó varios armados políticos de tinte liberal libertario, a partir de su vínculo cuasi familiar con la ex jefa del Pami Misiones, Ninfa Alvarenga, íntima amiga de su pareja fallecida, de quien fue su apoderado hasta la inevitable ruptura.
Reapareció, tiempo después, en las elecciones Paso de 2023, como precandidato a senador por Fuerza Liberal, en una heterogénea lista que nucleaba a ex ninfos, elementos irradiados del PRO y figuras del puertismo residual, y que impulsaba la candidatura de Javier Milei para presidente.
Fue entonces que promovió a la actual diputada provincial del partido Por la Vida y los Valores, Rita Flores, que figuraba como precandidata a diputada nacional en las Paso de ese año, e incluso movilizó un colectivo ploteado que bautizó como el “Bondi de la Libertad” y lo paseó por la provincia.
La lista no alcanzó el piso. El armado se desintegró. Jabornicky y Flores, que habían matcheado durante la campaña electoral, abandonaron Fuerza Liberal y se replegaron al búnker de López y Planes, desde donde buscaron reposicionarse en el universo libertario, con múltiples giras a Buenos Aires, que abarcaron glamorosas veladas en Puerto Madero, visitas a diplomáticos, encuentros con figuras del gobierno, como el entonces ministro del Interior Guillermo Francos, y asientos en los mítines de Milei en el Movistar Arena porteño.
De resultas de esas giras, aterrizó en Posadas la legisladora porteña Lucía Montenegro, mileísta acérrima que saltó a la fama como la karateca silenciosa que desplegaba artes marciales en la campaña electoral de La Libertad Avanza, y se ubicó en el ojo del huracán con un evento negacionista de la dictadura que tuvo de anfitriona a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Montenegro trajo a Misiones su partido Ahora Vos, y designó como presidenta a Flores y vicepresidente a Jabornicky. Hasta hoy, el espacio es un sello sin personería jurídica ni política, pero le permitió al abogado posadeño continuar en el ruedo, de cara a las elecciones provinciales de junio de 2025 y articular una lista ganadora en torno a Ramón Amarilla.

FIGURA. El abogado sin matrícula siempre se mantiene vigente en los medios.
Titiritero
Los 267 días de encarcelamiento de Ramón Amarilla, acusado de intento de sedición en el marco de la protesta policial de 2024, “fueron el tiempo necesario para fraguar una sociedad política que se sostiene hasta hoy”, analizó en diálogo con LVM el abogado Claudio Katiz, que fuera candidato en la lista del ex policía, que fue reemplazada por la que finalmente se consagró en las elecciones del 8 de junio pasado.
Alejandro Jabornicky afirma en charlas informales ser “el creador” del Ramón Amarilla como figura política, y ambos admiten la relación que comenzó con una visita a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
De hecho, el buffet de Jabornicky intervino en la liberación del ex policía de la cárcel, y no hace mucho, en el streaming HDP que conduce el periodista Eduardo Pérez, el letrado devenido en político definió a Amarilla como “un líder carismático, respetado por la calle, refrendado en las urnas: un buen ejemplo”.
“Jabornicky es el gran titiritero que había armado una lista en la cual estaban estos diputados (el matrimonio Walter Ríos y Déborah Mangone, y Rita Flores, expareja de Jabornicky), él era el armador”, remarca Katiz, que fue desplazado de su lugar como candidato a legislador provincial junto a otros de los primeros promotores de Amarilla. “Pero de todo eso no dimos cuenta después”, se lamentó.
Katiz analiza lo sucedido y dispara: “Ramón Amarilla se ve que sabía de la injerencia de Jabornicky, o fue parte de ese armado del abogado. Muchos nos enteramos de todo eso tiempo después”.

OTROS TIEMPOS. Ramón Amarilla y Claudio Katiz en reclamos por justicia.
Violencia
En la primera semana de septiembre de 2025, Jabornicky dinamitó todo el armado político que había conseguido articular en torno a la figura de Amarilla con el partido Por la Vida y los Valores, cuya lista fue encabezada por el expolicía y obtuvo cuatro bancas en la Legislatura provincial.
En una noche de aparente desenfreno, Jabornicky protagonizó supuestos hechos de violencia contra su pareja, Flores, y la también legisladora provincial Deborah Mangone, esposa del presidente del PVV y actual vicepresidente primero de la Legislatura, Walter Ríos, que desembocaron en la Policía y con Jabornicky detenido en un calabozo de la Comisaría Segunda, de la avenida Tambor de Tacuarí.
Según la denuncia policial, los hechos de violencia comenzaron en un restaurante árabe de la avenida Santa Catalina, donde el grupo acostumbraba ir a cenar luego de sus reuniones políticas en el búnker de Jabornicky, y donde el abogado, totalmente fuera de sí, profirió insultos a Flores y rompió una copa, cuyas esquirlas alcanzaron a Mangone.
En la denuncia consta que las amenazas eran del siguiente tenor: “Te voy a matar, sos una miserable. Van a tener que necesitar un ADN para identificarte. Te voy a destruir, voy a reventar tu teléfono, que encima lo compré yo. En una zanja te voy a dejar tirada”.
La situación se repitió más tarde, cuando Flores fue hasta la casa donde convivía con el acusado a retirar sus pertenencias.
El abogado contraatacó y denunció a la diputada provincial por acoso judicial, y pidió al juez que sancione a su defensora, la abogada Silvia Risko. Alegó que lo drogaron y aprovecharon su estado para robarle miles de dólares y joyas, entre otras pertenencias. “Me desvalijaron la casa”, lanzó.
El caso, que se tramita en el Juzgado de Instrucción 7 de Posadas y saltó a los medios nacionales, le significó a Jabornicky el divorcio, no solo con Flores, sino con sus socios políticos Ríos y Mangone, sobre quienes el abogado solía referirse como “mis diputados”.

ESPOSADO. Jabornicky recién llegado a la seccional 2da donde pasó tres días.
Megaestafa
La causa conocida como la Megaestafa judicial estalló en 2003 y produjo un duro golpe a una estructura delictiva que terminó con una jueza detenida, otros magistrados bajo sospecha, secretarios eyectados, y un grupo de abogados en el banquillo de los acusados. En ese escenario apareció Héctor Alejandro Jabornicky.
El escándalo que hizo detonar al Poder Judicial misionero al destapar una olla de corrupción que funcionaba en el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas y que provocaba desfalcos millonarios. También quedaron otros juzgados en la mira de los investigadores.
La causa comenzó el 29 de septiembre de 2003, a partir de una denuncia radicada ante la seccional Primera por uno de los damnificados en las maniobras de estafa que eran articuladas entre jueces, secretarios y abogados. El objetivo era saquear cuentas que se encontraban bajo custodia judicial con la complicidad de integrantes de la Justicia.
La investigación derivó en un jury a la magistrada Graciela Brígida Salvado de Sotelo, quien fue acusada como la “organizadora” de la banda, mientras que otros cinco funcionarios judiciales también fueron imputados y dos abogados.
Todos fueron acusados de formar parte de una asociación ilícita dedicada a robar dinero con extracciones de depósitos judiciales en bancos de Posadas y a medida que la investigación avanzaba se fueron sumando más nombres, entre los cuales apareció el de Jabornicky.
Según una crónica de la época publicada por el diario El Territorio, Jabornicky llegó a estar imputado por “coautor del delito de estafa calificada; sustracción y ocultamiento de documental”, aunque con el paso del tiempo, los recursos de apelación, prescripciones y más artilugios judiciales, las responsabilidades penales finalmente recayeron en los primeros seis acusados.
Por otra parte, Jabornicky no puede ejercer como abogado en la provincia por tener la matricula cancelada por una condena firme del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Misiones. Tampoco puede ser apoderado. Sin embargo, puede ejercer en causas federales.
Política
Lalo Arguibel, el primero en lanzar su candidatura para conducir el PJ Misiones
El líder de la agrupación Convergencia Justicialista, Gonzalo Costa de Arguibel, es el primero de los dirigentes del peronismo misionero en anotar su nombre como candidato a presidir el Partido Justicialista (PJ) Misiones, para las elecciones partidarias del 19 de abril próximo.
Lalo Arguibel lo anunció en un video que subió a sus redes sociales y de su espacio, donde adelantó que encabezará la lista Amplitud, que se propone como conglomerado articulado en torno a Convergencia, como la agrupación Unidos y el sector referenciado en el ex intendente de Campo Viera, el histórico dirigente peronista misionero Juan Carlos Ríos; y espacios afines al líder del PAyS, el agricultor y diputado provincial Héctor Cacho Bárbaro.
“Convergencia Justicialista ya se está preparando de cara a las internas del PJ Misiones que se celebrarán el próximo 19 de abril de 2026”, reza la publicación de la agrupación de Arguibel en Instagram, grabado luego del evento de ayer en el Smata de Posadas, con los interventores Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, donde el tema excluyente fue el proceso electoral en ciernes.
“La convocatoria fue oficializada por los normalizadores del Partido, marcando un momento histórico para recuperar la democracia interna, la participación de la militancia y la construcción colectiva de nuestro espacio político”, agrega el texto que oficia de comunicado y que recrea las palabras de Arguibel en el video.
“Este proceso interno permitirá elegir autoridades partidarias a nivel provincial y municipal, garantizando transparencia, federalidad y la participación de todos los peronistas misioneros”, señala.
“Desde Convergencia Justicialista nos proponemos protagonizar este tiempo de reconstrucción con una lista de unidad, amplia, territorial y con verdadera participación militante; porque creemos que la fortaleza del partido se construye en cada barrio, en cada afiliado y en cada acción colectiva”, continua y finaliza con la presentación en sociedad de Amplitud; y argumenta: “Necesitamos Amplitud de voces para ganarnos el PJ”.
El video cierra en modo arenga: “¡Viva Perón!, ¡viva Evita!, ¡viva Néstor!; ¡nos conduce Cristina!”, exclama Arguibel.
Natural
En diálogo con La Voz de Misiones, el líder de Convergencia, se definió como “el candidato natural, que ya fue candidato en la interna pasada, el que consiguió la intervención del partido, que nos permite hoy la posibilidad de tener elecciones”.
“Es también un trasvasamiento generacional dentro del PJ Misiones”, alegó.
Lalo Arguibel no adelantó los nombres de quienes lo acompañan en la lista para abril, y señaló que la nómina de postulantes para el resto de los cargos partidarios “todavía está en construcción” entre los sectores que conforman la coalición electoral.
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Política
Fuerza Patria anunció una “lista de unidad” para las internas del PJ Misiones
Fuerza Patria, la coalición que, en octubre de 2025, llevó como candidata a diputada nacional a la dirigente camporista de Eldorado Cristina Brítez, anunció que irá a las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) Misiones con una “lista de unidad”.
Martín Ayala y Magdalena Scurdia, que secundaron a Brítez en la lista de octubre; y Javier Cardozo, ex candidato a concejal en Posadas por uno de los sublemas de Unión por la Patria, fueron los voceros del anuncio, ayer al cabo de la conferencia de prensa en Smata, de los interventores partidarios Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez.
“Queremos comunicar que Fuerza Patria se va a presentar con toda la militancia y dirigentes de toda la provincia, con la mayor unidad posible porque sabemos que es el camino y nuestro partido necesita abrazar a todos los compañeros para enfrentar todas las luchas contra el ajuste de Milei y la provincia”, afirmó Ayala a los periodistas que cubrieron la convocatoria en el gremio de mecánicos de Posadas.
Ayala y sus compañeros no quisieron hablar de quien podría encabezar la lista del espacio en las elecciones internas del PJ misionero, convocadas para el 19 de abril próximo.
“Las candidaturas salen de las bases, por eso es que hablamos de la mayor unidad posible de sectores del peronismo de Misiones”, señaló Ayala y habló de la “necesidad de amalgamar un proyecto político”, que “le devuelva al PJ Misiones la centralidad en la provincia”.
“Nosotros vamos a unir a todos los compañeros que comulguen con la idea de que las opciones, hoy, son el partido peronista o la derecha; y nosotros creemos que el camino es por el peronismo”, sentenció.
Juego a la derecha
“En las elecciones pasadas, Fuerza Patria salió a abrazar a cada afiliado, que después de 20 años de ausencia necesitaba una propuesta peronista en la provincia”, afirmó, por su parte, Scurdia.
Acto seguido, la dirigente kirchnerista cargó contra la vieja conducción partidaria, encarnada por Myriam Comparín, que fungía de presidenta; el diputado nacional Alberto Arrúa, que ocupaba la Secretaría General; y el abogado Martín Kornuta, ex apoderado, quienes se encuentran suspendidos como afiliados y enfrentan un sumario disciplinario interno.
“Todo el peronismo necesita hoy un proyecto político superador, en un contexto donde tenemos peronistas que le hacen el juego a la derecha, que se encuentran suspendidos, que entregaron nuestro partido al oficialismo provincial, que gobierna en alianza con Milei”, lanzó Scurdia.
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